nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

Al folio 17: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal de realizar descuentos por planilla respecto de crédito social otorgado al recurrente y respecto del cual l institución inicio cobranza judicial.

Señala que, el 12 de diciembre de 2022, adquirió un crédito social con la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por un monto de $2.242.318 (dos millones doscientos cuarenta y dos mil trescientos dieciocho pesos) suscribiéndose al efecto, pagaré signado con el número N° 050CON103628232. El monto singularizado se pagaría en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $94.211 (noventa y cuatro mil doscientos once pesos), respecto a fecha de vencimiento de este instrumento, todas las cuotas vencerían sucesivamente los días 30 de cada mes de cada mes, exceptuándose la cuota del mes de febrero que vencería el último día del mes.

Expresa que pagó dicha acreencia de manera desfasada sólo hasta la cuota número 3, cuyo vencimiento acaeció en marzo de 2023. A consecuencia de lo anterior, el 2 de agosto del año 2023, la recurrida, a través de su representante legal, interpuso demanda ejecutiva en su contra, la que fue tramitada ante el 18º Juzgado Civil de Santiago, caratulados “CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES/nombre reservado”, causa Rol: C-13167-2023.

Recalca que la ejecutante ha elegido la vía judicial para exigir el cobro de la deuda, por lo que, para lograr el pago de lo adeudado, debió únicamente circunscribirse a esta premisa, y no, al cobro mediante descuentos en su liquidación de sueldo que realiza hasta la actualidad.

Indica que, desde junio de 2024, comenzó el primer descuento y ha continuado durante los meses de julio y agosto de 2024 en su trabajo como Asesor en Prevención de Riesgos Conductor Profesional en la Empresa AEROVIAS DAP S. A. Estos descuentos realizados por su empleador, a solicitud directa de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, significa un gran perjuicio para el recurrente y su familia, ya que se mermó un monto importante de su remuneración mensual.

Afirma que, mediante su actuar, la recurrida ejerce de manera indirecta una especie de autotutela, al descontar sin fundamentos parte de su sueldo, desconociendo con este acto las acciones judiciales que la misma recurrida se encuentra realizando en causa Rol: C-13167-2023, del 18º Juzgado Civil de Santiago, lo que conduce a calificar de arbitraria dicha actuación, Refiere que el actuar de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, constituye una notoria vulneración al derecho de propiedad, contemplado en nuestro marco constitucional en el artículo 19 numeral 24º de la Constitución Política de la República.

Menciona que el Código del Trabajo en su artículo 58, dispone sobre los descuentos que se pueden realizar sobre las remuneraciones de los trabajadores, de lo cual, en su inciso tercero, reza lo siguiente: “Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso, no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador”.

Sostiene que la actuación de la recurrida resulta del todo arbitraria, ya que su actuar se encuentra desprovisto de toda razonabilidad y sin justificación alguna, ya que ha realizado descuentos sin mediar justificación o notificación previa de dicho descuento, limitando los ingresos mensuales del recurrente, que no solo van en su beneficio, sino que además benefician a su entorno familiar. Agrega que se puede establecer con exactitud y sin duda alguna que es titular del derecho de propiedad sobre su remuneración.

Alega que, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por medio de su actuar, comete un acto destinado a limitar de manera directa el derecho de propiedad, al realizar descuentos de manera directa, sin previo aviso y de manera intempestiva.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y se adopten todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del Derecho, ordenando a la recurrida las siguientes acciones: 1. Que se deje sin efecto los descuentos sobre mis remuneraciones, acto realizado por su empleador a requerimiento directo de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por los motivos ya expuestos, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho, el cual fue quebrantado por la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida. 2. Que se restituyan los montos descontados, desde la última liquidación de sueldo de agosto de 2024, por concepto de descuentos a su remuneración, los cuales ascienden a una suma total a la fecha de $351.195 (trescientos cincuenta y un mil ciento noventa y cinco pesos) 3. Se condene en costas a la parte recurrida de autos.

Segundo: Que, evacuando informe, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes solicita el rechazo del recurso. Señala que su parte, el 12 de diciembre de 2022, otorgo al recurrente el crédito código 050CON103628232, por la suma de $2.242.318.- a una tasa de 2.05%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota de $94.211., cuyo primer vencimiento fue el 28 de febrero de 2023. Las dos primeras cuotas se pagaron en efectivo el 10 de marzo de 2023. La cuota del mes de abril de 2023, (3), se pagó con fecha 24 de enero de 2024, posteriormente el titular a través de descuentos efectuados en sus remuneraciones del mes de junio y julio de 2024, en cada mes pagó la suma de $117.065.- cuyos montos se contabilizaron como pagadas las cuotas del mes de mayo y junio de 2023 (4 y 5), más el correspondiente interés penal, las cuotas del mes de julio de 2023 a julio de 2024 (6 a 18), se encuentran en situación de morosidad, las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 31 de agosto de 2024 al 31 enero de 2026.

Expresa que, si bien es cierto que su representada inició una demanda en contra de la recurrente respecto del crédito 022CON104032512, lo hizo por una obligación legal que establece el compendio de normas que regula a las Cajas de compensación, que obliga a ellas a iniciar el cobro del crédito social judicialmente dentro de 6 meses de mora.

Indica que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Sostiene que, dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. En base a todo lo anterior queda claro, entonces, que el mecanismo del ‘descuento por planilla’ tiene varias particularidades que no se debe perder de vista al momento de decidir sobre este asunto:

a. Se trata de un ‘mecanismo especial de pago’, inherente al régimen de ‘crédito social’ otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador;

b. Se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria. Tiene exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales;

c. Con todo, es importante comprender que la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento.

d. El trabajador no puede oponerse ni negarse al ‘descuento por planilla’, porque la obligatoriedad mismo es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado. Si un trabajador no quisiera quedar sometido al ‘descuento por planilla’, entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago; y e. Finalmente, es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del ‘descuento por planilla’ constituya una gestión de cobro por parte de la CAJA LOS ANDES, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que su representada no haga nada o no lo desee, porque, como ya se dijo, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de ‘créditos sociales’.

Afirma que, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, asegura que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: Que es un hecho no controvertido que la Caja recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra del actor, que se siguió ante el 18º Juzgado Civil de Santiago, Rol C-13167-2023. En dicho juicio se certificó que el recurrente y demandado en esos autos ejecutivos, no opuso excepciones.

Quinto: Que no se discute que la Caja recurrida, al amparo de la Ley 18.833, que “Establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.)”, puede perseguir judicialmente el cobro de sus acreencias, lo que efectivamente así acontece en el caso de marras; sin embargo, el mismo crédito, está siendo deducido de las remuneraciones del actor, mediante cuotas mensuales, por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, hecho que deviene en arbitrario, esto es, carente de justificación y de razonabilidad, pues tal obligación, está siendo cobrado en sede jurisdiccional civil a solicitud, precisamente, de la Caja de Compensación Los Andes.

Sexto: Que la conducta de la Caja recurrida referida en el motivo anterior, constituye un acto arbitrario, que vulnera la garantía constitucional del articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que se priva al actor de una parte de sus remuneraciones, al retenérsele indebidamente parte de sus emolumentos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

Que se acoge, sin costas, la presente acción constitucional interpuesta por nombre reservado, y en su lugar se decide que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, se abstendrá de perseguir el pago del crédito social en cuestión de las remuneraciones del recurrente mediante retenciones, asimismo, deberá devolver las retenciones que se le efectuaron por tal motivo, luego del emplazamiento judicial.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-17924-2024.