Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana

C.A. de Santiago.

Santiago, veinte de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, trabajador dependiente, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por haber efectuado un descuento a su remuneración por la suma de $463.575 correspondiente a un crédito social. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realizó sin previa notificación, explicación del monto o fundamento legal, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que suscribió un pagaré en favor de la recurrida por concepto de capital más intereses, según lo dispuesto en la Ley N° 18.010, pactándose que el simple retardo en el pago de una cuota facultaría a la demandante para exigir el pago total de la deuda como si fuera de plazo vencido, capitalizando los intereses devengados y no pagados conforme al artículo 9° de la citada ley. Sin embargo, debido a las condiciones laborales y económicas del país, se constituyó en mora de dicha obligación, ante lo cual la Caja de Compensación La Araucana decidió oficiar a su empleador para realizar deducciones por planilla, situación de la que tomó conocimiento el 1 de agosto de 2024, al revisar su liquidación de sueldo correspondiente al mes de julio del mismo año.

Sostiene que jamás fue notificado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar dicho descuento, calificándolo como abusivo e inoportuno y que el valor descontado es totalmente antojadizo, pues la entidad no informa la fuente de la cual proceden tales descuentos ni los cálculos aritméticos mediante los cuales arribaron a dicha cantidad de dinero.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, el recurrente invoca la protección de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de propiedad, argumentando que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional. En este sentido, alega que el descuento efectuado por la Caja de Compensación constituye una vulneración flagrante a esta garantía constitucional, toda vez que se le ha privado y perturbado de su derecho de propiedad sobre el monto descontado desde su remuneración, sin mediar comunicación o justificación previa.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración; restituir los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la acción; y condenar en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que evacuando el informe solicitado, la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana solicita el rechazo de la acción constitucional deducida en su contra, argumentando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, por no existir acto u omisión que pueda calificarse de arbitrario o ilegal.

Al respecto, señala que el recurrente no figura en sus registros como deudor de algún crédito social vigente o moroso, sino que, a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes y como mandataria de ésta, ha informado al empleador del recurrente la existencia de una deuda, solicitando el respectivo descuento en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G. y conforme a las normas legales aplicables y que, en tales circunstancias, realizó a C.C.A.F. Los Andes una remesa en agosto 2024, por la suma de $463.575 correspondiente al descuento efectuado en julio de 2024, respecto a la operación de crédito externa 041CON103940517.

Argumenta que conforme al artículo 1° de la Ley 18.833, las Cajas de Compensación son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, que administran prestaciones de seguridad social, entre ellas, el régimen de crédito social y que dichos créditos constituyen prestaciones de seguridad social otorgadas a los afiliados para finalidades relacionadas con sus necesidades, diferenciándose de otro tipo de préstamos por su mecanismo de pago, tasa de interés y límites de descuento y endeudamiento.

Explica que el fondo social de las Cajas se sustenta principalmente en los intereses obtenidos por el otorgamiento de créditos sociales, lo que permite financiar sus gastos operacionales, el acceso a nuevos créditos y otros beneficios de seguridad social para los afiliados. Por ello, sostiene que existe un claro vínculo entre los dineros recaudados por concepto de crédito social y las prestaciones de seguridad social, lo que determina que las Cajas estén obligadas al resguardo del Fondo Social.

En este orden de ideas, menciona que, para cautelar dicho fondo, la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido instrucciones a través del compendio de normas que regulan a las Cajas de Compensación y que, en este contexto, las Cajas celebraron el 15 de abril de 2013 un contrato de mandato y prestación de servicios denominado Proyecto InterCajas, que permite que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a información para detectar a sus deudores morosos y acordar con la Caja a la cual se ha incorporado el deudor la recaudación de las cuotas adeudadas. Señala que dicho sistema ha sido validado por la Superintendencia de Seguridad Social, la Dirección del Trabajo y la Excelentísima Corte Suprema, citando jurisprudencia que indica que los descuentos por crédito social son obligatorios para el empleador, en virtud del artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

De esta forma, concluye que no ha vulnerado garantía constitucional alguna, actuando conforme a las atribuciones legales y legítimas que le corresponden, en calidad de mandataria de C.C.A.F. Los Andes, que es la verdadera acreedora del recurrente.

TERCERO: Que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacuó el informe solicitado por esta Corte, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

En primer término, expone que el 19 de octubre de 2023, su representada otorgó al recurrente nombre reservado el crédito código 041CON103940517, por la suma de $4.784.375, a una tasa de 2.25%, en un plazo de 12 meses, con una cuota de $463.937, cuyo primer vencimiento fue el 31 de diciembre de 2023. Precisa que la primera cuota correspondiente a diciembre de 2023 se pagó el 12 de agosto de 2024, mientras que las cuotas de enero a octubre de 2024 se encuentran en situación de morosidad, y la última cuota está en proceso de cobranza, aunque no existen acciones judiciales pendientes o en tramitación para perseguir el cobro de lo adeudado, por lo que no existe un supuesto doble cobro.

De esta forma, sostiene que en la especie se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

En este sentido, desarrolla extensamente el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, explicando que estas entidades están definidas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, según el artículo 1° de la Ley N° 18.833, destacando que los créditos sociales constituyen un beneficio de bienestar social destinado a satisfacer necesidades del trabajador afiliado y sus causantes de asignación familiar.

En tal sentido, argumenta que el artículo 22 de dicha ley dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, sostiene que el descuento por planilla es un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social, que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, sino que es obligatorio tanto para éstas como para los empleadores, similar a la obligatoriedad del pago de cotizaciones previsionales.

Así, enfatiza que la obligatoriedad del descuento por planilla recae sobre el empleador, y que una vez practicada la deducción al trabajador, se entiende extinguida la parte correspondiente de la deuda, conforme al artículo 22 inciso 2° de la Ley N° 18.833 y que el trabajador no puede oponerse ni negarse a esta forma de descuento, pues forma parte del específico tipo de crédito otorgado.

Por estas razones, estima que no existe vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas por el actor, pues es la propia ley la que permite solicitar el descuento de las cuotas desde la remuneración del afiliado deudor y, en consecuencia, solicita el rechazo de la acción constitucional deducida en su contra.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que ahora bien, impone el rechazo de la presente acción cautelar la sola consideración de que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta improcedencia del descuento efectuado a su remuneración en julio de 2024, el que responde a un crédito que le fue otorgado por parte de Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes en octubre de 2023, y cuyas cuotas dejó de pagar. En este escenario y pese a que el recurrente no desconoce la existencia del préstamo, esgrime al efecto en sustento de su impugnación la falta de notificación previa y explicación del monto descontado, así como su fundamento legal, circunstancias que, a su juicio, tornarían en ilegal y arbitrario el descuento que se efectuó a su remuneración por este concepto.

Pese a lo afirmado por el actor, lo cierto es que en cualquier caso, las acciones derivadas son actualmente exigibles siendo precisamente ellas las que justifican el descuento que se efectuó a su remuneración, dado que la prescripción de las acciones para cobrarlos no ha sido declarada judicialmente.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca de modo cierto la falta de exigibilidad de la obligación que es causa del descuento, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

SEXTO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido en la petición principal de la presentación de fecha ocho de agosto de dos mil veinticuatro, por nombre reservado, en contra de las Cajas de Compensación y Asignación Familiar la Araucana y Los Andes.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 18012-2024.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y la Ministra suplente señora Lidia Poza Matus.