nombre reservado con COMANDO INSTITUTO Y DOCTRINAS

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de junio de dos mil veinte.

Vistos:

1°.- Que don nombre reservado, deduce recurso de protección en contra del Comando de Educación y Doctrina del Ejército de Chile, (en adelante CEDOC), por el acto ilegal y arbitrario realizado mediante la dictación de la resolución CEDOC DIVEDUC JEFENS VIII ADM PROF (R) N° 1000/34011/508 de fecha 23 de octubre de 2019, por el cual se determinó la no renovación de su nombramiento como profesor civil, fundado en que las funciones realizadas por el actor han dejado de ser necesarias para la División de Educación, (en adelante DIVED), debido a que las funciones que realizaba se modificarán, dándose prioridades a otras necesidades para el año 2020. Explica que se ha desempeñado como profesor civil analista de nombramientos docentes en la DIVED, desde el 01 de abril de 2015. Dentro de sus funciones está control de proceso de nombramiento de los profesores civiles y militares de dicha división y órganos subordinados, además de la confección de la resolución que se envía a la Contraloría General de la Republica. Su última calificación correspondiente al año 2019 fue en Lista 1.

La resolución recurrida, de acuerdo a sus considerandos 13 y 14, se fundó en la nueva estructura organizacional del CEDOC, que implicó que el puesto que ocupaba el recurrente, se modificó. En consecuencia, la no renovación de su nombramiento como profesor civil se funda en que las funciones realizadas por aquél han dejado de ser necesarias para la DIVED, debido a que el puesto que desempeña actualmente se ha modificado dando prioridades a otras necesidades para el año 2020.

Explica que las labores que el actor realiza corresponden a tareas de control y asignación de recursos remuneratorios de los profesores civiles y militares, lo cual significa que sus funciones tendrán que ser desarrolladas por alguno de los funcionarios a contrata que se nombren para el año 2020.

Asimismo, la resolución no explica de qué manera serán modificadas las funciones, ni la razón por la cual las competencias profesionales del recurrente no se adecuan al nuevo perfil. De la sola lectura de los argumentos de la desvinculación, no logra comprenderse cuáles son los verdaderos motivos de la no renovación de la contrata, es más no se entiende el fundamento fáctico y mucho menos el fundamento de derecho que se requiere para estos casos.

Agrega que el Reglamento N° 350 de Educación de las Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto Supremo de fecha 07 de noviembre de 2003, prescribe en su artículo 57 que las prórrogas de los nombramientos de Profesores Civiles, deberán notificarse previamente y por escrito antes del 31 de octubre de cada año, y en su caso se le envió por correo a San nombre reservado de Mostazal y no por carta certificada al domicilio particular del recurrente. A su vez, no resulta suficiente la alusión a argumentos genéricos que podrían justificar la decisión respecto de cualquier funcionario a contrata, sin explicar la adopción de la medida respecto de la persona afectada. En tal sentido, la mera referencia a “deficiencias presupuestarias del servicio”; no permite conocer la razón por la que la autoridad decidió alterar el vínculo con ese funcionario y no con el resto de los servidores que se encuentran en las mismas condiciones, situación análoga a la ocurrida en la especie.

La motivación exigida para el acto administrativo no se encuentra presente en el acto recurrido, por cuanto no utiliza parámetros objetivos, ni da una razón real del motivo de la no renovación.

Esta falta de fundamentación infringe los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, normas que exigen fundamento plausible a todas las decisiones de las autoridades que limiten, restrinjan, priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de un derecho, como ocurre en el caso de marras.

Además, la recurrida ha vulnerado el principio de la confianza legítima, como señal inspiradora de la relación contractual entre un servidor público y el Estado, en especial cuando la estabilidad en el empleo ha sido coartada sin justificación o fundamento plausible por la autoridad.

En cuanto a las garantías constitucionales que han sido vulneradas, señala que se infringe el artículo 19 N° 2, ya que se le ha discriminado arbitrariamente dejándolo fuera del servicio público, sin expresión de causa alguna, ni fundamento racional que justifique la no renovación. En relación al artículo 19 N° 16, el acto administrativo adoptado ha coartando la posibilidad de continuar ejerciendo funciones como personal a contrata mientras cuente con los elementos que lo permiten. Respecto del N° 24 de tal artículo, refiere que al ser privado de su trabajo, también se le priva arbitrariamente de la remuneración lo que afecta el derecho de propiedad respecto de su patrimonio.

Concluye que se acoja el recurso de protección, debiendo en consecuencia invalidar la no renovación de la contrata como profesor civil, con expresa condenación en costas.

2°.- Que evacuado el informe por la parte recurrida, ésta solicitó el rechazo del recurso de protección interpuesto, por los antecedentes que se señalan.

Primeramente alega la falta de legitimación pasiva, toda vez que conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las Fuerzas Armadas y consecuencialmente el Ejército de Chile, al ser un órgano integrante de aquella, la representación judicial, acorde a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Consejo de Defensa del Estado, contenida en el DFL Nº 1 de 1993, corresponde a su Presidente, debiendo por ello emplazarse a dicha autoridad.

Explica que el recurrente fue nombrado por Resolución CEDOC (P) Nº34 del 12 de enero de 2012, con 19 horas semanales mensuales por el periodo comprendido entre 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2012, como profesor civil. Posteriormente por Resolución CEDOC (P) Nº 105 de 12 de mayo de 2015, fue designado como profesor civil a contrata por el periodo del 6 de abril hasta el 31 de diciembre de 2015, con 23 horas semanales mensuales, y posteriormente renovado dicho nombramiento durante los años 2016-2019.

En cuanto a sus funciones principales, le correspondía velar por la oportuna y correcta tramitación de las Resoluciones de Nombramiento a través del SIAPER y registrar las mismas.

En lo referente al marco normativo que rige al profesor civil a contrata, señala que en el caso de marras, producto de la necesidad del CEDOC de homologar y contar con un diseño organizacional que mejore la calidad educativa de sus organismos e institutos dependiente y crear las condiciones para el proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), basado en las misiones de cada uno de los organismos o unidades dependientes entre los que se encuentra la DIVED, en sus funciones propias, responsabilidades y tareas fundamentales asignadas, se dispuso la revisión y actualización de las Tablas de Distribución de Personal, para determinar los cargos que deben ser asumidos por personal militar, personal a contrata y profesores civiles para el año 2020. Lo anterior implicó la modificación en la categoría de los cargos, en los perfiles, y/o descriptores y horarios de las actuales funciones que cumplen los profesores civiles de apoyo docente y la eliminación de cargos en la DIVED.

En este contexto, el actor con fecha 08 de noviembre de 2019, fue notificado por carta certificada enviada el 4 de noviembre de la resolución Nº 1000/34011/508 de fecha 23 de octubre de 2019, que dispuso y señaló los motivos por los cuales no procedía la renovación de su nombramiento como profesor civil a contrata para el 2020, en atención a que el cargo que desempeñaba fue modificado en la nueva estructura organizacional del CEDOC.

El artículo 57 del Reglamento DNL Nº 350, prevé la facultad de realizar prórrogas en los nombramientos, solo si las actividades o funciones a ejecutar, son realizadas en las mismas condiciones a las establecidas en el actual nombramiento, es decir, las prórrogas solo son permitidas en el caso que la función que se desempeña obedece al mismo nombramiento. De este modo, atendiendo a la necesidad de homologación ya mencionadas se procedió a verificar, entre otros aspectos, si cada uno de los cargos existentes se encontraban debidamente ajustados a lo que por reglamento señala para cada uno de ellos, advirtiéndose que las labores realizadas por el actor, no tenían relación con las funciones docentes, sino que realizaba tareas administrativas relacionadas con los docentes y no del área docente propiamente tal, por lo que dicho cargo fue eliminado en la Tabla de Distribución, modificándose a la categoría de Personal a Contrata con 44 horas, siendo el perfil del cargo el de “Encargado de Registro y Control de Antecedentes SIAPER”.

En la especie, no corresponde una prórroga de nombramiento, toda vez que su cargo fue eliminado por haber sido modificado en la nueva estructura de la División Educación, cambiando completamente de categoría el puesto a Personal a Contrata.

Explica que conforme a la nueva orgánica del CEDOC y de sus unidades y organismos dependientes, se realizó el concurso interno a fin de proveer de personal a los nuevos cargos creados, a los cuales el recurrente no postuló a ninguno de los nuevos cargos, ni aún respecto de aquel nuevo cargo que subsumió parte importante de las labores realizadas por el actor, y naturalmente dicho cargo se encuentra con la categoría de Personal a Contrata y no Profesor Civil a Contrata, denominado “Encargado de Registro y Control de Antecedentes”, a su vez, dicho cargo no tuvo ningún otro postulante, siendo declarado vacante.

Indica que la resolución que se hizo llegar al recurrente por medio de carta certificada, fundamenta los motivos por los cuales no se procede a la renovación de su nombramiento como Profesor Civil a Contrata, en especial en atención a que el cargo que desempeñaba fue modificado (eliminado) en la nueva estructura organizacional del CEDOC. Reveló que acorde a la nueva estructura establecida, se eliminaron todos los nombramientos de profesores civiles de 44 horas, siendo actualmente la regla general aquellos de 40 o 22 horas, y para determinados casos específicos, nombramientos de 10 horas. Por lo que en la nueva estructura materializada en el CEDOC era completamente imposible pretender realizar una prórroga de nombramiento de un cargo que fue eliminado.

En relación a las garantías que se estiman vulneradas, respecto del artículo 19 Nº 2 de nuestra Carta Magna, (igualdad ante la ley), no se observa un trato desigual, ni menos aún discriminatorio, toda vez que el puesto que el recurrente desempeñaba, fue eliminado por haber sido modificado en la Tabla de Distribución, y que dicha eliminación no fue arbitraria sino que obedeció a un estudio a nivel de todas las unidades dependientes y organismos del CEDOC, y que implicó, entre otras aspectos, que la categoría asignada a dicho cargo no se ajustaba a lo establecido en el DNL 350 “Reglamento de Educación de Las Fuerzas Armadas”.

Respecto a la garantía consagrada en el artículo 19 N° 3, inciso quinto de la Carta Fundamental, ésta sólo fue mencionada por el recurrente sin que haya efectuado un desarrolló de la misma en el cuerpo del escrito, por lo que la vulneración de esta garantía debe ser desestimada.

Por su parte, en relación a la vulneración de la garantía del artículo 19 Nº 16 de nuestra Constitución (libertad de trabajo y su protección), al momento de ejecutarse el acto fundado de modificación, este se ejecutó en el ejercicio legítimo que tiene la administración del Estado de estructurar su organización de forma eficiente, lo cual en ningún caso podría constituir una vulneración a tal precepto.

Y en cuanto a la vulneración de la garantía del artículo 19 Nº 24 no existe el pretendido derecho sobre el empleo o función pública. En efecto, ésta no contempla una supuesta -propiedad del empleo o función-, ni resulta admisible confundir la estabilidad funcionaria con una expresión del derecho de dominio, ello debido a que la estabilidad de la carrera funcionaria no puede obstaculizar el ejercicio de las atribuciones que por ley son otorgadas a las autoridades competentes.

3°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

4°.- Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

5°.- Que en primer lugar cabe hacerse cargo de la falta de legitimación pasiva deducida por el recurrido, la que será rechazada ya que la recurrida aparece representada y defendida en estos autos por el Consejo de Defensa del Estado, entidad que asumió tal calidad al hacerse parte en esta instancia.

6°.- Que son hechos no controvertidos los siguientes:

A.- El actor fue nombrado como profesor civil a contrata por Resolución CEDOC (P) Nº 105 de 12 de mayo de 2015, por el periodo del 6 de abril hasta el 31 de diciembre de 2015, siendo renovado dicho nombramiento durante los años 2016-2019.

B.- Según resolución CEDOC N° 110251/188/2019 de 29 de julio de 2019, se le nombró profesor civil a contrata como analista de nombramientos. Sus labores correspondían a tareas de control y asignación de recursos remuneratorios de los profesores civiles y militares, específicamente en llevar a cabo una oportuna y correcta tramitación de la resolución de nombramiento a través del sistema SIAPER y el registro de resoluciones de nombramiento.

C.- Por resolución CEDOC 395/426 de 9 de agosto de 2019, se ordenó llevar a cabo por las Unidades dependientes del CEDOC, la revisión y actualización de la estructura de las respectivas Tablas de Distribución, para determinar los cargos que deben ser asumidos por personal militar, personal a contrata y profesores civiles para el año 2020.

D.- Por resolución Nº 1000/34011/508 de fecha 23 de octubre de 2019, se dispuso y señalaron los motivos por los cuales no procede la renovación del nombramiento como profesor civil a contrata del actor para el 2020.

6°.- Que el Manual de Profesores Militares y Civiles del Ejército, año 2011, clasifica a los profesores civiles, en profesores civiles de aula y profesores civiles de apoyo docente, y en su punto 1.2 sobre "Políticas de Contrataciones", establece respecto de los profesores civiles de aula un nombramiento regulado por la carátula del programa curricular de cursos y la carga horaria corresponde a horas pedagógicas, y en el caso de los profesores civiles de apoyo docente, su nombramiento está regulado por la Tabla de Distribución vigente o por la Orden de Encuadramiento del instituto u organismo docente donde cumplirá funciones.

Tratándose del cargo que ocupaba el actor, esto es, Analista de Nombramientos Docentes, se eliminó por haber sido modificado en la Tabla de Distribución, y en su defecto se creó el cargo de "Encargado de Registro y Control de Antecedentes SIAPER", para ser ejercido por un funcionario a contrata, toda vez que las labores que el recurrente ejecutaba eran de carácter administrativo, hecho que se refleja en el descriptor de dicho cargo, el que dice relación con la ejecución de tareas administrativas para los docentes y para los funcionarios no docentes, razón por la cual no procedía la prórroga de su nombramiento, por lo que se le comunicó tal hecho, fundándose en la causal de no renovación de su nombramiento como profesor civil, por vencimiento del plazo, prevista en el artículo 254 letra b) del DFL N° 1 DE 1997 "Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas", ya que tal cargo no figura en la nueva estructura o Tabla de Distribución a partir del 2020.

7°.- Que en concordancia con lo reseñado anteriormente, y a fin de completar las Tablas de Distribución modificadas, se llamó a concurso interno, para proveer los cargos de personal a contrata de procedencia civil y procedencia militar respectivamente, exclusivo para Unidades y Organismos del Comando de Educación y Doctrina para el año 2020, sin embargo el actor no postuló a ninguno de ellos.

8°.- Que, según se advierte de los motivos anteriores la decisión contenida en la resolución Nº 1000/34011/508 de fecha 23 de octubre de 2019, que dispuso la no renovación del nombramiento como profesor civil a contrata del actor para el 2020, no es ilegal, ya que el nombramiento éstos expira el 31 de diciembre de cada año, y se dispuso no prorrogarlo; ni tampoco arbitrario, pues se fundó en la nueva estructura organizacional del CEDOC, en la cual tal cargo no está estipulado.

Por lo tanto, la presente acción no puede prosperar, por lo que resulta inoficioso entrar a analizar las garantías constitucionales invocadas como vulneradas.

Y teniendo además presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se RECHAZA el deducido por nombre reservado, en contra del Comando de Educación y Doctrina del Ejército de Chile, sin costas.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Ministro señor Carreño.

Protección Rol 181.248-2019.

No firma el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicio en la Excma. Corte Suprema.