Protección contra determinaciones que se adopten por la autoridad competente

Santiago, nueve de septiembre de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 37 comparece el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Quebrada Blanca, domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección contra el Director Nacional de Trabajo, por el acto y la omisión arbitrarios e ilegales en que habría incurrido al dictar la Resolución N° 090 de 30 de enero de 2015.

Se argumenta en el recurso que los socios del sindicato se desempeñan para un establecimiento minero que Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. explota en un lugar ubicado a 260 kilómetros de la ciudad de Iquique y a una altura aproximada de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Agrega que los trabajadores cumplen una jornada de trabajo excepcional autorizada por el Director Regional del Trabajo por resolución de septiembre de 2012, complementada por otra de julio de 2013 y que supone que se cumplan determinadas condiciones de higiene y seguridad. Agrega a continuación el recurrente que en junio de 2012, esto es, antes de que se solicitara por la empleadora la autorización para esta jornada excepcional, se formuló por el sindicato una denuncia que culminó con sanción de multa en sumario sanitario por decisión de 11 de enero de 2013, no impugnada por la compañía, y en razón de lo anterior y a otros incumplimiento de las condiciones exigidas, en agosto del mismo año se pidió al Director Regional del Trabajo que dejara sin efecto la referida autorización de jornada excepcional. En diciembre de 2013, se añade en el recurso, esta petición fue desestimada y lo mismo ocurrió con el recurso de reposición en febrero de 2014, derivándose los antecedentes al Director Nacional para el conocimiento del recurso jerárquico deducido en subsidio.

Ante una solicitud del propio Sindicato, continúa el recurso, en marzo de 2014 la Directora del Trabajo de la época dispuso efectuar una nueva fiscalización en la faena y se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre el recurso jerárquico. Este procedimiento fiscalizador, agrega, culminó con una resolución de mayo de 2014 del Director del Trabajo -N° 784- que, en lo que interesa, acogió parcialmente el recurso pendiente, precisando que se lo hace “en el sentido que se dicta la presente bajo apercibimiento de dejar sin efecto Resoluciones de Autorización de Jornada Excepcional N° 713, de 14 de septiembre de 2012, y N° 15, de 25 de julio de 2013, en el evento de no dar cumplimiento a la implementación de medidas de corrección, detalladas en Considerando N° 10 y Resuelvo N° 1 de la presente Resolución”.

Seguidamente se expone por el recurrente que en agosto del mismo año 2014 la Dirección del Trabajo acogió a tramitación un recurso de aclaración interpuesto por la compañía minera y confirió traslado al Sindicato, sin perjuicio de lo cual los primeros días de septiembre del mismo año se cumplió el plazo de sesenta días conferida por la Resolución N° 784 sin que se hubiere dado cumplimiento a medida alguna correctiva fijada por la autoridad administrativa. En consideración a ello, añade, el 19 de noviembre se pidió al Director del Trabajo que hiciera efectivo el apercibimiento y dejara sin efecto las resoluciones de autorización de jornada excepcional.

El 30 de enero de 2015, culmina el recurso en este punto, se dicta la Resolución N° 090 que en vez de pronunciarse sobre la petición del Sindicato de 19 de noviembre, emite un nuevo y diverso pronunciamiento sobre el recurso jerárquico, pero ahora de manera completamente contradictoria a lo ya resuelto, rechazándolo.

A continuación el Sindicato recurrente expone que esta resolución se ha dictado con ostensible infracción de ley en cuanto al respeto de los procedimientos administrativos, con vulneración patente al principio de legalidad y competencia de los actos de los funcionarios públicos y con inobservancia grave de normas de naturaleza laboral que fijan la competencia y funciones del Director Nacional del Trabajo. Se invocan a continuación como infringidos los artículos 7° de la Constitución Política de la República, 51 de la Ley N° 18.880, 2° y 5° de la Ley N° 18.575 y 38, 184 y 191 del Código del Trabajo. Respecto de la contravención a estas últimas normas se indica que en la Resolución N° 090 el recurrido decide inhabilitarse para adoptar alguna decisión sobre el cumplimiento de determinadas materias sanitarias que inciden en la solicitud de revocación, en circunstancias que estos preceptos del Código del Trabajo le entregan expresamente a él la competencia para decidirla.

Por último, se reprocha al recurrido haber también incurrido en una omisión ilegal, por vulneración de los artículos 14 y 51 de la Ley N° 19.880, 8° de la Ley N° 18.575, 1482 del Código Civil, 2° del Código del Trabajo y 5° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, pues lo que procedía de acuerdo a la normativa aplicable era dictar la correspondiente resolución que deje sin efecto las autorizaciones de jornada excepcional, en cumplimiento a lo decidido en la Resolución N° 784 de 23 de mayo de 2014, tal como lo había solicitado el Sindicato el 19 de noviembre de 2014.

En cuanto a las garantías constitucionales, se denuncian infringidas las de los N° 1, 2 y 24 de la Carta Fundamental.

A fojas 85 la Dirección del Trabajo evacúa el informe que le fuera requerido y expone que el sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y de descanso de la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. fue autorizado por la Resolución N° 713 de 14 de septiembre de 2012 y la complementaria N° 515 de 25 de julio de 2013 y en consideración a este último hecho se plantea en primer término la extemporaneidad del recurso y, en segundo lugar la improcedencia del mismo, en atención a que, en concepto de la informante, no existe a acción u omisión que pueda calificarse arbitraria o ilegal y, además, porque el tribunal ante el cual se recurre no está en condiciones de brindar la protección reclamada.

En la especie, sigue el informe, la recurrente ha hecho valer todas sus pretensiones mediante los recursos administrativos y las presentaciones que el ordenamiento jurídico establece y, por ende, ha tenido todas las oportunidades para tener acceso a las diversas instancias que le franquea la ley, de manera que es improcedente interponer la protección en contra de las determinaciones que se adopten por la autoridad competente.

En otro orden de consideraciones, continúa el informante, el recurso de protección es también improcedente atendido que de conformidad a la Constitución Política es la Contraloría General de la República el organismo al cual la Dirección del Trabajo debe sujetar su acción y, en razón de lo anterior, la Corte de Apelaciones no se encuentra en condiciones de conocer y resolver la acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legitimo ejercicio de ciertas garantías y derechos mediante la adopción de medidas de resguardo.

Seguidamente en el recurso se expone que la Resolución N° 713 de 14 de septiembre de 2012 -complementada por la Resolución N° 515-, que es aquella que establece el sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y descanso de faenas ubicadas fuera de centros urbanos, es la que en el caso de autos produce el verdadero agravio alegado y prueba de ello es que desde su dictación a la fecha del recurso, la Dirección del Trabajo ha resuelto como en derecho corresponde y de conformidad al mérito de los antecedentes, todas las actuaciones, recursos y presentaciones realizadas por la contraria.

A continuación el informe efectúa una relación de la secuencia de los hechos similar a la contenida en el recurso y concluye que teniendo especialmente presente la inhabilitación del Servicio respecto de las infracciones y deficiencias relacionadas con las salas de vestir, la aplicación de sanciones respecto de contaminación y exposición de trabajadores a sustancias químicas, materias que no se relacionan directamente con aquellas por las cuales se solicitó la revocación de las resoluciones, es que estimó que no existían razones de mérito, conveniencia y oportunidad suficientes para revocar la Resolución N° 713 y la complementaria N°515, motivo por la cual se rechazó el recurso jerárquico.

En consecuencia y en atención a que no ha existido por parte de la Dirección del Trabajo una acción u omisión ilegal o arbitraria, concluye, bajo ningún respecto ha existido vulneración a los artículos 19 N° 1, 2 y 24 de la Carta Fundamental como pretende el Sindicato recurrente.

A fojas 188 evacúa informe Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. y manifiesta, en primer término, que como puede apreciarse en la parte petitoria del recurso, el sindicato recurrente solicita la declaración de invalidación de la Resolución del Director de Trabajo N° 090, de 30 de enero de 2015, y acto seguido solicita se ordene al recurrido que deje sin efecto los actos administrativos que autorizan a su parte para establecer un sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y de descanso. De lo anterior la empresa informante deduce que la pretensión de fondo y el objetivo que en definitiva se busca es privar de sus efectos a las mencionadas resoluciones de la Dirección Regional del Trabajo de Tarapacá y no cabe duda alguna que el Sindicato recurrente, en una fecha tan pretérita como en el mes de agosto de 2013, ya estaba notificado y tenía conocimiento de los actos administrativos que le agravian. Dado que ya han pasado casi dos años del hecho antes expuesto, que revela el conocimiento o noticia de parte del Sindicato del acto supuestamente agraviante, concluye, queda claro que ha transcurrido con holgura el plazo fatal de 30 días corridos para la interposición de la acción de protección.

Luego se expone que un aspecto importante que se ha sostenido frecuentemente por la jurisprudencia es que, dada la naturaleza cautelar del recurso o acción de protección, los derechos fundamentales que sustentan la acción deben ser ciertos e indubitados, es decir, el derecho o garantía no debe estar controvertido y en el caso de autos la organización sindical recurrente no tiene derecho indubitado alguno. Indica que el derecho fundamental de petición y la posibilidad de presentar todas las solicitudes y recursos administrativos correspondientes fue efectivamente ejercido por la parte recurrente, siendo además todas resueltas por el ente competente, en actos administrativos fundados.

Añade que en caso alguno se ha conculcado en las actuaciones del procedimiento administrativo algún derecho cierto e indubitado a favor del actor, que le permita sustentar la pretensión de fondo que expresa en este arbitrio, en orden a que sean dejadas sin efecto las resoluciones de la Dirección Regional del Trabajo de Tarapacá que autorizaron a la empresa la jornada de trabajo excepcional. Ciertamente, continúa, el Sindicato puede disentir de lo resuelto en el acto administrativo que recurre, pero dicho conflicto debe plantearse en un procedimiento judicial idóneo, de lato conocimiento.

A fojas 209 se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que al tenor del recurso interpuesto y sin perjuicio de las medidas que esta Corte puede adoptar para el restablecimiento del imperio del derecho en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución, se solicita en el escrito de fojas 37 “como primera y necesaria providencia” invalidar la Resolución N° 090, de 30 de enero de 2015, como única forma de regularizar el procedimiento administrativo “gravemente alterado con una doble resolución final, dejando plenamente subsistente la Resolución N° 784, de 23 de mayo de 2014”. A continuación se expresa que “como también se ha incurrido en una omisión ilegal al abandonar el recurrido sus deberes legales, tal inacción debe cesar mediante la orden para que (…) derechamente dé ejecución a la Resolución N° 784 (…), en el sentido que no habiéndose dado cumplimiento a las medidas dispuestas en dicha resolución dentro del plazo fijado, haga efectivo el apercibimiento con la que fue dictada, dejando sin efecto la Resolución N° 713 (…) y la Resolución complementaria N° 515”.

Ahora bien, se coincide con la recurrida y con lo expuesto por la Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. en orden a que la segunda de estas medidas que se solicita a la Corte adoptar excede de aquéllas que son propias de la acción de protección que consagra el citado artículo 20 de la Carta Fundamental, pues ello supone dirimir una controversia que necesariamente debe contar con el apoyo probatorio correspondiente y prevé para ello el ordenamiento acciones judiciales idóneas. Dicho de otro modo, la controversia que se plantea en el recurso y que supondría, de acogérselo, la adopción de esta segunda medida de protección propuesta, debe ser conocida en un proceso de lato conocimiento y no en uno cautelar, que contemple una etapa probatoria que, a su vez, permita acreditar el incumplimiento de las condiciones que justificaron la autorización de jornada excepcional, que a todas luces es objeto de controversia y de discusión entre las partes.

En razón de lo anterior, deberá prescindirse de todas las alegaciones que tengan por objeto justificar la petición de dejar sin efecto las Resoluciones N° 713 y la complementaria N° 515.

Segundo: Que sin perjuicio de lo anterior, en el recurso de protección se plantea también que la Resolución N° 784, de 23 de mayo de 2014, emitió pronunciamiento respecto del recurso jerárquico deducido contra la decisión del Director Regional del Trabajo que desestimó la solicitud de dejar sin efecto las resolución que habían autorizado la jornada excepcional de trabajo y lo acogió parcialmente. Así de hecho se lee del tenor literal de ese pronunciamiento, en el que se expresa textualmente “acógese, parcialmente, el recurso jerárquico, interpuesto por Sindicato de Trabajadores Compañía Minera Quebrada Blanca, el 24 de diciembre de 213, en el sentido que se dicta la presente, bajo apercibimiento de dejar sin efecto Resoluciones de Autorización de Jornada Excepcional N°s 713, de 14 de septiembre de 2012 y N° 15, de 25 de julio de 2013, en el evento de no dar cumplimiento a la implementación de medidas de corrección, detalladas en el Considerando N° 10 y Resuelvo N° 1, de la presente Resolución”.

Alega el recurrente que en estas circunstancias el 19 de noviembre de 2014 solicitó a la Dirección del Trabajo que ante el incumplimiento de la empresa minera de lo ordenado en la anterior resolución, se hiciera efectivo el apercibimiento allí dispuesto y se dejara sin efecto las resoluciones que autorizaban la jornada excepcional de trabajo y ante esta petición se dicta la Resolución N° 090 “que constituye el acto ilegal que motiva el presente arbitrio”, pues en lugar de pronunciarse sobre lo requerido por el sindicato “de manera sorprendente se desentiende del mérito del procedimiento administrativo y en particular de la Resolución N° 784 (…) y emite un nuevo y diverso pronunciamiento sobre el recurso jerárquico, pero ahora de manera completamente contraria a lo resuelto en su oportunidad”, rechazándolo.

Como puede apreciarse y se desprende claramente de las argumentaciones que siguen en el texto del recurso, el reproche se dirige a la recurrida por cuanto, por una parte, omite pronunciarse respecto de lo que se le había pedido y, por otra, resuelve un recurso que en rigor ya se encontraba resuelto. La constatación anterior permite, por de pronto, desestimar la alegación de extemporaneidad planteada, pues entre la fecha de notificación de esta resolución -7 de febrero de 2015, tres días después de recibida en Correos de Chile la carta certificada respectiva el 4 de ese mes, según consta a fojas 15- y la de presentación del recurso -7 de marzo de 2015-, no alcanzaron a transcurrir los treinta días que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Tercero: Que, ahora bien, resulta evidente que el fin último del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Quebrada Blanca al recurrir a la autoridad administrativa fue obtener se dejara sin efecto la autorización concedida a la empresa para implementar la jornada excepcional de trabajo y así se le planteó a la Dirección Regional del Trabajo de Tarapacá en la presentación de 23 de agosto de 2013. Frente a la resolución negativa librada mediante Ordinario N° 803 de 18 de diciembre de ese año, el Sindicato recurrente dedujo recurso de reposición y en subsidio recurso jerárquico, instando por idéntica decisión. Rechazada la reposición y concedido el recurso jerárquico, la recurrida Dirección Nacional del Trabajo emitió pronunciamiento mediante la mencionada Resolución N° 784 respecto de este último y, como se consignó más arriba, lo acogió, conforme se lee del tenor literal de este acto administrativo. Sin perjuicio de lo anterior, este acogimiento fue sólo parcial, pues en rigor la Dirección Nacional del Trabajo no dejó sin efecto lo resuelto por el Director Regional ni hizo lugar a la petición del Sindicato en orden a dejar sin efecto la autorización concedida, sino que instruyó a la faena Centro Minero Quebrada Blanca para que dentro de sesenta días contados a partir de la notificación, implementara determinadas medidas con asistencia técnica del organismo administrador de la Ley N° 16.744 al que la empresa se encuentra adherida, bajo apercibimiento de dejar sin efecto las Resoluciones de Autorización de Jornada Excepcional en el evento de no dárseles cumplimiento.

En este contexto y estimando el Sindicato recurrente que la empresa no había satisfecho las condiciones fijadas, se pidió a la Dirección Nacional del Trabajo que se hiciera efectivo el apercibimiento y definitivamente se deje sin efecto la autorización concedida. Ante esta solicitud se dictó la Resolución N° 090 que en su parte resolutiva y conforme se lee también textualmente, rechazó el mismo recurso jerárquico respecto del cual ya se había emitido pronunciamiento.

Resulta manifiesto, en consecuencia, que sobre un mismo recurso aparecen emitidas dos decisiones que se contraponen, contraviniéndose con ello normas básicas que rigen los procedimientos administrativos.

Cuarto: Que, no obstante el defecto anterior, debe considerarse que, en último término, la decisión de la Dirección Nacional del Trabajo fue desestimar la solicitud de dejar sin efecto la autorización de jornada especial que, según se dijo, era lo pretendido por el Sindicato. Para ello la Resolución N° 090 invoca las razones y argumentaciones indicadas en los diversos Considerandos de que se compone y, en especial, las del numeral 30.

De acuerdo a este acápite, el recurrido estima que “no existen razones de mérito, conveniencia y oportunidad suficientes para revocar la Resolución N° 713, de fecha 14.09.2012 y su Resolución complementaria N° 515, de fecha 25.07.2013”, teniendo en consideración “particularmente la inhabilitación de este Servicio respecto de las infracciones y deficiencias relacionadas con las salas de vestir, la aplicación de sanciones respecto de contaminación y exposición de trabajadores a sustancias químicas, materias que no se relacionan directamente con aquellas por las cuales se solicitó la revocación”. Esta inhabilidad se procuró justificar en que las actuaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá habían sido llevadas a cabo en forma previa (desde 2012) y durante las actuaciones de la Dirección del Trabajo y que conforme lo dispone el artículo 131 del Decreto Supremo N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud, corresponde “a los Servicio de Salud la fiscalización del cumplimiento del presente Reglamento”.

Quinto: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto artículo 184 del Código del Trabajo, corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad en el trabajo, en los términos señalados en el artículo 191, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado en virtud de las leyes que los rigen. El inciso tercero del artículo 191, por su parte, prescribe que cada vez que uno de los servicios facultados para fiscalizar la aplicación de normas de higiene y seguridad se constituya en visita inspectiva en un centro, obra o puesto de trabajo, los demás servicios deberán abstenerse de intervenir respecto de las materias que están siendo fiscalizadas, en tanto no se haya dado total término al respectivo procedimiento.

Ahora bien, no cabe duda que en la Resolución N° 784 se instruyó al Centro Minero Quebrada Blanca la implementación de medidas de higiene y seguridad y que ellas fueron decididas por la Dirección Nacional del Trabajo, de manera tal que a este organismo tocaba la fiscalización de su debido cumplimiento, de acuerdo a lo señalado en la primera de las normas citadas. Refuerza lo anterior lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 38 del aludido Código, según el cual, en casos calificados, el Director del Trabajo podrá autorizar, previo acuerdo de los trabajadores involucrados si los hubiere, y mediante resolución fundada, el establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y descansos, cuando lo dispuesto en este artículo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales características de la prestación de servicios y se hubiere constatado, mediante fiscalización, que las condiciones de higiene y seguridad son compatibles con el referido sistema.

Al tenor del citado inciso tercero del artículo 191, la única circunstancia que habría justificado una abstención de parte de la Dirección del Trabajo estaría constituida porque otro de los servicios facultados para fiscalizar la aplicación de normas de higiene y seguridad se hubiera constituido en forma previa en visita inspectiva en el centro, obra o puesto de trabajo y ello en rigor no aconteció.

Sexto: Que, en efecto, en el fundamento 22) de la Resolución que motiva el recurso se indica que analizadas las actuaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá a la faena minera Quebrada Blanca, se verifica que dicha repartición ha venido actuando desde el año 2012 en las materias relacionadas con condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, servicios higiénicos y casas de cambio y que, así, en 2013 resolvió sancionar a la empresa con multa de 50 UTM, el 2014 se pronunció sobre la factibilidad de centralizar las casas de cambio y el mismo año fiscalizó la faena minera, requirió documentación, etcétera.

No obstante lo expuesto, cabe señalar que la referida resolución que resolvió un sumario sanitario instruido imponiendo una sanción de multa -N° 88 de 11 de enero de 2013-, quedó ejecutoriada al no deducirse recurso alguno en su contra y se pronunció respecto de hechos acaecidos incluso con anterioridad a la solicitud de la empresa de autorizar la distribución excepcional de la jornada de trabajo, de manera tal que no resulta posible afirmar que se configure la situación del inciso tercero del artículo 191. Asimismo, las actuaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de 2014, citadas en la Resolución N° 090, tienen lugar bastante después que el Sindicato recurrente requiriera a la Dirección Regional del Trabajo de la Región de Tarapacá se dejara sin efecto la mencionada autorización.

Séptimo: Que de todo lo anterior se deduce inequívocamente que la cuestión relativa a la fiscalización del cumplimiento de las condiciones que se fijaron por la Dirección del Trabajo a la Compañía Minera Quebrada Blanca para autorizar la distribución de la jornada de trabajo haciendo excepción a las reglas generales, entre ellas las referidas a asuntos de higiene y seguridad, fueron siempre y en todo momento de competencia de este servicio, de modo tal que la negativa a emitir el pronunciamiento que ha sido requerido por el Sindicato de Trabajadores de la referida empresa constituye una omisión que contraviene la ley.

Ahora bien, esta omisión vulnera el derecho que la Constitución Política de la República reconoce a la parte recurrente en el N° 2 del artículo 19, por cuanto importa una aplicación desigual de las normas que rigen los procedimientos administrativos, al abstenerse la recurrida de emitir el pronunciamiento que le fuera legalmente requerido.

En este escenario, habiéndose constatado la existencia de una omisión ilegal y que ésta ha vulnerado un derecho constitucionalmente protegido, se impone como necesaria consecuencia el acogimiento de la acción de protección interpuesta. No obsta a la conclusión anterior el hecho de haberse requerido por la recurrente la adopción de una medida correctiva que esta Corte ha estimado improcedente conforme se razonó en el motivo Primero, pues, por una parte, en el mismo recurso se expresó que ella era sin perjuicio de la facultad del tribunal de disponer otra medida que estime para restablecer el imperio del derecho y, por otra, porque, en el ejercicio de las atribuciones conservadoras, precisamente la Carta Fundamental entrega a la Corte de Apelaciones respectiva la potestad de adoptar las providencias “que juzgue necesarias” para el mismo fin, sin tener que sujetarse de manera necesaria a aquellas que hayan sido explícita y específicamente pedidas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido por el Sindicato de Trabajadores de Compañía Minera Quebrada Blanca y, a fin de restablecer el imperio del derecho, se ordena a la Dirección Nacional del Trabajo emitir pronunciamiento respecto de la petición formulada por el referido sindicato el 19 de noviembre de 2014.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 18.033-2015.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a nueve de septiembre dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.