nombre reservado con COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH LTDA

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinticinco.

A los folios 18 y 19, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, patrocinado por la abogada Melissa Denisse Acevedo Bustos, interponiendo recurso de protección en contra de Cooperativa de Ahorro y nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado, por haber ejecutado descuentos de manera arbitraria e ilegal en su remuneración mensual sin previa notificación ni autorización, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 números 24° y 26° de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas el derecho de propiedad y la seguridad jurídica, por lo que solicita que se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración y se restituyan los montos descontados.

Expone que suscribió una obligación de deuda en favor de la entidad recurrida, por concepto de capital más los intereses respectivos, todo ello conforme a lo dispuesto en la ley N° 18.010. Sin embargo, refiere que sus condiciones personales y económicas lo han llevado a caer en mora con la obligación pactada con la cooperativa, situación que motivó que la recurrida oficiara a su actual empleador para retener parte de la deuda mediante descuentos en su liquidación de sueldo.

Señala que desde el mes de enero de 2025, la Cooperativa de Ahorro y nombre reservado comenzó a descontar de su remuneración la suma de $510.360, actuación que se materializó el día 2 de enero de 2025, cuando tomó conocimiento de dicho descuento al recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2024. En este contexto, enfatiza que jamás se le notificó previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar este descuento, tampoco otorgó consentimiento alguno ni mandato para que se descontara su remuneración de esta forma.

Asimismo, hace presente que el valor descontado directamente desde su remuneración es antojadizo, puesto que la recurrida no ha informado la fuente de la cual proceden tales descuentos, como tampoco los cálculos aritméticos mediante los cuales han arribado a dicha cantidad de dinero. En este sentido, sostiene que se ha vulnerado la normativa del ramo, toda vez que no puede descontarse más del 25% de su remuneración en su calidad de empleado público, considerando que presta sus servicios en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, según lo dispuesto en el artículo 54 bis del DFL 5 sobre la Ley General de Cooperativas.

Por último, argumenta que la Cooperativa puede ejercer otros medios para exigir el cobro de su crédito, como por ejemplo la interposición de una acción ejecutiva fundándose en el documento suscrito por la entidad del cual consta cláusula de aceleración pactada, o bien, una acción de cobro de pesos, sin necesidad de recurrir al descuento directo y no autorizado de su remuneración.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, sostiene que se ha vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, toda vez que el acto efectuado por la Cooperativa consiste en un descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones, lo que constituye una vulneración flagrante a la garantía constitucional del derecho de propiedad, toda vez que se le ha privado y perturbado de su derecho de propiedad sobre el monto descontado desde su remuneración, situación que se verifica en la liquidación de sueldo acompañada y que, además, podría repetirse para los pagos de los próximos meses.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente, restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción, y condenar en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que evacuando el informe solicitado, compareció la Cooperativa de Ahorro y nombre reservado, representada por los abogados Ciro Colombara López y Aldo Díaz Canales, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por estimar que no concurren los presupuestos necesarios para acoger la acción constitucional interpuesta.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que el 26 de diciembre de 2023, el Sr. nombre reservado solicitó a COOPEUCH reliquidar la deuda que mantenía con la entidad (correspondiente a $17.770.380) y, además, un nuevo crédito de $1.400.000. En dicha ocasión, según consta en los documentos acompañados, el recurrente solicitó expresamente el descuento por planilla como metodología de pago de su deuda. De esta forma, la metodología de pago del crédito, autorizada por el mismo recurrente, consistió en el descuento por planilla de 83 cuotas correspondientes a $510.360 a contar del mes de marzo de 2024. Asimismo, el Sr. nombre reservado autorizó expresamente a su empleador para efectuar las deducciones de dicho crédito, suscribiendo el mismo día el contrato de crédito de consumo y su respectivo pagaré, al cual se le otorgó el N° 202372223635.

Refiere que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la entidad financiera, atendido a que el recurrente no puede dejar sin efecto la autorización realizada a COOPEUCH para efectuar descuentos mensuales de su liquidación de sueldo. Al respecto, señala que los descuentos por planilla realizados por COOPEUCH a través de su empleador fueron autorizados expresamente por el recurrente, como se evidencia en la documentación que acompaña.

Enfatiza que, a diferencia de lo pretendido, la revocación de dicho mandato no puede efectuarse por su mera voluntad ni en cualquier momento. En concreto, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 18 del Decreto N° 43 que aprueba el Reglamento sobre Información al consumidor de créditos de consumo.

Asimismo, argumenta que a través del presente recurso de protección, el recurrente pretende de manera improcedente dejar sin efecto el contrato suscrito con COOPEUCH y el método de pago pactado en dicha oportunidad.

En segundo lugar, sostiene que COOPEUCH se ciñó a los límites establecidos en el artículo 58 del Código del Trabajo y en el artículo 54 de la Ley de Cooperativas. Señala que según se advierte del documento denominado "Solicitud Productos de Crédito", el recurrente informó que su remuneración ascendía a $2.109.117, por tanto, el descuento por planilla del crédito pactado con el recurrente corresponde a un 24,2% de su remuneración, adecuándose completamente a la legislación aplicable.

Plantea además, que el recurrente carece de un derecho indubitado y que no es la vía idónea para conocer la materia de autos, argumenta que en primer lugar, el recurrente es socio de COOPEUCH, por lo que cualquier controversia existente entre las partes debe ser resuelta en atención a las disposiciones establecidas en la Ley de Cooperativas, que contiene una norma especial que señala que será la justicia ordinaria con procedimiento de juicio sumario o mediante arbitraje, la que resuelva los conflictos entre los socios y la Cooperativa misma.

En definitiva, concluye que el presente recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas, ya que: (i) No existe acción u omisión ilegal o arbitraria; (ii) El recurrente carece de derechos indubitados; (iii) El recurso de protección no es la vía idónea para conocer de la materia de autos; y, (iv) No existe afectación de garantías constitucionales.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, falto de razonabilidad de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en lo inmediato, resulta ineludible y pertinente enfatizar que la acción ejercida es esencialmente cautelar, de manera que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. De ahí que tenga un propósito meramente conservativo que le singulariza, de tutela de urgencia de derechos fundamentales, que se traduce en la posibilidad de adoptar medidas preventivas o de restablecimiento del imperio del derecho, cuando los atributos esenciales de una persona se están viendo afectados.

Quinto: Que, sin embargo, acontece que tanto el asunto que se propone en la acción constitucional ejercida en esta causa como las solicitudes que se formulan por su intermedio, desbordan con largueza las finalidades de un arbitrio de orden cautelar, en la medida que suponen la formulación de declaraciones o el reconocimiento de derechos, en circunstancias que para ese efecto la regulación que rige esta clase de asuntos franquea al recurrente las vías pertinentes para elucidar la controversia que pretende relevar, esto es, que no se habría otorgado mandato para los descuentos que se han venido efectuando y, seguidamente, que los mismos excederían el límite del 25% de la remuneración del actor.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese y archívese.

N°Protección-1.806-2025