Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, quince de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio del recurrente y el envío de sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, vulnerando con ello la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Explica, en síntesis, que el protegido se vio forzado a escapar de su país de origen e ingresar por paso no habilitado a nuestro país debido a que su integridad y seguridad se encontraban amenazadas por la violencia generalizada y la constante violación a sus derechos humanos, ingresando a Chile el 19 de octubre de 2021.

Refiere que el recurrente, el 4 de octubre de 2023, acudió a las dependencias de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado regulado en la Ley N°20.430, oportunidad en la que procedió al llenado del formulario correspondiente y entregó su declaración. Agrega que, sin embargo, a la fecha no ha recibido respuestas satisfactorias por la autoridad migratoria ni le ha sido otorgada la visación de residente temporario, prescrita en el artículo 32 de la Ley N°20.430.

Solicita, en definitiva, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones concluir de manera satisfactoria el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado iniciado por el recurrente, dándole curso y otorgando la correspondiente visa temporaria de refugio, mientras se espera la evaluación respectiva.

Segundo: Que, evacúan informe los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Carolina Pilar Fernandoy, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección, por cuanto estiman que la misma ha perdido oportunidad y eficacia, y no existe acto u omisión alguna que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Exponen que, de acuerdo con sus registros, el extranjero ingresó por paso fronterizo no habilitado el 11 de febrero de 2022, y que recién con fecha 29 de abril de 2024 solicitó a dicha autoridad el reconocimiento de la condición de refugiado. Ante esto, fue citado para el 26 de julio de 2024 a la oficina del Departamento de Refugio, fecha en la que compareció, aportó documentación y se le realizó la entrevista de admisibilidad.

Añaden que, tras la revisión pertinente, mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 19 de marzo de 2025, se le informó que no se podía dar lugar a su solicitud al no cumplir con los requisitos formales mínimos de la ley, consistentes en exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N°20.430, y mantener ingreso por paso no habilitado sin presentar antecedentes que acrediten el cumplimiento de los plazos establecidos en el Decreto Supremo N°837. En dicha resolución se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud.

Indican que el interesado no remitió documentación a modo de subsanación dentro de plazo, por lo que, mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 11 de abril de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones hizo efectivo el apercibimiento, teniéndose por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

En consecuencia, afirman que, al haberse ya pronunciado la autoridad migratoria sobre la solicitud de reconocimiento de refugiado ingresada por el recurrente, la acción de protección ha perdido toda oportunidad y eficacia.

En cuanto al reconocimiento de la condición de refugiado, sostienen que, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N°20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su reglamento, siendo requisito para la formalización de una solicitud de refugio, que esta haya sido presentada ante autoridad competente en el plazo de siete días hábiles contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional, según prevé el artículo 26 de la Ley N°20.430.

Refiere que el obrar del Servicio se ajustó plenamente a Derecho aplicando el procedimiento administrativo respectivo, rechazando la existencia de cualquier acto u omisión ilegal y arbitraria emanado de la autoridad, por el cual se haya privado, vulnerado o amenazado, de alguna manera, el derecho fundamental que se pretende cautelar por la acción de protección interpuesta.

Tercero: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: Que como se colige del libelo en que se plasma la presente acción constitucional, en ella se denuncia como acto ilegal u omisión arbitraria el hecho de negarse el Servicio Nacional de Migraciones a acceder a la tramitación de la solicitud de refugio del recurrente y omitir el envío de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a Derecho.

Quinto: Que, conforme consta en los antecedentes allegados al recurso, el actor habría ingresado al país por paso no habilitado el 19 de octubre de 2021, según lo afirma el propio recurrente, o el 11 de febrero de 2022, de acuerdo con los registros del Servicio Nacional de Migraciones, y que solamente concurrió ante la autoridad migratoria a fin de formular la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el 29 de abril de 2024 —fecha en que tuvo lugar la entrevista de admisibilidad ante el Departamento de Refugio, según los registros del Servicio, no obstante que el recurrente sostiene haber concurrido ya el 4 de octubre de 2023—, circunstancia que en todo caso resulta irrelevante para la decisión, pues en cualquiera de esas fechas el plazo de siete días hábiles previsto en el artículo 26 de la Ley N°20.430 se encontraba ampliamente excedido, esto es, después de más de dos años desde la fecha de ingreso.

Sexto: Que, en tales circunstancias, la conducta desplegada por la recurrida no se encuentra afectada de ilegalidad alguna ni menos arbitrariedad, desde que se trata de una regla aplicable a todos quienes se encuentran en idénticas circunstancias procedimentales, y la dictación de las resoluciones informadas da cuenta de que la Administración no incurrió en inactividad, sino que resolvió el asunto conforme a la ley. De manera que tampoco se encuentra transgredida la norma constitucional de igualdad ante la ley invocada.

Séptimo: Que, así las cosas, frente a esta situación fáctica, estos sentenciadores no pueden tener por establecida la existencia de un acto arbitrario o ilegal que pueda ser atribuido a la entidad recurrida y, consecuentemente, que deba ser remediado por esta vía cautelar, toda vez que el órgano actuó dentro de sus facultades legales, por lo que necesariamente se desestimará el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1817-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (I)señor Guillermo Rodríguez González y la Abogado Integrante señora Catalina Infante Correa.

En Santiago, quince de junio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.