Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, el abogado don Gonzalo Riquelme González, por 20 minutos; y contra el mismo, el abogado don Roberto Díaz Bravo, por 25 minutos. Santiago, 7 de mayo de 2020.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, siete de mayo de dos mil veinte.

Al folio 23: Téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, pensionado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, desconoce profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido en los actos ilegales y arbitrarios que denunciará Pide se ordene a la recurrida la devolución de parte de su fondo individual de pensiones por $25.000.000, según fue requerido en primera instancia y cuya solicitud fue rechazada arbitraria e ilegalmente por la recurrida, con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que el actor mantiene la condición de pensionado desde 1 de enero de 2013, fecha en la cual ejerció su derecho conforme lo establecido en el D.L. N° 3.500, siendo cotizante en la AFP Provida, modificando su afiliación al momento de ejecutar su pensión a AFP Hábitat S.A. que oficia como entidad administradora y pagadora.

Expone que el régimen de financiamiento de su pensión corresponde a retiro programado, percibiendo un monto de $500.000 con cargo a lo acumulado durante 47 años de trabajo efectuado para distintos empleadores, siendo el fondo acumulado en su cuenta de capitalización individual a la fecha de $117.097.752.

Indica que el 23 de octubre de 2019 envió una carta a la AFP recurrida, señalando a base de cálculos aritméticos simples, que requería la devolución de parte de sus fondos por un monto único y total de $25.000.000, para solventar los gastos que indica, solicitud que fue desestimada.

Refiere que se le dio respuesta vía correo electrónico recibido el 4 de noviembre pasado, en la que rechazó la solicitud, fundado en que el D.L. 3.500, de 1980 se basa en la capitalización individual, de manera que el ahorro previsional debe destinarse única y exclusivamente al pago de los beneficios que contempla la Ley, esto es, al pago de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, cuota mortuoria, excedente de libre disposición.

Sin embargo, tal decisión, supone una contradicción y un acto que vulnera garantías constitucionales, ya que reconoce el derecho de propiedad sobre sus fondos, pero señala que ese derecho está limitado en virtud de la afectación del marco normativo que regula la seguridad social, pues, no existe normativa que reconozca tal patrimonio de afectación sobre los fondos de pensiones y la única norma protectora respecto a este asunto es aquélla que indica que el patrimonio de la Administradora no podrá confundirse con el de sus administrados, como lo establecen los artículos 23 bis y 33 del D.L N° 3.500.

Reconoce que los fondos recaudados tienen como finalidad el pago de pensiones de sus cotizantes, pero esa regla operaría sin ambages respecto a personas que se encuentran en condición de trabajadores activos y no quiénes ya se han pensionado y como lo indicó en su carta, a base de un simple ejercicio aritmético, el importe de su pensión estaría asegurado únicamente al capital nominal que se mantendría como saldo como consecuencia de la devolución de mis dineros, de modo que no existe perjuicio alguno que pudiere derivarse de su solicitud.

Por ello, la respuesta emitida por la AFP es un acto que desconoce su derecho de propiedad y lo priva, sin razón justificada del ejercicio, goce, uso y facultad de disposición sobre los dineros acumulados en su cuenta de capitalización individual, respecto del cual, no cabe generar límites o restricciones más allá de aquéllos que ya se han ejecutado. La negativa ante la solicitud presentada no es sino el ejercicio de un acto ilegal, arbitrario y dañoso que limita severamente tal garantía constitucional, y lo sustrae del ejercicio de mis facultades como propietario.

Por lo anterior, estima que existe una trasgresión sobre la garantía de propiedad consagrada en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Hace hincapié que el actuar de la recurrida constituye un acto ilegal en tanto redunda en una absoluta inconstitucionalidad, al limitar y restringir de forma total su derecho de propiedad sobre sus fondos de pensiones, negando la posibilidad de disponer libremente de dichos bienes, en tanto no suponen afectación contra derecho ajeno ni contra del interés público, ni tampoco existiendo causa legal que así lo disponga.

Añade que, el acto se encuentra viciado (legalidad) por restringir las facultades propias del dominio en supuestos que no ampara la CPR y, por tanto, pasa a ser un acto contrario a las garantías constitucionales dañando de paso el núcleo esencial de ésta: uno de los atributos elementales de la propiedad, como ocurre con la disposición de los bienes.

En relación con la arbitrariedad, expone que el actuar de la recurrida es doblemente antijurídico, toda vez que además de ser ilegal e inconstitucional, pues, en la especie, carece de fundamento, toda vez que cualquier limitación al derecho de propiedad (el uso, goce y disposición) debe encontrar su justificación en la ley y no existe disposición ni norma alguna en ese sentido. Es más, tampoco existe justificación en torno al régimen de seguridad social, el que tiene por finalidad establecer un modelo obligatorio de cotización y, a su vez, en su rol subsidiario, el asegurar mínimos para el pago de pensiones.

Segundo: Que, evacua el informe requerido, don nombre reservado, abogado, por la recurrida A.F.P. Habitat S.A., quien solicita el recjazo del recurso.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, fundado en que es de público conocimiento que conforme al Decreto Ley 3.500 de 1980 (DL 3.500), nunca ha sido posible devolver los fondos previsionales a los afiliados a las AFP si no es para destinarlos a los fines establecidos en la ley, porque única y exclusivamente pueden ocuparse para el financiamiento de los beneficios previsionales, principio fundamental que rige el Sistema de Pensiones de nuestro país.

Precisa que de conformidad al artículo 1° del D.L. 3.500, de 1980, el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia está basado en la capitalización individual de los afiliados, que se efectúa en las Administradoras de Fondos de Pensiones. El artículo 2º establece la obligatoriedad de cotizar al Sistema de Pensiones el que, como contrapartida, les entrega el derecho a las prestaciones contenidas en dicha ley. De acuerdo al art. 17 de dicho D.L. los trabajadores afiliados al sistema están obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10% de sus remuneraciones imponibles, monto que es retenido por el empleador y que tiene la obligación de enterar en la Administradora respectiva.

El art. 34 establece el único destino de los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones, disponiendo que éstos serán inembargables, salvo en la parte originada por los depósitos a que se refiere el artículo 21 (cuenta de ahorro voluntario) y "estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley".

El inciso 1º del art. 51 dispone que las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia se financian con el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado. El art. 61 señala que la oportunidad en que los afiliados pueden disponer de sus ahorros previsionales es la del cumplimiento de los requisitos para pensionarse y también establece el destino que pueden tener esos recursos, que es el constituir una pensión.

Precisa que la recurrida está impedida por ley a otorgar bajo ninguna circunstancia otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley. La infracción a esta orden legal incluso puede constituir un delito penal, como se advierte en el artículo 23 del D.L. 3.500.

Agrega que conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de aplicación obligatoria para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, no es posible acceder a la devolución de fondos solicitada por el recurrente, toda vez que el saldo de su cuenta individual fue comprometido para financiar su pensión en la modalidad de Retiro Programado y, siendo improcedente proceder a una devolución sin afectar su pensión que debe recalcularse anualmente. Sólo podría acceder a un saldo de su cuenta si cumple los requisitos legales para retirar excedente de libre disposición, que es aquel saldo que queda en la cuenta de capitalización individual del afiliado después de hacer efectiva su pensión.

Con lo expuesto advierte que la AFP Habitat ha actuado en conformidad a la Constitución Política, al DL 3.500, de 1980 y demás leyes aplicables y a la normativa previsional dictada por la Superintendencia de Pensiones, por lo que no ha incurrido en ningún acto arbitrario o ilegal en la denegación a la solicitud presentada por el recurrente para devolver sus fondos previsionales. No es arbitrario porque esto supondría la capacidad de optar entre alternativas distintas y elegir una sin fundamento o base, lo que no concurre en la especie, desde que la recurrida no tiene alternativa y cualquier persona que solicite lo mismo, necesariamente, se le tiene que dar la misma respuesta.

Tercero: Que, en primer lugar, corresponde analizar la extemporaneidad alegada por la recurrida. En este sentido, conviene precisar que el acto impugnado no es el D.L. N° 3500, como para pretender aplicar el artículo 8° del Código Civil, sino que lo es, la respuesta dada al requerimiento formulado por el actor a la AFP Habitat, en orden a obtener la suma de $25.000.000. Del análisis de los antecedentes, en especial de la lectura del libelo pretensor y documentos acompañados al mismo, resulta que el recurso de protección de marras, ha sido deducido dentro del plazo que establece el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema que lo regula, puesto que dicho término debe contarse desde la fecha en que se le comunicó la decisión final relativa a no acoger su solicitud de devolución de los fondos previsionales, lo que ocurrió el 4 de noviembre de 2019 y el recurso fue deducido el 4 de diciembre de 2019.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo, cabe consignar la normativa atingente sobre la materia. Así, el inciso tercero, parte final, del numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental estatuye que, en materia de Seguridad Social, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Por su parte, el artículo 1 del Decreto Ley N ° 3.500, de 1980, dispone que "Cre´ase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual que se regirá´ por las normas de la presente ley.

La capitalización se efectuara´ en organismos denominados Administradoras de Fondos de Pensiones".

Ahora bien en cuanto a la afiliación, el inciso segundo del artículo 2 del señalado Decreto, estatuye que: "La afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia que origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial, el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización". A su vez, el artículo 17 establece que "Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles".

En cuanto al destino de la cotización individual de cada afiliado, la parte final del inciso primero del artículo 34 estatuye que: "...estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley".

En lo tocante a la oportunidad en que los afiliados pueden disponer de los dineros de su cuenta de capitalización individual, el artículo 61 señala que: "Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3°, los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales, una vez ejecutoriado el segundo dictamen, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual con el objeto de constituir una pensión.

La Administradora verificara´ el cumplimiento de dichos requisitos, reconocerá el beneficio y emitirá el correspondiente certificado".

El artículo 3 indica que "Tendrán derecho a pensión de vejez los afiliados que hayan cumplido sesenta y cinco ano~ s de edad si son hombres, y sesenta años de edad si son mujeres, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68°"; y por su parte, el referido artículo 68 estatuye que: "Los afiliados podrán pensionarse en las condiciones prescritas en la presente ley antes de cumplir las edades establecidas en el artículo 3° siempre que, acogiéndose a algunas de las modalidades de pensión señaladas en el artículo 61, cumplan con los siguientes requisitos: a) Obtener una pensión igual o superior al setenta por ciento del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas, calculado según lo dispuesto en el artículo 63, y b) Obtener una pensión igual o superior al ochenta por ciento de la pensión máxima con aporte solidario, vigente a la fecha en que se acoja a pensión".

Finalmente el artículo 23 del Decreto Ley 3500, establece, en lo pertinente que "...Las Administradoras, sus Directores y dependientes, no podrán ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta, ni aún a título gratuito o de cualquier modo...".

Quinto: Que, como lo estableció el Tribunal Constitucional en sentencia recaída en los autos Rol 576-2007, considerando décimo cuarto, la cotización individual constituye "...un acto mediante el cual de manera imperativa, por mandato de la ley, el empleador debe descontar determinadas sumas de dinero, de propiedad del trabajador, para garantizar efectiva y adecuadamente prestaciones de seguridad social vinculadas a estados de necesidad que son consecuencia de la vejez y sobrevivencia, esto es, jubilaciones y montepíos".

Sexto: Que la normativa legal referida precedentemente, señala específicamente el destino de las cotizaciones previsionales, el que es específico y no puede ser modificado. En este caso su destino es el financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.

Séptimo: Que de acuerdo a lo señalado precedentemente, aparece que la negativa de la recurrida a la devolución de las cotizaciones previsionales no es ni ilegal, ni menos arbitraria. En efecto, el actuar de la AFP recurrida se ha ajustado a la normativa que rige la materia. Por el contrario ilegal sería si devolviese las cotizaciones previsionales solicitadas, ya que atentaría contra el texto expreso de la ley que ha sido dictada conforme lo establece la Constitución Política de la República.

Por otro lado, tampoco resulta ser arbitraria, dado que al ajustar su actuar a la normativa vigente, la negativa impugnada, se encuentra fundada en la ley y no es el resultado de una actuación caprichosa o carente de razón.

Octavo: Que, de acuerdo a lo dicho, se hace innecesario hacerse cargo de la garantía constitucional que se denuncia como vulnerada, esto es el derecho de dominio, el que en todo caso, ha sido limitado por el legislador con el objeto señalado en la normativa transcrita precedentemente.

Noveno: Que en todo caso, a mayor abundamiento, lo que se pretende por medio de la presente acción es la declaración de un derecho, esto es, el derecho a la devolución de las cotizaciones previsionales, no siendo la vía cautelar impetrada la pertinente para ello.

Por estas consideraciones, normas citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado, en contra de la A.F.P. Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-181.014-2019.

Pronunciada por la Segunda Sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega, e integrada por las Ministras señora Paola Plaza Gonzalez y señora Lilian A. Leyton Varela.

Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, siete de mayo de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.