nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dos de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por haber efectuado descuentos por planilla en su remuneración mensual sin previo aviso ni justificación oportuna, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que dichos descuentos se realizaron después de transcurridos 2 años y 8 meses desde la última retención y en forma paralela a un juicio ejecutivo que se declaró abandonado, vulnerando con ello los derechos fundamentales de propiedad e igualdad ante la ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 números 2 y 24, por lo que solicita que se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración y se restituyan los montos descontados.

Expone que con fecha 5 de agosto de 2019 suscribió pagaré N°008CON1016900290 en favor de la recurrida por la suma de $1.479.987, más los respectivos intereses, obligación que debía solucionarse en 46 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $55.159 cada una, venciendo la primera el 31 de octubre de 2019. Asimismo, señala que se pactó expresamente que el simple retardo y/o mora en todo o parte de una o cualquiera de las cuotas permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerando la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, conforme al artículo 9° de la Ley 18.010.

Relata que, debido a complejidades de índole financiera, no pudo hacer frente al pago de las cuotas pactadas, constituyéndose en mora a partir de la cuota número 14, con vencimiento de fecha 31 de enero de 2021 y todas las siguientes. Consecuentemente, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes interpuso en su contra una demanda ejecutiva con fecha 3 de mayo de 2022, tramitada bajo el ROL C-3636-2022 ante el 21° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado", para efectos de cobrar el pagaré referido, la que fue notificada el 23 de agosto de 2022 de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil y requerido fictamente de pago el 29 de agosto del mismo año. Posteriormente, con fecha 30 de agosto de 2022, presentó escrito oponiendo la excepción del N°7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, "La falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado". Agrega que con fecha 2 de noviembre de 2022 se declaró admisible la excepción opuesta y se recibió a prueba por el término legal, fijándose los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos.

Refiere además que, habiéndose recibido la causa a prueba, ésta fue archivada con fecha 16 de junio de 2023, y habiendo transcurrido el plazo legal, el 8 de noviembre de 2024 se solicitó que se declarara el abandono del procedimiento, otorgándose traslado a la parte ejecutante, el cual no fue evacuado dentro de plazo, por lo que se falló el abandono de procedimiento con fecha 13 de enero de 2025, acogiéndose la solicitud respectiva.

Manifiesta que habiendo transcurrido casi 2 años y 8 meses desde que la recurrida hizo exigible el pago de toda la obligación adeudada, al revisar su liquidación de sueldo de diciembre de 2024 se percató que ésta era menor a lo que usualmente recibía, constatando que existía un descuento por planilla. Precisa que en la actualidad mantiene un trabajo estable con la empresa SEGURIVI LTDA, RUT RUT reservado, alcanzando estabilidad financiera, y que trabajaba con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible, de acuerdo con lo pactado con su empleador.

Destaca que, a partir de la liquidación del mes de diciembre de 2024, su sueldo reflejaba una merma, constando un descuento aplicado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por ítem denominado "Préstamo Caja" por un monto de $54.916. Enfatiza que jamás fue informado previamente por algún canal de comunicación respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar los descuentos que finalmente ordenó a su empleador, razón por la cual nunca tuvo elementos ni informaciones que le permitieran prever una afectación en su sueldo, especialmente considerando que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes había judicializado el cobro de la deuda por voluntad propia.

En cuanto al derecho, argumenta que el actuar de la recurrida los derechos constitucionales del recurrente consagrados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que se le ha privado y perturbado de su derecho de propiedad sobre un total de $54.916 de sus remuneraciones mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que la misma recurrida ejerció y promovió, constituyendo una forma de autotutela que conculca sus garantías fundamentales al realizarse de manera intempestiva, sin entregar información previa y reviviendo un beneficio legal destinado al cobro oportuno cuando han transcurrido 2 años y 8 meses desde el último descuento.

Asimismo, invoca la Ley N°18.833, específicamente su artículo 22, que regula las prestaciones de crédito social y los mecanismos de descuento por planilla.

Pide, en definitiva, que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, restituir los descuentos efectuados, así como también los que se puedan efectuar durante la tramitación de la presente acción e incluso aquellos posteriores a la sentencia, declarar subsidiariamente la obligación de cesar los descuentos y restituir los montos para el caso de rechazarse el recurso por falta de oportunidad, y con costas.

Segundo: Que evacúo informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en el siguiente tenor.

Detalla que con fecha 5 de agosto de 2019 otorgó al recurrente el crédito código 008CON101690290 por $1.479.987, a tasa del 2,15%, pagadero en 48 cuotas de $55.159, con primer vencimiento el 31 de octubre de 2019. Expone el historial irregular de pagos del deudor, indicando que las cuotas de febrero a mayo de 2021 fueron pagadas con desfase en abril, junio y septiembre de 2024, y enero de 2025, generando mora en las restantes.

En cuanto al derecho, argumenta que no existe actuación ilegal o arbitraria, pues los descuentos se realizan conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833, que establece que lo adeudado por crédito social debe ser deducido de la remuneración por el empleador. Sostiene que se trata de un mecanismo obligatorio que no depende de la voluntad de la Caja, equiparable a las cotizaciones previsionales.

Argumenta que la deuda no ha sido declarada prescrita judicialmente, siendo la prescripción una excepción que debe alegarse en sede jurisdiccional competente, no en una acción de protección.

No obstante, informa que, sin reconocer extinción de la deuda, ha dispuesto voluntariamente el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas descontadas desde abril de 2024. Sobre esta base, solicita el rechazo del recurso por pérdida de oportunidad.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber procedido la recurrida a descontar de la remuneración del protegido un monto total de $ 55.159 pesos, por concepto de crédito social, otorgado y cobrado por la Caja de Compensación Los Andes al recurrente, cuyo cobro ha sido practicado por la recurrida al tenor de lo sostenido en su informe, reprochando el actor que dicha medida resultaría arbitraria e ilegal.

Quinto: Que, en este sentido, del mérito de los antecedentes expuestos, aparece que el recurso no puede prosperar, habiendo perdido oportunidad, dado que lo que motiva el recurso es la realización de un descuento en la remuneración del recurrente, para el pago de una deuda por un crédito social en favor del actor por parte de la Caja de Compensación Los Andes de Asignación Familiar, acción respecto de la cual ha solicitado el protegido a esta Corte que sea dejada sin efecto, como asimismo se ordene la restitución del monto descontado, en el mes referido en los considerandos precedentes.

Sexto: Que, al respecto, la informante ha sostenido, que dispuso no solo el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente, sino además la restitución de aquellas sumas que ha percibido, como asimismo la devolución de toda suma que haya recibido en el intertanto, lo que implica que esta magistratura no podría adoptar ninguna acción concreta destinada a restablecer el imperio del derecho, por cuanto ha sido la propia recurrida quien ha cesado en la acción calificada por el actor como arbitraria e ilegal, ordenando asimismo la restitución del descuento efectuado, siendo la segunda petición concreta solicitada por el protegido para el cese de la afectación a sus derechos.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo ya señalado, y conforme a lo señalado por la recurrente en su presentación de folio 17 y en concordancia con lo informado por la recurrida, en caso de no haberse restituido meses descontados de forma posterior al recurso, estos también deberán restituirse al recurrente, en los mismos términos que indicó la Caja de Compensación Los Andes en su informe.

Octavo: Que, habiendo perdido oportunidad el presente recurso, procede su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida por don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sin perjuicio de la devolución que la recurrida deberá realizar de los descuentos ejecutados con posterioridad a la interposición de la presente protección, en el términos señalados en el considerando séptimo.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1803-2025.