Protección contra empresa de cobranza GESTICOM S

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

Vistos:

Primero: Que comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la empresa de cobranza GESTICOM S.A., representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, en base a los siguientes antecedentes:

Refiere que en reiteradas ocasiones ha recibido llamadas en distintos horarios a su teléfono móvil, al de sus hijos y al de su lugar de trabajo, esto atendido el pago de las cuotas atrasadas que mantiene con el Banco Falabella por un crédito de consumo ascendente a $5.280.318.

Agrega que actualmente dicha deuda se encuentra judicializada en autos ejecutivos N° 26859-2015 del 2° Juzgado Civil de Santiago. Señala además que lo anterior le produce un menoscabo psicológico que se traduce en insomnio y en un trastorno de ansiedad.

Incorpora en su escrito antecedentes relativos a su deuda con el banco, época, monto del mismo y cuotas pactadas y los motivos económicos que ha tenido para pagar de manera atrasada.

En cuanto al derecho, que según dispone el artículo 37 de la ley N° 19.496 sobre protección al consumidor, los datos personales se encuentran protegidos, estando vedado a las empresas de cobranza extrajudicial aportar información a terceros.

Agrega que las llamadas telefónicas se efectúan en diversas horas del día y en tono amenazante y ofensivo.

Señala que las garantías constitucionales afectadas son las consagradas en el artículo 19 N° 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y N°4, el respeto y la protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia.

Pide en definitiva que se acoja el recurso en todas sus partes, declarando: Ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, derivado de las constantes y repetidas llamadas telefónicas efectuadas por la empresa referida al recurrente y su familia, tendiente a obtener el pago extrajudicial de la deuda que el recurrente mantiene con Banco Falabella, situación que data del mes de octubre de 2015 a la fecha y que se ordene como medida el disponer que la recurrida debe abstenerse de efectuar llamadas telefónicas al recurrente, tanto al hogar, lugar de trabajo como a teléfonos personales, toda vez que el pago de la deuda ya está siendo tramitado ante los tribunales de justicia.

En subsidio, se ordene se abstenga de efectuar llamados de cobro al lugar de trabajo del recurrente y a sus hijos, todo con costas.

Segundo: Que a fojas 13, informa la recurrida GESTICOM S.A., al siguiente tenor:

Señala que el recurrente fue incluido en la nómina de deudores entregada por PROMOTORA CMR para ser contactado por llamados telefónicos con el objetivo de verificar el pago de la deuda que mantiene. Reconoce así, haber efectuado los siguientes llamados: Con fecha 24 de febrero de 2017, efectuado a las 12:10 horas y 27 de febrero de 2017 a las 10:23 horas.

Agrega que el número contactado corresponde al 74878051, del recurrente y único número contactado. Aportado por el mismo a CMR Falabella.

En el primer otrosí de su presentación, acompaña como documento registro de llamadas emitido por GTS MANQUEHUE S.A. en los términos ya descritos.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que conforme a lo señalado en el considerando anterior, corresponde determinar en primer término si la recurrida ha incurrido en un acto que pueda calificarse como arbitrario o ilegal, esto es, un acto contrario a la legislación vigente o que carezca de razonabilidad.

Quinto: Que la recurrente sostiene su recurso en constantes llamados telefónicos que la recurrida realiza desde el mes de octubre de 2015 a la actualidad tanto al teléfono personal del señor nombre reservado, como al de su domicilio particular, laboral y de familiares, sin embargo no ha acompañado antecedente alguno que permita demostrar, conforme a las reglas de la sana crítica la existencia de los llamados telefónicos que motivan su acción, tampoco se indican los números telefónicos receptores de estos llamados, es más, en estrados su apoderado señaló que incluso se le remitieron mensajes de texto, ante lo cual consultada que fue por esta Corte, reconoció no haber adjuntado dichos mensajes a la presente acción. Sin embargo, la recurrida ha reconocido haber efectuado dos llamados al teléfono que el señor nombre reservado proporcionó cuando adquirió la deuda, llamados que se habrían hecho los días 24 y 27 de febrero del año en curso, el primero a las 12:10 horas y el segundo a las 10:23 horas, según un registro de llamadas que adjunta. Conforme a este reconocimiento, corresponde determinar su presunta ilegalidad o arbitrariedad.

Sexto: Que el artículo 37 de la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, dispone, en lo pertinente, en su penúltimo inciso que: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”. De acuerdo a esta norma, está prohibido efectuar llamadas de cobranza al deudor en día y horas inhábiles, en consecuencia no es que esté prohibido en forma absoluta efectuar llamadas telefónicas al deudor, pero estas deben hacerse en días y horas hábiles, y obviamente dentro de la razonabilidad que implica solo un aviso de la presunta morosidad o un intento de regularización, y resguardando la privacidad de éste. En ese escenario, las dos únicas llamadas demostradas en autos, aparecen realizadas en día y hora hábiles a un número telefónico que el recurrente no ha desconocido como suyo estimándose dentro de lo razonable la existencia de solo dos llamadas, descartándose de esta forma, una ilegalidad o arbitrariedad de la recurrida.

Séptimo: Que no obsta lo anterior, la existencia de un juicio dirigido en contra del deudor ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago, pues la circunstancia de haberse efectuado solo dos llamados, no convierten en ilegal o fuera de la razonabilidad el comportamiento de la recurrida, teniendo presente que los casos en que los tribunales han acogido este tipo de recursos, han sido frente a situaciones tildadas como verdaderos acosos telefónicos o de llamadas reiteradas e insistentes que resultan ser desproporcionadas, sin que aquello se haya demostrado en autos.

Octavo: Que habiéndose descartado la existencia de un acto arbitrario o ilegal, se hace innecesario analizar la eventual vulneración de las garantías constitucionales que invoca el recurrente.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que SE RECHAZA el recurso incoado por don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18135-2017.