nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, tres de septiembre de dos mil veinte.

A los escritos folios 19, 20 y 21, estése a lo que se resolverá.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña María Paz Alvarado Silva, abogada, interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada legalmente por nombre reservado y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, por la acción ilegal y arbitraria cometida al descontar parte de la remuneración del recurrente, sin causa legal justificada.

Expone que don nombre reservado es trabajador dependiente de empresa UNISERVICE SPA, según contrato de 20 de mayo de 2019 y que, en sus liquidaciones de sueldo de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019 le apareció un descuento bajo la siguiente nomenclatura “Crédito Social C.C.A.F” por una suma total de $127.281 (agosto) $143.170 (septiembre) y $177.586 (octubre).

Señala que, al consultar con su empleador, éste le indicó que la empresa recibía mes a mes instrucciones por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, que le indicó por medio de una “nómina mensual de retenciones” a qué trabajadores debía efectuárseles descuentos por préstamos a Cajas de Compensación.

Expone que en el 2009 su representada trabajó en la empresa Pacific Star, dedicada al rubro de exportación de salmón, que se encontraba afiliada a la Caja de Compensación de Asignación La Araucana, a la que solicitó dos créditos o mutuos de dinero: el primero, otorgado el 22 de enero de 2008, por la suma de $7.881.513.- con contrato identificado bajo el número 108000063166; y el segundo, el 5 de junio de 2008, por la suma de $15.347.325.- identificado con el número 108000057886.

El primero fue pactado en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $239.166 pesos, cuyo primer vencimiento fue el día 29 de febrero del año 2008 y la última de ellas correspondía el 31 de enero del año 2012 y de éste reconoce haber pagado hasta la cuota 14, cada una de $239.173, es decir, un total de $ 3.348.422.- El segundo fue pactado en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $534.446 pesos, que tuvo como primera fecha de pago/vencimiento, el día 31 de julio de 2008 y la última de ellas el 30 de junio de 2012 y pagó 10 cuotas de $534.446.-, es decir, un total de $5.344.460.- Agrega que, a mediados del año 2008, debido a la erupción del Volcán Chaitén, donde había centros de cultivo de salmón y del virus ISA que afectaba a esos peces, la empresa desvinculó a su representado y al momento de efectuar el finiquito, se le informó que los saldos por concepto de créditos de consumo serían pagados directamente por el liquidador a la caja de compensación a la que se hallaba afiliado.

Expresa, que grande fue su sorpresa cuando en su liquidación apareció un descuento por una deuda contraída en el año 2008 y que 11 años después se pretende cobrar extrajudicialmente por las recurridas a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa, por la suma mensual de $127,281 (agosto) $143,170 (septiembre) y $177,586 (octubre), amparándose en una ley de las Cajas de Compensación que les permitiría efectuar descuentos que no informados de manera alguna, y que corresponderían a una deuda que se encuentra prescrita.

Asimismo, nunca se le ha notificado a su representado alguna acción judicial tendiente al cobro de dicha deuda, por lo que la recurrida pretende, por la vía de este descuento ilegal, corregir la desidia y negligencia con que ha actuado en el ejercicio de sus acciones legales.

En todo caso, la Caja de Compensación La Araucana ha intentado proveerse de vías judiciales tendientes a su cobro, las que no obstante el desconocimiento de esta parte, no han tenido éxito, atendida la manifiesta dejadez de la recurrida, porque si bien inició un procedimiento prejudicial según aparece de la causa C-38448-2010, del Juzgado de Letras de Castro, caratulada “nombre reservado/nombre reservado”, gestión preparatoria de la vía ejecutiva, ésta se archivó el 22 de diciembre de 2011, sin que el recurrente fuera notificado o emplazado de manera alguna.

De lo anterior, señala, se advierte que la recurrida no cuenta con un título ejecutivo y ha optado por actuar, a su conveniencia, presuntamente amparada en la ley de cajas de compensación, y ordenar a su empleadora un descuento mensual “por planilla”, sin fundamento legal.

Expone, además, que los descuentos realizados son hechos por la Caja de Compensación Los Andes, respecto de la cual el recurrente nunca ha estado afiliado; sin embargo, la Caja La Araucana le ha instruido esos descuentos desde el mes de agosto del año 2019 y continuamente hasta el mes de octubre de 2019, de manera que la cifra total ilegalmente descontada a la fecha alcanza la suma de $448.037.

Por lo anterior, estima vulneradas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus numerales 3, 16 y 24, es decir, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho de propiedad, la libertad de trabajo y el derecho de asociación, según jurisprudencia que cita, por cuanto las recurridas no fundamentan ni siquiera contractualmente este descuento abusivo, lo que en su criterio adolece de falta de razonabilidad y verosimilitud y por lo tanto la decisión adoptada no puede sino ser declarada como arbitraria porque no la habilita para ejercer la facultad excepcional establecida en la ley de cajas de compensación.

Finalmente, pide se acoja este recurso, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a las recurridas el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución y abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “UNISERVICE SPA”., o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de las remuneraciones del señor nombre reservado.

Segundo: Que informando la Caja de Compensación Familiar Los Andes, solicita el rechazo del recurso.

Expone que a contar del mes de agosto de 2019, se inició el cobro de retenciones de crédito a través del denominado “Proyecto Intercajas”, que es un proceso integrado de recaudación de deudas pendiente o vigentes y, en este caso, La Araucana C.C.A.F. ha solicitado la gestión de descuentos en la remuneración del Sr. nombre reservado, por concepto de cobro de las cuotas del crédito social otorgado por la referida institución, informando al empleador de la recurrente de acuerdo a los compromisos contractuales y según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, para la realización de retenciones, sumas que son retenidas por el empleador y remitidas a su representada y que son a su vez remesadas a la entidad acreedora, esto es, La Araucana C.C.A.F.

Explica que en sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas “Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera”. Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho.

En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales.

En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

El régimen de prestaciones de estas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo con el artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada, expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

Por consiguiente, su representada, mediante el procedimiento de descuentos ha ejercido los derechos que la propia ley y los acuerdos establecen, los cuales no son más que cumplir con su obligación legal de cautelar el fondo social de la Caja acreedora, siendo irrenunciable esta obligación para mi representada.

Cabe señalar que Caja Los Andes ha procedido a efectuar los cobros por encargo de La Araucana C.C.A.F., en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco denominado “Proyecto Intercajas”, creado a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F Desde el año 2010, la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, implementando una Central de Riesgo Financiero de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Estas instrucciones emanadas de la Superintendencia están contenidas en las Circulares Nº 2627 del año 2010, Nº 2714 y Nº 2743 del año 2011, Nº 2839 del año 2012, Nº 2925 del año 2013, por citar algunas.

La Central de Riesgo Financiero de la SUSESO tiene por objeto facilitar el cumplimiento de la normativa vigente relativa al riesgo de crédito, y considera la creación de una herramienta de reporte a disposición de las Cajas de Compensación para facilitar la entrega de información a esa Superintendencia, sirviendo de fuente centralizada de reporte, con instancias de validación oportunas, procesos y autentificación de usuarios y certificación de los datos enviados.

Para los efectos de dar cumplimiento a esta normativa, las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente.

En este contrato es parte, además, la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº 7 de la Ley 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades de previsión social, conforme al art. 1 de la Ley 18.833.

Conforme a la cláusula cuarta de este convenio, para los efectos operativos del sistema de cobranza de crédito social modalidad Intercaja, se contrató los servicios del prestador SINACOFI, quien ha tomado a su cargo todo lo que respecta a los servicios de desarrollo, implementación y operación del sistema, por mandato de C.C.A.F de Chile A.G y como delegada de esta, quien velará por el cumplimiento de los procesamientos generados, con el objeto de intercambiar y procesar información de la industria, única y exclusivamente para los fines del convenio aludido, lo cual se encuentra en armonía con lo establecido en el inciso final del artículo 4° de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

Cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este Proyecto Intercajas, se ha obligado a proveer la información necesaria a los efectos establecidos directamente por al operador SINACOFI, en su calidad de mandataria delegada de C.C.A.F de Chile A.G. Dicha información corresponde a lo que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la información contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero.

Lo anterior, debido a que tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto, según lo detallado en las Circulares Nº 2714, 2743 y 2839 de la Superintendencia de Seguridad Social. Estos archivos son generados y transmitidos a la SUSESO, una vez al mes, por cada una de las Cajas; significando lo anterior que todas las instituciones generan dicha información y cumplen mensualmente con la obligación de transmitirla, por lo que se comprometen a proporcionar mensualmente tales archivos, en forma oportuna, esto es, a más tardar el día acordado por los equipos de trabajo de SINACOFI y el comité técnico de las C.C.A.F. Esta información constituye la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

En el contexto normativo antes descrito, Caja Los Andes, a requerimiento de La Araucana C.C.A.F., y como diputada para efectuar el cobro y recibir el pago del Crédito Social otorgado al Señor nombre reservado, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833.

A la diputación para recibir el pago se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil que se limitan, en general, a aplicar las reglas comunes del mandato.

El pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2 de la Ley 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación. En el fondo, es el acreedor mismo quien recibe, conforme al artículo 1576 del Código Civil con relación al artículo 1448 del mismo cuerpo legal.

En relación a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad, señala que ello no es efectivo, debido a que no ha habido un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, señala poder afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente.

Finalmente señala que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo con el artículo 22 de la ley 18.833. Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger el fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Por lo anterior, solicita se rechace el presente recurso de protección, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última.

Tercero: Que, informando la Caja de Compensación La Araucana, solicita el rechazo del recurso.

Expresa que al recurrente señor nombre reservado, en su calidad de afiliado a La Araucana C.C.A.F., se le otorgaron los siguientes créditos:

a) Crédito Social Folio N°108-000057886 de fecha 22 de enero de 2008, por la suma de $7.415.810 pesos, pactado en 48 cuotas mensuales de $239.173 pesos cada una.

b) Crédito Social Folio N°108-000063166 de fecha 05 de junio de 2008 por la suma de $16.389.617 pesos, pactado en 48 cuotas mensuales de $534.446 pesos.

Señala que, al inicio de estas relaciones contractuales, el señor nombre reservado cumplía con sus obligaciones tal y como estaba pactado al momento de celebrar dichos contratos, a saber:

a) Respecto del Crédito Social Folio N°108-000057886 se ha pagado desde la cuota N°1 a la cuota N°6 (marzo 2008 a agosto 2008), mediante liquidaciones por el empleador, la empresa Salmones Pacific Star S.A. Posteriormente desde la cuota N°7 a la cuota N°14 (marzo 2008 a abril 2009), mediante pagos masivos efectuados por caja, las cuotas N°15 y abono N°16 (junio 2014 a julio 2014) mediante pago por caja por el recurrente y desde la cuota N°16 integra hasta la cuota N°31 efectuando abonos en cada una de ellas hasta completarlas (junio 2017 a agosto 2018), por descuentos a través del Sistema Intercajas Los Andes C.C.A.F., y finalmente desde la cuota N°31 integra a la cuota N°33 (agosto 2019 a noviembre 2019) por descuentos a través del Sistema Intercajas Los Andes C.C.A.F., sistema que se explicará en el siguiente acápite.

b) En cuanto al Crédito Social Folio N°108-000063166 se ha pagado la cuota N°1 mediante descuento en la liquidación por el empleador, la empresa Salmones Pacific Star S.A. Posteriormente desde la cuota N°2 a la cuota N°10 (septiembre 2008 a mayo 2009), mediante pagos masivos por caja, las cuotas N°11 a un abono a la N°19 (abril 2014 a diciembre 2014) pagado por caja por el recurrente, y desde la cuota N°19 integra hasta la cuota N°24 efectuando abonos en cada una de ellas hasta completarlas (octubre 2016 a abril 2018 por descuentos a través del Sistema Intercajas Los Andes C.C.A.F.

Agregar que los descuentos practicados desde agosto 2019 se han aplicado en base al tope legal permitido descontar, conforme la Circular N°2052 de la Superintendencia de Seguridad Social, atendida la liquidación de remuneración del recurrente y que se han imputado sólo al Crédito Social Folio N°108-000057886, teniendo en consideración que cada una de las cuotas entre los dos créditos corresponde a la suma de $773.619 pesos.

Hace presente que sólo se han pagado algunas cuotas, no así el total de las deudas en atención a la suma de $23.228.838 pesos solicitada por el recurrente.

Se extiende, al igual que Caja de Compensación Los Andes, acerca de la creación de este tipo de entidades; su funcionamiento, la finalidad social perseguida, la diputación para el cobro de lo adeudado por los trabajadores afiliados al sistema (sistema Intercajas), la legislación que les rige, la información que deben entregar a la Superintendencia respectiva y la forma de operar de la prescripción.

Además, refiere que conforme la página del Poder Judicial, el señor nombre reservado interpuso el 25 de noviembre de 2019 ante el 22° Juzgado Civil de Santiago una demanda ordinaria de prescripción extintiva en contra de La Araucana C.C.A.F., cuya resolución se dictó el 17 de diciembre de 2019, en consecuencia, el recurrente ha demostrado -a través de dicha demanda- que la vía idónea para alegar la prescripción es a través de los tribunales ordinarios de justicia al ser de lato conocimiento y no mediante la acción de protección.

Agrega que el descuento efectuado al recurrente por medio del Sistema Intercajas, es validado por jurisprudencia administrativa, a saber, Ordinario N°67989 de 13 de diciembre de 2016 emanado de la Superintendencia de Seguridad Social que sirve para fundamentar la modalidad de descontar el crédito social por intermedio de otra Caja de Compensación distinta de la acreedora, forma de descuento también validada por la Dirección del Trabajo en dictamen N°4527/093 del año 2011.

En consecuencia, señala que su representada no ha privado, perturbado o amenazado derechos y garantías constitucionales del actor si en todo momento, ha obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia, más aún, teniendo en consideración que es el propio recurrente quien ha interpuesto en forma paralela a esta acción la demanda ordinaria de prescripción extintiva.

Por lo anterior, solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta en su contra.

Cuarto: Que el denominado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Quinto: Que constituyen entonces presupuestos de la acción cautelar- en el carácter de copulativos-, los siguientes:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se adiciona a lo anterior que debe interponerse dentro del plazo de treinta días desde que se toma conocimiento del acto o se incurre en la omisión que se reclama.

Sexto: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es el descuento que se ha realizado por parte de la Caja de Compensación Familiar La Araucana, correspondiente a un préstamo informado por la Caja de Compensación Los Andes, que se cobra a través del sistema Intercajas, sin su consentimiento por lo que se ha vulnerado el artículo 19 en sus numerales 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, conforme a los antecedentes aportados por las partes, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica es posible establecer los siguientes hechos:

a) Que el recurrente con fecha 22 de enero de 2008 obtuvo un préstamo de la Caja de Compensación Los Andes, Crédito Social Folio N°108-000057886 por la suma de $7.415.617, pactado en 48 cuotas mensuales de $239.173 cada una. Consta que se han pagado hasta la cuota número 33, esto es hasta noviembre de 2019 y desde la cuota N° 16, los descuentos han sido Intercajas.

b) Que el recurrente solicitó un nuevo Crédito Social Folio N°108-000063166 con fecha 05 de junio de 2008 por la suma de $16.389.617 pesos, pactado en 48 cuotas mensuales de $534.446 pesos, por el que se han pagado por el recurrente hasta la cuota 24 y desde la N° 19 a la 24, por Intercajas.

c) Que entre las Cajas de Compensación Los Andes y Caja de Compensación Familiar La Araucana, existe un convenio por la que una Caja de Compensación puede recaudar los créditos de la otra Caja, en la que éste registra deudas sociales, dando la instrucción del descuento al actual empleador del deudor moroso.

Octavo: Que es efectivo que la Ley N° 18.933, faculta a las Cajas de Compensación para otorgar a los trabajadores afiliados créditos sociales; y también que en el artículo 22, estos pueden ser deducidos de su remuneración por la entidad empleadora pagadora quien debe remitir tales dineros a la Caja acreedora, aplicándose las mismas normas de pago y de cobro que para las cotizaciones previsionales.

Noveno: Que, conforme a los hechos establecidos, los descuento efectuados al recurrente, se ha fundado en la existencia de un crédito que se le otorgó por la Caja de Compensación Los Andes, cuyo cobro actualmente se efectúa a través del empleador, por la Caja de Compensación Familiar La Araucana, quien los remesa a la primera de las nombradas.

Décimo: Que en tales circunstancias no se ha cometido ninguna acción arbitraria e ilegal, por las recurridas, desde que, el descuento de la remuneración de la recurrente, se ha realizado de acuerdo con la normativa vigente, sin vulnerar las garantías denunciadas; por cuanto respecto de las dos primeras, fundadas en los N°s 3 y 16, del artículo 19 de la Carta Fundamental, éstas no son resguardadas mediante esta acción cautelar, según se indica en el artículo 20; y respecto del N°24, tampoco se ha quebrantado, pues existe una deuda social que no se ha pagado por el recurrente, la que a la fecha tampoco se ha declarado extinguida por ninguno de los modos que la ley contempla.

Undécimo: Que, por otra parte, cabe hacer presente que la eventual prescripción que afectaría a la deuda debe alegarse por la vía y procedimiento pertinentes, pero no a través o por intermedio de la presente acción cautelar, ya que no se aviene con la naturaleza de este procedimiento.

Duodécimo: Que por todo lo antes razonado, solo cabe rechazar la acción cautelar en análisis.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro (s) señor Juan Carlos Silva Opazo.

N°Protección-178416-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo. No firma el ministro señor Poblete por encontrarse suspendido de sus funciones.