nombre reservado con CENTRAL DE ODONTOLOGIA DEL EJERCITO

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, el abogado don Rodrigo Ojeda Garrifo, por 15 minutos; y contra el mismo, el abogado del Consejo de Defensa del Estado don nombre reservado, por 20 minutos. Santiago, 3 de julio de 2020.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, tres de julio de dos mil veinte.

Proveyendo a los escritos folios 13 y 14: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Rodrigo Ojeda Garrido, abogado domiciliado en domicilio reservado, a favor de don nombre reservado, funcionario del Centro Odontológico del Ejército, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Centro Odontológico del Ejército, representado por doña nombre reservado, Directora, ambos con domicilio en domicilio reservado, por estimar conculcado el derecho de propiedad al no pagársele el reajuste contenido en la Ley N°21.196.

Pide ordene al Centro Odontológico del Ejército el pago de la bonificación mensual establecida en el artículo 46 de la Ley N°21.196 al recurrente.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 21 de diciembre de 2019, se publicó la Ley N°21.196 que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales, la que en su artículo 46 señala que: “Otórgase, durante el año 2020 un bono mensual, de cargo fiscal, al personal afecto al inciso primero del artículo 1, cuya remuneración bruta en el mes de su pago sea inferior a $519.000.- y que se desempeñen por una jornada completa.

El monto mensual del bono será equivalente a la cantidad que resulte de restar al aporte máximo el valor afecto al bono. Para estos efectos se entenderá por:

a.- Aporte máximo: $35.000.- b.- Valor afecto a bono: corresponde al 71,428% de la diferencia entre la remuneración bruta mensual y $470.000.- Este bono será imponible y tributable, y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración.

También tendrá derecho al bono de este artículo el personal asistente de la educación regido por la ley Nº19.464, de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por estas para administrar la educación municipal y de los Servicios Locales de Educación Pública, en las mismas condiciones que establece este artículo.”

Indica que, el bono se otorga al personal afecto al inciso 1° del artículo 1 de la misma Ley, el que señala: “Otórgase, a contar del 1 de diciembre de 2019, un reajuste de 1,4% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, de los trabajadores del sector público, incluidos los profesionales regidos por la ley Nº15.076 y el personal del acuerdo complementario de la ley Nº 19.297”

Expone que, de una interpretación armónica de ambas normativas, corresponde esta bonificación a los trabajadores del sector público cuya remuneración bruta mensual sea inferior al monto que se indica, condiciones que cumple el recurrente, toda vez que su ingreso bruto en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 ascendió a $495.251, es decir, en la remuneración del mes de enero de 2020 debió incluirse esta bonificación, situación que no ocurrió, como se acredita en la liquidación del mes referido.

Expone que el acto es ilegal, porque es contrario a la normativa legal transcrita, la que define los requisitos para obtener la bonificación, los cuales son cumplidos por el actor, al tratarse de un funcionario público que percibe una remuneración bruta inferior a la señalada en la ley, existiendo un incumplimiento de la ley por el recurrido, al no pagar la bonificación desde el mes de enero de 2020 hacia adelante.

Estima conculcado el derecho de propiedad, ya que no ha ingresado al patrimonio del funcionario la bonificación a que tiene derecho de conformidad con la ley de reajuste del sector público, generando ello una merma en sus ingresos mensuales, la que se ha materializado en el mes de enero de 2020, mes en el cual no se pagó aquélla, debiendo hacerse.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el actor acompañó la liquidación de remuneración de los meses de diciembre 2019 y enero de 2020.

Tercero: Que, evacua el informe requerido la Teniente Coronel y Directora de la Central Odontológica del Ejército, doña nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que, la Central Odontológica del Ejército (COE) es una instalación sanitaria y militar, creada por el Decreto N°181, de 1962, del Ministerio de Defensa Nacional, que depende del Comando de Salud del Ejército y que, en tal carácter, constituye una repartición de esa entidad castrense y forma parte de las Fuerzas Armadas.

Expone que el recurrente de protección ha dirigido su acción en contra de la Central Odontológica del Ejército y no del Fisco de Chile, haciendo presente que ni la referida Central Odontológica del Ejército, ni el Ejército, se encuentran legitimados pasivamente para ser demandados enjuicio, ya que, como integrante de las Fuerzas Armadas, es una institución centralizada de la Administración del Estado, que depende directamente del Ministerio de Defensa Nacional y no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio, debiendo actuar bajo la personalidad jurídica del Fisco de Chile, conforme al artículo 29 de la Ley N°18.575.

Añade que el Ejército de Chile no puede ser emplazado en gestión judicial alguna, como demandante ni como demandado y, como lógica consecuencia, la Central Odontológica de éste, no pueden ser legitimados judicialmente, como sujeto activo ni pasivo, por lo que la intervención judicial de esta clase de servicios sólo puede realizarse a través del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado o por el Abogado Procurador Fiscal respectivo, citando una sentencia en causa rol N°14.720-2020, de la E. Corte Suprema.

Explica que en ejercicio de las facultades de la Ley N°18.476, el recurrente de protección y la Central Odontológica del Ejército, celebraron un contrato de trabajo el 12 de enero de 2009, mediante el cual se le contrató en calidad de '‘Servicios Generales” y acorde con el artículo 3° de la citada ley, las personas contratadas en virtud de dicho cuerpo normativo, se rigen por el Código del Trabajo y su legislación complementaria, resultándoles aplicables tan sólo las normas relativas a las prohibiciones e incompatibilidades de los funcionarios públicos que regula el Título III de la Ley N°18.834, Estatuto Administrativo, lo que es concordante con lo dispuesto por la Contraloría General de la República, en dictamen N°27.055 de 2018.

Agrega que la Contraloría General de la República ha señalado en el dictamen N° 37.462, de 2016, que las disposiciones del Código del Trabajo y su legislación complementaria, que rigen a determinados servidores del Estado, -como en el caso del recurrente -, constituyen su régimen estatutario, por lo que no corresponde el otorgamiento de beneficios no contemplados en dicho Código laboral, salvo que ellos se hubieren estipulado en el respectivo contrato de trabajo, o bien, conforme con lo señalado en el artículo 11 del Código del Trabajo, a través de un anexo posterior firmado por ambas partes.

Explica que, la Ley N°21.196 sobre reajuste del sector público no se aplica respecto del actor, el que no le otorga el bono que pretende y que tampoco se encuentra pactado en su contrato de trabajo o en anexo posterior alguno y por ello, no tiene derecho a percibir el bono que reclama.

Precisa que, no ha existido de parte de la recurrida una acción u omisión ilegal al no pagar al actor el bono mensual del art. 46 de la Ley N°21.196, ya que se ha dado cabal y oportuno cumplimiento a lo que dispone dicha ley de reajuste.

Señala que el actor omite en su relato la referencia al inciso 2° del artículo 1° de la Ley N°21.196 que cita, la que excluye de su ámbito de aplicación al personal contratado con arreglo a las normas del Código del Trabajo, ya que, sus remuneraciones son fijadas, determinadas por la entidad pública empleadora, esto es, por la Central Odontológica del Ejército conforme al contrato de trabajo suscrito y al Manual de Remuneraciones existente para tal efecto.

Refiere que dicho Manual, establece y regula todas las asignaciones que tiene derecho a percibir el personal Ley 18.476, contratado conforme al Código del Trabajo, y en él, no se contempla el bono mensual que se alega como impago, y tampoco se contempla alguna remisión a la ley de presupuestos del sector público para el año 2020.

Expresa que la Contraloría General de la República, mediante el Dictamen 1344 de 15 de enero de 2020, impartió instrucciones específicas tendientes a precisar el alcance de las normas sobre reajuste de remuneraciones y otros beneficios, contenidas en la ley N°21.196, para la Administración del Estado, señalando lo siguiente:

“4.2. Trabajadores excluidos del reajuste:

1. Aquellos cuyas remuneraciones sean fijadas de acuerdo con las disposiciones sobre negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo y sus normas complementarias;

2. Aquellos cuyas remuneraciones se encuentran determinadas, convenidas o pagadas en moneda extranjera;

3. Aquellos cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora. En esta situación se encuentran, por ejemplo, los servidores regidos por las normas del Código del Trabajo, quienes pactan con el respectivo empleador sus estipendios en los respectivos contratos de trabajo”.

Adiciona que la acción constitucional impetrada requiere para prosperar que el derecho reclamado sea indubitado, sin embargo, en el caso específico el recurso no cumple con dicha condición, toda vez que se invoca un supuesto derecho haciendo una interpretación parcial de la normativa aplicable, omitiendo la jurisprudencia administrativa al respecto.

Hace hincapié que, el legislador no ha conferido dicho bono mensual al personal contratado con arreglo al Código del Trabajo, como es el régimen de contratación del recurrente y en consecuencia, no es posible vislumbrar cuál es en concreto el derecho que tendría a percibir el bono mensual que se persigue, ni menos como el actuar ajustado a derecho de esta Central Odontológica, podría haberle amenazado, perturbado o privado de su derecho de propiedad, respecto de un derecho que no tiene.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Contrato de trabajo del recurrente de protección nombre reservado; 2. Manual de Remuneraciones de la Central Odontológica del Ejército; 3. Dictámenes de la Contraloría General de la República N° 1344 de 2020, 27.055 de 2018, 37.462 de 2016, 47.403 de 2016, 39.120 de 2014.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Séptimo: Que, hay que poner de relieve que la cuestión de fondo promovida, consiste en determinar la efectividad de la ocurrencia de los hechos denunciados por el recurrente y si éstos, en el evento de ser ciertos, constituyen actos arbitrarios o ilegales que vulneran derechos garantizados por el legislador constitucional, cuestión que como se ha dicho en otras oportunidades, excede los límites normales y específicos de un recurso de protección, puesto que en este caso no sólo hay derechos e intereses controvertidos entre las partes, sino que además, para su adecuada solución, exige un análisis exhaustivo de los hechos y una adecuada interpretación de la ley y del contrato de trabajo del actor, no pudiéndose calificar, en esta sede, de arbitrarias o ilegales las diferencias que se han planteado entre los comparecientes, como tampoco tomar decisiones que impliquen declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, materias todas que requieren de un juicio de lato conocimiento.

Octavo: Que, ante la inexistencia de un derecho indubitado a favor del actor, al cuestionarse la procedencia del bono pretendido, esta Corte se encuentra impedida de poder restablecer un status quo anterior, ya que no existe una situación jurídica previa de carácter cierta y determinada, que amerite adoptar medidas tutelares, sin perjuicio que el recurrente pueda ejercer las acciones de lato conocimiento que procedan para la determinación de su pretensión.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el interpuesto por Rodrigo Ojeda Garrido, a favor de don nombre reservado, en contra del Centro Odontológico del Ejército.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-18.087-2020.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta I. Corte Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, señor nombre reservado y la Fiscal Judicial señora nombre reservado. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, tres de julio de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.