nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, cinco de febrero de dos mil veinticinco.

Visto y considerando:

Primero: Que con fecha 6 de agosto de 2024, comparece nombre reservado, en representación de don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado por haber efectuado descuentos unilaterales en la remuneración del recurrente por concepto de un crédito personal cuya acción de cobro se encontraba judicializada y abandonada, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que revive una deuda que fue objeto de abandono del procedimiento en causa ejecutiva, vulnerando con ello el derecho de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene el cese inmediato de los descuentos y la restitución de las sumas ya descontadas.

Expone el recurrente que el 9 de mayo de 2018 suscribió un pagaré con la recurrida, el cual fue pagado parcialmente hasta la cuota N° 16 de un total de 36.

Señala que, en dicho instrumento, se estipuló que el simple retardo en el pago por más de 30 días corridos de todo o parte de cualquiera de las cuotas, facultaría a la Caja para exigir la solución íntegra de la suma debida, siendo esta una facultad privativa del acreedor.

Agrega que debido a una compleja situación económica cayó en mora y la recurrida procedió al cobro del saldo adeudado en causa ROL C-17309-2020 del Primer Juzgado Civil de Santiago.

Añade que, transcurridos tres años sin actividad procesal, con fecha 14 de junio de 2024 se acogió un incidente de abandono del procedimiento, constando su certificado de ejecutoria de fecha 11 de julio de 2024.

Expone que, habiendo comenzado a trabajar y logrado estabilidad financiera, al recibir su liquidación de sueldo del mes de enero de 2024, constató que se le realizaron descuentos por concepto de "Crédito Personal Caja Los Andes Cuota 1/1" por la suma de $148.045, lo que importa un detrimento ilegal y arbitrario a su remuneración mensual.

Enfatiza que la recurrida no le informó de ninguna forma que comenzaría a realizar estos descuentos, siendo una decisión completamente unilateral.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, el recurrente sostiene que el actuar de la recurrida es injustificado y arbitrario, por cuanto revive una deuda por medio del descuento mensual que, si bien está autorizado conforme al artículo 22 de la Ley 18.833, constituye un beneficio previsto para un cobro oportuno.

Argumenta que, al haber presentado la demanda ejecutiva mencionada, la recurrida manifestó su intención de requerir el pago por la vía judicial, por lo que al realizar estos descuentos por planilla estaría abusando de las facultades que le otorga la ley.

Respecto a la vulneración de derechos constitucionales, el recurrente sostiene que el actuar de la recurrida vulnera su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al impedir el goce íntegro de su remuneración mediante descuentos efectuados sin fundamento legal, privándole ilegalmente de la suma de $148.045 de su remuneración como trabajador.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes documentos: 1) Liquidaciones de sueldo de noviembre y diciembre 2023 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2024; y 2) E-book Civil causa ROL C-17309-2020, del Primer Juzgado Civil de Santiago.

Solicita que se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente; restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevarse a efecto durante la tramitación de la presente acción.

Segundo: Que, en su informe, la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado solicita el rechazo del presente arbitrio constitucional, exponiendo los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

Señala que el 9 de mayo de 2018, el actor solicitó a la recurrida un crédito por la cantidad de $3.500.000, con una tasa de interés de 2,35%, pagadero en 36 cuotas de $155.149, operación identificada con el folio 1310161532.

Agrega que el recurrente pagó de forma más o menos regular las primeras 21 cuotas del crédito, y que ante la morosidad registrada, se activaron los mecanismos de cobro extrajudiciales correspondientes, entre ellos, la incorporación del crédito en la base de operaciones morosas que pueden y deben ser cobradas al deudor mediante el descuento en sus remuneraciones, tanto por la acreedora como por las demás C.C.A.F. que forman parte de la plataforma Intercajas.

Manifiesta que, ante el fracaso de la cobranza extrajudicial, y en cumplimiento de la normativa que regula la materia, particularmente del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, se dedujo demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, causa ROL C-17309-2020, caratulada "Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado con nombre reservado", la que concluyó con el abandono del procedimiento promovido por la actora en abril de 2024.

Indica que en febrero de 2024 se logró retomar el cobro y pago de esta operación de crédito morosa, mediante el descuento realizado por la empleadora del deudor en las remuneraciones de febrero de 2024, por la suma de $148.045, correspondiente al valor de la cuota pactada.

En cuanto a los fundamentos jurídicos para solicitar el rechazo del recurso, la recurrida sostiene la inexistencia de actuación ilegal o arbitraria, argumentando que el cobro impugnado se ha realizado en estricto apego a derecho.

Para fundamentar su posición, cita diversas disposiciones legales: el artículo 1° de la Ley 18.833, que define la naturaleza jurídica de las Cajas de Compensación; el artículo 58 del Código del Trabajo, que establece la obligación del empleador de deducir de las remuneraciones las obligaciones con instituciones de previsión; el artículo 22 de la Ley 18.833, que regula la forma de pago y naturaleza jurídica de las cuotas de crédito social; y el artículo 22 de la Ley 17.322, que dispone la obligación de los empleadores de declarar y enterar los descuentos efectuados.

Refiere de un mandato otorgado por el actor a la recurrida, contenido en la cláusula 10 del pagaré y en la cláusula quinta del contrato de crédito social, que faculta a su actual empleador y futuros empleadores para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda.

La recurrida sostiene que la obligación del actor no ha sido extinguida por algún modo legal y que ciertamente no se encuentra prescrita al no haber existido debate judicial alguno sobre este particular. En consecuencia, rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que ha instruido el cese del cobro del crédito y la restitución al actor del total recaudado desde febrero de 2024, solicitando al efecto que el recurrente informe una cuenta bancaria de su titularidad para proceder a la transferencia correspondiente.

Por estas consideraciones, la recurrida solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección de autos.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en el descuento en su remuneración por parte de la Caja de Compensación recurrida, desde enero de 2024 por la suma de $148.045 y así en lo sucesivo.

Sexto: Que, en este mismo sentido, no se encuentra discutido que la deuda que origina el aludido descuento fue materia de un juicio ejecutivo C-17309-2020 tramitado ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, causa en la cual se tuvo por abandonado el procedimiento en junio de 2024.

Séptimo: Que, teniendo únicamente presente que la recurrida ha informado del cese de los cobros por planilla del mencionado crédito y la restitución de los montos que ha retenido a la fecha, es que esta Corte no ve, en la actualidad, ningún acto ilegal o arbitrario que amerite que se tomen medidas para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-17884-2024.