nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don Ernesto Manríquez Mendoza, abogado, en representación de nombre reservado, venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de AFP Uno S.A., por haber rechazado la solicitud de devolución de fondos previsionales a los que su representada tendría derecho en virtud de su calidad de profesional extranjero, conforme a la Ley 18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida estaría exigiendo requisitos adicionales a los establecidos en la ley para la procedencia de dicha devolución, vulnerando con ello el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada solicitó la aplicación en su favor de la exención de cotización de fondos previsionales dispuesta por la Ley 18.156, requiriendo la devolución de los fondos cotizados el día 2 de julio del presente año. Para fundamentar dicha solicitud, la recurrente acompañó copia apostillada de su título profesional y su contrato de trabajo, con un anexo en el cual declaró encontrarse afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, entidad que, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social de Venezuela y del artículo 1º de la Ley de Seguro Social de Venezuela, garantiza prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Adicionalmente, presentó un certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el cual consta que doña nombre reservado, titular de la Cédula de Identidad N° RUT reservado, posee 56 semanas cotizadas ante dicho Instituto, siendo su primera fecha de afiliación el 26 de julio de 2010, encontrándose actualmente en estatus de asegurado cesante en la empresa Ministerio Público, inscrita bajo el Número Patronal D19904281, con fecha de egreso 31 de diciembre de 2014. Dicho certificado aparece firmado por doña nombre reservado, presidenta de la Junta Directiva del IVSS.

Señala que este documento no cuenta con firma electrónica avanzada, pero puede ser verificado a través del portal web del IVSS mediante un código de verificación suministrado en el propio documento, por lo solicitó que el Notario Luis Eduardo Rodríguez Burr certificara los siguientes hechos: primero, que la recurrente es extranjera y residente regular en Chile; segundo, que luego de suministrado el código de verificación, el notario navegó en la página de verificación del certificado, donde, tras ingresar el código suministrado, pudo validarlo satisfactoriamente; y tercero, que los textos legales citados por el documento y la identidad de la firmante eran genuinos.

Continúa relatando que, no obstante lo anterior, la solicitud de devolución de fondos fue rechazada por la A.F.P. Uno el 15 de julio del presente año. Ante dicho rechazo, la recurrente elevó, el 23 de julio, una consulta ante la Superintendencia de Pensiones, la cual señaló que para que la AFP pueda verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley N° 18.156, la recurrente debería acompañar el documento emitido por la entidad competente, debidamente apostillado o legalizado, reiterando que el documento que debe ser apostillado o legalizado de acuerdo a la Ley 18.156 es el certificado de afiliación de su régimen de seguridad social. Esta consulta fue finalmente rechazada por la Superintendencia el 24 de julio.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, argumenta el recurrente que se han cumplido las condiciones establecidas en la Ley 18.156 para la procedencia de la devolución solicitada, las cuales son: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Sostiene que la Superintendencia confunde la exigencia de demostrar que la persona se encuentra afiliada al IVSS con exigir un documento específico que además esté apostillado o legalizado, siendo que lo que exige la ley es sólo demostrar la afiliación a la entidad previsional extranjera. Aduce que el certificado emitido por el IVSS, si bien no tiene una firma electrónica que pueda ser legalizada o apostillada, cuenta con un código de verificación que fue verificado en la especie por el Notario Público citado. Argumenta que, al ejecutarse la verificación por ministro de fe, dicha verificación tiene la misma validez que la inspección personal del tribunal respecto de "las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia observación", esto es, plena prueba, según el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil.

Alega el recurrente que, al negarse valor probatorio a esta certificación notarial, la Superintendencia introduce un requisito que no está en la ley, que es la firma de un funcionario del IVSS, su legalización por notario venezolano y su apostilla.

En cuanto a la vulneración de derechos constitucionales, sostiene que lo actuado por la AFP Uno constituye una infracción al derecho de propiedad de la recurrente, garantizado por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y amparado por el recurso de protección, al impedirle disponer de sus fondos previsionales pese a cumplir con los requisitos legales para su devolución, levantando una barrera meramente formal que obstaculiza el ejercicio legítimo de su derecho.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida proceder a devolver a su representada, dentro de tercero día, los fondos previsionales cotizados que estuvieren en el supuesto de la Ley 18.156, dictando para ello la resolución que en Derecho corresponda.

SEGUNDO: Que informa la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., representada por la abogada doña Romina Dalbosco Cornejo, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

En cuanto a los hechos, expone que con fecha 03 de julio de 2025, la recurrente, de nacionalidad venezolana, inició ante AFP UNO S.A. el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la Ley N°18.156, respecto del empleador "nombre reservado". En dicha oportunidad, la recurrente acompañó a su solicitud: Contrato de Trabajo con nombre reservado; Anexo de Contrato de Trabajo; Título de Abogada otorgado por la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales; Apostilla Título Profesional; Certificado de Constancia de Cotizaciones; y Declaración Jurada ante notario.

Prosigue señalando que con fecha 15 de julio de 2025, se informó a la recurrente el rechazo de su solicitud, indicándole que la documentación presentada no cumplía con los requisitos exigidos, específicamente en cuanto al Certificado de la Institución de Seguridad Social, por no cumplir con los criterios de aceptación para dicha solicitud.

En relación a los fundamentos de derecho, en primer término, sostiene que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo ante actos arbitrarios o ilegales que impidan, molesten o amaguen su ejercicio. En este sentido, argumenta que la recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal, por cuanto lo que se pretende es ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo solicitado.

Asimismo, enfatiza que los hechos descritos no permiten acoger el presente recurso de protección, por cuanto no cumplen con los requisitos de emergencia o urgencia para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, ni la recurrente ha sido privada, desconocida o vulnerada en sus derechos a la igualdad y a la propiedad, toda vez que la Administradora jamás ha negado la titularidad de los fondos previsionales a la señora nombre reservado. En consecuencia, advierte que este recurso, de naturaleza excepcional, está concebido para casos en que existe un riesgo o peligro que justifique adoptar medidas para impedir la vulneración arbitraria o ilegal de tales derechos, lo que no habría ocurrido en la especie.

Luego en cuanto al fondo, sostiene que en materia laboral y previsional rige en Chile el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñan en nuestro país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos excepciones: a) Que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado, lo que le habilitaría para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen; y b) Que el trabajador quede exento de cotizar, o bien, en caso de haber enterado cotizaciones, pueda efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N°18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

A este respecto, explica que el artículo 1° de la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que cumplan con los requisitos prescritos en dicho artículo y en el Libro II, Título XI del referido Compendio. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

Detalla que dichos requisitos son: a) Detentar la calidad de técnicos, entendiendo por tales a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados; b) Encontrarse afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile, lo que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada; y c) Manifestar expresamente en el contrato de trabajo su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

En relación a la legalización de documentos, la recurrida cita el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que regula la forma en que deben presentarse los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile, señalando que estos deben estar debidamente legalizados, entendiéndose por tales aquellos en que conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios correspondientes.

Enfatiza que, conforme a la normativa citada, los trabajadores extranjeros efectivamente pueden estar exentos de la obligación de cotizar en Chile, siempre que cumplan con los requisitos legales, entre ellos, encontrarse afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, debiendo el documento que acredite tal calidad encontrarse debidamente legalizado y apostillado.

Por lo anterior, sostiene que AFP UNO S.A. en ningún caso ha obstaculizado el ejercicio de derechos por parte de la recurrente, ni ha efectuado una interpretación antojadiza, restrictiva o formalista del marco normativo aplicable, sino que ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes, en particular lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Ley N°18.156, y los oficios emitidos por la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Superintendencia de Pensiones.

Respecto a la situación particular de Venezuela, reconoce que actualmente no existe representación diplomática venezolana acreditada ante el Gobierno de Chile, pero señala que esta circunstancia no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley. Argumenta que la ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos países, por causas ajenas a la Administradora, constituye una circunstancia de hecho que no la habilita a prescindir de una exigencia legal expresa, cuya finalidad es garantizar la autenticidad y validez de los documentos emitidos en el extranjero.

Destaca que la Administradora no tiene facultades para reemplazar, interpretar o dejar sin aplicación un requisito legal como lo es la legalización consular, y que la eventual imposibilidad de legalización de documentos no puede serle imputada, ni traducirse en la obligación de aceptar documentos carentes de la debida autenticación legal, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del sistema previsional.

Añade que, en busca de una solución para los extranjeros venezolanos que cotizan en Chile, con fecha 24 de enero de 2025, la Administradora consultó a la Superintendencia de Pensiones la posibilidad de evaluar un plazo de validez de hasta un año para los certificados, siempre que los datos pudieran verificarse a través de la plataforma oficial del gobierno venezolano, propuesta que fue rechazada por encontrarse fuera del ámbito de competencia de dicho organismo.

Respecto a la alegación de la recurrente sobre la exigencia de requisitos adicionales no contemplados expresamente en la ley, la parte recurrida sostiene que tal afirmación omite considerar lo dispuesto en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, que regula expresamente la forma de acreditación de la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero.

En cuanto a la verificación de documentos mediante enlaces web, argumenta que la simple remisión a un portal de internet no cumple con los requisitos formales exigidos por la legislación chilena para acreditar la validez de documentos extranjeros, citando lo señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el sentido de que la validez y eficacia de un documento extranjero para producir efectos legales en Chile está condicionada a su presentación debidamente legalizado o apostillado.

La parte recurrida cita también el Oficio Ordinario N°12954 de fecha 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que aclara que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas por quien emite el documento ni estén apostilladas o legalizadas, no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión.

Finalmente, la parte recurrida argumenta que acceder a lo solicitado por la recurrente implicaría apartarse del principio de igualdad ante la ley y otorgar un trato diferenciado e injustificado sin respaldo legal suficiente, vulnerando la igualdad de trato que corresponde a todos los afiliados en circunstancias similares.

En virtud de lo expuesto, la parte recurrida solicita el rechazo en todas sus partes del recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas, fundado en que no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a la ley y a la normativa previsional vigente de la Superintendencia de Pensiones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, conforme a lo señalado, el acto impugnado en estos autos consiste en la comunicación de fecha 15 de julio de 2025 mediante la cual la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, fundándose dicha decisión en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para acceder a dicha devolución.

SEXTO: Que, según el artículo 7 de la Ley N° 18.156, los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones previsionales en una administradora podrán solicitar su devolución, siempre que hayan cumplido previamente con las condiciones del artículo 1° del mismo cuerpo legal. Entre estas, se contempla que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Esta normativa ha sido complementada y precisada por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones emitido por la Superintendencia de Pensiones.

SÉPTIMO: Que, en la especie, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se observa que la recurrente acompañó un certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el cual consta que doña nombre reservado posee 56 semanas cotizadas ante dicho Instituto, siendo su primera fecha de afiliación el 26 de julio de 2010, encontrándose actualmente en estatus de asegurado cesante en la empresa Ministerio Público, inscrita bajo el Número Patronal D19904281, con fecha de egreso 31 de diciembre de 2014. Si bien este certificado aparece firmado por doña nombre reservado, presidenta de la Junta Directiva del IVSS, el mismo no cuenta con la debida apostilla o legalización exigida por la normativa vigente.

OCTAVO: Que, adicionalmente, la recurrente pretendió suplir la falta de apostilla mediante la certificación notarial de don Luis Eduardo Rodríguez Burr, quien verificó la autenticidad del documento mediante un código de verificación en el portal web del IVSS. Sin embargo, dicha verificación no sustituye la exigencia legal de legalización o apostilla establecida expresamente en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil que dispone que “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas.

La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes:

1°. El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores;

2°. El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos; y 3°. El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República”.

En dicho sentido, la legalización o apostilla constituye una formalidad sustancial que permite dotar de autenticidad y fuerza probatoria a documentos públicos emitidos en el extranjero, razón por la cual no puede reprocharse a la AFP recurrida el haber desestimado el documento por carecer de esta formalidad.

NOVENO: Que, en este contexto, la resolución de rechazo dictada por la administradora no se presenta como un acto ilegal, en la medida que encuentra sustento en normas legales y administrativas expresas. Tampoco se divisa arbitrariedad en su emisión, toda vez que se han aplicado de manera razonable y objetiva los requisitos previamente establecidos por el ordenamiento jurídico, sin apreciarse elementos de discriminación, irracionalidad o desvío de poder. Por el contrario, el actuar de la AFP Uno S.A. se ajusta a las facultades que le otorga la ley para verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para proceder con la devolución de fondos previsionales.

DÉCIMO: Que, por lo demás, no se priva a la recurrente de la posibilidad de obtener la devolución de sus fondos en el futuro. En tal sentido, el rechazo actual no constituye una afectación definitiva o irreparable de sus derechos, sino una negativa basada en el incumplimiento de requisitos objetivos que pueden ser eventualmente subsanados.

UNDÉCIMO: Que, en atención a todo lo anterior, no se configura en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario que justifique acoger la acción de protección intentada, la cual, como ha sido señalado reiteradamente por la jurisprudencia de los tribunales superiores, exige la existencia de un derecho indubitado, actual y evidente, cuyo ejercicio se vea afectado por una acción u omisión contraria a derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-17850-2025