nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veinte de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando se deje sin efecto el acto que rechazó el 22 de julio de 2025, la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente en su calidad de trabajador extranjero, por estimarlo ilegal y arbitrario y vulneratorio de sus garantías constitucionales.

Expone que el actor, técnico superior universitario en construcción civil, con residencia definitiva en Chile, suscribió contrato de trabajo con cláusula de exención previsional conforme a la Ley N°18.156, manifestando su voluntad de mantener afiliación al sistema previsional de su país de origen. Señala que, pese a ello, se efectuaron cotizaciones en el sistema previsional chileno, por lo que solicitó su devolución ante la recurrida, acompañando contrato laboral, título profesional apostillado, cédula de identidad para extranjeros y constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Indica que la recurrida rechazó la solicitud por estimar insuficiente la acreditación de afiliación a un sistema previsional extranjero, exigiendo certificación debidamente legalizada que acreditara prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Sostiene que dicha exigencia constituye una interpretación restrictiva y formalista de la Ley N°18.156, pues el actor acompañó constancia electrónica verificable que acredita su afiliación vigente y cobertura en contingencias de seguridad social, siendo imposible obtener apostilla del documento por inexistencia de representación consular venezolana en Chile, configurándose un caso fortuito.

Afirma que el acto impugnado carece de motivación suficiente y se funda en requisitos no previstos en la normativa legal, infringiendo el principio de juridicidad y las disposiciones de la Ley N°19.880 sobre fundamentación de los actos administrativos. Sostiene que el recurrente cumple los requisitos de los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, esto es, afiliación a un régimen previsional extranjero y manifestación expresa de mantener dicha afiliación, por lo que la negativa de devolución importa una retención injustificada de fondos previsionales.

Alega que la conducta de la recurrida vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N 2 y 24 de la Constitución Política de la República, relativas a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad, al impedirle disponer de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, de los cuales es titular.

Invoca jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que ha reconocido el derecho de trabajadores extranjeros a la devolución de fondos previsionales cuando cumplen los requisitos legales, rechazando interpretaciones excesivamente formalistas o la exigencia de requisitos adicionales no contemplados por la ley.

Solicita se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, se ordene a la recurrida reconocer la validez de la documentación acompañada, continuar la tramitación respectiva y proceder a la restitución de los fondos, adoptando las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacúa el informe solicitado Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, solictando el rechazo del recurso con costas.

Expone que el recurrente solicitó la devolución de las cotizaciones enteradas por su empleador, Industria Óptica Rodenstock Chile S.A., correspondientes al período octubre de 2021 a junio de 2025, acompañando título profesional apostillado, declaración jurada, contrato de trabajo y una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Señala que, tras el análisis de dichos antecedentes conforme a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, la solicitud fue rechazada por no acreditarse debidamente el requisito de afiliación a un régimen previsional extranjero con cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Precisa que la constancia electrónica acompañada no constituye certificado idóneo de afiliación, por cuanto no señala las prestaciones específicas del trabajador, carece de firma de la autoridad emisora y no se encuentra apostillada ni legalizada conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, mientras que la declaración jurada tampoco resulta suficiente al no emanar de la autoridad previsional competente. Añade que la autoridad administrativa ha establecido que solo certificaciones emitidas por la institución previsional extranjera o por autoridades consulares pueden acreditar el cumplimiento de dicho requisito.

Sostiene que la Ley N°18.156 contempla un régimen excepcional que exige el cumplimiento copulativo de sus requisitos, entre ellos la acreditación de afiliación vigente a un sistema de seguridad social extranjero, lo que no se verificó en la especie, por lo que no resulta procedente la devolución de fondos. Indica que las administradoras de fondos de pensiones se encuentran sometidas a la fiscalización y normativa obligatoria impartida por la Superintendencia de Pensiones, debiendo sujetarse a sus instrucciones bajo apercibimiento de sanciones.

Agrega que la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema ha rechazado acciones similares, concluyendo que la exigencia de documentos debidamente legalizados o apostillados no constituye actuación arbitraria ni ilegal, sino aplicación del principio de legalidad y de las normas sobre valor probatorio de instrumentos otorgados en el extranjero.

Concluye que no existe vulneración de garantías constitucionales ni acto ilegal o arbitrario, por cuanto la negativa a la devolución de fondos se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales por parte del recurrente, solicitando el rechazo del recurso de protección con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual del recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, con vigencia, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia electrónica de cotizaciones” permite constatar que, efectivamente, este no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente, examen que determina que no se incurrió en ilegalidad o arbitrariedad alguna, siendo relevante señalar que nada impide que la actora realice una nueva solicitud y acompañe los instrumentos requeridos.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18104-2025.