nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 8 de agosto de 2025, comparece don nombre reservado, abogado, actuando por doña nombre reservado, profesional, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por haber negado la entrega de los fondos previsionales a los que tiene derecho en virtud de su calidad de profesional extranjera, de conformidad con la Ley N°18.156, lo que considera ilegal y arbitraria, ya que introduce un requisito que no está dispuesto en la ley y que es imposible de cumplir, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad consagrado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se acoja el recurso y se ordene la devolución de los fondos.

Expone que solicitó la aplicación de la exención de cotización de fondos previsionales dispuesta por la Ley N°18.156 y la devolución de los fondos cotizados el 7 de julio pasado, acompañando copia apostillada de su título profesional y su contrato de trabajo con un anexo en que declaró encontrarse afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), entidad que, según la normativa venezolana, garantiza prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Asimismo, se acompañó un certificado de afiliación al IVSS en el que consta que posee 300 semanas cotizadas, siendo su primera fecha de afiliación el 14 de agosto de 2008, encontrándose actualmente en estatus de asegurado cesante en la empresa Gas Comunal S.A. desde el 12 de mayo de 2014.

Aduce que, dado que el certificado del IVSS no tiene firma electrónica avanzada, pero es verificable a través de su portal web con un código de verificación, se solicitó al Notario Público Luis Eduardo Rodríguez Burr que certificara: 1) que la recurrente es extranjera y residente regular en Chile; 2) que el notario validó satisfactoriamente el certificado, navegando en la página web del IVSS e ingresando el código de verificación suministrado; y 3) que los textos legales citados y la identidad de la firmante eran genuinos, lo que constituye una constatación de hechos personales realizada por ministro de fe, emitida en virtud del numeral 6 del artículo 401 del Código Orgánico de Tribunales, la cual, al negársele valor probatorio, introduce un requisito que no está en la ley.

En este orden de ideas, señala que la solicitud fue rechazada por la AFP de manera presencial el 23 de julio mediante una nota de Microsoft Word, luego se elevó una consulta ante la Superintendencia de Pensiones, la que rechazó el reclamo el 24 de julio, entidad que señaló, en lo pertinente, que la Administradora deberá exigir que la documentación esté debidamente legalizada o apostillada, y que debe estar vigente a la fecha de su presentación, reiterando que el documento que debe ser apostillado o legalizado es el certificado de afiliación del régimen de seguridad social.

Sin perjuicio de lo expuesto, reprocha que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 1° de la Ley N°18.156 y que la Superintendencia confunde la exigencia de demostrar la afiliación con la de exigir un documento específico que, además, esté apostillado o legalizado, introduciendo un requisito ilegal.

Por lo tanto, la negativa a devolver los fondos, en base a la exigencia de un requisito que es imposible de cumplir, constituye una infracción al derecho de propiedad garantizado por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución y solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida AFP PROVIDA S.A. proceder a devolver a su representada, dentro de tercer día, los fondos previsionales cotizados que estuvieren en el supuesto de la Ley N° 18.156.

Segundo: Que con fecha 24 de septiembre de 2025, comparece don Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., y evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción, con expresa condena en costas.

En primer lugar, aduce la Aseguradora que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, siendo por tanto improcedente la interposición del recurso, ya que este fue ideado como un medio pronto y eficaz para situaciones urgentes, con el objeto de prestar amparo inmediato ante la privación, perturbación o amenaza de un derecho o garantía por acciones u omisiones ilegales o arbitrarias. Así las cosas, lo pedido por la recurrente es una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar y de emergencia, excediendo con ello la finalidad del recurso. Por consiguiente, existe un derecho controvertido y no indubitado, el cual no puede solucionarse por la vía de protección.

En subsidio de lo anterior, como defensa de fondo, la AFP sostiene que no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, sino que, por el contrario, ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Conforme a lo anterior, PROVIDA S.A. reconoce haber rechazado la solicitud de devolución de fondos de doña nombre reservado en su calidad de técnico extranjero, de conformidad con la Ley N°18.156. Al respecto, precisa que la Ley N°18.156 es una norma de carácter excepcionalísima que permite a los técnicos extranjeros retirar sus cotizaciones previsionales solo si cumplen con todos los requisitos establecidos en ella, por lo que el rechazo de fecha 7 de julio de 2025, se debió a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encontraba vencida de acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Enfatiza la recurrida que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana, y que no señalen las coberturas con que cuenta el afiliado ni permitan inferir un determinado período de cobertura, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la Ley N°18.156. A mayor abundamiento, hace presente que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla, y considerando que Venezuela es Estado Parte, se exige que dicha certificación venga apostillada por la autoridad competente venezolana, en conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla. Finalmente, reitera que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, PROVIDA debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos.

Respecto de los fundamentos de derecho, la recurrida argumenta que el Sistema de Pensiones del Decreto Ley N°3.500 de 1980 fue creado con el objeto exclusivo de administrar Fondos de Pensiones y otorgar las prestaciones y beneficios que establece la ley, principalmente las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. En este sentido, el artículo 23 del citado cuerpo legal establece que las Administradoras están impedidas de ofrecer u otorgar a los afiliados otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley y a mayor abundamiento, el saldo de la cuenta de capitalización individual tiene un destino único y exclusivo, consistente en el financiamiento de la respectiva pensión, estando las AFP legalmente impedidas de destinar o permitir que se destinen los fondos a un fin distinto.

Por otra parte, se invoca la Ley N°18.156, que norma la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros que constituye una de las dos excepciones al principio de territorialidad que rige en materia laboral y previsional en Chile. Con todo, la exención de cotizar o la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales solo procede si se cumplen copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicha ley, esto es: a) que el trabajador detente la calidad de técnico, la cual se acredita con documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados; b) que se encuentre afiliado a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo acreditarse esta condición mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada ; y c) que, en el contrato de trabajo, el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Por lo expuesto afirma que su actuar no es ilegal ni arbitrario, pues para efectos de la devolución de fondos solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente. El correcto actuar de PROVIDA es respaldado por sentencias de la Corte Suprema que establecen que procede la entrega de fondos previsionales solo si se cumplen los requisitos del artículo 7° de la Ley N°18.156, y que las exigencias de la AFP se encuentran amparadas en la normativa vigente emanada de la Superintendencia de Pensiones. Por lo expuesto, no existe colisión entre derechos de carácter constitucional, toda vez que no se ha privado o perturbado el ejercicio del derecho de propiedad, ya que el ordenamiento jurídico ideó un sistema legal de capitalización individual con ahorro obligatorio, reconociendo el derecho, pero estableciendo modalidades concretas para su ejercicio.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a derecho– o arbitrario –caprichoso o antojadizo– y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales que la misma disposición protege.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156, en su artículo 1° letra a) exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. La Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha dictado diversas instrucciones y oficios que precisan la forma de acreditar dichos requisitos. En particular, el Oficio Ordinario N° 23.241, de 13 de septiembre de 2016, exige que la certificación de cobertura previsional “expresamente señale que el trabajador ha tenido y tiene derecho a ella durante su permanencia en Chile, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias”.

Asimismo, el Oficio Reservado N° 25.057, de 29 de diciembre de 2023, y el Oficio Ordinario N° 32.365, de 27 de diciembre de 2016, instruyen que la documentación pertinente debe presentarse “debidamente legalizada o apostillada, según corresponda”, detallando el procedimiento para aquellos casos en que no exista reciprocidad o el estado no sea miembro de la convención de la apostilla, exigiendo documentos legalizados conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Quinto: Que la recurrida ha sostenido, y los instrumentos acompañados por ambas partes en este proceso no desvirtúan, que la documentación presentada por el recurrente no cumple con las exigencias formales y sustantivas de la normativa aludida. Específicamente, consta que el documento no se encuentra debidamente legalizado o apostillado en los términos que la normativa establece de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y los Oficios N° 25.057 y N° 32.365.

Respecto a la alegación del recurrente sobre la imposibilidad material de obtener la legalización consular de la constancia del IVSS debido a la situación diplomática y la invocación de fuerza mayor o caso fortuito, esta Corte estima que, si bien la situación descrita por el recurrente podría configurar una dificultad, la misma no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a un beneficio legal de carácter excepcional. Por ende, la Ley N°18.156 y su normativa complementaria, incluyendo las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, establecen condiciones copulativas que deben ser acreditadas de manera fehaciente, y no es posible flexibilizar dichas exigencias por circunstancias personales, sin desnaturalizar el propósito de la ley y las instrucciones de la autoridad reguladora.

Sexto: Que en cuanto a la idoneidad del recurso de protección, esta acción no constituye una instancia de lato conocimiento para resolver controversias sobre la correcta aplicación o interpretación de normativas especiales, especialmente en materias técnicas como la previsional, para las cuales existe un órgano especializado, como la Superintendencia de Pensiones, facultado expresamente para conocer y resolver reclamos de afiliados conforme al artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°101, de 1980. La recurrida actuó en el marco de las instrucciones dictadas por dicho organismo técnico, lo que impide calificar su actuar como arbitrario o ilegal en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que su decisión se funda en la aplicación de una normativa específica y en las directrices de su órgano fiscalizador, y no en un capricho o una contravención a la ley. No se advierte, en consecuencia, la privación, perturbación o amenaza de derechos indubitados, sino más bien una controversia sobre el cumplimiento de requisitos legales para acceder a un beneficio.

Séptimo: Que en mérito de lo expuesto y no habiéndose acreditado que el rechazo de la solicitud del recurrente por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. constituya un acto arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas de conformidad, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Regístrese y archívese.

Protección N°17.851-2025.