nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago.

Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Sebastián Osvaldo Troya González, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, como continuador legal del Departamento de Extranjería y Migraciones, por no haber liberado la orden de pago necesaria para que el protegido cumpla con los requisitos de su solicitud de residencia definitiva, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y debido proceso, garantizados en los números 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el señor nombre reservado reside en Chile y cuenta con trabajo estable, lo que le permite solventar sus gastos en el país. En este contexto, explica que el 10 de mayo de 2024, presentó una solicitud de residencia definitiva ante el Servicio Nacional de Migraciones, la que fue recibida exitosamente y signada con el número 70120686, pero esta le informó que debía subsanarla, pues adolecía de la falta de ciertos documentos y de la acreditación del pago de los derechos asociados a este tipo de residencia, otorgándole un plazo 60 días para cumplir aquello, bajo apercibimiento de rechazar su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería. Sin embargo, sostiene que, a pesar de su disposición para cumplir con estas exigencias, a la fecha de interposición de esta acción constitucional, el servicio no ha liberado la orden de pago requerida, imposibilitando así el cumplimiento de dicha obligación.

De esta forma, alega que el Servicio Nacional de Migraciones ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario que ha impedido al recurrente con los requisitos administrativos exigidos, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, ya que otros solicitantes, en iguales circunstancias, han podido realizar el pago sin obstáculos. Asimismo, estima que se ha infringido el derecho al debido proceso, garantizado en el artículo 19 N° 3, al no permitir al recurrente ejercer su derecho a subsanar y completar su solicitud. Además, argumenta que el Servicio ha incumplido con los principios de celeridad, transparencia y publicidad establecidos en la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, particularmente en sus artículos 4, 7, 14 y 16, los cuales obligan a la Administración a actuar con prontitud y fundamentar sus decisiones.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones liberar la correspondiente orden de pago de la sanción que se le ha impuesto, relacionada con su solicitud de permanencia.

Segundo: Que, a folio 4, el Servicio Nacional de Migraciones, opuso la excepción dilatoria de ineptitud del libelo, fundada en el artículo 303 N°4 del Código de Procedimiento Civil, por estimar que el recurso de protección adolece de falta de claridad en su petitorio, lo que afectaría su derecho a defensa. En esencia, alega que no existe precisión suficiente para determinar si el recurrente solicita la liberación de la orden de pago asociada a la sanción por residencia irregular o a los derechos correspondientes al beneficio migratorio postulado, lo que impediría al Servicio emitir un informe adecuado y ejercer su defensa de manera efectiva.

Enfatiza que, si bien el recurso de protección es un instrumento desformalizado, debe cumplir con estándares mínimos de claridad para garantizar el debido proceso, conforme al artículo 19 N°3 de la Constitución. En este caso, la ambigüedad del petitorio —al no distinguir entre el pago de la sanción y los derechos migratorios— obstaculizaría la preparación de una defensa técnica adecuada, vulnerando así el principio de contradicción, por lo que solicita que se acoja la excepción dilatoria y se ordene al recurrente subsanar los defectos señalados, con costas, para permitir una tramitación regular del proceso.

Tercero: Que, evacuando el traslado que le fue concedido respecto de la excepción dilatoria opuesta por el recurrido, el actor solicitó su rechazó, exponiendo que el recurso se funda en el documento Folio: 59327271, emitido por el Servicio Nacional de Migraciones, y en el cual se le pide “cancelar los derechos de la residencia definitiva" mediante un proceso específico en la plataforma digital del Servicio. Destaca que dicho documento establece de manera clara y expresa la obligación de realizar el pago de los derechos asociados a la residencia definitiva, así como la secuencia que debe seguir el recurrente para efectuarlo: ingresar a su cuenta, acceder a la solicitud, realizar el pago y finalizar el trámite.

De esta forma, estima que el petitorio del recurso de protección es preciso y coherente con lo dispuesto por el Servicio recurrido, pues la imposibilidad de cumplir con la carga pecuniaria deriva exclusivamente de que éste no ha liberado la orden de pago en el sistema, pese a que el documento citado indica lo contrario. En consecuencia, insiste en que no existe ambigüedad alguna en su libelo.

Cuarto: Que, a folio 9, el Servicio Nacional de Migraciones evacuó el informe requerido por esta Corte, solicitando el rechazo del recurso de protección por estimar que, en la especie, no se configuran los presupuestos constitucionales para su procedencia.

En primer lugar, detalla el historial migratorio del recurrente, precisando que ingresó a Chile el 20 de julio de 2019 con una visa de residencia temporaria por responsabilidad democrática, vigente hasta el 19 de julio de 2020, y que posteriormente obtuvo una prórroga hasta el 19 de julio de 2021 mediante Resolución Exenta N°6416 de 14 de enero de 2021.

Respecto a la solicitud de residencia definitiva, señala que el extranjero presentó su solicitud el día 28 de mayo de 2024, asignándosele el número ID 70120686. Sin embargo, a través de la Comunicación Electrónica Folio N° 59327271 de esa misma fecha, se le requirió adjuntar dos documentos específicos: 1) fotocopia de su cédula de identidad correspondiente al último período de visa, y 2) copia de la resolución que acredite la regularización de su situación migratoria, además de realizar el pago de los derechos correspondientes.

Al respecto, el servicio explica que a la fecha de evacuación del informe (9 de septiembre de 2024), el recurrente no ha presentado la documentación solicitada, razón por la cual no se ha procedido a habilitar la plataforma para el pago de derechos. En consecuencia, sostiene que la paralización del procedimiento administrativo obedece exclusivamente a la inactividad del recurrente en cumplir con las exigencias formales establecidas, y no a una omisión ilegal o arbitraria de la autoridad y que este seguirá su curso normal una vez que el extranjero cumpla con acompañar los documentos que le han sido requeridos, los que resultan necesarios para que su solicitud avance a la etapa de pago.

Por estas razones, solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, por no configurarse acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte garantías constitucionales.

Quinto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Sexto: Que, en cuanto a la excepción dilatoria de ineptitud del libelo interpuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, esta ha de ser rechazada, pues, si bien es cierto que la redacción inicial del recurso de protección presentaba cierta confusión en cuanto a la identificación precisa del acto recurrido y sus fundamentos, lo cierto es que el recurrente, al evacuar el traslado, aclaró de manera suficiente que el acto impugnado consiste en la falta de liberación de la orden de pago necesaria para cumplir con los derechos asociados a su solicitud de residencia definitiva, lo que permitió al recurrido conocer adecuadamente los hechos controvertidos y ejercer su derecho a defensa, evacuando informe sin mayores inconvenientes. Por tanto, no resulta procedente declarar la ineptitud del libelo, debiendo continuarse con el conocimiento del fondo del asunto.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes acompañados y de lo expuesto por las partes, esta Corte estima que no se configura en la especie un acto u omisión ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o vulnere los derechos constitucionales del recurrente, tutelados por esta acción de carácter cautelar.

Octavo: Que, en efecto, del informe evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones, acompañado de la Comunicación Electrónica Folio N°59327271, dan cuenta que el extranjero no ha cumplido con la presentación de la documentación que le fue requerida para continuar con su trámite de residencia definitiva, lo que ha impedido que el procedimiento administrativo avance a la etapa de pago de derechos, que es precisamente lo pretendido por el actor, al solicitar que se libere dicha orden de pago en el sistema. En consecuencia, la imposibilidad de realizar el pago no obedece a una omisión ilegal o arbitraria del Servicio Nacional de Migraciones, sino al incumplimiento por parte del recurrente de los requisitos administrativos previos establecidos para el procedimiento.

Noveno: Que, de esta forma, el Servicio recurrido ha actuado dentro del marco legal y reglamentario vigente, siguiendo los procedimientos internos que rigen este tipo de trámites, lo que permite descartar la ilegalidad y arbitrariedad que se denuncia por el actor.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional impetrada en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Nro. Protección 17852-2024.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Inelie Durán Madina, conformada por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.