nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos Y Teniendo Presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, estudiante de derecho, en favor de nombre reservado nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por haber incurrido en una excesiva dilación en emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de nacionalización N°67406508, presentada con fecha 2 de septiembre de 2023, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que ha transcurrido más de 1 año sin obtener respuesta alguna, vulnerando con ello el derecho a la igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N°2, por lo que solicita se ordene a los recurridos resolver la solicitud dentro de un plazo razonable que no exceda de 30 días hábiles.

Expone que el señor nombre reservado, de nacionalidad haitiana, con intenciones de desarrollarse y aprovechar las oportunidades que ofrece Chile, ingresó una solicitud de nacionalización el 2 de septiembre de 2023, sin haber obtenido pronunciamiento alguno hasta la fecha, situación que lo mantiene en un constante estado de tensión e incertidumbre.

Sostiene que la omisión denunciada vulnera el artículo 27 de la Ley N°19.880, que establece un plazo de seis meses para resolver las solicitudes administrativas. Cita jurisprudencia reciente de la Corte Suprema (Rol N°115.064-2022) que, si bien ha establecido que dicho plazo no es fatal, ha señalado que la Administración debe pronunciarse en un plazo razonable para evitar mantener en incertidumbre a los peticionarios. Asimismo, invoca un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Protección-3267-2023) que, en un caso similar, fijó un plazo de sesenta días hábiles para que el Servicio Nacional de Migraciones emitiera pronunciamiento.

Argumenta que la falta de pronunciamiento vulnera el derecho a la vida e integridad física y psíquica, al mantener al recurrente en un estado de permanente angustia y desesperación, y el derecho a la igualdad ante la ley, al configurarse una discriminación respecto de otros solicitantes que han podido tramitar debidamente sus beneficios migratorios.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones y a la Subsecretaría del Interior resolver la solicitud de nacionalización N°67406508 dentro de un plazo razonable que no exceda de 30 días hábiles, conforme a los principios establecidos en los artículos 37 de la Ley N°21.325 y 46 de su Reglamento.

Segundo: Que la Subsecretaría del Interior, al evacuar el informe requerido, y respecto al fondo del asunto, expone que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización del actor se encuentra actualmente en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, etapa previa a la entrega de los antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para su resolución. Argumenta que estas solicitudes son sometidas a un exhaustivo análisis, lo que puede significar una tramitación más extensa que la esperada, destacando que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado en promedio 3.400 solicitudes mensuales.

Sostiene además que, según jurisprudencia reiterada tanto de la Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, el plazo máximo de 6 meses que establece el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo.

En cuanto a la alegada vulneración de garantías constitucionales, arguye que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización significa que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente, pudiendo ejercer sus derechos sin limitación alguna.

Finalmente, advierte que acoger acciones como la presente implicaría una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en situación favorable al recurrente sin justificación, en desmedro de quienes efectúan sus solicitudes por la vía regular. Añade que el otorgamiento de cartas de nacionalización corresponde única y exclusivamente al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, siendo una concesión que otorga el Estado de Chile por gracia.

Por lo señalado, solicita se rechace la acción de protección, con expresa condena en costas por no existir motivos plausibles para litigar.

Tercero: Que en su informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo del recurso argumentando que no concurren los presupuestos constitucionales y legales para su interposición, al no existir acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución Política. Fundamenta su petición en: a) la naturaleza jurídica de la carta de nacionalización como una gracia presidencial; b) la falta de competencia del Servicio para resolver sobre su otorgamiento; c) la inexistencia de un plazo fatal para la tramitación del procedimiento; y d) la imposibilidad jurídica de que los tribunales ordenen el otorgamiento de la nacionalización.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que nombre reservado nombre reservado, de nacionalidad haitiana, ingresó a Chile el 30 de abril de 2016 por el Aeropuerto nombre reservado, obteniendo posteriormente su permanencia definitiva mediante Resolución Exenta N°295504 de fecha 11 de octubre de 2017, la cual se encuentra vigente. Agrega que el 2 de septiembre de 2023, el recurrente solicitó carta de nacionalización mediante el Portal de Trámites Digitales del Servicio (ID N°67406508), encontrándose actualmente en etapa de análisis.

Respecto a los fundamentos de derecho, el Servicio sostiene que la carta de nacionalización constituye una gracia o concesión constitucional otorgada por el Estado de Chile, cuya regulación se encuentra en el artículo 10 de la Constitución Política, el artículo 84 de la Ley N°21.325 y el Decreto Supremo N°5.142 de 1960. Enfatiza que, conforme al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, su competencia se limita únicamente a la tramitación de la solicitud, correspondiendo al Presidente de la República resolver sobre su otorgamiento.

En relación al tiempo de tramitación, argumenta que el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, citando jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N°13364-2023) que confirma esta interpretación, y añade que la solicitud del recurrente no ha cumplido un año de tramitación y que el aumento exponencial de flujos migratorios constituye un caso fortuito que justifica una mayor extensión del procedimiento.

Finalmente, sostiene que el otorgamiento judicial de la carta de nacionalización vulneraría el principio de separación de poderes y juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, así como el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales, que prohíbe al Poder Judicial ejercer funciones de otros poderes públicos.

En virtud de lo expuesto, el Servicio Nacional de Migraciones solicita tener por evacuado el informe y el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, con costas, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política.

Cuarto: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, el hecho que motiva la presente acción constitucional es la demora en el pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente en el mes de septiembre de 2023, el que, a la fecha, está aún en tramitación.

Sexto: Que, cabe considerar que: a) el recurrente es de nacionalidad haitiana y en el mes de septiembre de 2023 solicitó ante el Servicio de Migraciones, carta de nacionalización, b) Dicha solicitud se encuentra en etapa de primer analisis ante el Servicio Nacional de Migraciones, organismo al que sólo compete el análisis de la documentación allegada por el extranjero.

Séptimo: Que, en el escenario descrito es posible advertir que la solicitud de carta de nacionalización se encuentra aún en trámite y si bien se constata una demora en su tramitación, ello puede encontrar respuesta en la gran cantidad de solicitudes que han formulado los extranjeros en el último tiempo, lo que es de público conocimiento.

Octavo: Que, así ha sido reconocida por la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año 2023, en los autos Rol N°115.064-2022, al señalar que: ‘‘dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

Noveno: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora en la dictación de un Acto Terminal, esto es, emitir pronunciamiento de la solicitud de carta de nacionalización, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, no se vislumbra arbitrariedad, pues la demora es razonable; y tampoco ilegalidad, como quiera que los plazos que se confieren a la Administración establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no son fatales, cuestión que aunada a la carga de trabajo que enfrenta el Servicio Nacional de Migraciones, llevan a desechar la presente acción constitucional.

Décimo: Que, finalmente tampoco se advierte un perjuicio o atentado a alguna garantía constitucional que pueda verse afectada con la demora, pues el solicitante se encuentra en condición regular en el territorio nacional al contar con un permiso de permanencia definitiva vigente.

Undécimo: Que, a mayor abundamiento, tratándose de un retardo en resolver la petición pendiente, debe considerarse que no hay un acto terminal respecto del recurrente, por lo que el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para obtener lo solicitado en la presente acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Sin perjuicio se recomienda al Servicio que proceda a agilizar la tramitación del proceso seguido respecto del recurrente para que emita pronunciamiento respecto de su solicitud, a la brevedad posible.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo, quien fue del parecer de acoger el recurso de protección, al estimar:

1°.- Que el artículo 27 de la Ley N°19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, dispone expresamente que “[salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. Este plazo es un límite claro e imperativo para la Administración, a menos que se justifiquen circunstancias excepcionales que prolonguen dicho proceso, como lo serían el caso fortuito o la fuerza mayor.

2°.- Que, en la especie, el Servicio Nacional de Migraciones no ha acreditado la existencia de hechos que configuren un caso fortuito o fuerza mayor que explique el retardo excesivo en tramitar la solicitud del recurrente, de mas de 1 año y 2 meses. Si bien la recurrida menciona un aumento exponencial de solicitudes producto de los flujos migratorios, esto, si bien puede justificar una dilación razonable, no puede servir como justificación indefinida para mantener sin resolver las solicitudes presentadas. De esta manera, se ha infringido el mandato del artículo 27 de la Ley N°19.880, incurriendo así en una omisión ilegal y arbitraria.

3°.- Que la falta de tramitación dentro del plazo establecido no solo vulnera lo dispuesto por la ley, sino que además afecta directamente los derechos del recurrente, al mantener en una situación de incertidumbre su estatus migratorio en Chile.

4°.- Que, en virtud de lo expuesto, es posible estimar que la omisión del Servicio Nacional de Migraciones constituye una conducta ilegal y arbitraria, al no haber tramitado la solicitud de la recurrente dentro del plazo legalmente establecido, sin que se haya demostrado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen dicha demora, circunstancias que deberían conducir a acoger el presente recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-17845-2024.