nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno.

Al escrito folio 11: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Patricio Cornejo González, abogado, en representación de doña nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana e interponen recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto consistente en la dictación de las Resoluciones Exentas N° 149437-2020 y N° 149433-2020 de fecha 17 de enero de 2021; Resolución Exenta N° 107426-2020 de fecha 19 de enero de 2021 y la Resolución Exenta N° 102919-2020 de fecha 20 de enero de 2021 que confirman el rechazo de las siguientes licencias médicas: N° RUT reservado, extendida por un total de 20 días a contar del 09 de octubre de 2020; N° RUT reservado, extendida por un total de 20 días a contar del 29 de octubre de 2020; N° RUT reservado, extendidas por un total de 20 días a contar del 19 de septiembre de 2020 y las N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 10 de agosto de 2020, todas ellas por reposo no justificado, vulnerando con ello las garantías constitucionales del artículo 19 Nº1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que se puede evidenciar vicios de nulidad en el acto administrativo puesto que firma el documento don nombre reservado, Jefe de Unidad Médica, en virtud de una delegación del Superintendente, sin individualizar la resolución donde se verifica dicha delegación de facultades, afectando la legalidad de aquel.

Esto le ha causado grandes problemas económicos a la recurrente que desde agosto de 2020 hasta la fecha de interposición del recurso ha estado sin recibir sueldo.

Sostiene que el organismo técnico encargado de evaluar las licencias médicas no ha fundado su decisión en un chequeo médico experto, sino en meras afirmaciones formales, que obedecen a afirmaciones no concordantes con lo señalado por los especialistas, no haciéndose cargo de manera lógica de los antecedentes médicos aportados que comprueban el síndrome, su magnitud y la necesidad de reposo.

Alega que el derecho a la información del afiliado y trabajador ha sido vulnerado por el acto recurrido, ya que, la información proporcionada por la SUSESO es insuficiente e inoportuna.

Estima que la resolución recurrida genera una lesión concreta al derecho fundamental a la integridad física y psíquica, toda vez que estas negativas injustificadas indujeron a que tenga distintas dificultades económicas. Además, ha perturbado el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que asiste al recurrente respecto del contrato de trabajo, toda vez que dicha actitud determinada en forma unilateral e injustificada por la recurrida, afecta en forma directa su patrimonio, al obligársele a efectuar sin la debida justificación, una disminución del patrimonio.

Solicita que se acoja el recurso y en definitiva ordene a la recurrida que deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal del rechazo de las licencias médicas según Resoluciones Exentas N°s 102919-2020, 107426-2020, 149433-2020 y 149437-2020, y que se paguen en forma íntegra todas las licencias médicas rechazadas, todo con expresa condena en costas.

Segundo: Que, comparece doña nombre reservado, presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez R.M. e informa al tenor del recurso, que la COMPIN resolvió rechazar las licencias médicas N°RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; RUT reservado; y, RUT reservado, extendidas por un plazo total de 100 días de reposo a contar del día 10 de agosto de 2020 hasta el día 17 de noviembre de 2020. Dicha decisión se fundamenta en que en virtud de los artículos 16 y 21 del D.S. N°3/1984 y los artículos 3 y 4 del DS N° 7/2013, el reposo no se encontraba justificado.

Esta conclusión se basa en que no existieron elementos que permitieran desprender una necesidad médica de prolongar el reposo más allá del periodo previamente solicitado. Mas aún, si no se presentó un carnet de psicoterapias del cual se desprendiera la asistencia a un plan de consultas con un especialista en psiquiatría, y que las licencias médicas fueran emitidas en general por un médico general particular catalogado como “alto emisor de licencias médicas”. Lo que sumado a la ausencia de otros elementos claves para desprender el rol terapéutico del reposo como un informe psicológico y la fecha probable del alta, hicieron que los profesionales médicos de COMPIN RM no encontraran razones médicas para prorrogar el reposo laboral.

Argumenta que la COMPIN es un organismo técnico con competencias para resolver sobre las licencias médicas, de modo que la presente decisión se ha realizado en el ámbito de sus facultades.

Concluye que el pronunciamiento es justificado y ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para llevar a cabo la labor de Contraloría Médica, establecidas en la normativa del ramo, lo que excluye que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal que reprochar a esta parte.

Tercero: Que, comparece Sebastián de la Puente Hervé, abogado en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, informando sobre el recurso, alega en forma previa la extemporaneidad de la acción de protección por cuanto solo se ejerció esta con fecha 16 de febrero de 2021, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la Compin. En virtud de la presentación de fecha 24 de septiembre de 2020 que realizó la Sra. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre los rechazos de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados previamente por la Compin, con conocimiento de la Sra. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante la Superintendencia. Por lo anterior, desde más de 4 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si estos formularios fueron emitidos a contar de agosto de 2020.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, cuyo es el caso.

En cuanto al fondo del asunto, luego de referirse en detalle al marco regulatorio de la materia, indica que el “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Indica que constan los informes médicos preparados por la Dra. nombre reservado, que se pronuncian sobre la materia:

- Diagnóstico: Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos; Nombre del médico: nombre reservado; Especialidad: MG.

- Detalle: IMT 24/8/20 informe genérico, con escasa información específica de paciente. Mantiene paroxetina 20 mg, escaso ajuste de fármacos y los ajustes mencionados no permiten desprender una lógica de tratamiento. Menciona fechas de controles, no es clara razón de mantención del reposo. IMT no protocolizado, somero e insuficiente. Sin nuevos antecedentes que permitan justificar rol de mayor reposo. No acoge.

-Fundamentos de la resolución: Reposo continuo desde el 14/6/19, seguido al PPP. Solicita 553 días de reposo continuo, primeros 423 días aceptados. Reposo emitido por MG AE libre elección. Sin psicoterapia. Sin ges ni manejo en la red. Sin manejo por especialidad. IMT no permite justificar mayor reposo al ya aceptado no acoge.

En cuanto a los derechos vulnerados, señala que en la especie no existe un derecho indubitado, por ello el recurso de protección no es procedente, por otro lado, la recurrente no es titular de un derecho a licencia médica, puesto que es necesario que ésta cumpla con los requisitos legales.

Señala que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente.

Solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

Cuarto: Que, para que pueda brindarse protección constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Carta Política.

Quinto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, el acto recurrido -según la recurrente- es el dictado por la Superintendencia de Seguridad Social Resoluciones Exentas N° 149437-2020 y N° 149433-2020 de fecha 17 de enero de 2021; Resolución Exenta N° 107426-2020 de fecha 19 de enero de 2021 y la Resolución Exenta N° 102919-2020 de fecha 20 de enero de 2021 que confirman el rechazo de las siguientes licencias médicas: N° RUT reservado, extendida por un total de 20 días a contar del 09 de octubre de 2020; N° RUT reservado, extendida por un total de 20 días a contar del 29 de octubre de 2020; N° RUT reservado, extendidas por un total de 20 días a contar del 19 de septiembre de 2020 y las N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 10 de agosto de 2020.

Séptimo: Que, en primer lugar, cabe señalar que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Octavo: Que, cabe señalar que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Noveno: Que, en este orden de ideas, lo cierto es que si bien la recurrente conoció de la decisión de la COMPIN con antelación, decidió previo a acudir a esta sede jurisdiccional agotar la vía administrativa y es así que acudió a la SUSESO para intentar revertir lo resuelto en dicha sede, de esta forma teniendo en consideración que este último organismo se pronunció a partir del 17 de enero de 2020 sobre las licencias médicas impugnadas, al haberse recurrido de protección el 16 de febrero del 2020, el recurso ha sido deducido en forma oportuna y, en consecuencia la alegación de extemporaneidad debe ser desestimada.

Décimo: Que, entrando al fondo del asunto, debe advertirse, que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Undécimo: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación y contradicción de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.

Duodécimo: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente de los antecedentes administrativos que se acompañan, es posible advertir que la recurrida SUSESO ratificó el parecer de la Compin, que rechazó las licencias médicas de que se tratan, por la causal de orden médico reposo injustificado.

En efecto, consta de los antecedentes que obran en el expediente administrativo que en relación a las licencias médicas otorgadas a nombre reservado la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante las resoluciones exentas recurridas resolvió confirmar el rechazo de las licencia médica reclamada. Lo anterior, por cuanto como se indica en los referidos dictámenes, el reposo prescrito no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que el peritaje e informe médico aportado por el médico tratante no permite desprender un rol terapéutico de mayor reposo, tampoco se acredita psicoterapia, tratamiento en programa de salud mental de la red de salud ni manejo por especialista en psiquiatría de adultos debidamente certificado ante el Registro Nacional de Prestadores individuales de Salud de la Superintendencia.

Décimo tercero: Que, como se advierte, el rechazo impugnado de las singularizadas licencias médicas se encuentra fundado en que no cumplen con los criterios normativos del Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativos a Licencias Médicas, Decreto N° 7/2013, de 18 de julio del mismo año, puesto que no se adjuntan antecedentes médicos que justifiquen la prolongación del reposo por el diagnostico enunciado, se acompaña informe médico insatisfactorio, el cual no hace referencia a la evolución del cuadro tratado, a la escala de gravedad, fecha probable de alta médica, recuperabilidad, ni a un plan terapéutico. Tampoco se objetiviza el rol clínico del reposo.

Décimo cuarto: Que, por otro lado, el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Décimo quinto: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las COMPIN deben resolver, como en el caso de la recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Décimo sexto: Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Décimo séptimo: Que, en consecuencia, la actividad realizada por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En cuanto a las alegaciones de eventuales ilegalidades de la decisión por no constar a la parte recurrente la resolución de delegación de facultades, cabe señalar que aquello no afecta, para los efectos de esta acción constitucional, la legalidad del acto conforme a la presunción que establece el artículo 3 de la Ley N° 19.880.

Décimo octavo: Que, finalmente, la recurrente ha alegado la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N° s. 1 y 24 de la Constitución Política de la República, siendo que no se ha establecido ninguna afectación a su integridad física ni síquica, al contrario, se trata de situaciones que por su particularidad deben ser analizadas caso a caso, dependiendo de la evolución clínica de las dolencias que registre un paciente determinado, su gravedad y recuperabilidad, así como determinar si se trata de una incapacidad temporal o definitiva; tampoco se aprecia de qué manera se afectaría a su derecho a la igualdad ante la ley, ya que no aparece con toda la nitidez que requería la acción cautelar intentada, pues se vincula con una especie de derecho a todo evento a que le sean cursadas las licencias médicas que presente, siendo que como ya se dijo, el marco reglamentario y legal determina controles administrativos de procedencia, por lo que en realidad se estaba en presencia de una mera expectativa, siendo que el presente arbitrio está establecido para amparar situaciones fácticas o jurídicas indubitadas.

Décimo noveno: Que así y según lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, el acto recurrido consistente en la negativa fundamentada a cursar dos licencias médicas por parte de la autoridad administrativa determinada legalmente para ello y con plena competencia, no es posible advertir arbitrariedad en su proceder.

Vigésimo: Que, a mayor abundamiento, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente y que conforme a lo razonado precedentemente no puede prosperar y deberá ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la COMPIN.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

Protección Ingreso Corte N° 1795-2021