nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, abogada, actuando por sí y en representación de don nombre reservado, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos para extranjero, acto que considera ilegal y arbitrario, ya que exige formalidades adicionales no previstas en la Ley N°18.156 e interpreta restrictivamente la norma, pese a que el recurrente cumple con los requisitos legales, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19 N°s. 2 y 24, por lo que solicita, en lo principal, que se acoja el recurso, se ordene a la recurrida dar continuidad a su solicitud y efectuar la devolución de los fondos previsionales.

Expone que don nombre reservado, ingeniero en sistemas, de nacionalidad venezolana con residencia definitiva en Chile, durante la prestación de sus servicios, se le descontó parte de su sueldo e ingresaron sus cotizaciones a pesar de haber suscrito una cláusula en su contrato manifestando su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley N°18.156. Así las cosas, con fecha 27 de junio de 2025, el recurrente ingresó ante la AFP Provida S.A. una solicitud de retiro de fondos previsionales, acompañando la documentación exigida por la normativa vigente, esto es, contrato de trabajo y/o anexo con cláusula de exención de cotizaciones conforme a la Ley N°18.156; título profesional apostillado y verificable; cédula de identidad para extranjeros vigente que acredita su residencia definitiva; y certificado del sistema de seguridad social, debidamente apostillado, que acredita su afiliación vigente.

Posteriormente, con fecha 29 de julio de 2025, el recibió un correo electrónico en el cual la AFP Provida S.A. rechazó la solicitud, fundado en que la constancia electrónica de cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), no permitiría acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, dado que, si bien acredita la afiliación en diciembre de 2005, no acredita que hubiese podido acceder a la cobertura señalada durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile; se agregó que, en el caso de la cobertura por enfermedad, la constancia no indica que comprende prestaciones médicas y pecuniarias, y se exige consignar en forma específica que el trabajador contó efectivamente con la protección por todos los riesgos y durante todo el tiempo de servicio en Chile, desestimando, por ello, la declaración jurada.

En cuanto a los argumentos de derecho, la recurrente sostiene que el rechazo es ilegal y arbitrario. En primer lugar, se fundamenta en la Ley N°18.156, cuyo artículo 1° establece la exención del cumplimiento de leyes de previsión chilenas para técnicos extranjeros si se cumplen dos condiciones: que el trabajador esté afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato. En este sentido, el artículo 7 de la misma ley permite a los trabajadores extranjeros que registran cotizaciones en una AFP solicitar la devolución de fondos, siempre que den cumplimiento a los requisitos del artículo 1.

A pesar de lo anterior, la recurrente alega que se cumplieron a cabalidad los requisitos legales, adjuntando la documentación requerida. Sin embargo, el recurrente no pudo apostillar la constancia de afiliación venezolana debido a la inexistencia de representación consular de Venezuela en Chile, lo que constituye una imposibilidad material o caso fortuito que le es inimputable. No obstante, se destaca que la constancia de afiliación del IVSS es verificable a través de medios electrónicos en el portal web oficial de la institución.

Adicionalmente, se argumenta que el rechazo carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, contraviniendo el principio de juridicidad, que exige que el acto administrativo esté debidamente motivado. Se enfatiza que la normativa legal no impone requisito alguno de legalización consular o apostilla para dicha documentación.

Finalmente, y para reforzar su postura, se invocan diversos fallos de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema, destacando especialmente la sentencia rol N°6043-2025, que concluyó que no es dable exigir un documento en las condiciones impuestas por la AFP recurrida, puesto que resulta prácticamente imposible en la actual situación de relaciones diplomáticas con Venezuela. Asimismo, se cita la sentencia de la Corte Suprema Rol N°96.380-2021, que establece que la Ley N°18.156 no debe constreñirse a los contratos regidos por el Código del Trabajo y que una interpretación excesivamente literal y formalista desatiende la finalidad del legislador.

SEGUNDO: Que, con el objeto de evacuar el informe requerido por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, comparece don Daniel Santoni, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

En primer término, plantea dos fundamentos principales para solicitar el rechazo del recurso de protección. El primero de ellos corresponde a una excepción de inadmisibilidad de la acción cautelar, fundada en que el recurso de protección no constituye la vía idónea para dilucidar la controversia planteada. Ello, por cuanto la materia debatida exige un lato conocimiento y reviste un carácter contradictorio que debe ser resuelto mediante el procedimiento judicial de carácter ordinario correspondiente, excediendo el marco de acción sumario y cautelar de la presente vía.

Subsidiariamente, y para el evento de desestimarse la excepción procesal anterior, la parte recurrida niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario. En este sentido, la defensa se fundamenta en que su representada no ha asumido una actitud que vulnere las garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto el rechazo se basó en el incumplimiento de la normativa que rige el retiro de fondos para técnicos extranjeros, implicando que el recurrente no satisface los requisitos legales, lo que justifica la petición de rechazo del recurso por el fondo.

En cuanto a la decisión reclamada, sostiene que el 27 de junio de 2025, ProVida rechazó solicitud del recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, precisando que conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (constancias electrónica de cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Respecto de la apostilla, hace presente que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana. Lo anterior, en conformidad con los artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros. En este último punto, antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) emitida en representación de la autoridad previsional por la delegación consular de ese país en Chile, era útil para los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) precedente.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Provida S.A., que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud un certificado de afiliación a una administradora de fondo de pensiones extranjera, que se encontrara vigente, requisito que sería exigido por la normativa.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 1° letra a) de la Ley 18.156: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, (…)”.

Por su parte, el numeral 1°. del Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

Agrega el mismo numeral en su letra b) “Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, al ser necesaria la vigencia del documento para determinar su validez, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en la petición principal de la presentación de fecha 12 de agosto de 2025, en favor de don nombre reservado, en contra de la decisión de rechazar la solicitud de retiro de fondos para extranjero, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-18007-2025.