nombre reservado con AFP HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, dos de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo acción de protección contitucional en contra de Administradora de Fondos de Pensiones HABITAT S.A., por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo del rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros, lo que vulneraría los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Ns° 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, se proceda con la tramitación de su solicitud y se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Indica que en fecha 20 de julio de 2025, ingresó la Solicitud N° 46800002458 ante la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., mediante la cual solicitó el retiro de fondos previsionales acogiéndose a la Ley N° 18.156, acompañando la documentación exigida por la normativa vigente, a saber: contrato de trabajo y/o anexo que establece la cláusula de exención de cotizaciones conforme a la Ley N° 18.156; título profesional apostillado y verificable; cédula de identidad para extranjeros vigente que acredita su residencia definitiva en Chile; y certificado del sistema de seguridad social debidamente apostillado.

Sin embargo, su solicitud fue rechazada por la recurrida el 30 de julio de 2025, argumentando el incumplimiento del requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, al señalar que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encontraba debidamente legalizada ni apostillada y que no indicaba cobertura en caso de enfermedad con prestaciones médicas y pecuniarias. La recurrida informó que no es posible recibir declaraciones de los mismos interesados para acreditar la cobertura previsional.

Sostiene que acompañó íntegramente toda la documentación requerida, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema venezolano, dada la imposibilidad material de obtener dicha apostilla debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, configurándose un caso de fuerza mayor o caso fortuito que, conforme al artículo 45 del Código Civil, debería excusar de cumplir dicha formalidad.

Además, señala que la recurrida ha actuado de forma arbitraria e ilegal al exigir formalidades adicionales no previstas normativamente y generar un trato desigual, toda vez que la constancia electrónica es verificable en la web oficial del IVSS con solo digitar su cédula de identidad venezolana N° RUT reservado, y que la propia constancia indica cobertura para maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía.

Cita jurisprudencia reciente de Cortes de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema que, en casos similares, han acogido recursos de protección contra AFP por rechazos de solicitudes de devolución de fondos previsionales a extranjeros; e invoca también el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política, señalando que la afectación a las garantías fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad en su esencia, al detener el retiro de sus fondos de pensión, es un acto arbitrario e ilegal.

Segundo: Que al evacuar informe la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. solicitó el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

En primer término, alega la improcedencia del recurso de protección en razón de no ser la vía idónea para resolver una controversia sobre la aplicación de normativa previsional, la cual debe ser conocida y resuelta por la Superintendencia de Pensiones, siendo una materia de lato conocimiento que excede el marco cautelar de la acción de protección, y que la Ley N° 18.156, por su carácter excepcional, debe interpretarse restrictivamente.

Por su parte, aduce que el rechazo de la solicitud del recurrente se ajustó estrictamente a la Ley N° 18.156 y a las instrucciones y oficios dictados por la Superintendencia de Pensiones, que revisten carácter obligatorio, específicamente el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los Oficios Ordinarios N°s 24472 de 26 de octubre de 2015, 30477 de 30.12.2011 y 12954 de 17 de julio de 2025 Indica que analizado los antecedentes presentados por el recurrente, su fiscalía le informó que no podía dar curso al beneficio solicitado porque no se acreditaba el cumplimiento de los requisitos legales. Específicamente, señala que era necesario que se acreditara la afiliación a un organismo de seguridad social extranjero mediante certificación de la propia entidad previsional, con la debida apostilla.

Sostiene que si bien el recurrente presentó una declaración jurada notarial afirmando su pertenencia y cobertura previsional proporcionada por el IVSS, así como una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de abril de 2012, ambos documentos carecían de la apostilla requerida por la normativa vigente.

Agrega que la certificación notarial de la firma del propio recurrente sobre una copia del documento o la declaración jurada del interesado no constituye una legalización ni un medio idóneo para acreditar la cobertura previsional en los términos exigidos.

Precisa que la fuerza mayor o caso fortuito invocados no es aplicable para eludir los requisitos establecidos para acceder a un beneficio legal de carácter excepcional, y que la apostilla de documentos venezolanos debe efectuarse en el país de origen emisor.

Niega de esta manera que su actuación fuera arbitraria ni ilegal, sino que se enmarcó en el cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias, y destaca que otros afiliados venezolanos han presentado la constancia debidamente apostillada obteniendo el beneficio sin inconvenientes.

Finalmente, cita abundante jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y la Excelentísima Corte Suprema que han rechazado recursos similares sobre la base de estos mismos criterios, mencionando los autos Rol 1818-2024 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago; Rol 169-2025 de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, confirmado por la Excma. Corte Suprema en autos Rol 11.362-2025; Rol 1611-2025 de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso; Rol 26.626-2024 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, confirmado por la Excma. Corte Suprema en autos Rol 17.872-2025; y Rol 1271-2025 de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, confirmado por la Excma. Corte Suprema en autos Rol 18.586-2025.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal – contrario a derecho – o arbitrario – caprichoso o antojadizo – y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales que la misma disposición protege.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156, en su artículo 1° letra a) exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

La Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales y fiscalizadoras, ha dictado diversas instrucciones y oficios que precisan la forma de acreditar dichos requisitos, los cuales son obligatorios para las Administradoras de Fondos de Pensiones conforme al artículo 94 N°3 del D.L. N° 3.500. En particular, el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, así como el Oficio Ord. N° 30.477 de 2011, exigen que la certificación de cobertura previsional “debe acreditarse por parte del trabajador mediante certificación de la institución de seguridad social del país donde el técnico se encuentre adscrito, debidamente legalizada y en la que conste, expresamente, que cubre las prestaciones prescritas por la ley, esto es, enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Se requiere, además, que, en el caso de la cobertura de enfermedad, se especifique las prestaciones médicas y pecuniarias que en ella se comprenden.

Asimismo, el Oficio Ord. N° 12.954 de 2025, reitera que Chile y Venezuela son Estado Parte del Convenio de la Apostilla de la Haya, por lo que los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela.

Se enfatiza que las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas, que se limiten a mencionar de forma genérica las coberturas sin especificar los riesgos ni periodos de cobertura, o que carezcan de firma autorizada, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional. Del mismo modo, las declaraciones juradas del propio afiliado no constituyen medios idóneos para tal acreditación.

Estas instrucciones se encuentran en armonía con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que regulan el valor probatorio de documentos extranjeros. Se ha instruido, además, que la Ley N° 18.156, por su carácter especial y excepcional, debe interpretarse restrictivamente, procediendo el beneficio solo si se cumplen copulativamente todos los requisitos legales.

Quinto: Que la recurrida ha sostenido, y los instrumentos acompañados por ambas partes en este proceso no desvirtúan, que la documentación presentada por el recurrente no cumple con las exigencias formales y sustantivas de la normativa aludida. Específicamente, consta que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS presentada por el recurrente carece de firma responsable y no se encuentra debidamente legalizada o apostillada en los términos que la normativa establece de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y los Oficios Ordinarios de la Superintendencia de Pensiones citados en el considerando anterior.

Respecto a la alegación del recurrente sobre la imposibilidad material de obtener la apostilla de la constancia del IVSS debido a la situación diplomática y la invocación de fuerza mayor o caso fortuito, cabe señalar que la Superintendencia de Pensiones ha instruido de manera uniforme que la apostilla debe efectuarse en el país de origen emisor del documento, y el hecho de que contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes para que un instrumento público extranjero surta efectos en territorio nacional.

Por ende, la Ley N° 18.156 y su normativa complementaria, incluyendo las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, establecen condiciones copulativas que deben ser acreditadas de manera fehaciente, y no es posible flexibilizar dichas exigencias por circunstancias personales, sin desnaturalizar el propósito de la ley y las instrucciones de la autoridad reguladora, las cuales buscan evitar la doble cobertura previsional, y no autorizar un mecanismo de ahorro de libre disponibilidad.

Sexto: Que conforme a lo antes señalado, cabe concluir que la AFP recurrida actuó en el marco de las instrucciones dictadas por dicho organismo técnico, lo que impide calificar su actuar como arbitrario o ilegal en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que su decisión se funda en la aplicación de una normativa específica y en las directrices de su órgano fiscalizador, y no en un capricho o una contravención a la ley. No se advierte, en consecuencia, la privación, perturbación o amenaza de derechos que constituya un acto arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas de conformidad, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza recurso interpuesto por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección N°18.099-2025.