nombre reservado con AFP MODELO

Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros.

Señala que, al efectuar el trámite, la AFP exigió que los documentos provenientes de su país de origen, entre ellos, certificados previsionales y antecedentes de identidad, estuvieran apostillados o legalizados, pese a que acompañó diversos documentos que, a su juicio, permiten acreditar suficientemente su identidad y el derecho a acceder a sus fondos, como son la cédula de identidad para extranjeros, contrato de trabajo, título profesional y certificados previsionales emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Refiere que la exigencia de apostilla resulta imposible de cumplir debido a la situación institucional y administrativa vigente en su país, lo que constituye un caso fortuito que impide obtener los documentos con la formalidad requerida. Afirma que la AFP, al desconocer dicha realidad y negar el retiro, ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario, imponiendo un obstáculo desproporcionado que carece de fundamento razonable y que priva al recurrente del legítimo ejercicio de su derecho de propiedad sobre los fondos acumulados en su cuenta individual.

Sostiene que la decisión de la administradora constituye una vulneración directa de la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto le impide disponer de los recursos que le pertenecen.

Solicita se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada y se emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo cinco días efectuar la devolución de los fondos de pensión o en el que esta Corte estime conforme al mérito de autos.

Segundo: Que evacuando el informe la recurrida sostiene que la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente el 21 de julio de 2025 fue rechazada, debido a que los documentos acompañados no cumplían los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156 y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Indica que, tras revisar los antecedentes, se otorgó a la solicitante un plazo de cuatro días hábiles para presentar un certificado de afiliación al régimen previsional venezolano debidamente legalizado o apostillado, documento indispensable para acreditar la cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante toda la relación laboral. Sin embargo, la recurrente no aportó dicho certificado dentro del plazo.

Señala que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” presentada no constituye un certificado de afiliación válido, pues no detalla la cobertura previsional específica del trabajador, no contiene firma de autoridad competente y no se encuentra legalizada ni apostillada. Tampoco es suficiente la constancia de afiliación de fecha 13 de febrero de 2023, por tratarse de un documento no vigente y sin las formalidades exigidas. Añade que la apostilla acompañada corresponde solo a una declaración jurada, la cual carece de valor probatorio para efectos de acreditar la afiliación previsional en el extranjero.

Fundamenta la recurrida su actuar en la normativa vigente, incluidas las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones contenidas en los Oficios N° 3.141 (2024), N° 21.480 (2017) y N° 12.954 (2025), los cuales reiteran que las certificaciones previsionales extranjeras deben ser específicas, emitidas por la autoridad competente, y encontrarse legalizadas o apostilladas.

En consecuencia, sostiene que su actuar se ajustó estrictamente a la Ley N° 18.156 y al marco regulatorio aplicable, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad, puesto que la recurrente no cumplió los requisitos legales y reglamentarios para acceder a la devolución de fondos previsionales, por lo que solicita el rechazo del recurso con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N° 13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Sexto: Que consta del mérito de autos que la institución previsional recurrida solicitó a la recurrente acompañe certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado, según corresponda, en el cual conste que su fecha de afiliación al régimen previsional extranjero y las coberturas exigidas por la Ley N° 18.156, no habiéndose cumplido este último requisito por parte de la protegida mediante la aportación del certificado respectivo, puesto que la constancia electrónica que acompaña no cumple con los requisitos legales, siendo dicha razón en la que se funda el rechazo de la petición de la actora.

Séptimo: Que la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, permite constatar que, efectivamente, el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

Octavo: Que en consecuencia, se concluye que la documentación aportada efectivamente no cumple con las exigencias legales y reglamentarias establecidas, por lo que no se advierte por esta Corte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la recurrida, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

En tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y archívese.

Protección N° 17878 – 2025.-