nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro.

A los folios 14 y 15: téngase presente.

Visto:

Primero: Que, con fecha 10 de enero de 2024, comparece doña nombre reservado, auxiliar paramédico e interpone acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba, representada por su alcalde Carlos Cuadrado Prats, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 2533, de 24 de noviembre de 2023, en virtud del cual se declara, en primer lugar, la salud incompatible con el desempeño del cargo y, en segundo lugar se sanciona el cese de sus funciones a contar de la fecha de notificación del Decreto Alcaldicio, invocando la causal contemplada en la letra a) del artículo 147 de la Ley N° 18.883, y por último, se declara vacante el cargo.

Expone que, conforme los argumentos de la recurrida, contaría con más de 301 días de licencia médica, lo que excedería el plazo establecido en el Estatuto del ramo, entre el 12 de abril de 2021 y el 12 de abril de 2023, por lo que en su razonamiento, habiendo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) calificado su salud como recuperable, la recurrida se encontraría supuestamente habilitada para proceder a la declaración de incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia, apoyándose en el Dictamen N° 17.351 de 2018 de la Contraloría General de la República.

Sostiene que el acto impugnado adolece de toda clase de imprecisiones, si bien enfatiza mucho en el requisito de existir un periodo superior a 6 meses de licencias médicas en los últimos dos años, y que dichas licencias no sean de las otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y el Título II, del Libro II, de la Protección a la Maternidad, la Paternidad y la Vida Familiar, del Código del Trabajo, lo cierto es que en el tercer requisito efectúa un tratamiento antojadizo y engorroso, refiere a este elemento como “realizar la gestión previa ante el organismo respectivo, para determinar la salud de ella”, pero no menciona que organismo lo efectuará ni tampoco los posibles resultados.

Señala que la resolución impugnada carece de fundamentación, sobre todo si no se han apreciado las circunstancias ni razones por las que se han otorgado las licencias médicas, las cuales ninguna fue rechazada, y porque no se hace cargo tampoco de justificar mínimamente por qué su estado de salud sería incompatible con el desempeño del cargo, elemento que no puede eludir si se considera especialmente que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez calificó su salud como recuperable. Lo anterior demostraría que el alcalde tiene la convicción que el ejercicio de la facultad de desvincular a un funcionario municipal invocando la incompatibilidad con el desempeño está sujeta a su sola potestad discrecional.

En cuanto a la ilegalidad, este se ve reflejado en que como COMPIN resolvió que la salud de la funcionaria era recuperable, sin pronunciarse en ningún momento acerca de la incompatibilidad con el desempeño del cargo, el respectivo Decreto Alcaldicio estaría excediendo de sus atribuciones. Cita el artículo 148 de la Ley N° 18.883 y concluye que la intención del legislador era la de someter a escrutinio y evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez toda materia que diga respecto al estado de salud del funcionario y la relación de este estado de salud con el ejercicio de sus funciones. Esta exigencia tiene sentido toda vez que no se puede exigir un pronunciamiento médico para determinar una condición de salud, la de irrecuperabilidad, y dejar, al mismo tiempo, entregada a la discrecionalidad de la autoridad municipal el que se califique o no como incompatible con labores o trabajos un estado de salud determinado. Es de toda lógica concluir que el legislador, en conocimiento de que el alcalde no es ninguna autoridad competente para diagnosticar y evaluar enfermedades, ha buscado sujetar la determinación de los estados o condiciones de salud a una comisión médica. Y resulta todavía más lógico que quiso entregar ambas determinaciones de estados o condiciones de salud, irrecuperabilidad e incompatibilidad, y no solamente una de ellas.

Explica la recurrente que ingresó a trabajar al CESFAM de Huechuraba, como auxiliar paramédico, el 28 de diciembre de 2005 y firmó contrato indefinido el 19 de diciembre de 2006, como funcionaria de planta, luego de acceder al empleo mediante concurso público. Hace presente que nunca tuvo malas calificaciones ni anotaciones de demérito, siendo calificada en Lista N°1 con el total de 100 puntos; ejerció sus funciones principalmente en el programa Adultos desde el 2005 hasta finales de 2010, enfocado en la especialidad cardiovascular y que atiende principalmente al adulto mayor, el 2012 fue destinada al servicio de esterilización, el año 2018 fue destinada al área administrativa de técnicos, cumpliendo diversas funciones en comisión de servicio. Relata que el año 2008 fue diagnosticada con trastorno de personalidad limítrofe, lo que, si bien en un comienzo no era problema, esto cambio cuando comenzó a sufrir crisis, no pudiendo cumplir con la totalidad de su jornada de trabajo, sin embargo, producto de una de esas crisis es que se mantuvo fuera del trabajo desde julio de 2022 a enero de 2023, fecha en que pudo retornar en jornadas parciales, hasta el 10 de febrero del año recién pasado, fecha en que dio inicio a la totalidad de su jornada de trabajo. Concluye que no es posible que se le cuestione su aptitud para trabajar en el cargo que ha ejercido durante tanto tiempo, especialmente considerando que mediante carta de nombre reservado, asesora técnica del programa de inmunización y superior de la actora en el CESFAM de La Pincoya, de fecha 28 de septiembre de 2023, que señala: “(...) Si bien es de conocimiento que ella padece una patología de base, esta no afecta en su rendimiento ni en sus funciones asociadas a su quehacer diario (...)”

Denuncia como conculcadas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Sobre el derecho a la vida e integridad física y psíquica, sostiene que, al ser desvinculada de su cargo de manera arbitraria, ilegal y discriminatoria, ha mermado su integridad, provocándole una sensación de inseguridad y permanente angustia. En cuanto a la igualdad ante la ley, señala que no hay ninguna razón que justifique el que se la desvincule, pasando por alto la calificación de la comisión médica de salud recuperable, y sin expresar motivo alguno ni considerar las excelentes evaluaciones durante todos los años en que trabajó en el CESFAM; igualmente la discriminación arbitraria se vislumbra cuando se constata que la Municipalidad elaboró una lista de 13 personas cuya característica común era que contaban con más de 250 días de licencia médica por enfermedad común durante el lapso de dos años, pero no todas fueron incluidas en el listado de desvinculaciones. Finalmente, respecto al derecho de propiedad, señala que se ve vulnerado, ya que la priva de la propiedad sobre el cargo, sobre la estabilidad en el empleo y las remuneraciones que éste provee regularmente.

Solicita se acoja el recurso, ordenando a la recurrida (I) dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 2533, de fecha 24 de noviembre de 2023, de la Secretaría Municipal y suscrito por el alcalde Carlos Cuadrado Prats; (ii) dejar sin efecto cualquier acto administrativo que suponga la validez de dicho decreto alcaldicio; (iii) restituirla inmediatamente en el cargo de auxiliar paramédico, categoría D, nivel 7, de la Dotación de Salud Comunal, perteneciente al Cesfam La Pincoya de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba; (iv) ordenar el pago de las remuneraciones y beneficios de los que se vio privada como consecuencia de la dictación del decreto arbitrario e ilegal; (v) dictar las demás medidas que esta Corte estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y asegurar las garantías constitucionales cuya protección se reclama; y (vi) con expresa condena en costas.

Segundo: Que. Con fecha 6 de febrero de 2024, evacúa informe la recurrida Ilustre Municipalidad de Huechuraba, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que la actora fue contratada a contar del 28 de diciembre de 2005, para prestar servicios como Auxiliar Paramédico en el Cesfam Pincoya, contrato a plazo fijo conforme a la Ley N° 19.378, con jornada de 44 horas semanales. Por su parte por Decreto N° 03/571/2006, la recurrente accedió a la Dotación de Atención Primera de Salud de la Municipalidad de Huechuraba, en calidad de Titular, como Auxiliar Paramédico en el Cesfam La Pincoya, Categoría D, Nivel 15, con jornada de 44 horas semanales.

Explica que mediante Resolución Folio Nº 16414026 la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez, dictaminó, tras la solicitud de la Municipalidad de Huechuraba, que tomando en cuenta la evaluación de los antecedentes médicos y administrativos, la actora “presenta de un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes”. Agrega que mediante Reservado N°23/2022 y Ordinarios N° 2202 y N° 5200, todos del Departamento de Salud, se solicitó autorizar la declaración de vacancia del cargo de varios funcionarios, entre ellos de la Sra. nombre reservado, por salud incompatible del cargo, atendido que la recurrente hizo uso de licencias médicas durante un periodo que excede los seis meses en un periodo de dos años, debido a que ha acumulado 301 días de licencia médica, entre el 12 de abril de 2021 y el 12 de abril del año 2023. A lo anterior suma que la continuidad de los servicios que se ejecutan en la investidura de su cargo, se han visto afectados y la incorporación de funcionarios a remplazo ha implicado una constante inducción para capacitar a los reemplazos de la funcionaria durante todo el tiempo que han durado sus licencias médicas, con el costo económico que ello implica, retrasado la gestión en general del área en donde se desempeña la funcionaria -Cesfam La Pincoya-, en específico Sector Transversal. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 24 de noviembre 2023, se declaró la vacancia del cargo por salud incompatible de la Sra. nombre reservado, mediante el Decreto Exento Nº 03/2533/2023.

Refiere que la declaración de vacancia de la actora se efectuó por medio de un acto administrativo formal, motivado y debidamente fundado, todo ello al alero de las diversas disposiciones de las Leyes N°s 19.880 y 18.883, citando jurisprudencia administrativa y judicial.

Niega la existencia de conculcación alguna a garantías constitucionales, refiriéndose en particular a cada una de las señaladas por la actora. Es así como respecto a la integridad física y psíquica señala que e la medida adoptada en el caso es justificada debidamente en el derecho y se enmarca dentro de las facultades legales y de las potestades privativas del jefe superior del Servicio quien dirige, organizar y administrar el correspondiente Órgano Público a su cargo, con la facultad de ejercer su control y velar por el cumplimiento de los objetivos comprometidos en la gestión de la institución, pudiendo fijar las políticas, instrucciones y actos administrativos necesarios para el correcto desempeño de la función pública. En cuanto a la igualdad ante la ley, explica que a Municipalidad de Huechuraba, efectuando un análisis objetivo de todos aquellos funcionarios del área municipal de salud que cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, podían ser objeto de la aplicación de la causal de cese de funciones por declaración de vacancia por salud incompatible fueron sometidos al mismo procedimiento, en cuyo caso previamente se solicitó pronunciamiento a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, incluso existen otros recursos de protección por el mismo proceso de evaluación como es el ingreso Rol N° 17-2024 de esta Corte. Finalmente explica el caso del derecho de propiedad, señalando que la decisión de la Municipalidad nunca fue arbitrario o ilegal y tampoco implica de manera alguna, la pérdida de su estabilidad laboral, y a percibir las remuneraciones que por ley le corresponden.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que previo a examinar el recurso conforme a la alegación de improcedencia formulada por la recurrida, conviene dejar establecido que dicha discusión ya ha sido zanjada por la Excma. Corte Suprema, en el sentido que la interposición del recurso de protección no afecta el ejercicio de otros derechos que se estimen pertinentes, encontrándose reconocida igualmente por nuestro ordenamiento la facultad de accionar por esta vía, sin perjuicio de las demás acciones legales, por lo que dicho argumento será rechazado.

Quinto: Que, en cuanto al fondo, el acto que se estima ilegal o arbitrario consiste en la carta de aviso de término de contrato de trabajo, mediante el Decreto Alcaldicio N° 2533, de 24 de noviembre de 2023, por estimarse su salud incompatible con sus funciones.

Su tenor literal es el siguiente:

“CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 148 de la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales que aplica supletoriamente según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N°19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal que dispone: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.”

2. Que doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, Categoría D, Nivel 7, con contrato indefinido, perteneciente a la dotación de salud de la Comuna, cuenta con un total de 301 días de Licencias médicas que excede ampliamente el plazo establecido en el Estatuto del Ramo, entre el 12 de abril del año 2021 y el 12 de abril del año 2023, tal como consta en Ordinario N°2268 de fecha 19 de mayo de 2023, en donde desde la jefatura del departamento de Salud se le informa al Alcalde de la situación que presenta la funcionaria anteriormente individualizada, el cual se incorpora en este acto.

3. El Dictamen N°17.351, de fecha 11 de julio de 2018, de la Contraloría General de la República, que señala: “De esta forma, en el evento que la COMPIN estime que la salud de un funcionario es irrecuperable, la jefatura superior del servicio deberá abstenerse de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible, correspondiendo que conozca del asunto la comisión médica pertinente, a fin de que esta entidad pondere declarar la salud irrecuperable de dicho empleado.

En este punto, y en armonía con lo concluido en el Dictamen N°23.985, de 2009, de esta procedencia, es útil recordar que podrá solicitar la declaración de salud irrecuperable el mismo funcionario, o incluso la superioridad del servicio en el evento que el primero retarde o rehúse iniciar el procedimiento para aquello.

En este mismo escenario, si la respectiva comisión médica concluye que la salud del funcionario no es irrecuperable, la jefatura del servicio respectivo podrá declarar, en el caso que así lo estime, la salud incompatible de ese servidor, no obstante que la COMPIN haya antes opinado lo contrario, por cuanto prima la evaluación que efectúe la primera entidad colegiada mencionada, dado que, como se dijo, es la competente por ley para resolver acerca de la irrecuperabilidad de la salud de los empleados afiliados a una administradora de fondos de pensiones”.

4. El informe de Salud emitido por la COMPIN, número de folio N°16414026 de fecha 20 de junio de 2023, que señala que la salud de la funcionaria es recuperable y forma parte integrante del presente Decreto Alcaldicio.

5. Que mediante Ordinario N°699 de fecha 24 de julio de 2023 y el Ordinario N°1467 de fecha 03 de agosto de 2023, ambos de la Dirección de Asesoría Jurídica; en donde en sendos actos administrativos se señala la facultad de declaración de vacancia del cargo por salud incompatible.

6. Que para aplicar la salud incompatible con el desempeño del cargo se deben dar los siguientes requisitos copulativos: a) Que no haya mediado declaración de salud irrecuperable; b) Que las licencias médicas que sirven para efectuar el cómputo de los 6 meses sean por enfermedad común y c), realizar la gestión previa ante el organismo respectivo, para determinar la salud de ella.

7. Que, conforme a los antecedentes señalados anteriormente, se cumplen los requisitos para que respecto de la funcionaria ya individualizada, se efectúe la declaración de salud incompatible, y que permiten a esta autoridad edilicia ordenar el cese de funciones de dicha funcionaria, declarándose consecuentemente vacante el cargo que ejerce.

8. Que, en vista de su ausencia, la continuidad de los servicios que se ejecutan en la investidura de su cargo, se han visto afectados. La incorporación de personas en reemplazo ha implicado una constante inducción para capacitar a los reemplazos de la funcionaria durante todo el tiempo que han durado sus licencias médicas. Esto ha retrasado la gestión en general del área en donde se desempeña la funcionaria. Se ha producido una recarga en el equipo de trabajo, pues no todas las licencias médicas, según su duración, han permitido generar contrataciones por reemplazo.

1°: DECLÁRASE salud incompatible con el desempeño del cargo de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, categoría D, nivel 7, de la Dotación de Salud Comunal, perteneciente al Cesfam La Pincoya, de acuerdo a la letra g) del artículo 48 de la Ley N°19.378, en consideración a que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 148 de la Ley N°18.883, en concordancia con la jurisprudencia contenida en Dictamen N°017351 de fecha 11 de julio de 2018, de la Contraloría General de la República y mediando declaración de salud recuperable por parte de la Comisión Médica de Medicina e Invalidez, en Resolución Folio N°16414026 de fecha 20.06.2023.

2°: SANCIÓNASE el cese de funciones de la funcionaria doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, a contar de la fecha de notificación del presente Decreto Alcaldicio, por la causal contemplada en la letra a) del artículo 147 de la Ley N°18.883.

3°: DECLÁRASE vacante el cargo de doña nombre reservado, individualizada precedentemente”.

Sexto: Que, al respecto, de conformidad con los antecedentes allegados al recurso, es posible establecer que:

1. Con fecha 28 de diciembre de 2005, la recurrente firmó contrato indefinido como funcionaria de planta, luego de acceder al empleo de auxiliar paramédico mediante concurso público.

2. En el año 2008 la actora fue diagnosticada con trastorno de personalidad limítrofe, patología en que se fundaron sus licencias médicas por 301 días entre los meses de julio de 2022 a enero de 2023, fecha en que pudo retornar en jornadas parciales, hasta el 10 de febrero del año recién pasado, data en que dio inicio a la totalidad de su jornada de trabajo.

3. Con fecha 28 de septiembre de 2023, doña nombre reservado, asesora técnica del programa de inmunización y superior de la actora en el CESFAM de La Pincoya, señaló que: “(...) Si bien es de conocimiento que ella padece una patología de base, esta no afecta en su rendimiento ni en sus funciones asociadas a su quehacer diario (...).”

4. Mediante el Decreto Alcaldicio N° 2533, de 24 de noviembre de 2023, la entidad edilicia recurrida puso término a la referida relación contractual por estimarse su salud incompatible con sus funciones.

Séptimo: De lo expuesto, fluye que la intención legislativa -artículo 148 de la Ley Nº 18.883-, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPÍN fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, no resulta vinculante, pero requiere que la autoridad recurrida lo considere y por su parte, efectúe pronunciamiento fundado a su respecto a vía de poner término a la relación contractual habida entre las partes.

Octavo: Que el artículo 148 de la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales: “El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Asimismo, resulta de interés considerar lo dispuesto en el artículo 72 bis de la Ley Nº 19.070, que contiene el Estatuto Docente, norma que fue introducida por la Ley Nº 21.093, publicada el 23 de mayo de 2018. Antes de su dictación, sobre la causal en comento el artículo 72 del Estatuto preceptuaba: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.883. Se entenderá por salud incompatible, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, exceptuando las licencias por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o por maternidad”. Por su parte, la Ley Nº 21.093 eliminó el párrafo segundo de la disposición transcrita e intercaló un nuevo artículo 72 bis, que establece: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de la ley N° 18.883 y el Título II del Libro II del Código del Trabajo. El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo. La facultad señalada en este artículo será ejercida por el Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, a partir de la fecha en que sea traspasado el respectivo servicio educacional de conformidad a la ley N° 21.040”.

Por último, el artículo 48 letra g) de la Ley N°19.378 que establece el Estatuto de Salud Primaria de Atención Municipal, prescribe que: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: g) Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883”.

Noveno: Que, como se aprecia, existe la debida correspondencia y armonía entre las Leyes N° 18.834, N°18.883, N° 19.070 y N° 19.378 en aquello que atañe al procedimiento y a las causales de cesación en el cargo, en aquellos casos en que un empleado público ha hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable; circunstancia que no sólo obedece a la necesaria coherencia a la que debe aspirar todo sistema jurídico, sino que evidencia una intención del legislador -plasmada en las Leyes N° 21.050 y N° 21.093- en orden a resguardar debidamente a los funcionarios públicos y a los profesionales de la educación que desempeñan una función pública, regidos por el Estatuto Docente.

Décimo: Que el mensaje presidencial que inició la tramitación del proyecto que se convertiría en la Ley Nº 21.050, expresa que uno de sus propósitos es “contribuir al fortalecimiento de la función pública, mejorando las condiciones de empleo y comprometiéndose con un Estado al servicio de los ciudadanos y del interés general del país”. Antes de la Ley N° 21.050, uno de los reproches a la legislación vigente a esa fecha radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. En efecto, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años, no habilita por sí sola al jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo” (STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012). Del mismo modo, expresó que “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa- para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC 3006- 16-INA, de 29 de septiembre de 2016).

Por esta razón, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N°18.834 y el artículo 148 de la Ley N°18.883, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la Compín respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales. En conformidad a lo señalado, en el texto final quedó consignado que el pronunciamiento incluirá “la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Undécimo: Que, de lo expuesto, fluye que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Duodécimo: Que la anterior es la única interpretación que materializa la intención del legislador y permite dar sentido a la modificación, puesto que -de otra forma aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación con la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

Décimo tercero: Que, por su parte, el artículo 41 de la Ley de Bases inciso 4° prescribe que las resoluciones que dicte la Administración contendrán la decisión, que será fundada. En la misma línea el artículo 11 inciso segundo agrega que los hechos y fundamentos de derecho de los particulares deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio.

Décimo cuarto: Que, sin embargo, los fundamentos contenidos en el citado decreto alcaldicio -que comunicó el término del contrato- no cumple con el estándar de ser aquellos objetivos y suficientes, pues la recurrida pretende justificar la medida en la cantidad de días de licencia presentado por la actora, sin considerar antecedentes como el origen de la licencia médica, y que la recurrente al momento del despido ya se encontraba de alta, reintegrada en sus funciones -con un pronunciamiento favorable en cuanto a su desempeño de parte de su superior jerárquico-, con lo que no se dan razones para considerar su condición de salud incompatible con su función, sin revestir el acto de fundamento de hecho y de derecho que permitieren otorgar plausibilidad a lo que en su oportunidad fuere decidido.

Décimo quinto: Que, en consecuencia, el ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del Servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, pues no todas las situaciones son idénticas, de modo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional. No por ello se encuentra exenta, claro está, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.

Décimo sexto: Que de lo anterior se colige que el acto administrativo denunciado aparezca revestido de legalidad, por lo que infringe el deber de motivación al estar desprovisto de fundamentación suficiente, lo que lo torna en arbitrario, afectándose con ello las garantías previstas en el artículo 19 N° 2 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Décimo séptimo: Debe concluirse entonces que la conducta del recurrido de poner término al contrato de la recurrente constituye un acto arbitrario, pues vulnera la garantía de igualdad ante la ley, al carecer de la debida fundamentación como era exigible a dicho acto administrativo, motivos por los cuales el recurso de protección planteado debe ser acogido en la forma en que se dirá en lo resolutivo, atendido la fecha en que se resuelve esta acción.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Huechuraba, representada por su alcalde Carlos Cuadrado Prats, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 2533, de 24 de noviembre de 2023, sólo en cuanto se deja sin efecto el término de su contrato y se ordena reincorporar a la actora en sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-180-2024