Protección contra Ejército de Chile

C.A. de Santiago Santiago, nueve de junio de dos mil veinte.

Vistos:

Primero: Con fecha 6 de diciembre de 2019, don nombre reservado, dedujo acción de protección en favor de cuatro funcionarios del ejército don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra del Ejército de Chile, representado por el Comandante en Jefe del Ejército, don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el cese del pago de sus remuneraciones en el mes de noviembre de 2019, sin que haya mediado algún acto administrativo que lo disponga, lo que estiman ha vulnerado las garantías establecidas en el artículo 19 N° 16 y 24. Solicita en definitiva se acoja el presente recurso y se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, restableciendo el imperio del derecho, con costas.

Expone que los recurrentes, son funcionarios en servicio activo del Ejercito, todos de la dotación de la Escuela Militar, los cuales se encuentran sometidos a sumario administrativo por infracciones a la normativa disciplinaria institucional desde noviembre de 2018 y sometidos a proceso judicial en sede militar. De acuerdo a lo anterior, mediante Resolución COP AS JUR/r (OP) N° 1615/1530/7992/ S/D, de fecha 30 de julio de 2019, el Ejército de Chile, dispuso el llamado a retiro temporal de los actores, resolución que fue impugnada en tiempo y forma ante la autoridad militar correspondiente, la que a la fecha de interposición de la presente acción, se encuentra en etapa recursiva y pendiente de resolución y fallo, por lo que, no ha surtido todos sus efectos legales, procesales ni administrativos y en consecuencia no se encuentra firme y ejecutoriada, por la que debe entenderse que siguen siendo funcionarios públicos.

No obstante lo anterior, sin aviso previo y sin dictar un acto administrativo que así lo disponga, en el mes de noviembre de 2019, cesó el pago de las remuneraciones de los recurrentes, dejándolos en la más absoluta indefensión económica, lo que vulnera las garantías indicadas al inicio, por lo que el recurso debe ser acogido en los términos indicados.

Segundo: Al evacuar el informe pertinente, el Ejército de Chile solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes. En lo pertinente, refirió que los cuatro recurrentes -un Sargento 2° y tres Cabos 2°- se encuentran investigados en sede militar por una posible infracción de la Ley de Control de Armas, respecto de armas adquiridas en el mercado formal, para luego denunciarlas como extraviadas, presuntamente, a cambio de una suma de dinero. Por lo anterior, y además de la investigación criminal, tal como se indica en el recurso, con fecha 30 de julio de 2019 se dispuso, en el marco del sumario administrativo por infracción al deber de probidad, su retiro temporal de la institución, con el consecuente cese en el pago de sus remuneraciones, una vez que dicho acto es notificado, que en el caso de los actores ocurrió el 6 de agosto de 2019.

Refiere que la decisión que antecede al acto recurrido, esto es, el retiro temporal de los recurrentes, se justifica no por las posibles responsabilidades o sanciones que pudieren corresponderles, ni por el resultado de las investigaciones sumarias administrativas, sino que deriva de la desobediencia de los principios y valores que guían la conducta militar, los que constituyen una obligación permanente, de acuerdo al artículo 76 de la Ordenanza General de Ejército, por lo que su vulneración, provoca un grave daño a la imagen institucional.

Luego de detallar la naturaleza del llamado a retiro temporal y aseverar que no corresponde a una sanción sino que al ejercicio de una potestad discrecional, concluye que una consecuencia necesaria es el cese del pago de las remuneraciones, lo que debió ocurrir en el mes de septiembre de 2019, pues la decisión fue notificada a los actores el 6 de agosto de 2019, sin embargo ocurrió en noviembre de 2019.

Por otro lado, y al contrario de lo dicho en el recurso, sin perjuicio de los recursos deducidos contra el llamado a retiro temporal, los que se encuentran pendientes de resolución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley N° 19.880, la ejecución del acto impugnado no se suspende por la interposición de recursos administrativos, por lo que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en la conducta reclamada por los actores.

Finalmente, estima que el recurso excede la naturaleza cautelar del recurso de protección, por cuanto ha sido dispuesta en el ejercicio de las facultades legales con las que se cuenta, solicita por tanto su rechazo.

Tercero: El recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo que el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección que se reclama.

Cuarto: El mérito de los antecedentes, en particular lo expuesto por ambas partes, y los documentos acompañados permiten concluir que a contar del mes de noviembre del año 2019, la recurrida cesó el pago de las remuneraciones de los actores.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso:

Quinto: Basta para desestimar la extemporaneidad planteada por la recurrida, considerar que el acto impugnado comenzó a producir sus efectos en el mes de noviembre de 2019, en términos que el recurso presentado el 6 de diciembre del mismo año, lo fue dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

En cuanto al fondo:

Sexto: Mientras los recurrentes sostienen que el Ejército sin aviso previo y sin dictar un acto administrativo que así lo dispusiera había cesado el pago de las remuneraciones de los actores, dejándolos en la indefensión, la recurrida precisa que los recurrentes no se encuentran ejerciendo funciones de ninguna índole, toda vez que mediante Resolución COP AS JUR/r (OP) N° 1615/1530/7992/ S/D, de fecha 30 de julio de 2019 se dispuso la medida administrativa de retiro temporal de los actores, cuyos efectos importan el despacho del funcionario y el consecuente cese de remuneraciones, cuando dicho acto administrativo es notificado, lo que en la especie ocurrió el 6 de agosto de 2019.

Séptimo: La Copia de la Resolución COP AS JUR/r (OP) N° 1615/1530/7992/ S/D, de fecha 30 de julio de 2010, fue agregada a los autos, y en ella consta que se dispuso el retiro temporal de los actores con arreglo al artículo 251 letra a) del DFL N° 1, de 1997, y en lo que importa también ordenó “las bajas en LRC, despachos, entrega de cargos y cese de sueldos de actividad a contar del total trámite de la presente resolución en virtud de lo dispuesto en los artículos 206 y siguientes del DFL (G) N° 1, de 1997, atendido que el personal no tiene los tiempos necesarios para acceder a una pensión de retiro.

Octavo: Consta igualmente que la referida Resolución fue notificada a los recurrentes el 6 de agosto de 2019, y que existen recursos legales en contra de la decisión que dispuso el retiro temporal de los actores, los que se encuentran pendientes.

Noveno: Luego conforme con lo dispuesto por el artículo 138 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas “El personal estará sujeto a los deberes y restricciones inherentes a la profesión militar contenidos en la Ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, en el presente Estatuto, en el Código de Justicia Militar, en el Reglamento de Disciplina respectivo y en la Ordenanza de la Armada, según corresponda. Igualmente, el personal estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones establecidas para los empleados de la Administración Civil del Estado en la Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto fuere procedente”.

Décimo: Por su parte-y en lo pertinente- el inciso primero del artículo 72 del Estatuto Administrativo, prescribe: “Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previstos en el presente Estatuto, de la suspensión preventiva contemplada en el artículo 136, de caso fortuito o de fuerza mayor…”

Por último conforme con lo dispuesto en el inciso primero artículo 57 de la Ley N° 18.880 la interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

Undécimo: Conforme a lo expuesto, no se aprecia ilegalidad no arbitrariedad en el cese de remuneraciones que se impugna por medio de la presente acción cautelar, toda vez que se trata de la consecuencia de un acto administrativo que está produciendo sus efectos, en tanto los recursos en su contra se encuentran pendientes, en coherencia con lo dispuesto por el Estatuto Administrativo, aplicable en la especie por remisión del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

Duodécimo: Luego, al no haberse comprobado la existencia de una acción u omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal por la recurrida, dos exigencias necesarias y previas para que el recurso pueda prosperar, resulta inconducente entrar al análisis si las garantías fundamentales que se dicen afectadas por los recurrentes han sido en efecto vulneradas, pues el estudio de si se ha seguido directo e inmediato atentado contra las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, supone necesariamente la existencia previa de un acto calificable como arbitrario e ilegal, que en la especie no ha podido configurarse, lo que llevará inevitablemente al rechazo de la presente acción de protección.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en contra del Ejército de Chile, representado por el Comandante en Jefe del Ejército, don nombre reservado

Se previene que la Ministra Sabaj, tiene únicamente presente para el rechazo del recurso, las siguientes consideraciones:

1°: Que en primer término, en cuanto al análisis de los requisitos de forma susceptibles de ser analizados y conforme lo expresa el Acta N° 94-2015 de 17 de julio de 2015, que fijó el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su artículo 1° se establece que esta acción constitucional debe ser deducida "dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".

Como puede advertirse del tenor de la referida norma, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación corresponda intervención a las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, de un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

Al respecto se sostiene en la doctrina nacional, que el mentado plazo de treinta días “se caracteriza por ser un plazo de días, continuo, legal, fatal, improrrogable, y no ampliable según la tabla de emplazamiento para contestar demandas del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil” (nombre reservado y nombre reservado, en “Los Recursos Procesales”, 3° Edición Actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2017, página 473)

2°Que, acorde con los antecedentes acompañados, a pesar de haber sido notificada la resolución con fecha 6 de agosto de 2019, el descuento de las remuneraciones aconteció en las respectivas liquidaciones del mes de noviembre, data en que se inicia el cómputo del aludido plazo.

En consecuencia, el arbitrio en análisis fue presentado el 12 de diciembre de 2019, esto es, dentro del plazo de treinta días a que alude el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, desestimándose la alegación de extemporaneidad sustentada por el recurrente.

3° Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que aquel indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

4°: Que para resolver el presente recurso debe analizarse si el cese del pago de las remuneraciones de los actores, a partir del mes de noviembre de 2019, que se produjo como consecuencia de la Resolución COP AS JUR/r (OP) N° 1615/1530/7992/ S/D, de fecha 30 de julio de 2010, dictada por el Teniente Coronel don nombre reservado, que dispuso a partir de su total tramitación (notificación personal o por carta certificada vía Correos de Chile), el retiro temporal del Ejército de los actores, por la causal “Necesidades del Servicio”, por aplicación de la letra c) del artículo 251 y de la letra b) del artículo 56, ambos del DFL (G) N° 1, de 1997 “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas” fue ajustada a derecho, encontrándose a su respecto en etapa recursiva y pendiente de resolución y fallo.

5°: Que en primer término, la resolución en análisis se sustenta en los siguientes presupuestos fácticos:

1.- De acuerdo a los antecedentes remitidos y a lo informado por el Director de la Escuela Militar, mediante Oficios, ESCMIL SECC 1RA (R) N° 1595/11133 de 27 de noviembre de 2018, ESCMIL SUBDIR (R) N° 1595/9652 de 12 de octubre de 2018, ESCMIL SECC 1RA (P) N° 1550/415 de 31 de enero de 2019 y ESCMIL SUBDIR SECC. 1RA (R) N° 1595/7494 de 4 de julio de 2019, se indica que los recurrentes, “se vieron involucrados en hechos de connotación pública derivados de una eventual infracción a la Ley N° 17.798, “Sobre Control de Armas”, los que se encuentran siendo investigados por la II Fiscalía Militar de Santiago bajo el rol N° 730-2018. Específicamente, mediante oficio N° 2301 de 07 DIC 2018, la Fiscalía Militar, dispuso el ingreso en calidad de detenidos, sujetos a prisión preventiva y en libre plática en dependencias del Regimiento de Policía Militar N° 1, al personal indicado (…)”

2.- Agrega, que “adquirieron armamento (…) en el mercado formal, para con posterioridad efectuar la denuncia por el extravío, reconociendo (salvo el CB1 nombre reservado) que el propósito de esta práctica era entregar las armas al CBO nombre reservado, a cambio de una suma de dinero por la gestión, no informando a sus respectivos mandos”. Al respecto, la resolución en análisis detalla cada una de las declaraciones prestadas por los actores, en el marco de la investigación llevada en su contra.

3.- Refiere que estos hechos de connotación pública, derivados de la denuncia ante la Justicia Militar, por una eventual infracción a la Ley N° 17.798 “afectaron gravemente la imagen Institucional, puesto que de dicha información tomaron conocimiento los medios de comunicación social, dejando al descubierto la eventual existencia de conductas reñidas con la legalidad.

En efecto, la conducta esperada de todo integrante de la Institución exige el apego irrestricto al ordenamiento jurídico, lo que en la especie no se verificó, toda vez que, situaciones como las descritas, conllevaron un quebrantamiento flagrante a las máximas y principios del ejercicio de la profesión militar, ya que producto de la eventual participación en una vulneración a la ley N° 17.798, evidenciada por los medios de comunicación, expuso de manera imprudente la imagen de que todo militar debe propender a desempeñar su cargo de manera leal y honesta, afectando en consecuencia la imagen institucional ante la opinión pública y de los integrantes de todas las ramas que componen la Defensa Nacional”.

6° Que por su parte, en relación a los fundamentos de derecho o principios que sustentaron la referida resolución, indica que:

1.- “(…) se debe hacer presente, que el ejercicio de la profesión militar conlleva una exigencia adicional, de intensidad superior, habida consideración a que debe darse cumplimiento irrestricto a un cuerpo valorativo particular que, a través de un juramento, exige al personal cautelar, incluso con su propia vida, los fines encomendados.

Que, si bien los funcionarios públicos en general, están sometidos al cumplimiento de valores derivados de la honradez, transparencia y probidad, a nivel militar es de tal importancia su ejercicio, que su infracción además de colisionar con la cohesión, ocasiona además, una baja en la moral, la cual influye directamente en la eficacia y eficiencia operacional de la tropa”.

Refiere además, que “(…) nuestro ordenamiento jurídico ha consagrado el principio de probidad, que “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el interés particular” (artículo 52 inciso 2 de la Ley N° 18.575, “Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.

Añade que “(…) es deber de todo militar llevar una vida sobria y honorable (artículo 26 del Decreto Supremo N° 1445, “Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas”.

2.- “En efecto, el mérito de los elementos de convicción de este Comandante de Personal, no deriva de las responsabilidades y sanciones que establezca la sentencia de un Tribunal, ni tampoco del resultado de las investigaciones sumarias administrativas que eventualmente pudieren determinar una sanción, sino que deriva de la desobediencia de los principios y valores que actúan como guía de conducta de la profesión militar, los que tal como lo indica la Ordenanza General del Ejército en su artículo 67, constituyen una obligación permanente”.

3.- La permanencia de los recurrentes en el Ejército de Chile “es perjudicial para el servicio, toda vez que ha provocado un grave daño a la imagen Institucional”.

6.- De esta forma, se arriba a la convicción “que dichas conductas merman la debida confianza y ejemplo que debe observar todo militar, tanto para sus superiores como subalternos, generando inconveniencia en el trabajo e inconveniencia en el desempeño diario. A su vez, estas conductas merman, la confianza que tiene la sociedad civil para con esta Institución, lo que resulta gravemente perjudicial para el servicio”.

7.- Por su parte, aclara que “de acuerdo a los fundamentos expuestos, esta resolución que dispone el retiro temporal (…), no se origina en un incumplimiento de los deberes estatutarios del funcionario, sino que se fundamenta en las especiales características propias de la función militar”.

“(…) los fundamentos que dan lugar a este acto, dicen relación con la valoración previa de las circunstancias de mérito, que realiza el Comandante del Comando de Personal en el ejercicio de la facultad que le otorga la ley, y por ende, no se encuentran supeditados a que esta resolución pudiere arribarse al término de un proceso disciplinario”.

8.- “(…) la aplicación del artículo 251 letra c), del DFL N° 1 de 1997, “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”, no constituye una sanción administrativa en el ejercicio de su potestad discrecional, valora entre los intereses en juego, escogiendo aquel que considere más adecuado para la satisfacción del interés general. Por tanto, la discrecionalidad implica la atribución a la Administración de la facultad de escoger entre diversos criterios o motivos para finalmente decidir en uno u otro sentido”.

7° Que en este orden de ideas, en cuanto al fondo de la acción deducida resulta pertinente tener en consideración que el Ejército de Chile, en materia disciplinaria se rige, en lo pertinente, por lo estipulado en el artículo 76 de la Ordenanza General del Ejército, norma que habilitó al Comandante del Comando de Personal a adoptar la decisión de aplicar una medida administrativa -retiro temporal-, derivado no de las posibles responsabilidades, ni sanciones que pudieran corresponderle a los recurrentes en sede de la Justicia Militar o de las investigaciones sumarias administrativas seguidas para tal efecto, sino que como consecuencia de la desobediencia a los principios y valores que actúan como guía de la profesión militar, los que constituye una obligación permanente de velar y propender por parte de la autoridad antes aludida, por cuanto las conductas atribuidas provocaron según su análisis, un grave daño a la imagen institucional.

Por su parte, el artículo 138 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas dispone que “El personal estará sujeto a los deberes y restricciones inherentes a la profesión militar contenidos en la Ley N° 19.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas (…) Igualmente, el personal estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones establecidas para los empleados de la Administración Civil del Estado en la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, en cuanto fuere procedente”.

En efecto, el Estatuto Administrativo dispone en su artículo 61 que “Serán obligaciones de cada funcionario: g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”.

Por otro lado, el cuerpo normativo indicado precedentemente, prescribe en el artículo 72 que “Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencia, permiso postnatal parental o permisos con goce de remuneraciones, previsto en el presente Estatuto, de la suspensión preventiva contemplada en el artículo 136, de caso fortuito o de fuerza mayor”.

Es por lo anterior, que el personal que se ausente de sus funciones por cualquier causa injustificada, no puede percibir legítimamente remuneraciones, lo que incluye a aquel personal al que se le haya aplicado la medida administrativa de retiro temporal.

Finalmente, el artículo 251 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas prescribe en lo pertinente que “El retiro temporal del personal del cuadro permanente y de gente de mar por la causal de necesidades del servicio contemplada en la letra b) del artículo 56 de la Ley N° 18.948, podrá disponerse discrecionalmente por el Director del Personal o Comandante del Comando de Personal, cuando concurra alguno de los siguientes presupuestos: c) Por la pérdida de la vocación militar o que su permanencia sea perjudicial para el servicio. Para la aplicación de la causal establecida en la letra c), el Director del Personal o Comandante del Comando de Personal deberá requerir los antecedentes u ordenar las investigaciones sumarias que le permitan verificar los hechos que le sirven de fundamento”.

Asimismo, el artículo 56 de la Ley N° 18.948 -Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas- contempla las causales de retiro temporal para el cuadro permanente, entre las que se encuentran en la letra b) “por necesidades del servicio”.

Además, resulta atingente señalar que el artículo 57 de la Ley N° 19.880 dispone que “La interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado”, por lo que una vez notificada la resolución en análisis -retiro temporal-, corresponde que hubieren cesado la percepción de las remuneraciones de parte de los recurrentes, no obstante hubieren hecho uso de las vías recursivas que les reconoce el ordenamiento jurídico, acto que finalmente fue atacado por los recurrentes.

De esta forma, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 251 letra c) del DFL N° 1997 -“Estatuto Personal de las Fuerzas Armadas”- no constituyó según se ha indicado, una sanción administrativa, sino que el ejercicio legítimo de una potestad legal -discrecional- conferida al Comandante del Comando del Personal, la que como autoridad administrativa, valorando los elementos en juego, escogió aquel que consideró más adecuado para la satisfacción del interés general de la institución, de acuerdo a los principios que la propia resolución detalla y desarrolla, materializados por la confianza de la sociedad en el Ejército de Chile.

8°Que en este orden de ideas, el artículo 251 letra c) del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas contempla una potestad discrecional para el Comandante del Comando del Personal, limitándose su accionar a las facultades expresamente previstas por el ordenamiento, esto es, con sujeción al principio de legalidad, concediéndosele un marco más o menos amplio para que aprecie libremente cómo materializar las directrices contenidas en los preceptos antes referidos, dejándose en evidencia que su actuar escapó a un escenario de arbitrariedad, por cuanto el acto fue motivado y razonable, conforme a los presupuestos fácticos sometidos a su ponderación.

Es así como la Corte Suprema ha resuelto “Que, asentadas las ideas anteriores, atendidos los contornos de la litis, se debe precisar que la ley exige que los actos administrativos sean motivados. En relación a esta exigencia, se debe precisar que en doctrina se distingue entre el ejercicio de facultades regladas y facultades discrecionales, en las primeras toda la actuación previa al nacimiento de un determinado acto administrativo se encuentra prevista y determinada en la ley, por lo que la autoridad debe ceñirse estrictamente a ella tanto al verificar los supuestos de hecho como en el procedimiento que determina la decisión, que está igualmente regulada en relación a la situación fáctica que la origina. En cambio, en el ejercicio de las facultades discrecionales, la Administración goza de cierto ámbito de libertad al momento de adoptar la decisión”. (SCS Rol Nº 8487-2018).

9° En efecto, la medida de retiro temporal adoptada por el Comandante del Comando del Personal, obedece a una potestad discrecional, que no reviste los caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, por cuanto ha obrado de manera plausible y razonable, conforme lo dispone el artículo 251 letra c) del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y el artículo 56 de la Ley N° 18.948, dictándose a su respecto una resolución fundada desde los antecedentes fácticos -hechos que aparecen como reprochables, atendidos los principios que inspiran a la Institución- y de derecho que en ella se contienen, no existiendo de esta forma, conculcación a las garantías constitucionales que reclama -artículo 19 N° 16 y 24 de la Constitución Política de la República- y consecuentemente con ello, el acto atacado, constituido por el cese del pago de las remuneraciones de los actores, se fundó en lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley N° 19.880. De esta forma, una vez notificada la resolución en análisis -retiro temporal-, corresponde cesara la percepción de las remuneraciones de parte de los recurrentes, no obstante, hubieren hecho uso de las vías recursivas que les reconoce el ordenamiento jurídico, acto que finalmente fue atacado por los recurrentes, motivos todos por los cuales el presente arbitrio será desestimado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección – 181677-2019 Pronunciada por la Tercera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y la Ministra doña Verónica Sabaj Escudero.

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