nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

A los folios 16 y 17: a todo, téngase presente.

Al folio 18: a lo principal y primer otrosí, téngase presente. Al segundo otrosí, a sus antecedentes.

Vistos:

Primero: Que comparece don nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos en su remuneración sin previo aviso y de manera paralela a un juicio ejecutivo en curso, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, afectando con ello el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, por lo que solicita que se ordene el cese de los descuentos y la restitución de los montos descontados, con costas.

Expone que con fecha 7 de febrero de 2022 suscribió un pagaré en favor de la recurrida por la suma de $7.920.318, pagadero en 60 cuotas mensuales de $194.283, con cláusula de aceleración. Debido a dificultades económicas, cayó en mora desde el 30 de noviembre de 2023, lo que motivó a la Caja de Compensación a iniciar una demanda ejecutiva en su contra (causa Rol C-4204-2024, tramitada en el 23° Juzgado Civil de Santiago, caratulada “CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado”).

Señala que, a partir de julio de 2024, la recurrida comenzó a efectuar descuentos mensuales de $196.581.- en su remuneración, sin haberle notificado previamente de esta decisión. Argumenta que este monto es superior al de las cuotas originalmente pactadas y que no se le ha explicado el cálculo para determinar dicha suma.

Sostiene que el actuar de la Caja de Compensación es ilegal y arbitrario, fundamentando su posición en el artículo 22 de la Ley 18.833. Argumenta que la recurrida ha hecho un uso abusivo de esta norma, al optar primero por la vía judicial para el cobro de la deuda y luego recurrir al descuento directo de su remuneración. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema que ha considerado arbitrario este tipo de actuaciones por parte de las Cajas de Compensación.

Expone que se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente, específicamente el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privarlo y perturbarlo de su derecho de propiedad sobre el monto descontado de su remuneración sin previo aviso ni justificación adecuada.

Solicita en definitiva que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente, restituir los descuentos efectuados y condenar en costas a la recurrida.

Segundo: Que informa doña nombre reservado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quien solicita el rechazo del recurso de protección.

Expone que con fecha 7 de febrero 2022 otorgó al recurrente don nombre reservado un crédito social por la suma de $7.920.318, pagadero en 60 cuotas mensuales de $194.283 cada una. Detalla que las cuotas de abril 2022 a noviembre 2023 fueron pagadas regularmente, mientras que las posteriores presentaron desfases y morosidad, encontrándose actualmente exigibles las cuotas de diciembre 2023 a junio 2024.

Seguidamente, la recurrida desarrolla consideraciones contextuales y jurídicas sobre la naturaleza de las Cajas de Compensación y el carácter social de los créditos que otorgan. Explica que estas entidades son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, incluyendo el régimen de crédito social establecido en la Ley N°18.833.

La recurrida enfatiza que el mecanismo de descuento por planilla para el pago de los créditos sociales es un sistema especial establecido por la ley, que no depende de la voluntad de las Cajas de Compensación y que tiene carácter obligatorio para el empleador. Asimismo, destaca que, conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833, la obligación del trabajador se entiende extinguida desde el momento en que se practica el descuento, aunque el empleador no haya remesado los fondos a la Caja.

En cuanto a la exigibilidad de la deuda, la recurrida sostiene que se trata de una obligación vigente y actualmente exigible, cuya prescripción no ha sido declarada judicialmente. Argumenta que, de acuerdo con los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. Cita, además, un dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social que respalda esta interpretación.

Respecto a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, la recurrida niega que exista una afectación al derecho de propiedad del recurrente, pues el descuento de las cuotas del crédito social está autorizado por la ley. Sostiene que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento al empleador, dada la regulación especial contenida en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Finalmente, la recurrida invoca jurisprudencia reciente de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que han rechazado recursos de protección en casos similares, reconociendo la legalidad de los cobros efectuados por las Cajas de Compensación y la ausencia de arbitrariedad en su actuar.

En virtud de los argumentos expuestos, la recurrida solicita el rechazo del recurso de protección, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes en relación con los hechos expuestos.

Tercero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 de la Ley Nº 18.833, en relación con el inciso primero, del artículo 11 del D.S. N° 91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social - que contiene el Reglamento General del Régimen de Crédito Social -, lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F. por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Quinto: Que, en consecuencia, y con el mérito de las consideraciones que anteceden, mientras los tribunales de justicia no declaren prescrita la deuda que, por concepto de crédito social se mantiene con una C.C.A.F., resulta correcto su descuento.

Sexto: Que, en efecto, el artículo 1° de la Ley N°18.833, establece que las C.C.A.F. son entidades de previsión social, por lo que las deudas de crédito social contraídas con ellas constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que de acuerdo con el artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, no obstante las Cajas se encuentran en condiciones de otorgarle las facilidades que le permitan cumplir con su compromiso, debiendo, para dicho efecto, acercarse a cualquiera de sus oficinas.

Séptimo: Que como la recurrida lo informó en autos, y así fue ratificado en estrados, en el año 2022 al recurrente se le otorgaron 2 créditos sociales, por los cuales debía pagar 2 cuotas distintas. El pago de uno de dichos créditos, que es por el cual recurre el actor, se encontraría judicializado, mas no el segundo, no habiendo constancia que el deudor haya consignado suma alguna para satisfacer la deuda demandada, ni que se haya decretado la prescripción por vía judicial.

A su vez, tratándose de créditos sociales de reciente data, año 2022, esta Corte no divisa problema en que la Caja emplee el mecanismo de descuento establecido en la Ley N°18.833, y si eventualmente durante el curso del juicio ejecutivo se efectuaren descuentos en su remuneración, estos puedan considerarse en la liquidación respectiva que en su oportunidad debería practicarse, pues el artículo 22 de la mencionada ley no contiene ninguna limitación ni condicionamiento para su empleo.

Octavo: Que, luego de lo dicho, aparece que los descuentos efectuados a la remuneración de la recurrente se ajustan a derecho, y su cobro no puede ser calificado de arbitrario, puesto que la recurrida, por su intermedio, cumple con las obligaciones que la Ley que regula su actividad le impone.

Noveno: Que entonces, no existiendo un acto u omisión ilegal y arbitrario atribuible a la recurrida, en el presente arbitrio debe ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

N°Protección-17875-2024.