nombre reservado con RIPLEY CHILE S.A

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veinte.

A los escritos folios 36 al 42: a todo, téngase presente.

Visto:

Que comparece nombre reservado, Abogado, actuando en su propia representación, quien interpone recurso de protección en contra de Banco Ripley S.A., en contra de Car S.A. y en contra de Ripley Chile S.A, con motivo del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la publicación de morosidad inexistente en registros comerciales, lo que vulnera sus derechos constitucionales establecidos en los numerales 1°, 4° y 21° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Explica que con fecha 18 de noviembre de 2019 se le informa mediante correo electrónico que presenta una morosidad a nombre de casa Ripley, por la suma de $46.670.- de lo que tomó conocimiento con motivo de la solicitud de un crédito hipotecario que efectuó para la posible compra de un inmueble en la comuna de Ñuñoa, negando categóricamente haber tenido alguna vez una situación de morosidad.

Pese a esto, fue informado aquello a diversas instituciones comerciales y bancarias, impidiéndole la obtención del crédito hipotecario, teniendo en la actualidad una promesa de compraventa firmada, pero viéndose impedido de acceder al financiamiento bancario. Pese a desconocer la deuda, expresa que conforme al documento que acompaña a su presentación llegó a su correo un estado de cuenta correspondiente al período agosto- septiembre de 2019, por la suma de $213.444.- desglosada en una suma por concepto de compra de un celular y costo de mantención, pese a que niega haber adquirido un equipo como aquel ni haber hecho una compra superior a la suma de $200.000.- morosidad que escapa a toda lógica puesto que la tarjeta fue contratada recién el día 9 de agosto de 2019.

En otro acápite, sostiene que concurrió a las dependencias de la multitienda para que le entregasen mayores antecedentes, junto con indicarles en ese momento que no efectuaría pago alguno por no ser aquel procedente, derivándose el requerimiento de información a gerencia, pues en el propio departamento de servicio al cliente no pudieron encontrar información asociada a dicho cobro. Con posterioridad fue contactado, donde se le explicó que el origen del cobro correspondía a la adquisición de un teléfono celular de la marca Samsung el año 2017, en virtud de un mandato conferido a la sociedad Comercial ECCSA en ese entonces. Y si bien, aduce, contrató dicho año un plan de celular asociado a una promoción de compra con la tarjeta Ripley, días después devolvió el equipo permitiéndole cerrar la tarjeta y anular la compra. Por ende, expresa que es posible para un cliente poner término anticipado al contrato de productos y servicios bancarios en la medida que no mantenga deudas con la respectiva casa comercial, estableciéndose expresamente en el nuevo contrato, del mes de agosto de 2019, en su cláusula 84.3.

En cuanto al derecho, junto con la referencia a la denominada “Ley Dicom”, del mes de junio de 2002, desarrolla la vulneración de sus derechos constitucionales a la honra, en cuanto con el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas se ve afectada su imagen, como también las restricciones de acceso al crédito que afectan su derecho de propiedad, para finalmente poner énfasis en los continuos hostigamientos telefónicos de que ha sido víctima a raíz del cobro de la deuda, afectando su integridad síquica y perturbando el desarrollo de su actividad laboral.

Evacuando el informe requerido, Ripley Chile sostiene que el recurso carece de fundamentos, toda vez que la publicación de morosidad se ha hecho con estricto apego a las disposiciones contenidas en la ley N°19.628, constituyendo la publicación una obligación de carácter económico que da cuenta del incumplimiento de una obligación con las entidades recurridas. Siempre en este orden de ideas, expresa que las limitaciones en la materia dicen relación con una obligación que se haya extinguido o se encuentre en vías de aquello, desprendiéndose del recurso que aquello no ha ocurrido. Por el contrario, es efectivo que el recurrente se atrasó en el pago de cuotas asociadas al producto que afirma haber devuelto, descartando que haya existido un hostigamiento en su cobro, sino meramente el cumplimiento del deber de informar en torno a la deuda existente para que sea aquella regularizada.

Evacuando el informe requerido, Banco Ripley se pronuncia en términos muy similares a Ripley Chile S.A, los que se dan por expresamente reproducidos por razones de economía procesal.

Evacuando el informe requerido, Servicios Equifax sostiene que la razón de la inclusión de datos en los informes Equifax es el contrato suscrito entre su representada y la Cámara de Comercio de Santiago A.G de 17 de julio del año 2000 y que acompaña en un otrosí de su presentación, manifestando no tener otros antecedentes adicionales que aportar en relación al recurso planteado.

Sin perjuicio de aquello, subraya que el responsable de los datos materia de este arbitrio es la Cámara de Comercio de Santiago A.G. a través de su base Icom, mas no su representada.

Evacuando el informe requerido Car S.A. solicita el rechazo del recurso entablado. En primer término, efectúa una síntesis de las alegaciones contenidas en aquel, para luego precisar los requisitos de procedencia del recurso de protección, los que afirma no concurren en este caso. A continuación sostiene que el recurrente presenta una deuda que al no haber sido solucionada fue publicada en el boletín comercial, habiendo su parte dado estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley N°19.628, no habiéndose acreditado la extinción de aquella conforme al artículo 18 de dicha normativa. Unido a esto, el recurrente presenta una obligación de carácter económica cuya inclusión dentro del registro del boletín que administra la Cámara de Comercio es de libre acceso público y debe ser diferenciado del registro de deudores morosos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y al que sólo acceden las instituciones financieras.

Se ordenó por resolución de 5 de marzo del presente año a Ripley S.A. ampliar su informe, en orden a precisar a qué tarjeta corresponde la deuda informada, como también si del listado de números telefónicos acompañados por el recurrente reconoce alguno. Así también, se pidió a ECSSA S.A. referirse a la cobranza judicial de la presunta deuda, en especial las vías por las cuales la habría materializado.

Cumpliendo con lo ordenado Ripley Chile S.A. evacuó la ampliación de informe, precisando que el número de tarjeta corresponde al 600010034100002491338, no reconociendo los números telefónicos indicados por el recurrente, al no corresponder a trabajadores de Ripley.

Evacuó el informe requerido Comercial ECCSA S.A. precisando que ante la deuda que mantiene vigente se ha instado por su cobro de dos maneras: llamados telefónicos y correos electrónicos. Lo que se ha hecho al tenor de lo establecido en el artículo 37 de la normativa sobre derechos del consumidor, en relación con la circular N°24 del año 2008 emitida por el Servicio de Impuestos Internos, para efectos de los denominados “créditos incobrables”. Descartando así que dichas comunicaciones importen un hostigamiento como se indica en el recurso, las que contrariamente han tenido un fin meramente informativo y amparado por la normativa para el ejercicio de su acción de cobro.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección es una acción constitucional destinada a resguardar el ejercicio de los derecho que taxativamente establece el artículo 20 de la Constitución Política de la República, con motivo de actuaciones u omisiones que importen una privación, perturbación o amenaza su legítimo ejercicio.

Segundo: Que del mérito de los antecedentes y atendido el allanamiento formulado por el Abogado de los recurridos en la vista de la causa en orden a cesar las acciones de cobro y la eliminación de la deuda de todo registro en que aquella conste, concordante con las peticiones que es posible advertir del recurso de protección entablado.

Tercero: Que en estas condiciones, no existen medidas que esta Corte adoptar lo que conduce al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el respectivo Auto Acordado, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Banco Ripley S.A., en contra de Car S.A. y en contra de Ripley Chile S.A.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-178289-2019.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los Ministros señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, señora Jenny Book Reyes y señora Veronica Cecilia Sabaj Escudero.