nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, once de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) PROVIDA S.A, representado legalmente por don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, de fecha 31 de julio de 2025, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita a esta Corte se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del recurrente conforme a derecho, efectuando la devolución de los fondos de pensión solicitados, dentro de un plazo razonable.

Relata que solicitó ante la recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, norma que permite a los técnicos extranjeros afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado, agregando que fue notificado mediante correo electrónico de 31 de julio de 2025, de que su solicitud no podría seguir avanzando, ya que existirían documentos que no cumplen los criterios de aceptación, agregando que concurrió presencialmente a las dependencias del recurrido, lugar en que le fue comunicado del rechazo de su solicitud de manera verbal, por no haber acompañado el documento apostillado que acredite la afiliación al sistema previsional del país de origen.

Sostiene que la recurrida desconoce el valor del documento acompañado para la acreditación de afiliación al sistema previsional de su país con una interpretación formalista que desatiende la voluntad del legislador e incorpora requisitos que no están establecidos en la ley, como asimismo ignora la imposibilidad de los ciudadanos venezolanos de obtener la documentación requerida por carecer de representación consular, afirmando que sin perjuicio de esta situación, ha cumplido con los requisitos del artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156 para que su solicitud fuera aprobada.

Hace presente el actor que en su solicitud de retiro de fondos de AFP acompañó como documentación en relación a su situación previsional un certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), debidamente notariado y apostillado, afirmando que se trata de una constancia electrónica que puede ser verificada y validada a través del portal web oficial de dicha institución, ingresando el código alfanumérico que aparece en la parte inferior del documento o mediante el número de cédula de identidad venezolana, puntualizando que la constancia electrónica es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales, que a ello se acompañó también una declaración jurada, y que otras Administradoras de Fondos de Pensiones han realizado este mismo procedimiento de verificación, concluyendo que el documento cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Agrega que la recurrida dispone de diversos medios para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante lo cual adoptó una decisión contraria a derecho al rechazar la solicitud, sin siquiera cotejar los documentos acompañados, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley y de propiedad, al realizar una interpretación normativa restrictiva en perjuicio del actor, y ser el rechazo a su solicitud de carácter verbal, carente de una debida fundamentación, no obstante cumple con los requisitos exigidos en la ley para que se accediera a su petición.

Por estas consideraciones, solicita en definitiva a esta Corte que el recurso de protección sea acogido, y con su mérito, se ordene a la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del recurrente conforme a derecho, efectuando la devolución de los fondos de pensión solicitados, dentro de un plazo razonable;

SEGUNDO: Que, informa doña Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de AFP PROVIDA S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas, lo que funda en que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la controversia de autos y, en subsidio, porque no ha existido a su respecto acto arbitrario o ilegal alguno, al haber dado estricto cumplimiento a la normativa aplicable en la materia.

En cuanto a la primera alegación, afirma que la situación de autos reviste el carácter de un asunto de lato conocimiento con carácter contradictorio. Funda dicha alegación en que el recurso de protección fue concebido como un mecanismo urgente y expedito destinado a prestar amparo inmediato ante la privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales indubitadas, y no como un instrumento para resolver derechos controvertidos, ni para impugnar la constitucionalidad del Decreto Ley N° 3.500. En este sentido, afirma que lo pretendido por el recurrente en definitiva, una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones excede con creces la finalidad propia de la acción cautelar, siendo improcedente su ejercicio en la especie.

En cuanto al fondo, expone que con fecha 31 de julio de 2025 procedió a rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por el recurrente en su calidad de técnico extranjero, al amparo de la Ley N° 18.156, por no haber aportado la documentación exigida por la normativa vigente, precisando que dicha ley, de carácter excepcionalísimo en el ordenamiento jurídico nacional, exige como requisito copulativo e indispensable que el trabajador extranjero acredite su afiliación a un régimen previsional extranjero mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente apostillada o legalizada, en la que conste de manera específica la cobertura otorgada frente a los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y correspondiente al período en que el trabajador prestó servicios en Chile.

En relación con la documentación presentada por el recurrente, la recurrida argumenta que éste acompañó una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sin firma, y una declaración jurada, instrumentos que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, en particular su Oficio N° 5376, resultan insuficientes para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero.

Adiciona que las certificaciones electrónicas no apostilladas ni legalizadas, que se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, carecen de valor probatorio en Chile conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y las disposiciones del Convenio de la Apostilla. Asimismo, fundamenta que las declaraciones juradas del propio afiliado, aun cuando cuenten con certificación notarial y apostilla, no constituyen medios idóneos para acreditar dicha cobertura, por cuanto tal acreditación es de competencia exclusiva de la autoridad previsional extranjera.

Invoca igualmente el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, cuyo artículo 23 establece que las AFP solo pueden otorgar las prestaciones expresamente reconocidas en la ley, y sus artículos 34 y 51, que determinan que los fondos previsionales tienen como destino exclusivo el financiamiento de pensiones. Del mismo modo, cita el artículo 7 de la Ley N° 18.156, que faculta la devolución de fondos únicamente ante el cumplimiento íntegro de los requisitos del artículo 1 de esa norma, y el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título XI, que regula los procedimientos aplicables.

De esta forma, concluye que su actuación no es ilegal ni arbitraria, que no ha causado agravio al recurrente, y que no ha privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna, por lo que ninguno de los presupuestos de la acción se encuentra satisfecho, solicitando en definitiva el rechazo de la acción deducida, con costas;

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

CUARTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber rechazado la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) PROVIDA S.A, la solicitud de retiro de fondos para extranjero del recurrente, lo que a su juicio vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta Corte determinar si dicha acción se ajusta o no a derecho;

QUINTO: Que, tal como consta en los antecedentes que las partes han puesto en conocimiento de esta Corte y sus respectivas alegaciones, es preciso hacer presente que la negativa de la entidad recurrida se basa en sostener que el peticionario no cumpliría las exigencias contempladas por los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, que regula el régimen excepcional de devolución de fondos para personas de nacionalidad extranjera que se desempeñan laboralmente en Chile. En concreto, su reparo se circunscribe al hecho de que el recurrente no acreditó documentalmente y conforme a la normativa aplicable que se encuentra afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cuestionando igualmente los documentos vinculados con su relación laboral.

Por el contrario, el recurrente acompañó los documentos presentados en el ingreso de la solicitud por cuyo rechazo se recurre, entre los que se encuentra una declaración jurada ante notario de afiliación al sistema previsional de Venezuela, correspondiente a la “constancia electrónica de cotizaciones”, del instituto venezolano de los seguros sociales (IVSS), que sería idóneo a juicio del actor para la autorización del requerimiento, además de otros documentos que acreditan su relación laboral;

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, las dos disposiciones legales con especial atingencia para decidir acerca de la legalidad del proceder de AFP UNO S.A. son los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, que disponen lo siguiente:

a) “Artículo 7. En el caso que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”;

b) “Artículo 1. Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rigen para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorguen prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”;

SÉPTIMO: Que, en lo que interesa para los fines del presente arbitrio, la exigencia legal que interesa primeramente es la relativa al imperativo de que el afiliado lo esté en el extranjero a un régimen de previsión que le otorgue prestaciones “a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte…”, lo que aparece controvertido en estos autos.

A este respecto, y al tenor del documento adjunto por el actor en su solicitud ante la recurrida, consta efectivamente que el instrumento da cuenta de las semanas cotizadas por el afiliado, pero no permite tener por establecido que conste la obligación actual de otorgar prestaciones en los términos exigidos por la ley, y en consonancia con lo declarado por el recurrente en el anexo de trabajo acompañado a estos autos entre el protegido y “el coordinador independiente del sistema eléctrico nacional”, de 23 de abril de 2018, expresando formalmente su voluntad de mantener su afiliación al régimen de previsión extranjero, pero sin que documentalmente conste que dicha situación sea efectiva;

OCTAVO: Que, conforme con lo razonado precedentemente y el mérito de los instrumentos adjuntos por el recurrente, no es posible tener por comprobada y satisfecha la exigencia de cobertura previsional de que se trata, de lo que deviene en que el rechazo de la recurrida de acceder a la devolución de los fondos previsionales del actor, en sus términos, no importa un acto ilegal y arbitrario que vulnere garantías constitucionales, por lo que el presente arbitrio será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) PROVIDA S.A.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-17955-2025.