Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Franco Brunetti Arredondo, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por don nombre reservado

nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitraria, consistente en haber dictado con fecha 17 de julio de 2025 la Resolución Exenta NUM000, que resolvió tener por desistida a la recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, lo que a su juicio vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando al recurrido que se deje sin efecto la Resolución Exenta impugnada, y se otorgue la correspondiente visa temporaria de refugio.

Relata la actora que es una ciudadana venezolana que se vio forzada a escapar de su país de origen debido a amenazas contra su libertad y seguridad, producto de la violencia generalizada, conflictos internos y violación masiva de derechos humanos que perturban gravemente el orden público en Venezuela, y que su salida tuvo lugar el 25 de septiembre de 2021 y su arribo a Chile se materializó el 5 de octubre del mismo año, ingresando por pasos no habilitados, dadas las circunstancias de persecución que enfrentaba.

Menciona que una vez en territorio nacional, y tras recabar información sobre su situación, acudió el 19 de marzo de 2025 a la Oficina de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, ubicada en domicilio reservado, donde solicitó el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. En dicha oportunidad fue atendida, le fue facilitado el formulario correspondiente, procedió a su llenado y entrega, y se recibió su declaración sobre los hechos que fundamentan su solicitud.

Sostiene que, no obstante lo anterior, con fecha 17 de julio de dos mil 2025, recibió la Resolución Exenta NUM000, que resolvió tenerla por desistida de su solicitud, sin haber efectuado la derivación previa de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. La autoridad migratoria fundamentó su decisión en dos argumentos: primero, que la solicitud fue presentada fuera del plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430; y segundo, que habiendo ingresado por paso no habilitado, no se presentaron antecedentes que acreditaran el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, puntualizando que realizó la subsanación correspondiente de su solicitud el 8 de julio de dos mil 2025, previo a la dictación de la resolución impugnada.

Argumenta que no ha existido desistimiento efectivo de la solicitud, toda vez que la recurrente jamás manifestó expresa ni tácitamente su voluntad de abandonar su pretensión, y que el desistimiento, conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, debe ser individual, expreso y voluntario, requisitos que no concurren en la especie. Asimismo, alega que la resolución impugnada vulnera el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos, al otorgar mayor importancia a aspectos formales que a la grave situación humanitaria de la recurrente, quien ha sido víctima de asedio y amenazas por parte de agrupaciones delictuales conocidas como "los Colectivos" en su país de origen, detallando que la decisión de la autoridad resulta desproporcionada y arbitraria, ya que podría derivar en la eventual expulsión de la recurrente, exponiéndola nuevamente a los peligros que motivaron su solicitud de refugio.

Adiciona que se ha vulnerado el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, aplicable en materia de sanciones administrativas conforme a abundante jurisprudencia constitucional, administrativa y judicial, enfatizando que la actora no pudo conocer ni prever las consecuencias de sus actos al momento de su ingreso al país, resultando injusto aplicarle retroactivamente exigencias normativas que impidan el reconocimiento de su condición de refugiado.

Manifiesta que no le ha sido otorgado el visado de residente temporario prescrita en el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 20.430, norma de carácter imperativo que ordena extender dicha visa una vez presentada la solicitud, sin establecer requisitos, exigencias o condiciones previas, y que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al dispensarse a la recurrente un trato discriminatorio respecto de otros extranjeros, impidiéndole ejercer efectivamente su derecho fundamental a solicitar refugio, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos tratados internacionales ratificados por Chile.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva a esta Corte que se ordene al recurrido que se deje sin efecto la Resolución Exenta impugnada, y se otorgue la correspondiente visa temporaria de refugio;

SEGUNDO: Que, informa don Antonio Beltrán Henríquez, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo de la acción deducida en todas sus partes.

Expone que la actora no registra ingreso formal al país, presumiéndose su entrada por paso no habilitado para tales efectos, lo que se encuentra corroborado por la denuncia grave por ingreso clandestino contenida en el Parte Policial NUM001, de 13 de diciembre de 2023, emitido por la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía de Investigaciones. Asimismo, menciona que la recurrente se inscribió en el proceso de empadronamiento biométrico del año 2023, de 16 de junio de 2023, completándolo el 12 de diciembre del mismo año, lo que acredita su declaración de ingreso por paso no habilitado al territorio nacional.

Relata que no existen registros de que la recurrente hubiera manifestado ante la autoridad contralora de fronteras su intención de solicitar refugio al momento del ingreso, pese a que dicha posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 36 del Decreto N° 837, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 20.430. Sin perjuicio de lo anterior, señala que el 19 de marzo de 2025 la actora formalizó su petición de refugio ante la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme lo establece el artículo 26 de la Ley N° 20.430, en relación con el artículo 37 del Decreto N° 837.

Agrega que mediante el Oficio Ordinario Folio NUM002, de 19 de marzo de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones citó a la extranjera a comparecer el día 24 de junio de 2025, con toda la documentación necesaria para dar inicio a su solicitud, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada y por abandonado el procedimiento en caso de inasistencia.

En dicha oportunidad se le entregó el formulario respectivo y se realizó la entrevista personal, en conformidad con lo establecido en el artículo 28 bis inciso 6° de la Ley N° 20.430.

Menciona que posteriormente, mediante Resolución Exenta NUM003, de 24 de junio de 2025, del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones, se notificó a la extranjera por correo electrónico que no era posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no había cumplido con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N° 20.430, específicamente: haber excedido el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430; y mantener ingreso al país por paso no habilitado, sin presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley N° 20.430 de 2010.

Manifiesta que conforme al formulario completado por la actora, expresó haber ingresado de manera irregular el 5 de octubre de 2021, presentándose ante el Servicio Nacional de Migraciones recién el 19 de marzo de 2025, es decir, aproximadamente cuatro años después de su ingreso irregular. En consecuencia, se le otorgó un plazo de 15 días hábiles a contar de la notificación del acto administrativo para acompañar antecedentes que permitieran subsanar tal situación, bajo apercibimiento legal de tenerla por desistida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 y artículo 31 de la Ley N° 19.880, con fecha límite del 15 de julio de 2025.

Hace presente que la recurrente adjuntó documentos a título de subsanación, correspondientes a una carta explicativa de su situación, que no desvirtuaba la causal, por no cumplir con los requisitos formales de su solicitud de refugio, más un certificado de antecedentes penales de su país de origen. Por consiguiente, mediante Resolución Exenta NUM000, de fecha 17 de julio de 2025, del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio Nacional de Migraciones, se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la extranjera, al considerar que los antecedentes presentados no fueron suficientes para desvirtuar las causales que no dieron curso a su solicitud de refugio. Asimismo, la recurrida manifiesta que en la resolución referida se reservaron los recursos administrativos, los cuales no fueron interpuestos por la extranjera, y que no existe ninguna sanción que se haya dictado en su contra, tales como orden de abandono, prohibición de ingreso o expulsión del país.

Expone que la presentación de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra especialmente regulada en el artículo 26 de la Ley N° 20.430, norma que habilita a toda persona para solicitar en Chile el reconocimiento de tal condición, con independencia de su condición migratoria, siempre y cuando se encuentre en territorio nacional. Sin embargo, para que un extranjero sea considerado como solicitante de refugio, su solicitud debe haber sido declarada admisible y formalizada con arreglo a los artículos 2, 6, 26 y 28 de la Ley N° 20.430, y a los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento, lo que no ocurrió en estos autos, por cuanto la actora no se presentó ante la autoridad contralora de fronteras dentro del plazo establecido en la ley para formalizar su solicitud, no siendo idónea la sola manifestación de voluntad de solicitar refugio, por cualquier medio que se realice, para tener por iniciado el procedimiento, si no se realiza de conformidad con las normas antes citadas.

Argumenta que, acorde con lo señalado en el artículo 31 de la Ley N° 19.880, aplicable de manera supletoria y general al procedimiento, la comunicación que otorga plazo para entregar los documentos faltantes que exige la Ley y su Reglamento para dar continuidad a la solicitud, se realiza bajo el apercibimiento de tenerla por desistida en caso de no cumplir en forma y contenido con lo solicitado, por lo que la resolución exenta impugnada se ajusta a derecho, y no vulnera garantías fundamentales, por lo que solicita en definitiva a esta Corte el rechazo de la acción deducida en todas sus partes;

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la mera voluntad. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho haber dictado el Servicio Nacional de Migraciones la Resolución Exenta NUM000, que resolvió tener por desistida a la recurrente de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, lo que a su juicio vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho;

QUINTO: Que el artículo 26 inciso quinto de la Ley N° 20.430 dispone que “la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”. Por su parte, el artículo 35 del Decreto N° 837, que establece el reglamento de la Ley N° 20.430, dispone que “los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento”. Por su parte, el artículo 8° inciso primero señala que “los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”;

SEXTO: Que no son hechos discutidos que la extranjera salió de su país el 25 de septiembre de 2021, que ingresó a Chile por paso no habilitado el 5 de octubre del mismo año, y que manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder a refugio el 19 de marzo de 2025, excediendo con creces, y por un periodo de años, el plazo establecido en la ley para realizar la solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de que los fundamentos de la solicitud de refugio no dicen relación con circunstancias excepcionales en el sentido del arbitrio interpuesto, sino más bien determinado por la búsqueda de más y mejores condiciones de calidad de vida, desnaturalizando la finalidad de la condición que se pretende. De esta manera, resultando aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el fundamento anterior, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, esta Corte estima que el proceder del recurrido se encuentra debidamente ajustado, tanto a las disposiciones de la Ley N° 20.430, como a su Reglamento, atendido que la recurrente no dio cumplimiento a lo requerido en el plazo que le fue concedido, sin que se advierta que la actuación del recurrido sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio no se encuentra en condiciones de prosperar, debiendo ser rechazado;

SÉPTIMO: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso. En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las de la protegida, haya recibido un trato desigual. En consecuencia, no se ha demostrado que la resolución impugnada haya privado, perturbado o amenazado a la recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales;

OCTAVO: Que, al tenor de lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones, procede el rechazo del presente arbitrio.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18167-2025.