nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, seis de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en haber interpuesto demanda ejecutiva en su contra a raíz de créditos sociales sin haber sido válidamente emplazado.

Expone el recurrente que mantiene cuatro créditos sociales para con la recurrida los cuales pagó de manera íntegra hasta el mes de septiembre de 2023, época en que fue desvinculado de su trabajo en “Deposito Central de Valores”. Señala que, encontró un nuevo trabajo en que su remuneración es inferior a la que percibía en el pasado.

Debido a lo anterior, sostiene, la recurrida demandó ante el 28° Juzgado Civil de Santiago (causa rol C-10635-2024) el cobro de tales créditos, sin haber sido notificado.

Refiere que se enteró de la existencia de dicho litigio el 27 de julio de este año a través de un llamado telefónico del conserje de su antiguo domicilio, lugar en que no vive actualmente quien le indica que un receptor judicial se había presentado dejando cédula de espera y, además, realizando embargo.

Expone que lo anterior supone una vulneración a su derecho de defensa y que lo anterior ha provocado problemas con terceros ya que se ha procurado embargar bienes en un lugar en que ya no reside, incluso con auxilio de la fuerza pública.

Además, agrega que ha acudido a sucursales de la recurrida con el propósito de regularizar y reprogramar el pago de sus créditos, pero no ha obtenido resultados satisfactorios debido a su actual nivel de ingresos.

En cuanto al derecho, señala que todo lo anterior supone una vulneración a las garantías contempladas por los artículo 19 N°4 y N°3 y, en consecuencia, solicita que se ordena a la recurrida (i) dar la opción defensa en el proceso civil y/o detener su tramitación “ya que de igual manera se realizarán descuentos en mi liquidación, y no es posible realizar dos acciones de cobro”; (ii) notificar correctamente y (iii) aceptar la repactación de los créditos vigentes “de acuerdo a lo establecido por la superintendencia de seguridad social”.

Segundo: Que, a folio 15, consta informe de la recurrida mediante el cual solicita el rechazo de la acción.

En primer lugar, detalla tres créditos sociales otorgados en su oportunidad respecto del recurrente los que datan de los meses de junio y noviembre de 2022 y abril de 2023.

A continuación, señala que, efectivamente inició una demanda en contra del recurrente, pero sólo en relación a uno de tales créditos en virtud de la regulación propia de las Cajas de Compensación que obliga a ejercer acciones de cobro dentro de los 6 meses de mora. Al respecto refiere que se trata de tres créditos plenamente vigentes, recaudados conforme al mecanismo previsto por el artículo 22 la ley 18.833.

Seguidamente, la recurrida desarrolla consideraciones contextuales y jurídicas sobre la naturaleza de las Cajas de Compensación, y el carácter social de los créditos que otorgan. Explica que estas entidades son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, incluyendo el régimen de crédito social establecido en la Ley N°18.833.

La recurrida enfatiza que el mecanismo de descuento por planilla para el pago de los créditos sociales es un sistema especial establecido por la ley, que no depende de la voluntad de las Cajas de Compensación y que tiene carácter obligatorio para el empleador. Asimismo, destaca que, conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833, la obligación del trabajador se entiende extinguida desde el momento en que se practica el descuento, aunque el empleador no haya remesado los fondos a la Caja.

En cuanto a la exigibilidad de la deuda, la recurrida sostiene que se trata de obligaciones vigentes y actualmente exigibles, cuya prescripción no ha sido declarada judicialmente. Argumenta que, de acuerdo con los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. Cita, además, un dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social que respalda esta interpretación.

Respecto a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, la recurrida niega que exista una afectación al derecho de propiedad del recurrente, pues el descuento de las cuotas del crédito social está autorizado por la ley. Sostiene que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento al empleador, dada la regulación especial contenida en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Finalmente, la recurrida invoca jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que han rechazado recursos de protección en casos similares, reconociendo la legalidad de los cobros efectuados por las Cajas de Compensación y la ausencia de arbitrariedad en su actuar.

En virtud de los argumentos expuestos, solicita el rechazo del recurso de protección, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes en relación con los hechos expuestos.

Tercero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, en la especie no existe controversia respecto a que el recurrente tiene la calidad de deudor de obligación de dinero respecto de la recurrida. Tampoco existe controversia respecto al hecho consistente en que la recurrida ejerció acciones de cobro respecto de, al menos uno de esos créditos, según reconoce la Caja en su informe.

En consecuencia, lo que se discute en autos es la eventual ilegalidad y arbitrariedad por parte de la recurrida con relación a la forma en que se ha tramitado el cobro de dicho crédito, especialmente, según se advierte del recurso, por la ausencia de una notificación válida.

Quinto: Que, de acuerdo a los antecedentes acompañados por el recurrente, se advierte que en causa rol C-10635-2024, seguida ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, la recurrida entabló demanda ejecutiva en contra del recurrente cuyo fin consiste en el cobro ejecutivo del pagaré N° 208COS100194335 hasta por la suma de $3.509.028, más reajustes, intereses y costas.

Se advierte que en dicho procedimiento se practicó notificación por cédula y requerimiento de pago respecto del recurrente, sin que se hubieren realizado diligencias de apremio que hubieren implicado la realización de bienes.

Sexto: Que, consignado lo anterior, resulta que en la especie no es posible dar por concurrente una vulneración a las garantías que el recurrente denuncia como infringidas por cuanto no aparece afectado ningún derecho que tenga el carácter de indubitado.

En concreto, lo que se advierte es que la recurrida ha ejercido una acción en su contra con el fin de procurar el cobro de un crédito, que, según el propio recurrente admite, adeuda.

Luego, en la eventualidad de existir algún vicio en cuanto al emplazamiento de la acción de cobro aludida, ello debe ser ventilado en el propio juicio por la vía incidental al tenor de las normas que disciplinan específicamente dicha situación, a saber, artículos 79 y 80 del Código de Procedimiento Civil, cuestión que no ha ocurrido.

Mismo acontece con los eventuales perjuicios a terceros que indica el recurso, quienes siempre pueden ejercer las tercerías que el mismo Código Adjetivo establece o las acciones que se estimen pertinentes.

Séptimo: Que, lo anterior, además, debe ser comprendido en un contexto en que el recurrente no cuestiona el vigor de los créditos que se indican y, en consecuencia, mientras los tribunales de justicia no declaren prescrita o improcedente la deuda que, por concepto de crédito social se mantiene con una C.C.A.F., resulta ajustado a derecho su cobro. Lo anterior, a su vez, justificaría los eventuales descuentos de la remuneración del recurrente en caso de ser efectivo que se realizan, conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Sobre esto último, cabe recordar que por aplicación artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, por lo que las deudas de crédito social contraídas con ellas constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que de acuerdo con el artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, no obstante las Cajas se encuentran en condiciones de otorgarle las facilidades que le permitan cumplir con su compromiso, debiendo, para dicho efecto, acercarse a cualquiera de sus oficinas.

Octavo: Que entonces, no existiendo un acto u omisión ilegal y arbitrario atribuible a la recurrida, en el presente arbitrio debe ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

N°Protección-17831-2024.