nombre reservado con nombre reservado

CERTIFICO: Que, se anunció para alegar, contra el recurso, la abogado doña Yorka Marangunic Núñez, pero efectuada la relación de la presente causa, se estimó innecesario oír alegatos. Santiago, 20 de mayo de 2020.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, veinte de mayo de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen nombre reservado, por el departamento 405; nombre reservado, por el departamento 614; nombre reservado, por el departamento 349; nombre reservado, por el departamento 314; nombre reservado, por los departamentos 213, 232, 242, 243, 251, 255, 304, 460, 254, 525, 526; nombre reservado, por el departamento 403; nombre reservado, por el departamento 443-4-A; nombre reservado, por el departamento 445-A; nombre reservado, por el departamento 411; Katiuska Nientsalik Sanovis, por el departamento 459; Miguel A Caprioglio, por el departamento 533; nombre reservado, por el departamento 750; Sucesión nombre reservado, por departamentos 744, 746, 747-A y 747; nombre reservado, por el departamento 814; nombre reservado, por el departamento 552; nombre reservado, por los departamentos 343, 407, 347, 408, 441, 443, 818, 444; nombre reservado, por los departamentos 704, 446, 741; nombre reservado, por el departamento 452; nombre reservado, por el departamento 352; nombre reservado, por el departamento 348; nombre reservado, mayores de edad, todos domiciliados en domicilio reservado, todos copropietarios de la Comunidad Edificio Portal Fernández Concha, ubicado en domicilio reservado, quienes recurren de protección por las garantías constitucionales consagradas en el articulo 19 N°s 1 y 24 de la Carta Fundamental, en contra de don nombre reservado, por cuanto tales garantías fundamentales se encuentran afectadas por las violaciones de que las mismas desarrolla el recurrido.

Piden se ordene suspender de inmediato el corte de energía eléctrica efectuado el 25 de noviembre de 2019; se obedezca y aplique la resolución del Primer Juzgado de Policía Local de Santiago, de fs. 188 del Cuaderno de reclamos, en orden a Recalcular y Reliquidar los Gastos comunes de todos los comuneros; se tomen las medidas necesarias que se estimen pertinentes para el restablecimiento del derecho Fundan su pretensión cautelar señalando que, en su calidad de copropietarios, se encuentran ante la circunstancia de que el recurrido violenta los derechos a tener una integridad psíquica y su derecho de propiedad, en sus diversas especies. En efecto, a través de un permanente incumplimiento y desacato del recurrido de sentencias emanadas del Primer Juzgado de Policía local de Santiago, en causa rol 8985-2018 YP, en orden a reliquidar y recalcular los gastos comunes de acuerdo con los guarismos que se indican en el Reglamento de Copropiedad, se envían cobranzas arbitrarias, ilegales y amenazas de cortes de energía eléctrica, concretándose este último, el 25 de noviembre de 2019, con un corte masivo de más de 50 departamentos.

Señala que las acciones y omisiones del recurrido, violentando la norma que regula su actuar, abusa de su condición de copropietarios, a los que no se les escuchan sus peticiones para regularizar la situación de los gastos comunes y que se acaten las resoluciones emanadas del Primer Juzgado de Policía Local de Santiago en relación al tema y que los favorecen.

Precisan que tales transgresiones se configuran desde enero de 2019, en un manejo prepotente y vejatorio para los copropietarios, dado que se ha instaurado una conducta de calcular arbitraria e ilegalmente los gastos comunes de la Comunidad, alcanzando casi el doble de lo que se debería pagar. Por otra parte, el total cobrado no justifica el real gasto de la comunidad, de manera que se está en una aparente alza artificial de los gastos comunes, de tal forma que no puedan pagar y así inhabilitarlos para actuar en las asambleas.

Explica que el Primer Juzgado de Policía Local de Santiago, emitió una resolución el 2 de julio de 2019, a fs. 188 del cuaderno de reclamos, en orden a dejar nulo el cálculo unilateral y arbitrario de las alícuotas calculadas por el recurrido para cada departamento de la comunidad, y se debía reliquidar y recalcular los gastos comunes de acuerdo con los guarismos establecidos en el Reglamento de Copropiedad, acción que no ha realizado.

Asimismo, agregaron que el Primer Juzgado de Policía Local de Santiago dictó una resolución de prórroga de administración del interventor, que venció el 16 de noviembre de 2019, obligándolo a ordenar los registros de copropietarios y llamar a una asamblea para elección de las autoridades, cosa que tampoco ha cumplido.

Sostienen que los gastos comunes de la comunidad se definen como la colaboración simultanea de ingresos propios del edificio, correspondiente a arriendos de ductos de ventilación, los que ascienden a esta fecha a unos $5.000.000 mensuales y recaudación de los copropietarios del edificio, que comprende unos 290 departamentos, de diferentes superficies.

Hacen presente que el Reglamento de Copropiedad establece en su artículo tercero los guarismos (alícuotas) de cada departamento, las que no pueden ser modificadas salvo que se establezca esta materia en una asamblea extraordinaria, que requiere 100% de acuerdo de los copropietarios. El artículo décimo tercero establece que el administrador debe determinar un presupuesto anual de gastos de la comunidad, y por lo tanto, debe determinar una cuota mensual fija para cada departamento, la que se debe pagar los primeros 5 días de cada mes.

Expresan que el recurrido, saltándose estas disposiciones del Reglamento, cambia los guarismos de las alícuotas de manera unilateral, cuestión prohibida por el reglamento, cambia la forma de calcular los gastos y la forma de pago, de cuota fija mensual y pago por adelantado, a pago mes vencido y cuota variable mensual.

Exponen que esto ha llegado al absurdo de tener que pagar abogados particulares para intentar defenderse en el Primer Juzgado de Policía Local de Santiago, y al mismo tiempo, pagar los abogados de la defensa del recurrido, a través del cobro de asesoría legal que aparece en las cobranzas de gastos comunes que el recurrido nos emite, cuestión que nos tiene intranquilos permanentemente y con un sentimiento de impotencia, al observar que las disposiciones legales y reglamentarias no son cumplidas.

Señalan que el Juez del Primer Juzgado de Policía Local de Santiago, le entregó atribuciones al recurrido y de acuerdo a la resolución de 2 de julio de 2019, se declaran nulos los cambios de alícuotas de los departamentos.

Refieren que el 25 de octubre de 2019, el recurrido envió avisos de corte de energía eléctrica, los que entregó a través de manera sigilosa en la madrugada a través de sus puertas, con fecha de emisión 18 de octubre de 2019, las que se harían efectivas a partir del 28 de octubre de 2019 y se preguntó en Enel por alguna solicitud de corte de energía a algún departamento ese día y contestaron que a esa fecha no había solicitud de corte de energía, es decir, era una amenaza, pero el 25 de noviembre de 2019, la amenaza se concretó, estableciendo el corte de energía eléctrica a cerca de 50 departamentos, acción absolutamente ilegal y arbitraria, debido a que se basa en cobranzas que no se ajustan a derecho ni al mérito de lo ordenado en el proceso que se ventila en el Primer Juzgado de Policía Local de Santiago, Rol 8985-2018 YP.

Citan el articulo 19 N°1 de la Constitución Política, señalando que su integridad psíquica se encuentra gravemente vulnerada, dado el comportamiento del recurrido y su negativa a obedecer las resoluciones emanadas del Primer Juzgado de Policía Local de Santiago, y las disposiciones que establece el Reglamento de Copropiedad, así como un trato altanero hacia los copropietarios, arrogándose atribuciones que no posee, lo cual afecta gravemente su tranquilidad y derecho a vivir en paz, toda vez que están viviendo un permanente clima de incertidumbre, que afecta su integridad psíquica, al no contar con un servicio eléctrico por corte, afectando su diario vivir.

Añaden que se afecta su derecho de propiedad, debido a que esta situación les perturba el goce tranquilo y pacífico de sus inmuebles, toda vez que sin energía eléctrica, la vida y el goce de nuestras familias es muy dificultoso.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, los recurrentes acompañaron los siguientes documentos: 1. Reglamento de Copropiedad de la Comunidad Edificio Portal Fernández Concha; 2. Resolución de Nombramiento del Recurrido como interventor de nuestra comunidad Portal Fernández Concha; 3. Resolución que define atribuciones del recurrido respecto a sus labores en la comunidad; 4. Escrito en el que se da cuenta de la aceptación del cargo de interventor por parte del recurrido; 5. Resolución del Primer Juzgado de Policía Local de Santiago de 2 de julio de 2019, la que se encuentra ejecutoriada, que anula el cálculo de la alícuotas del interventor y ordena recalcular y reliquidar los gastos comunes; 6. Resolución que prorroga el mandato del recurrido en nuestra comunidad; 7. Orden de Corte de Energía Eléctrica; 8. Escritos presentados por abogados de otros comuneros al Primer Juzgado de Policía Local de Santiago, en los que se acusa el desacato de las resoluciones y la presentación de amenazas de cortes de energía eléctrica.

Tercero: Que evacua el informe requerido la Juez Subrogante del Primer Juzgado de Policía Local doña nombre reservado, quien expuso que la causa rol N°8985-2018 YP se inició en este Juzgado a través de una denuncia infraccional el 8 de junio de 2018, en la cual se solicitó al Tribunal citar a asamblea extraordinaria de copropietarios en la Comunidad Edificio Portal Fernández Concha, situada en domicilio reservado, con el fin de que esta última pueda adoptar los acuerdos que sean necesarios para la solución de los diversos conflictos que la aquejan.

Agrega que el 7 de enero de 2019 y a fojas 479 de autos el Tribunal atendido el estado de la Comunidad dispuso la intervención del Edificio Portal Fernández Concha, designando interventor para tales efectos y por un término de seis meses, al perito ingeniero Sr. nombre reservado, plazo que fue prorrogado a fojas 490 por cuatro meses más.

Señala que a fojas 188 del cuaderno de reclamo contra el interventor, el Tribunal declaró nula la rectificación de porcentajes efectuada por el interventor bajo el nombre de "determinación alícuota" porque ella implica una modificación del documento donde consta el porcentaje en el dominio de la Comunidad, lo que es absolutamente improcedente. Asimismo, se decretó que el Sr. nombre reservado debe formular el cobro de los gastos comunes a los comuneros según el porcentaje establecido en el Reglamento de Copropiedad del Edificio.

Refiere que a fojas 540 de autos, el 20 de noviembre de 2019, el Tribunal dando curso progresivo a los autos dispuso que la Comunidad Edificio Portal Fernández Concha, deberá celebrar asamblea extraordinaria el día 15 de enero próximo a las 20:00 horas, en dependencias de la propia Comunidad, con presencia de Notario titular, o quien lo subrogue; a fojas 551 se tuvo por prorrogada la intervención decretada en estos autos con todas las facultades otorgadas al interventor Sr. nombre reservado, hasta el día de la celebración de la asamblea extraordinaria ordenada a fojas 540.

Tercero: Que, evacua el informe requerido doña Yorka Andrea Marangunic Núñez, abogado, en representación de don nombre reservado, Ingeniero Civil, en su calidad de Perito e nombre reservado Judicial, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien solicita el rechazo del recurso, intentado.

Funda sus alegaciones señalando que actualmente, la administración de la Comunidad toda y su representación judicial y extrajudicial, además de obrar como único órgano de la Comunidad, según resolución de 7 de enero de 2019 y de resolución de 23 de enero de 2019 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, recaen en el recurrido.

Hace presente que desde que asume sus funciones, tanto del Comité de Administración, como de Administrador y Asamblea de copropietarios, remplazando a la empresa Costa Brava que ejercía la administración de la Comunidad con anterioridad, reúne todos los poderes y representaciones de la Comunidad demandada en todas sus funciones hasta la fecha, la que se ha extendido hasta el 15 de enero de 2019, según ha dispuesto la Juez subrogante del Primer Juzgado de Policía Local de Santiago.

Cita el artículo 33 de la Ley de Copropiedad y expone que el Primer Juzgado de Policía Local, ha obrado conforme a lo dispuesto en dicha norma, aplicando todas las medidas que ha estimado necesarias para la solución de los conflictos sometidos a su conocimiento.

En cuanto a la determinación de la alícuota de gastos comunes, señala que se ha establecido en la forma que prescribe la Ley y el Reglamento de Copropiedad vigente, según lo claramente dispuesto en el Inciso 2°, del art. 12°, del actual Reglamento de Copropiedad, según Escritura Pública de 9/05/1967, señalando que: “Los propietarios de los pisos, segundo al octavo deberán concurrir oportunamente al pago de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias, en proporción existentes entre las respectivas superficies útiles edificadas de sus departamentos y oficinas y la superficie edificada total de los mismos pisos segundo al octavo del edificio.

Se entenderán por gastos y expensas comunes todos aquellos que sean necesarios efectuar, tanto para proporcionar los servicios comunes, como aquellos indispensables para la mantención, conservación y reparación de los bienes comunes”.

Expone que, el recurrido, sólo aplicó lo que estaba claramente normado desde el año 1967, en relación a cómo debían determinarse los Porcentajes de Prorrateo para el Cálculo de los gastos comunes, es decir, en relación a los Metros Cuadrados de cada Unidad, con respecto a los m2, totales del Edificio, desde el Piso 2° al 8°. También se tuvo en cuenta, lo dispuesto en los artículos 3° (en el que se define y determinan las Superficies, los Valores Básicos y los Porcentajes sobre el Valor Total del Edificio de cada una de las Unidades del Edificio Completo, del Portal Fernández Concha), 4° (en él que se dispone que las superficies, valores básicos y proporciones de cada Unidad, establecidas en el artículo anterior, 4°, no experimentarán variación) y 5° (en el cual se define y determina sobre los Derechos de cada una de las Unidades del Edificio Completo del Portal Fernández Concha y Calidad de los Bienes Comunes del Edificio Completo del Portal Fernández Concha).

Conforme al Estudio y Análisis, en profundidad y en forma exhaustiva de los Artículos antes citados, se determinó técnica y científicamente, lo siguiente:

1° Los Porcentajes sobre el Valor Total del Edificio (bienes comunes), conceptualmente hablando, son absolutamente distintos a los Porcentajes de Prorrateo, para el Cálculo Mensual de los Gastos Comunes, de las Unidades, del Piso 2° al Piso 8°.

2° Los Porcentajes sobre el Valor Total del Edificio (sobre los bienes comunes), en ninguna parte del actual Reglamento de Copropiedad, dice o insinúa, que debe aplicarse como los Porcentajes de Prorrateo para los Cálculos Mensuales de los Gastos Comunes, de las Unidades, del Piso 2° al Piso 8°.

3° Confundir ambos Conceptos, según lo claramente dispuesto en el actual Reglamento de Copropiedad, significa un error básico fundamental de interpretación respecto de lo que se señala claramente en dicho actual Reglamento de Copropiedad.

4° Todo lo antes expuesto, no representa una interpretación particular, arbitraria y antojadiza del Perito, sino que es el resultado de lo que se determinara, sobre la base de los antecedentes objetivos con que se cuenta y que se tuvieron a la vista, en forma muy especial, en los Artículos décimo segundo y décimo tercero del actual Reglamento de Copropiedad.

Precisa que en ninguna parte de dicho Reglamento de Copropiedad actualmente vigente, se relacionan los Porcentajes del Valor de cada Unidad, con los Porcentajes de Prorrateo o Alícuotas, para la determinación de los Gastos Comunes de las Unidades del Edificio Portal Fernández Concha.

Señala que, tal y como lo ordena la resolución que anuló dicho cálculo, el recurrido formuló el cobro de los gastos comunes a los comuneros según el porcentaje establecido en el reglamento de copropiedad del edificio.

Destaca que, por espacio de varios años, se calculó en forma errada el porcentaje de concurrencia al pago de expensas ordinarias y extraordinarias, obviando el artículo DECIMOTERCERO del Reglamento y remitiéndose -de manera errada- al artículo TERCERO del mismo reglamento, lo que es totalmente contrario a derecho. A lo anterior, debe sumarse que el Señor Juez que dictó aquella resolución, no especificó la base de cálculo de concurrencia a los gastos comunes de cada unidad y de manera muy liviana anuló una “rectificación” inexistente, aludiendo una “modificación del documento donde consta el porcentaje en el dominio de la Comunidad”, confundiendo también ambos conceptos, ya que el porcentaje en el dominio que refiere el artículo TERCERO del Reglamento NO es el de concurrencia a los GGCC que contiene expresamente el artículo DECIMOSEGUNDO del citado documento.

Dada la confusión que se ha provocado en esta Comunidad que siempre “ha sido inmanejable”, según las propias palabras del Juez de Policía Local, señala que la Jueza subrogante dictó resolución el 20 de noviembre pasado, que dispuso celebrar asamblea extraordinaria el 15 de enero de 2020 a las 20 horas en dependencias de la propia Comunidad, con presencia de Notario titular, o quien lo subrogue, donde sólo podrán participar los copropietarios que se encuentren al día en el pago de sus gastos comunes; si alguno no pudiere concurrir podrá hacerlo un representante con poder notarial suficiente. El Notario Público certificará los poderes, asistencia, votaciones y levantará acta de lo actuado. En la asamblea decretada, sólo podrán tratarse, los siguientes tópicos, que constituyen la tabla a tratar: a) Remoción parcial o total de los miembros del Comité de Administración; b) Elección de nuevo Comité de Administración y de Administrador de la Comunidad; c) Delegación de facultades al Comité de Administración; d) Rendición de cuentas por parte del nombre reservado Sr. nombre reservado, debidamente documentada; e) Modificación o ratificación del Reglamento de Copropiedad, en lo que diga relación con los porcentajes por unidad establecidos para el cálculo de los gastos comunes. Dicha resolución deberá notificarse a todos los comuneros por carta certificada que despachará el nombre reservado y, además, deberán fijarse a lo menos tres carteles en lugares visibles del Edificio, cuyo cumplimiento deberá acreditarse al Tribunal, con a lo menos cinco días de anticipación a la celebración de la asamblea." Expone que de lo anterior se desprende, que el presente recurso es del todo infundado, ya que el Tribunal, ante los constantes escritos y reclamos, ha decidido que los propios propietarios del Edificio, decidan la forma de cálculo y cobro de los gastos comunes, lo que se intenta soslayar mediante la interposición de este recurso.

Precisa que, desde que salió el administrador nombre reservado, quien es el primero en suscribir el presente recurso, una cantidad no superior a 20 personas -de las que no todas son copropietarios o residentes habilitados con poder para representarlos- han insistido en no hacer pago de las expensas ordinarias que demanda el funcionamiento del Edificio y se han excusado por espacio ya de casi dos años, en los mismos fundamentos que someramente exponen en el recurso, perjudicando las arcas de la Comunidad, la que no ha podido gestionar mediante las administraciones posteriores o el actual nombre reservado, las mejoras necesarias, especialmente a los equipos de ascensores de los cuales sólo uno se encuentra en mediana condición y el otro totalmente detenido, entre otros problemas sin solución, por falta de recursos.

En cuanto a los cortes de energía eléctrica y períodos de mora de gastos comunes, refiere que se efectuaron a aquellas unidades que contaban con más de tres meses adeudados a diciembre del año 2018 y calculadas al valor de las anteriores administraciones, considerando esos períodos, justamente para evitar más desórdenes e interferencias con el trabajo del nombre reservado y, a la vez, recaudar recursos para la certificación de uno de los ascensores de la Comunidad y con miras futuras a cambiar totalmente el otro equipo, lo que sería perfectamente posible si existiera un fondo de reserva y recaudación normal de todas las unidades.

Acompaña una tabla con las prorratas según el cálculo que efectuaran el administrador nombre reservado y la Intervención actual, donde claramente se obtiene que el total de porcentaje que cubre aquel cálculo es del 42,32%, lo que en los hechos significó que aquel administrador entregara a su sucesor un ínfimo y paupérrimo fondo de reserva, el que luego de una administración de más de diez años, debía ser muy superior y podría perfectamente haber cubierto la certificación de los dos equipos o inclusive, su total cambio.

Por lo anteriormente expuesto, sostiene que el actuar del nombre reservado, está dotado de plena legalidad, al ajustarse irrestrictamente a la Ley en cuanto a sus atribuciones, las que devienen, de la resolución judicial que le invistió de todas aquellas, en plena concordancia con los artículos 33 letra e) de la Ley 19.537 y el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil.

Lo anterior se suma a los hechos irrefutables de que esta Comunidad no requiere solamente un administrador que vele por la transparencia y orden de los escasos ingresos y egresos de aquella, sino que requiere que todas las falencias enumeradas sean abordadas y solucionadas.

En cuanto al presunto desacato cometido por el recurrido, expone que se ha cumplido al pie de la letra lo solicitado por el tribunal, procediendo tal y como señala la resolución referente a las alícuotas de concurrencia a las expensas ordinarias, en la forma que el Reglamento de Copropiedad establece en su artículo DÉCIMO SEGUNDO, tratándose de una interpretación iletrada y alejada técnicamente de la correcta, con fundamento en un artículo que en caso alguno, hace referencia a aquella concurrencia.

En conclusión, el actuar del señor nombre reservado, no es ni ilegal, ni arbitrario y tampoco lo son los cobros efectuados en esa lógica matemática y técnica, ni los cortes de energía, máxime si se considera que uno de los comuneros adeuda a la fecha más de cinco años de gastos comunes -quien también ha suscrito este recurso- y en su contra jamás se ejerció acción judicial alguna, ni se dispuso el corte de su suministro eléctrico para apercibirlo al pago, precisando que quien encabeza este recurso se encuentra querellado por la Comunidad, demandado civilmente y ya sancionado en procedimiento ante el 2° Juzgado de Policía Local de Santiago, en causa rol 11.166 COU, fojas 204 a 209, en la que se condena al pago de una multa de 3 UTM a don nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, varios también recurrentes en esta causa.

Alega la extemporaneidad del recurso motivado por el corte de suministro eléctrico efectuado el día 25 de noviembre, pero también alegan que esto se notificó el día 18 de octubre de 2019, día en que tomaron conocimiento de que se efectuarían los cortes de suministro, según dan cuenta los documentos acompañados por ellos mismos a su presentación, por lo que el recurso es totalmente extemporáneo en el plazo de 30 días que prevé el legislador, contado entre el 18 de octubre de 2019 y el día 28 de noviembre, fecha efectiva de interposición del mismo.

Sobre el derecho a la integridad psíquica, que alegan ha sido vulnerado, expone que la más cercana referencia a aquella presunta afectación alude a la intranquilidad permanente y sentimiento de impotencia, además del derecho a vivir en paz, lo que claramente no reviste los caracteres de gravedad que el legislador ha determinado para conculcar tan importantes derechos fundamentales. La relación de causalidad entre la presunta vulneración del derecho de propiedad y la integridad psíquica, con los hechos que relata el recurso, siquiera ha sido abordada por el recurso incoado.

Respecto de la vulneración al derecho de propiedad, se desprende que se confunde el uso y goce de la cosa con el disfrute familiar, conceptos totalmente disímiles entre sí y que en caso alguno podrían constituir vulneración del derecho citado.

Quinto: Que, en apoyo de sus alegaciones, el recurrido acompañó los siguientes documentos: 1. Transcripción del Reglamento de Co propiedad que rige a la Comunidad del Edificio Portal Fernández Concha en formato PDF, bajo el apercibimiento del artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil; 2. Anexo elaborado por personal a cargo del señor nombre reservado, que detalla las unidades del Edificio, el porcentaje de dominio de cada unidad sobre los bienes comunes y el porcentaje de concurrencia a las expensas ordinarias en relación con los metros cuadrados de cada unidad; 3. Protocolización de la resolución que nombró al nombre reservado judicial, su escrito de aceptación del cargo, donde cita las facultades que pide se le otorguen y la resolución que ha lugar a su solicitud y tiene por aceptado el cargo; 4. Documento que contiene la fórmula matemática de cálculo del gasto común según el reglamento de copropiedad y ley 19.537; 5. Reducción a escritura pública de asamblea llevada a cabo por mismos comuneros que interponen este recurso, según ellos, en cumplimiento de resolución que se acompaña al numeral 6 de esta presentación; 6. Sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Santiago ROL 11.166-2017, que condena a varios de los comuneros que interponen el presente recurso, por infracción a la Ley 19.537 en calidad de administrador y comité de administración, especialmente por la ausencia de justificación de egresos por mas de $150.000.000; 7. Registro de copropietarios de la Comunidad Edificio Portal Fernández Concha que se utilizó a fin de certificar poderes, asistencia y si estos estaban hábiles o no para votar en ella, o sea, si se encontraban o no al día en el pago de sus gastos comunes. En destacado amarillo, las unidades de quienes interponen este recurso; 8. Copia de querella presentada en contra de uno de los recurrentes, ex administrador de la comunidad, sancionado por la sentencia del numeral tres de este escrito, la que se encuentra en tramitación, en etapa de investigación en contra de don nombre reservado.

Sexto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Séptimo: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Octavo: Que, es un hecho de la causa que el acto arbitrario e ilegal denunciado es el corte de suministro eléctrico que afectó a ciertos copropietarios no individualizados de manera correcta, derivado del no pago de los gastos comunes, circunstancia que se produjo en el mes de octubre de 2019 y que fue subsanado, posteriormente, motivo por el cual, la presente acción perdió oportunidad en ese aspecto. Prueba de ello, se consigna en el mismo documento que acompañó el recurrido, que da cuenta que el Condominio designó comité de administración, administrador y a un abogado para solucionar sus conflictos, como fue ordenado por el Juzgado de Policía Local respectivo.

Noveno: Que, conviene precisar que la presente acción es de naturaleza eminentemente cautelar y no declarativa de derechos, motivo por el cual, todas las alegaciones que han vertido las partes permiten concluir que no existen derechos de carácter indubitados que puedan ser tutelados por la presente herramienta jurídica. En efecto, se cuestiona por ambas partes el quantum y forma del cobro de los gastos comunes, intentando el recurrido establecer en esta instancia, esencialmente cautelar, la forma correcta de cálculo de los gastos comunes, cuestión que por sí misma revela la improcedencia de la presente acción, ya que dicha declaración es propia de un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

Es la judicatura de Policía Local de Santiago la que cuenta con la competencia necesaria para solucionar todas las controversias expresadas en este arbitrio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N°19.537 y fue el propio juez de la instancia quien indicó, que esta copropiedad era ingobernable, lo que demuestra la ausencia total de un derecho de carácter indubitado que pueda ser tutelado, lo que conlleva al rechazo de la presente acción.

Por estos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los copropietarios individualizados en el motivo primero, en contra de don nombre reservado, debiendo hacerse valer las alegaciones vertidas en esta Corte, ante la judicatura que actualmente conoce de la presente controversia, si fuera procedente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-178.971-2019.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega y la Fiscal Judicial señora nombre reservado. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, veinte de mayo de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.