UNIBAG SPA. con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LOS LAGOS

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que el 8 de diciembre de 2019, recurre de protección doña nombre reservado, abogada, en representación convencional de UNIBAG S.A persona jurídica del giro comercial en contra Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, representada por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la multa impuesta ascendente a la cantidad de 30 UTM, con fecha 30 de agosto del año 2019, por Resolución Exenta N° 5777 de la que fue notificada con fecha 8 de noviembre de 2019. Considera que dicha sanción afecta sus garantías constitucionales de los números 2 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita que se acoja el recurso y se deje sin efecto o se invalide el acto administrativo debiendo dejarse sin efecto tal multa con costas.

Señala que la multa dice relación con la existencia de un accidente de trabajo ocurrido con fecha 28 de enero de 2019 a las 11:30 horas aproximadamente, acaecido al señor nombre reservado, RUT RUT reservado, trabajador de la recurrente, consistente en que en circunstancias que el señor nombre reservado se encontraba pasando una tela por la maquina impresora N°1, su mano izquierda queda atrapada por el pollin de la misma, sufriendo diversas lesiones. Lo anterior fue constatado por un fiscalizador del Subdepartamento de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos de la recurrida, quien con fecha 30 de enero de 2019 se constituyó en visita inspectiva en la empresa, según consta en acta de la misma fecha. Explica que los fundamentos de la resolución que se recurre son los siguientes:

1. No se acredita política de control de riesgos en maquinarias.

2. No se acredita plan de mejoramiento de protección en las maquinas.

3. No se acredita plan de capacitación entrenamiento en la operación de las maquinarias.

4. No se acredita plan de mantenimiento preventivo de las maquinas.

5. No se acredita procedimiento de trabajo seguro por la operación y el mantenimiento de las maquinas.

6. No se acredita sistema formal de acreditación de los operadores de las maquinas.

7. No se acredita programa de inspección periódica de las maquinas.

8. No se acredita programa de señalización de los riesgos presentes en cada máquina.

9. No se acredita programa de bloqueo de energía peligrosa en las maquinarias.

10. No se acreditan documentos que indiquen que las maquinas cuentan con dispositivo de seguridad y emergencia.

11. No existen mecanismos de control que adviertan de los riesgos de la maniobra en el momento del accidente.

Señala así que, de los antecedentes del Sumario queda establecido que UNIBAG SpA, infringió las disposiciones de los artículos 3° y 37° del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por D. S. 594/99 del Ministerio de Salud y el art. 21° del Decreto n° 40/69 que aprueba el Reglamento sobre prevención de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsión social.

Argumenta que la ilegalidad y arbitrariedad de la decisión consiste en que la multa impuesta es por los mismos hechos y los mismos fundamentos jurídicos que aquella cursada primeramente por la Inspección Comunal Norte de Chacabuco, en vulneración al principio non bis in idem. En efecto, dice que en forma paralela y a propósito del mismo accidente de trabajo ya descrito, la recurrente fue objeto de otra fiscalización, por parte de la Dirección del Trabajo, organismo que con fecha 8 de febrero del año 2019, emitió Resolución de Multa N° 1434/19/12, cursando dos infracciones por 10 UTM cada una, expresando como fundamento de las mismas lo siguiente:

1. No informar a los trabajadores de los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correcto, respecto de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los procesos productivos o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos, límites de exposición permisibles y de los peligros para la salud y las medidas de control, esto en relación a no capacitar a trabajador nombre reservado, sobre procedimiento de trabajo seguro para impresión base agua y procedimiento general para fabricación de bolsas reusables, esto en relación al accidente del trabajo grave ocurrido el 28 de enero de 2019. Tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de riesgos profesionales y del derecho a saber e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la vida, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa.

2. No constituir el comité paritario de higiene y seguridad, compuesto por representantes del empleador y de los trabajadores, no obstante que existen más de 25 trabajadores en la empresa. Tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre constitución sobre constitución de los comités paritarios de higiene y seguridad e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la vida, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa.

En cuanto a los fundamentos jurídicos de dichas infracciones, se señalan como infringidas respecto a la primera sanción: Art. 21 del D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con relación con los art. 184 y 506 del Código del Trabajo.- Mientras que respecto a la segunda se indica: “Art. 1 del D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con el art. 66 de la ley 16.744 y los art. 184 y 50 del Código del Trabajo”.

En consecuencia, sostiene que existe similitud en los hechos y en las normas infringidas por lo que solicita, para respetar el principio non bis in idem, se acoja el recurso y se deje sin efecto esta sanción.

2°) Que informó el recurso por la recurrida don nombre reservado, abogado y alega, en primer término, la extemporaneidad de la acción. Señala que el recurso se dedujo el 08 diciembre 2019, en circunstancias que la recurrida tomó conocimiento de la Resolución N° 5775 el 12 de octubre de 2019 tal como lo señala el documento de correos de Chile donde aparece el envío entregado en esa fecha. En subsidio, alega la falta de legitimidad pasiva sobre la base del inciso tercero del artículo 191 del Código del Trabajo que establece, de manera categórica, que: “Cada vez que uno de los servicios facultados para fiscalizar la aplicación de las normas de higiene y seguridad, se constituya en visita inspectiva en un centro, obra o puesto de trabajo, los demás servicios deberán abstenerse de intervenir respecto de las materias que están siendo fiscalizadas, en tanto no se haya dado total término al respectivo procedimiento” y es del caso que su representada se constituyó el 30 de enero de 2019, en cambio la Inspección Comunal del Trabajo de Chacabuco lo hizo después, es decir el 5 de febrero del mismo año. Por ello considera que el órgano que debió abstenerse era la Inspección del Trabajo y no su parte. En subsidio y en cuanto al fondo expone que no se vulnera el principio de Non Bis In Idem, pues, a diferencia de la Inspección del Trabajo, la SEREMI multó a la sumariada por otras deficiencias que no están consagradas en la multa aplicada por la Inspección del Trabajo, ya que, tal como se establece en la Multa N° 1434/19/12, no consigna las infracciones a los artículos 3 y 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, Aprobado por el D.S. 594/99 del Ministerio de Salud. Conforme a todo lo señalado solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

3°) Que se pidió informe a la Inspección Comunal del Trabajo de Chacabuco e informa, en su representación, don nombre reservado e indica que el 29 de enero de 2019, se recibió en la Dirección Metropolitana del Trabajo, de la Región Metropolitana Poniente, la notificación de un accidente laboral grave ocurrido en dependencias de la empresa Unibag Spa, en la comuna de Quilicura, afectando al trabajador nombre reservado, el cual sufre atrapamiento de su mano derecha debiendo ser rescatado por compañeros. Para realizar la fiscalización se comisionó al fiscalizador don nombre reservado, dependiente de la Inspección Comunal del Trabajo de Chacabuco, el cual se constituyó en las dependencias de la empresa el 05 de febrero de 2019, e informó, en síntesis lo siguiente. Se inicia procedimiento de inspección, conforme a lo establecido en el Manual del Procedimiento de Fiscalización de este Servicio y sus modificaciones, que sistematiza, refunde y actualiza las instrucciones vigentes, relativas a criterios de actuación frente a accidentes del trabajo, y a ocultamiento de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales.

Se investiga accidente del trabajo grave, ocurrido el día 28 de enero de 2019 a las 11:40 horas aproximadamente, que afectó al trabajador Sr. nombre reservado. Durante el desarrollo de la fiscalización, se revisa documentación laboral, previsional y de higiene y seguridad, del periodo comprendido entre el mes de agosto de 2018 y el 05 de febrero de 2019.

En entrevista con el empleador, éste señala que la empresa no cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Acta Seremi de Salud RM: Durante el proceso de fiscalización, se deja constancia que se hace presente la Seremi de Salud RM, en las dependencias de la empresa, con fecha 30 de enero de 2019, dejando acta de fiscalización Nº 0179977. 5. Existencia y funcionamiento de los Instrumentos de prevención de riesgos (de empresa única o en régimen de subcontratación), en relación con el accidente Reglamento Interno: se constata que el empleador había confeccionado el reglamento. Empleador exhibe registro de entrega de copia del reglamento interno al trabajador accidentado Sr. nombre reservado. Obligación de informar: Se verifica que el empleador cumple con la obligación de informar al trabajador Sr. nombre reservado, sobre los riesgos laborales a los cuales se encuentra expuesto el trabajador. Se verifica, a través de revisión documental que la empresa cuenta, al momento de ocurrido el accidente del trabajo grave, con la existencia de Procedimiento de trabajo seguro para la fabricación de bolsas reusables. Sin embargo, en este procedimiento no se ha dado a conocer a los trabajadores. Se constata infracción.

Se deja constancia que al momento de la fiscalización se hace presente La Seremi de Salud RM, dejando acta de fiscalización N° 0179977. Consecuencia del accidente Amputación tercera falange distal dedos medio mano derecha.

Causas del accidente y deficiencias de seguridad y salud en el trabajo y laborales relacionadas con el accidente, encontradas en la investigación: De acuerdo a la investigación realizada, se informa que el accidente del trabajo grave notificado por la empresa, que afectó al trabajador Sr. nombre reservado, clasifica como accidente de trabajo grave, de acuerdo a los criterios señalados en la Resolución Exenta Nº 156/2018 de la SUSESO, por cuanto el accidente provoca de forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación de cualquier parte del cuerpo.

En materias de Higiene y Seguridad se constata lo siguiente: Se evidencia la existencia de procedimiento de trabajo seguro para la operación de máquina impresora N°1, sin embargo, no se capacita a trabajador sobre este procedimiento. Respecto de las condiciones de la máquina Impresora N°1, en inspección perceptiva se observa que esta no cuenta con protección en las partes móviles, específicamente en el área del accidente, (rodillos). Se evidencia que la máquina cuenta con señalización de los riesgos presentes en la operación. Estos hechos son constatados en el acta de fiscalización de la Seremi de Salud RM. De acuerdo al Art. 191 inciso 3º del Código del Trabajo, cuando se constituye una visita inspectiva en el lugar, los demás servicios deberán abstenerse de intervenir respecto de las materias fiscalizadas sobre el accidente y/o Higiene y Seguridad. Se constata que la empresa no constituye el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, compuesto por representantes del empleador y de los trabajadores, no obstante que existen más de 25 trabajadores en la empresa. Tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre constitución de los comités paritarios de higiene y seguridad e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la vida, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa.

Conclusiones:

En opinión del Inspector/a del Trabajo actuante elaborada sobre la base de los antecedentes e investigación realizada se constata infracción y se cursa sanción administrativa por infringir la norma del Art. 21 del D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con relación con los Art. 184 y 506 del Código del Trabajo, toda vez que el empleador no informa a los trabajadores acerca de los riesgos laborales, esto en relación a no capacitar al trabajador Sr. nombre reservado respecto del procedimiento de trabajo seguro de máquina impresora. Se constata infracción y se cursa sanción administrativa por infringir la norma del Art. 1 del D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con el Art. 66 de la Ley 16.744 y los Art. 184 y 506 del Código del Trabajo, al no constituir Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Producto de la fiscalización y a raíz de las infracciones constatadas se cursaron dos multas, por: 1.-no informar a los trabajadores de los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas pertinentes y los métodos de correcto, respecto de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los procesos productivos o en su trabajo, se identificación de los mismos, límites de exposición permisibles y de los peligros para la salud y las medidas de control, esto en relación capacitar a trabajador nombre reservado, sobre procedimiento de trabajo seguro para impresión base agua y procedimiento general fabricación bolsas reusables, esto en relación al accidente del trabajo grave ocurrido el 28 de enero de 2019. Tal hecho es un incumplimiento de las obligaciones legales sobre prevención de riesgos profesionales y del derecho a saber e implica no disponer medidas que p eficazmente la vida, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa. Lo anterior infracciona, el art. 21 del D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con relación con los art. 184 y 506 del código del trabajo. 2.- No constituir el comité paritario de higiene y seguridad, compuesto por representantes del empleador y de los trabajadores, no obstante que existen más de 25 trabajadores en la empresa. tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre constitución de los comités paritarios de higiene y seguridad e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la vida, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa. Transgrediendo los artículos: 1 del D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con el art. 66 de la ley 16.744 y los art. 1 del Código del Trabajo.

Añade que estas sanciones fueron notificadas a la empresa el 7 de marzo de 2019, la empresa de acuerdo al artículo 512, del Código laboral, solicito la reconsideración administrativa de las multas, dicha solicitud fue conocida por la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, la cual mediante la resolución N° 764, dictada con fecha 28 de octubre de 2019, resolvió rechazar la solicitud, porque en la dictación de las sanciones, no existía error de hecho y tampoco con su presentación acreditó que hubiera corregido las infracciones cometidas. Posteriormente, con fecha 10 de enero del 2020 UNIBAG SPA, pagó ambas multas. Con relación a las sanciones, se debe añadir, que el artículo 184 del Código del Trabajo, el cual, en su inciso 1º, prescribe: "El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales". Del precepto legal preinserto se desprende que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente no sólo la vida, sino que también la salud de los trabajadores, debiendo mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas y proporcionarles los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Ahora bien, el análisis conjunto de las normas transcritas y comentadas en los párrafos que anteceden permite sostener que entre las medidas que el empleador debe adoptar para proteger la vida y salud de los trabajadores, está la de informar a sus trabajadores de los riesgos que entrañan sus labores de las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correcto y en la misma línea se encuentra la obligación de las empresas con más de 25 dependientes de contar con un comité paritario de higiene y seguridad. Pues bien, si se tiene presente que, por una parte, la obligación de que se trata se encuentra inserta dentro de aquellas que contempla el artículo 184 del Código del Trabajo, y, por otra, que la fiscalización de dichas normas compete por expreso mandato del legislador a la Dirección del Trabajo. Cabe tener presente que la Ley Nº 19.481, publicada en el Diario Oficial del día 3 de diciembre de 1996, introdujo modificaciones a los artículos 184, 190 y 191 del Código del Trabajo, otorgando competencia explícita a la Dirección del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de las medidas básicas legalmente exigibles en materia de seguridad e higiene. Así es como el inciso 2º del artículo 191 de dicho cuerpo legal, establece: "La Dirección del Trabajo respecto a las materias que trata este título, podrá controlar el cumplimiento de las medidas básicas legalmente exigibles relativas al adecuado funcionamiento de instalaciones, máquinas, equipos e instrumentos de trabajo". Ahora bien, la actuación realizada por el funcionario de este Servicio, se enmarca dentro de lo preceptuado por la Orden de Servicio N°2, de 31 de mayo de 2013, de la Dirección del Trabajo, que sistematiza, refunde y actualiza las instrucciones vigentes relativas a criterios de actuación frente a accidentes del trabajo y ocultamiento de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en el punto 6.4 regula las situaciones que pueden producirse con motivo de la concurrencia de los organismos fiscalizadores al lugar en que se produjo un accidente del trabajo, disponiendo, en lo que interesa, que cuando la otra entidad que se haga presente en el lugar sea la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, será esta Dirección la que fiscalice, aplique sanciones y/o levante las demás medidas que señala, según las materias que se hayan coordinado con el otro órgano fiscalizador. En efecto, señala el cuerpo citado que tratándose de visita inspectiva al lugar del accidente, "es posible la concurrencia de otros servicios fiscalizadores. Así podrán darse los siguientes casos: 6.4.2. Dirección del Trabajo llega junto con otro organismo fiscalizador: En este caso, se deberán establecer las coordinaciones necesarias, sean éstas de oficina o terreno, con el o los otros organismos fiscalizadores constituidos en el lugar de trabajo siniestrado, de manera tal de respetar la regla de abstención contenida en el artículo 191 del Código del Trabajo. Cuando el organismo con el que se establezca la coordinación sea la Seremi de Salud, corresponderá que la Dirección del Trabajo fiscalice, aplique sanciones que correspondan, y/o levante la auto suspensión, según las materias que se hayan coordinado con el otro organismo fiscalizador. Cuando el otro organismo fiscalizador con el que se haya establecido la coordinación no sea la Seremi de Salud, y sin perjuicio de las facultades de fiscalización conferidas por el legislador en estas instituciones, corresponderá a la Dirección del Trabajo siempre realice la investigación completa de las causas que originaron el accidente y levantar la auto suspensión si acredita que ha controlado o eliminado las causas que dieron origen al accidente. Las materias objeto de la coordinación con los otros organismos fiscalizadores corresponderán a aquellas donde se comparten atribuciones, así, a modo de ejemplo, quedan excluidos de la coordinación los instrumentos de prevención de riesgos, materias sobre las cuales sólo la Dirección del Trabajo tiene atribuciones". A su vez, el apartado 6.4.3. se refiere al procedimiento empleado cuando la "Dirección del Trabajo llega después de otro organismo fiscalizador. En este caso, habida cuenta de la regla de abstención antes citada y de las competencias de este Servicio en la materia, el inspector del trabajo, cuando el otro organismo fiscalizador sea la Seremi de Salud, deberá, a lo menos, revisar las siguientes materias: a) Instrumentos de prevención de riesgos (de empresa única y en régimen de subcontratación). b) Formalidad laboral del o los trabajadores afectados. c) Denuncia Individual de Accidentes del Trabajo (DIAT). d) Las materias de seguridad y salud no revisadas por el otro organismo fiscalizador. e) Aquellas materias que habiendo sido revisadas por el organismo fiscalizador que se constituyó primero en el lugar del accidente, no son de competencia de ese organismo (contratos de trabajo, registro asistencia, comité paritario, departamento de prevención de riesgos, entre otros)". Agrega la Orden de Servicio referida que "independientemente de la oportunidad que este Servicio llegue al lugar del accidente y de la presencia de otros organismos fiscalizadores, siempre deberá ser completado el Formulario F11-1". De esta manera, a través de la Orden de Servicio referida, se encuentra claramente establecido el procedimiento que deben utilizar las unidades operativas de este Servicio tratándose de fiscalizaciones en que exista competencia general común con otras entidades públicas, que si bien se refiere al caso de accidentes del trabajo fatales o graves, se pronuncia derechamente sobre la regla de abstención contenida en el inciso 3° del artículo 191 del Código del Trabajo que trata sobre la facultad de fiscalización referidas a normas de higiene y seguridad.” En definitiva la concurrencia de dos organismos fiscalizadores, no implica que se inhiban de conocer las materias que son propia de su competencia, y esto precisamente porque tiene competencias distintas, como se señaló, este Servicio, pese a la concurrencia de otra institución fiscalizadora, debe realizar la fiscalización, de las materias que le son propias, como: revisión de contratos de trabajo, legalidad de los registros de asistencia, existencia y legalidad de los instrumentos de prevención de riesgos, sean estos, matrices de riesgos, departamentos de prevención de riesgos, cumplimiento del derecho a saber, constitución, legalidad y funcionamiento de los comités paritarios, etc. De lo que se desprende, que los organismos fiscalizadores que hubieren ocurrido a fiscalizar la ocurrencia de un accidente del trabajo, pueden y deben fiscalizar materias diversas y sancionar por las infracciones que constaten en la realización de sus funciones, lo que es de común ocurrencia, y que es lo que ocurrió, como se aprecia, según los hechos relatados en este recurso de protección. Por último, en término generales, el principio non bis in idem, consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento, pero de acuerdo al propio contenido del recurso de protección, dichos elementos no se encuentran en las sanciones dictadas, tanto por la Seremi de Salud, como por el Servicio que representa, de la lectura de las sanciones fluye, inequívocamente, que las sanciones, solo comparten el sujeto sancionado, pero los hechos por los cuales se multas, son distintos, como también son distintos, sus fundamentos.

4°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

5°) Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

6°) Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la Resolución Exenta N° 5775 de la recurrida por la que se le impuso una multa de 30 UTM por hechos y fundamentos similares a aquellos por los que fue ya sancionada por la Inspección Comunal del Trabajo.

7°) Que corresponde, en primer término, resolver la alegación de extemporaneidad invocada por la recurrida. Al respecto, y como se sabe, el numeral 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”.

Sobre el particular, la actora refiere haber sido notificada de la resolución que cuestiona, el día 8 de noviembre de 2019 y para acreditarlo acompaña copia de la resolución referida con una escritura a mano que dice “Recibida el 8/11/19” sin mayor antecedente de esta circunstancia. Por su parte, la recurrida acompaña una impresión de la oficina de Correos de Chile sobre el seguimiento del envío de la carta certificada N° 1181096239204. En la primera nómina de ese documento, aparece la carta certificada N° 12002 comunicando la resolución N° 5775 con un timbre de Correos recibiendo la nómina de cartas a enviar el día 24 de septiembre de 2019 y posteriormente la entrega del documento el día 18 de octubre de 2019.

De lo expuesto, es posible colegir que con los antecedentes aportados por las partes, la recurrente fue notificada de la resolución recurrida en el mes de octubre de 2019 y no en noviembre como ella dice, pues el documento de la oficina de Correos es más fidedigno que el estampado manuscrito del documento que acompaña la actora y del cual se ignora su autoría o circunstancias de recibo.

De esta forma al haberse notificado la resolución el día 18 de octubre de 2019 y al haber recurrido de ella recién el 8 de diciembre del año pasado, no cabe sino acoger la alegación de extemporaneidad planteada.

8°) Que la segunda alegación que hizo la recurrida fue la de falta de legitimidad pasiva porque entiende que al haber fiscalizado antes que la Inspección del Trabajo el reproche debiera dirigirse en contra de ésta. Sin embargo, este cuestionamiento debe desestimarse, primero, porque se trata de argumentos que se confunden con el tema de fondo a resolver y, enseguida, porque la acción de protección constitucional procede sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el recurrente ante la autoridad o los tribunales correspondientes, y así si la actora fue sancionada por ambas autoridades solo cabe concluir que ejerce su derecho cuando cuestiona solo a una de ellas, sin perjuicio del resultado que tal acción pueda tener una vez analizados sus fundamentos.

9°) Con todo, y aun pasando por alto el problema formal de temporalidad detectado, lo cierto es que tampoco se advierte un actuar ilegal o arbitrario de parte de la recurrida.

En efecto, es cierto que la fiscalización que hicieron ambos órganos administrativos se verificó a causa de un mismo hecho, a saber, el accidente que sufrió un trabajador de la recurrente el día 28 de enero de 2019, sin embargo, el ámbito fiscalizado que origina las sanciones es diverso, según se pasa a explicar.

Así, es del caso que la Inspección del Trabajo sancionó a la recurrente específicamente por dos hechos: a) no informar a sus trabajadores los riesgos laborales vulnerando de esta forma el artículo 21 del Decreto Supremo N° 40 del año 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y, b) por no constituir Comité Paritario de Higiene y Seguridad, infringiendo con ello el artículo 1° del Decreto Supremo N° 54 del año 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En cambio, la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana sancionó a la actora por no haber acreditado la existencia de políticas de control de riesgos y por una serie de deficiencias en la operación y mantenimiento de las máquinas y ausencia de señalamiento de riesgos que estas presentaban con infracción a los artículos 3 y 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo aprobado por Decreto Supremo N° 594 del año 1999 del Ministerio de Salud y al artículo 21 del Decreto N° 40 del año 1969 que aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

De lo expuesto, es posible colegir entonces que las infracciones detectadas, a raíz del mismo accidente, son distintas por lo que no existe una vulneración a la prohibición de doble sanción y por lo tanto debe descartarse el reproche de ilegalidad y arbitrariedad que se formula por la actora.

10°) Que cabe agregar además, que los órganos de la Administración deben actuar coordinadamente, y lo cierto es, que la SEREMI de Salud se constituyó en el lugar del accidente primero que la Inspección del Trabajo, ello es reconocido por esta última autoridad que dejó constancia de esa circunstancia en la fiscalización, sin embargo consideró que no procedía abstenerse de continuar con el procedimiento iniciado por existir materias propias de su ámbito de acuerdo a las instrucciones que detalla en su informe y que la obligaba a continuar con la referida fiscalización, por lo que menos reproche aún puede imputarse a la SEREMI pues su actividad se verificó con antelación aun cuando la decisión de sanción se haya dictado después.

11°) Es por todo lo expuesto que procede rechazar el presente recurso, ya sea porque es extemporáneo o por no verificarse los presupuestos de ilegalidad y arbitrariedad denunciados sin que corresponda entonces analizar la vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza sin costas, la acción de protección deducida por UNIBAG S.A. en contra de la Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda.

Rol N° 181986-2019.