nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago.

Santiago, cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Al folio N° 9: estése al mérito de autos.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado legalmente por su Director Nacional, don Luis Thayer Correa, por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria consistente en no dictar resolución que ponga término al procedimiento administrativo de Reconsideración de Rechazo de Permanencia Definitiva, iniciado con fecha 15 de enero de 2024, bajo número de solicitud 69138195. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el N° 2 (igualdad ante la ley), N° 4 (respeto y protección a la vida privada y pública y honra de la persona y su familia), N° 16 (libertad de trabajo y su protección), y N° 21 (derecho a desarrollar cualquier actividad económica) del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que don nombre reservado ingresó a Chile con fecha 01 de agosto de 2018 en calidad de turista, y posteriormente obtuvo Visa Temporaria vigente desde el 05 de abril de 2019 hasta el 05 de abril de 2020. Con fecha 13 de abril de 2021, presentó solicitud de Residencia Definitiva, cumpliendo con todos los requisitos, incluyendo el pago de multa por permanencia irregular realizado con fecha 07 de abril de 2021.

Posteriormente, con fecha 09 de junio de 2023, se le notificó la obligación de cancelar el derecho correspondiente a la Residencia Definitiva, el cual fue pagado. Indica que, sin embargo, con fecha 10 de enero de 2024, fue notificado del rechazo de su solicitud, argumentando que no constaba el pago de la multa antes mencionada, lo que considera incorrecto y refutable con la documentación adjunta.

Señala que dicho rechazo fue notificado 3 años y 9 meses después de la presentación de la solicitud inicial, constituyendo una grave infracción al principio de celeridad administrativa.

En virtud de esta situación, y siguiendo instrucciones del propio Servicio, presentó recurso administrativo de Reconsideración contra la resolución de rechazo, ingresado el 15 de enero de 2024 bajo el número 69138195. Señala que, a la fecha de interposición del recurso de protección (12 de agosto de 2025), han transcurrido 1 año, 5 meses y 28 días sin que la autoridad haya dictado resolución alguna ni emitido constancia de tramitación, figurando solo un estado "Pendiente" en la plataforma.

Esta omisión administrativa afecta gravemente sus derechos fundamentales, al no contar con cédula de identidad vigente ni constancia de visa en trámite, impidiéndole trabajar legalmente, arrendar vivienda, acceder a servicios financieros o públicos, renovar documentación, y en general, desenvolverse con normalidad.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el recurrente sostiene que la omisión es ilegal y arbitraria, en contravención al artículo 27 de la Ley N° 19.880, que establece un plazo de seis meses para la resolución de los procedimientos administrativos, así como a los principios de celeridad y economía procedimental (artículos 4, 7 y 9 de la Ley N° 19.880).

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones que califican la dilación como ilegal y arbitraria, vulnerando la igualdad ante la ley.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida pronunciarse sobre la solicitud de Reconsideración de Rechazo de Permanencia Definitiva dentro de un plazo razonable, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, la recurrida, Servicio Nacional de Migraciones, representada por los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Stephanie Pinto González, al evacuar el informe solicitado, ha solicitado el rechazo del recurso en todas sus partes, fundando su solicitud en que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, por cuanto no existe acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del recurrente.

Expone que don nombre reservado ingresó al país con fecha 01 de agosto de 2018. Con fecha 13 de abril de 2021, el extranjero solicitó el beneficio de residencia definitiva.

Que, mediante Resolución Exenta N° 24015069 de fecha 10 de enero de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó la solicitud de residencia definitiva y se dispuso el abandono del territorio nacional.

Señala que, debido a la resolución señalada precedentemente, con fecha 15 de enero de 2024, el extranjero interpuso recurso administrativo de reconsideración, quedando registrado bajo el ID 69138195. Indica que la solicitud de reconsideración del recurrente se encuentra actualmente en tramitación ante esta autoridad migratoria, específicamente en etapa de "Análisis Jurídico".

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida expone que el artículo 139 de la Ley N° 21.325 permite la interposición de recursos administrativos y que el artículo 140 de la misma ley establece que la interposición de dichos recursos suspende los efectos del acto o resolución impugnada.

Por tanto, los efectos de la Resolución Exenta impugnada se encuentran actualmente suspendidos, al estar el recurso de reconsideración en tramitación.

Sostiene que, en cuanto al tiempo de tramitación, el artículo 27 de la Ley N° 19.880 establece que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiendo como tal la pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación, así como el alto volumen de solicitudes.

Menciona que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones ha reconocido que el plazo establecido en la Ley N° 19.880 para dar resolución a un procedimiento administrativo no corresponde a un plazo fatal para la Administración.

Asimismo, hace presente que, al encontrarse en tramitación la solicitud, el amparado goza de residencia temporal que le permite su libertad ambulatoria, salir y regresar del territorio nacional, obtener cédula de identidad y RUN, y realizar actividades remuneradas, conforme a la Ley N° 21.325 y el Código Civil, no existiendo por tanto vulneración de derechos fundamentales.

En virtud de lo anterior, la recurrida solicita tener por evacuado el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por carecer de todo sustento normativo y ser totalmente improcedente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo. De ello resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que, en este caso, el recurrente indica en el recurso que presentó un recurso administrativo de reconsideración de rechazo de permanencia definitiva el 15 de enero de 2024, solicitud identificada con el N° 69138195, y que a la fecha de interposición de este recurso de protección no ha recibido pronunciamiento. Por su parte, la recurrida en su informe señala que la solicitud de reconsideración se encuentra actualmente en tramitación, específicamente en la etapa de "Análisis Jurídico", y que, de conformidad con el artículo 140 de la Ley N° 21.325, la interposición del recurso administrativo suspende los efectos del acto o resolución impugnada, es decir, la orden de abandono.

QUINTO: Que, según consta de los antecedentes, la solicitud de reconsideración de permanencia definitiva de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, se encuentra en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones. No obstante la dilación en el procedimiento administrativo, la recurrida ha sostenido que el recurrente goza de una situación migratoria regular en el país, lo que le permite el ejercicio de diversos derechos fundamentales, tales como libertad ambulatoria, salir y regresar del territorio nacional, obtener cédula de identidad y Rol Único Nacional, y realizar actividades remuneradas lícitas, conforme a los artículos 37, 38 inciso 2°, 43 y 73 de la Ley N° 21.325.

SEXTO: Que, asimismo, consta que la autoridad recurrida ha justificado la demora en la tramitación del procedimiento administrativo de reconsideración invocando la naturaleza no fatal del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 y la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, debido al alto volumen de solicitudes ingresadas y las afectaciones derivadas de la pandemia.

Dicha argumentación encuentra sustento en reiterada jurisprudencia y dictámenes de la Contraloría General de la República, que han sostenido que, salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la administración no son fatales, y que su vencimiento no implica la caducidad o invalidación del acto respectivo.

En este sentido, la Excma. Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones han reconocido la situación excepcional que ha enfrentado el Servicio Nacional de Migraciones, entendiendo que el volumen de solicitudes puede constituir una causal de fuerza mayor que justifica la imposibilidad de cumplir estrictamente con los plazos administrativos.

En consecuencia, el proceder de la recurrida al mantener en tramitación la solicitud de reconsideración, mientras sus efectos se encuentran suspendidos por disposición legal, no puede ser calificado de arbitrario o ilegal, ya que no se advierte la concurrencia de un capricho de la autoridad ni una contravención manifiesta a la normativa vigente, considerando el contexto y la interpretación jurisprudencial sobre los plazos administrativos y las facultades discrecionales frente a situaciones extraordinarias.

SÉPTIMO: Que, en conclusión, del mérito de los antecedentes agregados a la presente causa, y en especial lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, se advierte que la autoridad recurrida no ha incurrido en un acto u omisión ilegal y arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas por el recurrente de autos. Esto por cuanto la solicitud se encuentra en tramitación, sus efectos han sido suspendidos conforme a la ley, y la dilación obedece a razones justificadas por la autoridad recurrida y avaladas por la jurisprudencia, sin que se configure una afectación actual e ilegítima de los derechos del recurrente en los términos exigidos para el recurso de protección.

Por estas consideraciones y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-18024-2025.