CENTRO EDUCATIVO SALESIANOS TALCA con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR

Santiago, quince de mayo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Comparece el abogado Camilo Cortés Bosques, en nombre y a favor de la Congregación Salesiana, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Educación, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta PLUR Nº 282 de 11 de diciembre de 2023, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto en contra del acta de seguimiento N°230200196, de 28 de junio de 2023, y en definitiva, no aceptó como gasto la suma de $251.902.089, lo que vulneraría las garantías establecidas en el artículo 19 N° 10, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone como antecedentes de su recurso, que la Congregación Salesiana es sostenedora del Colegio Técnico Industrial Don nombre reservado 12943-7, ubicado en la comuna y ciudad de Antofagasta, establecimiento educacional particular-subvencionado. Afirma que originalmente, la Superintendencia de Educación estableció como gastos no aceptados la suma de $255.777.837, pero por recurso jerárquico admitió la procedencia de $4.875.748. Indica que los montos no aceptados corresponden esencialmente a remuneraciones del personal docente y no docente, por lo que la no aceptación de ellos constituye un acto ilegal al no corresponderse con la legislación laboral y el Estatuto Docente.

Explica que, a propósito de un acta de fiscalización, se efectuaron observaciones a la entidad sostenedora, en particular respecto al pago de remuneraciones de trabajadores, donde se cuestionó que no se tienen los antecedentes necesarios para evidenciar que los bonos acordados se encuentran documentados, y que los antecedentes presentados no permiten constatar el cumplimiento de la función contratada.

Hace presente que las partidas objetadas que se tratan de derechos laborales y remuneracionales pagados con recursos denominados de libre disposición, que deben cumplir con las exigencias necesarias para ser considerados fines educativos al amparo de la normativa legal vigente e instrucciones impartidas por la misma Superintendencia de Educación.

Cita al efecto el artículo 3 del DFL N°2 de 1998 y el artículo 5 del Decreto N°582 del Ministerio de Educación. Indica que el inciso final de esta última norma dispone expresamente que se incluyen los demás derechos y beneficios laborales y previsionales que procedan, sin imponer la exigencia de que los bonos acordados con el sostenedor se encuentren consignados en los contratos de trabajo o anexos.

De hecho, por tratarse de una normativa laboral, realizó una consulta a la Dirección del Trabajo, quienes indicaron que se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.

En cuanto a los viáticos, indica que la Dirección del Trabajo ha señalado que no existe obligación de los trabajadores de rendirlos, sino que son sumas de dinero entregadas para realizar actividades fuera de su lugar de residencia. Respecto a las remuneraciones pagadas a sacerdotes, explica que por su calidad de religiosos de la Congregación Salesiana, regida por el Derecho Canónico, deben poner sus ingresos a disposición del economato de la comunidad religiosa a la que pertenecen, por lo que se acredita su pago con las transferencias a la cuenta corriente de dicho economato.

Sostiene que, para la rendición anual de cuenta pública, el artículo 54 de la Ley N°20.529 sólo exige que se efectúe conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y el artículo 55 de la misma ley dispone que el análisis de dicha rendición sólo implicará un juicio de legalidad del uso de los recursos y no podrá extenderse al mérito del uso de los mismos. A continuación, detalla la situación de cada uno de los trabajadores y sus remuneraciones.

En definitiva, solicita tener por interpuesto el recurso de protección, admitirlo a tramitación, solicitar informe a la recurrida, acogerlo dejando sin efecto la Resolución Exenta PLUR N°282, con costas.

Los abogados Yasna Araya y Nicolás Romero, en representación de la Superintendencia de Educación, solicitaron el rechazo de la acción descrita precedentemente por ser carente de fundamento y sustento legal, para lo cual efectuaron las siguientes alegaciones:

En primer lugar, refieren a la regulación legal de las facultades de dicho órgano, el cual, de conformidad a la Ley N° 20.529, tiene por objeto principal fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa educacional y fiscalizar la legalidad del uso de los recursos que éstos reciben como aporte estatal. Precisa que dicha ley le otorga, entre otras, la facultad de fiscalizar la rendición de cuenta pública del uso de todos los recursos, controlando en el caso de subvenciones especiales que el gasto realizado se haga para satisfacer el fin específico para el cual se otorgó dicha subvención. Indica que lo anterior se lleva a cabo en un Procedimiento de Legalidad de Uso de Recursos (PLUR), regulado por el Decreto N° 469 de 2013 del Ministerio de Educación y por la Resolución Exenta N° 2320 de 2016 del Superintendente de Educación.

Explican, que la determinación de ingresos inválidos y/o gastos no aceptados se inicia con una fiscalización, en la cual se deberá otorgar al sostenedor un plazo para presentar documentación que acredite la pertinencia y legalidad del gasto y/o ingreso objetado. Así, debe entender por gasto no aceptado aquellos egresos detectados en una fiscalización, que habiendo sido previamente objetados, la Superintendencia considera que no se ajustan a los fines educativos, generales o especiales, según sea el caso, o que sus respaldos documentales están adulterados o no dieron cumplimiento a los requisitos legales y a las instrucciones que hubiere dictado al efecto.

En segundo lugar, y respecto al caso en particular, indican que la entidad sostenedora no pudo acreditar que los gastos remuneracionales objetados en el acta de fiscalización cumplieran con los respaldos documentales necesarios para ser considerados como gastos aceptados, tales como bonos, viáticos y remuneraciones. Detallan al efecto para cada uno de los trabajadores cuyo gasto se cuestiona, las razones por las cuales no fueron considerados por la Superintendencia como un gasto para justificar la subvención.

Finalmente, estiman que no se vulneran las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por cuanto las actuaciones de la Superintendencia de Educación se enmarcan dentro de sus facultades legales.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca como actuación arbitraria e ilegal de la recurrida, la Superintendencia de Educación, a propósito de la dictación de la Resolución Exenta PLUR N° 282 de 11 de diciembre de 2023, la que vulneraría las garantías constitucionales de los numerales 10, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, referidas al derecho a la educación; a desarrollar cualquiera actividad económica y, el de propiedad, respectivamente. Ello, al rechazar la imputación como gasto respecto de la suma de $251.902.089.- solicitada por la Congregación Salesiana en relación al Colegio Técnico Industrial Don nombre reservado 12943-7 ubicado en la ciudad de Antofagasta.

Segundo: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Cuarto: Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por las partes, es posible colegir el sustrato jurídico que enmarca el proceder de la autoridad administrativa reclamada, es así que el artículo 48 de la Ley N° 20.529, señal que la Superintendencia de Educación, tiene por objeto principal fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa educacional y, a su vez, fiscalizar la legalidad del uso de los recursos que éstos reciben como aporte estatal.

Para el cumplimiento de este objetivo, el artículo 49 de la Ley N° 20.529 le otorga a la Superintendencia atribuciones que dotan de contenido a su labor fiscalizadora. Entre éstas, se encuentra fiscalizar la rendición de la cuenta pública del uso de todos los recursos.

Tratándose de las subvenciones de carácter especial, la fiscalización de la legalidad del uso de los recursos implica controlar que el gasto realizado se haga para satisfacer aquel fin específico para el cual la ley otorgó dicha subvención.

En virtud de ello, luego de la rendición que los sostenedores realizan anualmente en la plataforma de rendición de cuentas, la Superintendencia revisa que aquellos gastos que el sostenedor declaró cuenten con el debido respaldo documental y que además se ajusten al fin señalado en la normativa educacional, mecanismo que se encuentra regulado por el Decreto N° 469 del 2013 del Ministerio de Educación (Reglamento de Rendición de Cuentas)1, y por la Resolución Exenta N° 2320 del 2016, del Superintendente de Educación.

Sexto: Que, como resultado de la fiscalización, se obtiene un Acta original de fiscalización y la hoja de trabajo original. Así, en caso de que el acta original presente ingresos y/o gastos objetados, el fiscalizador debe otorgar al sostenedor un plazo para presentar documentación que acredite la pertinencia y legalidad del gasto y/o ingreso objetado.

Se entiende por gastos objetados aquellos desembolsos cuyo respaldo documental no da cuenta en forma fehaciente de que éstos se ajusten a los fines educativos, especiales o generales, según sea el caso, o que no cumplen con las instrucciones de forma establecidas por la Superintendencia, y que por ello requerirá información adicional para ser aceptado (artículo 2 letra h) del Reglamento de rendición de cuentas), estos corresponden a egresos detectados en una fiscalización, que habiendo sido previamente objetados, la Superintendencia considera que no se ajustan a los fines educativos, generales o especiales, según sea el caso, o que sus respaldos documentales están adulterados o no dieron cumplimiento a los requisitos legales y a las instrucciones que hubiere dictado al efecto (artículo 2 letra i) del Reglamento de rendición de cuentas).

De esta manera, una vez realizada dicha notificación se inicia una fiscalización de seguimiento.

Séptimo: Que, con respecto al caso en particular, el establecimiento educacional Colegio Técnico Industrial Don nombre reservado°12943-7, este fue objeto de fiscalización con fecha 28 de junio de 2023, en donde se constataron ingresos y/o gastos de la entidad sostenedora, levantándose acta de seguimiento N°230200196.

El Acta de Seguimiento impugnada, se pronunció sobre los ingresos y/o gastos declarados por la entidad sostenedora, declarándose gastos no aceptados conforme al detalle precisado en el informe de la reclamada.

Particularmente por concepto de remuneraciones por $256.777.837, lo que fue impugnado por medio del recurso de reposición con jerárquico en subsidio en los términos de los artículos 59 y 26 de la Ley N°19.880, presentado por la entidad sostenedora con fecha 5 de julio de 2023, la cual fue acogida parcialmente por la Directora Regional de la Región de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, modificando la calificación de gasto no aceptado respecto a gastos remuneraciones del trabajador nombre reservado aceptando un monto de $4.875.748 y manteniendo gastos no aceptados por un total de $251.902.089.

Octavo: Que, por último se desestimó por medio de la Resolución Exenta PLUR N°000282 el Fiscal de la Superintendencia de la Superintendencia de Educación, quien conociendo del recurso jerárquico presentado, decidió rechazar el recurso jerárquico interpuesto en contra del acta de seguimiento N°230200196 de fecha 28 de junio de 2023. Dejando de ese modo firme los gastos no aceptados señalados previamente.

Noveno: Que, consecuencia de los que se viene expresando, tanto el marco normativo como el procedimiento administrativo desarrollado permiten inferir su cabal cumplimiento, reduciéndose el cuestionamiento más bien a la decisión de no aceptarse las justificaciones del gasto objetado.

Destacando en este aspecto que, al ser aplicable la normativa educacional en razón de su calidad jurídica, la entidad sostenedora se encuentra obligada a contar con la documentación pertinente para respaldar sus gastos, sobre todo cuando dicen relación con el uso e inversión de recursos que no son propios, sino públicos, que se transfieren a las entidades sostenedoras en su calidad de cooperadoras del Estado en la prestación del servicio educativo siendo que la normativa educacional limita la gestión de subvenciones y aportes al estricto cumplimiento de los fines establecidos por la ley.

Décimo: Que, en el caso, el artículo 3°, inciso 2° del DFL N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación, indica que se entenderá que el financiamiento recibido se destina a fines educativos en el caso de las siguientes operaciones:, numeral i) “ pago de una remuneración a las personas naturales que ejerzan, de forma permanente y efectiva, funciones de administración superior que sean necesarias para la gestión de la entidad sostenedora respecto de el o los establecimientos educacionales de su dependencia, que se encuentren claramente precisadas en el contrato de trabajo respectivo”.

Y si bien se reconoce por la autoridad fiscalizadora que el trabajador y el empleador están facultados para pactar bonos según corresponda. Debe necesariamente contarse con un respaldo que permita validar la pertinencia del efectuado afecto a fines educativos.

Undécimo: Que, es así que en cada caso fiscalizado, en los periodos de remuneraciones exhibidos del año 2020, referidos a “sueldo base”; “Incremento de zona”; “Ley N°19.464 asistentes”; “colación y movilización”; “bonos acordados por el sostenedor”; “seguro de accidente del trabajo”, “seguro de cesantía”, “seguro de invalidez y sobrevivencia” con cargo a la subvención general, por las sumas que en cada caso se precisaron, la documentación de sustento no fue aceptada, ya que fue insuficiente para validar la función ejecutada y en cuanto a los bonos acordados por la entidad sostenedora el documento resultó inválido, incompleto, enmendado, incorrecto o ilegible. En el caso de la que sustenta el otorgamiento de Bonos acordados con el sostenedor, Bonos de Incentivos al Desempeño, Asignaciones, entre otros, no estaba disponible o estaba incompleta. Concluyéndose que era insuficiente para validar la función ejecutada.

Así, el rechazo de bonos acordados, apareció que los estipendios no se respaldaron con el respectivo contrato de trabajo y/o anexo relacionado, el contrato no estaba disponible, siendo que se presentaron contratos de trabajo de otros años y anexo, que no registraban los bonos acordados por el sostenedor, denominados -a manera ejemplar- "Bono acordado S. No Reajustable" por $25.000, pagado mensualmente; "Bono Acordado Sostenedor" por $400.000 pagado en diciembre; además, en dicho ítem también se incluyó en el mes de enero, el concepto de "Viático" por $160.000, y no se contó con evidencia de la realización de la actividad que lo originó, lo que no fue desvirtuado por la recurrente, ratificándose que la entrega de estos beneficios no se encuentra documentada en el contrato de trabajo ni en sus anexos.

Duodécimo: Que, respecto a las observaciones referidas a los bonos acordados con la entidad sostenedora, respecto de los cuales se exige el detalle de la operación que le dio origen y la forma empleada para su cálculo, tampoco se cumplió.

En cuanto a los viáticos, se hizo mención a la asistencia a reunión de los Administradores en Santiago los días 7 y 8 de enero, adjuntando el mismo antecedente (pasajes aéreos), pero nada se presentó sobre el registro de asistencia de la actividad, ya que, los pasajes no evidenciaron la participación efectiva en la reunión de Administradores.

En el capítulo remuneraciones, no se presentó documentación alguna; y dada la condición especial de un año de pandemia (COVID 19), donde las actividades fueron realizadas principalmente de forma remota, para la etapa de seguimiento de esta fiscalización, se requerían antecedentes que evidenciaran el cumplimiento de la función de acuerdo al contrato de trabajo y/o perfil de cargo, referidos a informes de Gestión, Actas de reuniones del Equipo Directivo, o similares, no obstante lo cual se entregaron sólo archivos en formato pdf denominados "Reflexiones y Orientaciones del Padre Director en la Conclusión Año Escolar 2018"; "Cuenta Pública 2020, gestión escolar 2019", que se refiere a la gestión del 2018; "Cuenta Pública 2021, gestión escolar 2020" (sin precisar sobre la difusión de dichas cuentas públicas que pruebe cuándo y cómo se comunicó a la comunidad escolar o Actas de Consejo Directivo y de Consejo Económico, con sus firmas respectivas, todas del año 2022.

Se añadieron correos de invitación a reuniones del año 2020, a través de google calendar, con fechas 24.03, 23.04, 29.05, 16.06, 28.07, 25.08, 29.09, 27.10, 25.11, 15.12, las cuales sólo comprobaron la convocatoria a cada reunión, pero no necesariamente la participación efectiva de los invitados y dado que se señaló que se hicieron presenciales, se consultó telefónicamente a nombre reservado sobre las actas de dichas reuniones, quien confirmó que la convocatoria sin embargo no cuentan con las evidencias de las actas ni registros de asistencia, dado que el coordinador, quien estaba a cargo de éstas, dejó de prestar servicios al establecimiento.

Décimo tercero: Que, por otro lado, pese a precisarse a la autoridad fiscalizadora que en los meses de enero y febrero son de inactividad laboral por vacaciones del personal docente, se detectó con el antecedente "Correo de Red de Colegios Salesianos-Adjunta material PAO 2020", de fecha 17.01.2020, emitido por D. nombre reservado, Rector del establecimiento, dirigido al equipo directivo, el cual adjunta PPT de reunión del 15.01.2020, entre otros; por ende, se concluyó que sí se realizaron actividades durante el mes de enero, pero no se presentaron antecedentes que permitieran evidenciar la participación y el cumplimiento de la función de nombre reservado en dicha reunión.

Adicionalmente, tampoco acompañó antecedentes con el contrato de trabajo y/o perfil de cargo de nombre reservado y que estén asociados a la función contratada de “administrador”, de modo tal que la observación referida a este punto no se tuvo por subsanada.

Por último, en relación a la entrega de beneficios no se encuentra documentada en el contrato de trabajo o anexo y no habiéndose acompañado estos en la etapa recursiva, los gastos no se aceptaron.

Lo cierto es que las deficiencias precedentes se repiten caso a caso, casi de manera idéntica, a manera ejemplar, en el caso de la remuneración del periodo enero a diciembre 2020 del trabajador nombre reservado, relativa a “sueldo base”, “Ley N°19.933 incluye art. 41 DFL N°2/98 ED”, “incremento de zona”, “BRP título y mención”, “bonos acordados con el sostenedor”, “seguro de accidente del trabajo”, “seguro de cesantía”, “seguro de invalidez y sobrevivencia”, con cargo a la subvención general, por la suma total de $68.685.963, no aceptados en acta de fiscalización en atención a que la documentación era inválida, incompleta, enmendada, incorrecta o ilegible, insuficiente para validar la función ejecutada y en cuanto a los bonos acordados por la entidad sostenedora la glosa fue “Documento inválido, incompleto, enmendado, incorrecto o ilegible (Liq/Contrato/Decreto); Documentación que sustenta el otorgamiento de Bonos acordados con el sostenedor, Bonos de Incentivos al Desempeño, Asignaciones, entre otros, no disponible o incompleta; Documento inválido, incompleto, enmendado, incorrecto o ilegible (Cheq/Cartola/Depós/VV/Transf); Documentación insuficiente para validar la función ejecutada", todo ello fundado en lo señalado en el Anexo N°1 que refiere al rechazo de bonos acordados, por falta de documentación de respaldo, no aparecen reflejados en el respectivo contrato de trabajo y/o anexo respectivo, señalando el fiscalizado que el contrato del año 2020 no se encuentra disponible, y que ese año no se realizaron actualizaciones, presentando el contrato de trabajo del año 2018, el cual no registra el bono acordado por el sostenedor denominado: "Bono Acordado Sostenedor" por $400.000 pagado en diciembre; además en dicho ítem también rinde el concepto de "Viático" por $100.000, pagado en enero, y no se cuenta con evidencia de la realización de la actividad que lo originó. O sea, la entrega de este beneficio no se encuentra documentada en ningún contrato de trabajo o anexo, siendo que, laboralmente, se exige el detalle de la operación que le dio origen y la forma empleada para su cálculo y, desde un punto de vista de la normativa educacional, el Servicio puede exigir cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización dentro de los cuales está precisamente el detalle que el Código del Trabajo señala, sobre todo teniendo presente el estándar exigible a la entidad sostenedora en tanto receptora de recursos públicos y cooperadora del Estado en la función educacional.

Décimo cuarto: Que, respecto del rechazo de viáticos no hay documentación de respaldo, se la supuesta realización de una reunión de Directores, Rectores y Representantes Legales, en Santiago, días 28 y 29 de enero, adjuntando pasajes aéreos; y nada presentó sobre el registro de asistencia de la actividad, solicitado como medida para mejor resolver, ya que, los pasajes no evidencian la participación efectiva en dicha reunión.

Del rechazo de las remuneraciones, no se presentaron antecedentes, y dada la condición especial de un año de pandemia (COVID 19), donde las actividades fueron realizadas principalmente de forma remota, online, para la etapa de seguimiento de la fiscalización, se requirieron antecedentes que evidenciaran el cumplimiento de la función de acuerdo al contrato de trabajo y/o perfil de cargo, referidos a informes de gestión, actas de reuniones del equipo directivo, o similares; y se recepcionaron archivos en formato pdf denominados “Reflexiones y Orientaciones del Padre Director en la Conclusión Año Escolar 2018"; "Cuenta Pública 2020, gestión escolar 2019", que se refiere a la gestión del 2018; "Cuenta Pública 2021, gestión escolar 2020" (nada se indica sobre la difusión de dichas cuentas públicas, que evidencie cuando y como se comunicó a la comunidad escolar) ; Actas de Consejo Directivo y de Consejo Económico, con sus firmas respectivas, todas del año 2022.

Dado esto, se reiteró el requerimiento de antecedentes como medida para mejor resolver exigida al reclamante, sólo presentó correos de invitación a reuniones del año 2020, a través de google calendar, con fecha 24.03, 23.04, 29.05, 16.06, 28.07, 25.08, 29.09, 27.10, 25.11, 15.12, las cuales sólo evidencian la convocatoria a cada reunión, y no necesariamente la participación efectiva de los invitados; además en la narrativa de respuesta a lo solicitado, indicó que dichas reuniones se realizaron en forma presencial, por tal motivo, se consultó telefónicamente a nombre reservado sobre las actas de dichas reuniones, quien confirmó que la convocatoria se realizó virtualmente, sin embargo, no cuentan con las evidencias de las actas ni registros de asistencia, dado que el coordinador, quien estaba a cargo de éstas, dejó de prestar servicios al establecimiento.

Además, se indicó que los meses de enero y febrero son de inactividad laboral por vacaciones del personal docente; sin embargo, se cuenta con el antecedente "Correo de Red de Colegios Salesianos-Adjunta material PAO 2020", de fecha 17.01.2020, emitido por D. nombre reservado, Rector del establecimiento, dirigido al equipo directivo, el cual adjunta PPT de reunión del 15.01.2020, entre otros; por ende, se concluye que si se realizaron actividades durante el mes de enero; más no presentó antecedentes que permitan evidenciar la participación de nombre reservado en dicha reunión.

Décimo quinto: Que, de acuerdo a lo que viene señalando, el artículo 52 de la Ley 20.529, establece que “… el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá también el carácter de ministro de fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones y que consten en el acta de fiscalización”. Así, de acuerdo a lo señalado en el Anexo N°1, el cual es parte integrante del acta de fiscalización y las hojas de trabajo, se constató que no se presentaron antecedentes suficientes para acreditar el cumplimiento de la función. Adicionalmente, en su recurso administrativo tampoco se adjuntaron antecedentes que tengan relación con el contrato de trabajo y/o perfil de cargo de nombre reservado y que estén asociados a la función contratada de “director” sino sólo las liquidaciones de sueldo y comprobante de transferencia.

Respecto al pago efectivo, se verificó que los pagos de la remuneración líquida durante todo el año 2020 no fueron realizados a la cuenta del funcionario, sino que a la Congregación Salesiana lnspectoría Salesiana, RUT RUT reservado, y se adjuntó correo del nivel central, de fecha 27 de enero de 2023, en donde se instruyó la modificación que corrigió el procedimiento de pago a los sacerdotes de la Congregación.

Es así que, se constató un reconocimiento tácito de la recurrente, pues esta instruyó la modificación del procedimiento de pago a los sacerdotes de la Congregación a sabiendas que el mismo no permitía acreditar fehacientemente la efectividad de los desembolsos realizados.

De esta manera, independiente que la recurrente acompañó las liquidaciones de sueldo (periodo enero a diciembre 2020) firmadas por el trabajador, estas no fueron suficientes para acreditar la efectividad del pago, pues de los mismos antecedentes constatados en la etapa de fiscalización, se verificó que los pagos de la remuneración líquida durante el mismo periodo no se realizaron a la cuenta del funcionario, sino que a la Congregación, lo cual contraviene las instrucciones dadas por ese servicio.

En efecto, conforme al instructivo de Control y Respaldo de Gastos del año 2021 de la Superintendencia recurrida, en su numeral 2.3.1 determina que dentro de los medios de verificación del pago de las remuneraciones líquidas existe una serie de formas para comprobar que el pago fue realizado al funcionario dentro de las cuales no se contempla la posibilidad de realizarlo a una cuenta distinta a la del trabajador. Lo anterior se sustenta conforme a lo dispuesto en el Decreto N°469 del 2013 del Ministerio de Educación el cual determina en su artículo N°2 que el sostenedor debe rendir cuenta pública del uso de los recursos en la forma y plazos en consideración de las instrucciones, instrumentos y formatos que fije esta Superintendencia, no siendo de este modo indiferente la cuenta donde se depositaron las remuneraciones.

En consecuencia, no habiéndose subsanado las observaciones realizadas en la etapa de fiscalización, los gastos no se aceptaron.

Décimo sexto: Que, las anteriores dinámicas deficitarias se reproducen en los restantes casos referidos a las remuneraciones del periodo enero a diciembre 2020 de los trabajadores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, relativas a “sueldo base”, “Ley N°19.933 incluye art. 41 DFL N°2/98 ED”, “incremento de zona”, “colación y movilización”, “bonos acordados con el sostenedor”, “seguro de accidente del trabajo”, “seguro de cesantía”, “seguro de invalidez y sobrevivencia”, con cargo a la subvención general, por la suma total de $28.227.838, no aceptados en acta de fiscalización en atención a que la “Documentación insuficiente para validar la función ejecutada” y en cuanto a los bonos acordados por la entidad sostenedora “Documento inválido, incompleto, enmendado, incorrecto o ilegible (Liq/Contrato/Decreto); Documentación que sustenta el otorgamiento de Bonos acordados con el sostenedor, Bonos de Incentivos al Desempeño, Asignaciones, entre otros, no disponible o incompleta; Documentación insuficiente para validar la función ejecutada”, todo ello fundado en lo señalado en el Anexo N°1 ya tantas veces citada.

En el primer caso el contrato de trabajo estipula un valor del "Sueldo Base" de $666.820 para el año 2020, coincidente con la RBMN para diciembre 2019 a noviembre 2020; no obstante, durante los meses de marzo a noviembre, se rinde un valor mensual de $700.172, y además, en diciembre rinde $719.077 (la RBMN para dicho mes, corresponde a $684.816). Luego, se consultó por estos aumentos, y en la fiscalización de seguimiento nada informó respecto a ellos; posteriormente, se reiteró el requerimiento de antecedentes, a través de una medida para mejor resolver, y en respuesta, se señaló: "Reajuste del sector público de 2,7% aplicado en diciembre 2020". Siendo que el reajuste fue en diciembre por un 2,7%; lo cual confirma que los montos rendidos por concepto de "Sueldo Base" desde marzo a diciembre no corresponden a los normados legalmente; se observó que, de acuerdo al contrato de trabajo 2020, el beneficio denominado "Asignación bienios" registra un monto de $266.456; y rinde $310.871 desde marzo a noviembre, y $319.265 en diciembre, y al requerir información sobre estos aumentos, la entidad sostenedora indicó en la fiscalización de seguimiento que: "....Se otorga en base al cumplimiento de años de servicio, según anexo de contrato 2020"; posteriormente, se reitera el requerimiento de antecedentes; a través de una medida para mejor resolver, y en respuesta, presenta narrativa donde señaló: "El bienio se paga al personal del colegio que cumple años de servicio, su cálculo corresponde a un porcentaje del sueldo base vigente, 6,6% cada 2 años de servicio del funcionario"; o sea, si se considera el Sueldo Base del mes de enero, el pago se asocia al 40%, pero los montos rendidos en los meses marzo a diciembre no se ajustan a dicho porcentaje.

En cuanto al segundo, por su remuneración del periodo enero a diciembre 2020 relativa a “sueldo base”, “Ley N°19.933 incluye art. 41 DFL N°2/98 ED”, “incremento de zona”, “BRP título y mención”, “bonos acordados con el sostenedor”, “seguro de accidente del trabajo”, “seguro de cesantía”, “seguro de invalidez y sobrevivencia”, con cargo a la subvención general, por la suma total de $35.721.243, no aceptados en acta de fiscalización en atención a que la “Documentación insuficiente para validar la función ejecutada” y en cuanto a los bonos acordados por la entidad sostenedora “Documento inválido, incompleto, enmendado, incorrecto o ilegible (Liq/Contrato/Decreto); Documentación que sustenta el otorgamiento de Bonos acordados con el sostenedor, Bonos de Incentivos al Desempeño, Asignaciones, entre otros, no disponible o incompleta; Documentación insuficiente para validar la función ejecutada”, todo ello fundado en lo señalado en el Anexo N°1 ya referido.

Destaca en el segundo de los citados al inicio de este motivo, además de las deficiencias generales aplicables a todos los casos detectados, que los estipendios no se respaldaron con el respectivo contrato de trabajo y/o anexo respectivo, se constató contrato de trabajo del año 2019, el cual registra el "Bono Rectoría" por $1.694.673 con vigencia al 28.02.2020; y nada sobre "Bono Acordado Sostenedor" por $400.000 pagado en diciembre; y además en el mismo ítem "Bonos Acordados por el Sostenedor", también rinde en el mes de enero, el concepto de "Viático" por $320.000, y no se cuenta con evidencia de la realización de la actividad que lo originó. Paralelamente, en el contrato de trabajo no se registra sobre "Colación y Movilización", pagados mensualmente por M$200; en los meses de enero y febrero se rinde un valor del "Sueldo Base" de $666.806 para el año 2020, coincidente con la RBMN vigente a noviembre 2020; no obstante, durante los meses de marzo a noviembre, se rinde un valor mensual de $700.172, y además, en diciembre rinde $719.077 (la RBMN para dicho mes, corresponde a $684.816), y se consulta por estos aumentos, y en la fiscalización de seguimiento nada informa respecto a ellos, siendo que, la entidad sostenedora respondió indicando que el "Contrato del año 2020 no se encuentra disponible, ese año no se realizaron actualizaciones..."; y sobre "Bono Acordado Sostenedor" por $400.000: "...el concepto no está definido en los contratos de trabajo de este personal, pues obedece a mero voluntad del sostenedor y siempre que los recursos económicos lo justifiquen y permitan"; es decir, la entrega de estos beneficios no se encuentra documentada en el contrato de trabajo o anexo.

Similares deficiencias se suman en los casos de nombre reservado y nombre reservado.

Décimo séptimo: Que, de lo expresado, es posible inferir que el proceder de la autoridad administrativa reclamada, se encuentra debidamente entregado por la Ley N° 20.529, permitiéndole a la Superintendencia de Educación fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa educacional y, a su vez, fiscalizar la legalidad del uso de los recursos que éstos reciben como aporte estatal, ya que se trata de subvenciones de carácter especial, en que la fiscalización de la legalidad del uso de los recursos implica controlar que el gasto realizado se haga para satisfacer aquel fin específico para el cual la ley otorgó dicha subvención, por ende, la entidad sostenedora se encuentra obligada a contar con la documentación pertinente para respaldar sus gastos, sobre todo cuando dicen relación con el uso e inversión de recursos que no son propios, sino públicos, que se transfieren a las entidades sostenedoras en su calidad de cooperadoras del Estado en la prestación del servicio educativo siendo que la normativa educacional limita la gestión de subvenciones y aportes al estricto cumplimiento de los fines establecidos por la ley, lo que en el presente caso no se cumplió y por ello fueron objetados.

Décimo octavo: Que, en definitiva, la situación jurídica y de hecho presentadas por la recurrente no ha sido demostrada fehacientemente, sin justificar que se esté en presencia de derechos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria precisa y determinada atribuible a quien se presente como recurrido, lo que en el presente caso no se ha clarificado.

Décimo noveno: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se declara:

Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por CONGREGACION SALESIANA, quien dedujo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Educación.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera M.

Ingreso Corte Protección Nº 181-2024.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por los ministros señor Alejandro Rivera Muñoz y señora Sandra Araya Naranjo. No firma el ministro señor Zepeda, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en conocimiento de servicios.