nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Santiago, veinte de enero de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que a folio 1 comparece don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por haber declarado vacante el cargo del recurrente por salud incompatible mediante Resolución TRA N° 101/2/2024, de fecha 13 de enero de 2024.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que se basó únicamente en un criterio matemático de contabilización de licencias médicas, sin considerar que el recurrente presenta un estado de salud recuperable según la COMPIN, vulnerando los derechos fundamentales contemplados en el artículo 19 N° 1, N° 2, N° 16 y N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita dejar sin efecto la resolución impugnada y reincorporar al funcionario a su cargo.

Expone que el recurrente ingresó a prestar funciones en la Dirección General de Aeronáutica Civil, el 03 de febrero de 2020, en calidad de contrata, Grado 13° de la Escala Fuerzas Armadas, siendo renovada su contrata, de manera sucesiva y continua, acumulando una antigüedad laboral en la administración pública de 4 años 5 meses y 5 días hasta su desvinculación.

Señala que, con fecha 09 de julio de 2024, se le notificó por correo electrónico que dejaría de pertenecer a la institución recurrida, mediante la Resolución TRA N° 101/2/2024, de 13 de enero del mismo año y de la que se tomó razón por la Contraloría General de la República con fecha 11 de junio del mismo año, la que declaró vacante su cargo por salud incompatible, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses, en los dos últimos años.

Argumenta que, si bien es efectivo que el funcionario hizo uso de licencia médica, por un lapso superior a seis meses en los dos últimos años, acumulando 214 días hasta el 17 de julio de 2023, la forma en que se procedió a ejercer la potestad aparece como sorpresiva y antojadiza, considerando especialmente que la Resolución Exenta N° 131/25/313/23 del 10 de agosto de 2023, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Región Metropolitana, Subcomisión Oriente, resolvió que el recurrente presenta un estado de salud recuperable.

Sostiene que para desvincular al funcionario, la recurrida se limitó a considerar únicamente el número de días de licencia, sin realizar ningún peritaje o informe para evaluar si su salud es compatible o no con el cargo, destacando que el funcionario nunca fue citado por la comisión de ausentismo ni se le consultó si su condición de salud le dificultaba el desempeño de sus funciones.

Invoca jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de diversas Cortes de Apelaciones que han establecido que la facultad discrecional del artículo 151 del Estatuto Administrativo no puede ser arbitraria y debe ejercerse respetando las garantías constitucionales, requiriendo un procedimiento racional y justo.

Alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la integridad física y psíquica (Art. 19 N°1), la igualdad ante la ley (Art. 19 N°2), la libertad de trabajo y su protección (Art. 19 N°16), y el derecho de propiedad (Art. 19 N°24), al haberse declarado la vacancia de su cargo sin fundamento razonable, basándose únicamente en un criterio matemático y sin considerar su estado de salud recuperable.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución TRA N° 101/2/2024, se ordene la reincorporación del funcionario a su cargo, con el pago de las remuneraciones y demás estipendios y beneficios que dejó de recibir mientras estuvo separado de su cargo, manteniendo vigente el contrato de arrendamiento, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, a folio 10, informa don nombre reservado, en representación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien solicita el rechazo del recurso de protección, con costas, planteando como cuestión previa la extemporaneidad de la acción constitucional interpuesta.

Sostiene que el recurso fue presentado el 8 de agosto de 2024, en circunstancias que el recurrente tomó conocimiento del acto impugnado el 4 de julio de 2024, fecha en que recibió la notificación por carta certificada en su domicilio, mediando así 34 días corridos entre ambas fechas, excediendo el plazo fatal de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección.

Expone que, mediante Resolución TRA N° 101/2/2024 de 13 de enero de ese año, declaró la vacancia del cargo del recurrente siguiendo un proceso ajustado a las disposiciones de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo y a la Jurisprudencia Administrativa de la Contraloría General de la República, tras verificarse que el recurrente acumuló 214 días de licencia médica en el transcurso de los últimos dos años, considerados hasta el 17 de julio de 2023.

Argumenta que la decisión adoptada se encuentra debidamente motivada, considerando tanto el uso acumulado de licencias médicas por un tiempo superior a seis meses dentro del rango legal, como lo declarado por la Subcomisión Oriente de la COMPIN Metropolitana mediante Resolución Exenta N° 131/25/313/23 de 10 de agosto de 2023, que declaró que el recurrente presenta un estado de salud recuperable.

Desarrolla extensamente la distinción entre los conceptos de "salud irrecuperable" y "salud incompatible", señalando que son hipótesis distintas que reciben regulaciones diferentes. Explica que la salud incompatible es propia del procedimiento de declaración de vacancia y se relaciona con la aptitud para desempeñar el cargo específico, sin afectar la posibilidad de acceder a otros cargos en la Administración.

Fundamenta su actuación en el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° inciso 4° de la Constitución Política, que obliga al Estado a contar con el personal necesario para satisfacer las necesidades colectivas, argumentando que la decisión adoptada obedece a exigencias de buena administración para resguardar la continuidad de las funciones del servicio.

Sostiene que la acción constitucional excede los límites y propósitos del recurso de protección, dado su carácter cautelar y conservativo, señalando que no es la vía idónea para efectuar declaraciones o constitución de derechos como pretende el recurrente.

Descarta la existencia de arbitrariedad en la decisión adoptada, argumentando que se trata del ejercicio legítimo de una facultad reconocida por el ordenamiento jurídico, ejercida de manera objetiva, oportuna y fundada, por lo que solicita el rechazo de la acción deducida.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que de los antecedentes aportados al proceso, es posible determinar los siguientes hechos:

1.- El actor, hizo uso de licencias médicas por un lapso de 214 días, hasta el día 17 de julio de 2023, conforme fue señalado por ambas partes en sus alegaciones.

2.- Por Resolución Exenta N° 131/25/313/23 de 10 de agosto de 2023, la COMPIN Metropolitana, Subcomisión Oriente, determinó que la salud del actor don nombre reservado era recuperable.

3.- Mediante Resolución TRA N° 101/2/2024 de fecha 13 de enero de 2024, dictada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, se declaró vacante por salud incompatible, el cargo servido por el actor, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continúo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos dos años.

4.- Esta última resolución, fue tomada razón por la Contraloría General de la República, con fecha 11 de junio de 2024.

5.- Conforme consta de los antecedentes acompañados por la recurrida, relativos a la notificación de la mencionada resolución, consta que se despachó la misma por carta certificada vía Correos de Chile, con fecha 1 de julio de 2024, y que la misma fue entregada al actor con fecha 4 de julio del mismo año.

6.- El presente arbitrio fue deducido con fecha 8 de agosto de 2024, conforme consta del sistema de tramitación de esta Corte.

Quinto: Que en primer lugar, esta Corte deberá hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad deducida por la parte recurrida.

Para estos efectos, es menester recordar que el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación del recurso de Protección, dispone en cuanto al plazo para deducir el mismo, que este debe interponerse “…dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Sexto: Que como se estableció en el motivo cuarto, la Resolución TRA N° 101/2/2024 de fecha 13 de enero de 2024, que motiva la interposición de este arbitrio, fue notificada al actor por Correos de Chile, el día 4 de julio de 2024, y que esta acción fue deducida el día 8 de agosto del mismo año, conforme se señaló en el motivo cuarto.

Así, la presente acción de protección fue deducida al día 35 desde la notificación del acto recurrido, lo que conlleva necesariamente a determinar que el mismo fue presentado de modo extemporáneo.

Séptimo: Que sin perjuicio que lo anterior es suficiente para desechar desde ya el arbitrio constitucional; en cuanto al fondo, tampoco podrá prosperar por cuanto la decisión de la recurrida no es arbitraria ni ilegal por lo que se dirá a continuación.

Octavo: Que para declarar vacante el cargo son aplicables los artículos 150 y 151 de la ley 18.834, que señalan lo siguiente:

Artículo 150.- “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales:

a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo;”

Artículo 151.- “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Noveno: Que del análisis de las normas antes particularizadas, la autoridad administrativa de un servicio, para declarar vacante un cargo, cumpliéndose los presupuestos de hecho, debe requerir previamente al COMPIN, una evaluación del funcionario respecto del estado de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Décimo: Que el que la COMPIN haya declarado que el estado de salud del recurrente era recuperable, no obstaba a que el Jefe del Servicio- como lo hizo- ejerciera la facultad contemplada en el artículo 150 letra a), pues la declaración de salud incompatible atiende a la necesidad de velar por la continuidad en el ejercicio de las funciones públicas de los órganos de la Administración del Estado, por lo que la ausencia prolongada de un funcionario, justifica plenamente que se declare que su estado de salud resulta incompatible con el cargo. Corrobora el aserto anterior, que si la intención del legislador hubiese sido que el informe del COMPIN resultare obligatorio para el Jefe del Servicio, lo habría señalado expresamente, es decir, habría limitado o excluido el ejercicio de dicha facultad, lo que no ocurrió.

Undécimo: Que, en consecuencia; y conforme a lo razonado, habiéndose ejercido por parte de la recurrida una facultad conferida por la ley, cumpliéndose los presupuestos señalados por ella; acto que se encuentra debidamente motivado, como lo exigen los artículos 11 y 41 de la ley 19.880; y respecto del cual el Ente Contralor realizó el examen de legalidad.

Duodécimo: Que por todo lo antes expuesto, debe con concluirse que la acción constitucional, debe rechazarse.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, en todas sus partes, sin costas, el Recurso de Protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de Dirección General de Aeronáutica Civil.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

Regístrese y comuníquese.

Protección N°18016-2024.-