nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago Santiago, doce de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por haber incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, consistente en el excesivo tiempo transcurrido sin pronunciarse respecto de su solicitud de “carta de nacionalización”, presentada con fecha 4 de abril de 2023, lo que a su juicio vulnera la garantía establecida en los Nos. 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundando su recurso, expone que el recurrente es empleado, quien ingresó a Chile con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida dentro del país. Agrega que siendo residente definitivo, con más de 5 años de permanencia en el país, ingresó su solicitud de carta de nacionalización con fecha 04 de abril de 2023, según consta en comprobante de solicitud N°63112847, respecto de la cual, a la fecha, no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite demorado em demasía.

Finalmente, por lo anterior, solicita que el Servicio Nacional de Migraciones resuelva la solicitud de carta de nacionalización del recurrente en un plazo no mayor a 60 días o en el plazo que esta Corte estime pertinente, y que se restablezca el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, el Servicio Nacional de Migraciones solicita su rechazo por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario desplegado por la autoridad que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales del recurrente.

Señala que el recurrente ingresó a territorio nacional por paso habilitado con fecha 28 de abril de 2017, y que por Resolución Exenta N°10.887, de 06 de marzo de 2023, se le otorgó el permiso de permanencia definitiva, actualmente vigente.

En cuanto a la solicitud de carta de nacionalización ingresada con fecha 04 de abril de 2023, indica que, por comunicación electrónica de 17 de enero de 2024, enviada al correo electrónico del extranjero, se le informó que su requerimiento no reunía todos los requisitos por falta de documentos, específicamente, carpeta tributaria otorgada por el Servicio de Impuestos Internos, otorgando un plazo de 60 días para subsanar.

Explica que, con igual fecha, el extranjero acompañó documentos al procedimiento administrativo, por lo que su solicitud se encuentra actualmente en trámite, ante el Servicio Nacional de Migraciones, específicamente en etapa de “primer análisis” desde el día 17 de enero de 2024 cuando se le requirió información faltante y esté la acompañó.

Hace presente que la competencia del Servicio cesa al enviar los antecedentes al Ministerio del Interior con la sugerencia de la aprobación o rechazo según el caso, autoridad que es la que en definitiva se encuentra encargada de pronunciarse sobre la petición, agregando que en este tipo de solicitud y su otorgamiento intervienen distintos organismos públicos, cada uno con una función determinada, siendo finalmente el Ministerio del Interior quien otorga o no la nacionalidad chilena, por delegación de facultades del Presidente de la República, en virtud del artículo 1 del D.S. 5.142 de 1960.

Agrega que el recurrente es titular del permiso de permanencia definitiva vigente, por lo tanto, su situación migratoria es regular, se encuentra habilitado para realizar cualquier actividad lícita en el país, e incluso puede ingresar y salir del mismo sin inconvenientes.

Luego de revisar la normativa aplicable al beneficio migratorio que se pretende, y las disposiciones que le entregan atribuciones para pronunciarse sobre éste, se refiere a la duración del procedimiento administrativo y sostiene que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal.

Finalmente, niega la vulneración de las garantías constitucionales que se denuncian amagadas, pues no se ha realizado ninguna discriminación arbitraria en la tramitación de la solicitud del extranjero, a quien se ha tratado de la misma manera que aquellos que se encuentran en una situación fáctica similar.

TERCERO: Que, informa la Subsecretaría del Interior, y solicita el rechazo del recurso, con costas, por no existir motivo jurídico plausible para sostener la acción.

Precisa que los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente se encuentran, actualmente, en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo cual es una etapa previa a la entrega de antecedentes a dicha Cartera de Estado para su posterior resolución, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley, las cuales detalla.

CUARTO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que el hecho que motiva la presente acción constitucional es la demora en el pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente en el mes de abril de 2023, la cual, a la fecha, está aún en tramitación.

SEXTO: Que, como hechos a considerar para la resolución del presente recurso, encontramos: a) Que el recurrente es de nacionalidad venezolana y que el 4 de abril de 2023 solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones, carta de nacionalización, y b) Que dicha solicitud avanzó a la etapa de “primer análisis”, encontrándose en dicha fase desde el 17 de enero de 2024 ante aquel Servicio, luego de que con la mencionada fecha se le solicitara al requirente que acompañe los documentos faltantes que le fueron solicitados, lo cual realizó en fecha posterior.

SÉPTIMO: Que, en el escenario descrito, es posible advertir que la solicitud de carta de nacionalización se encuentra aún en trámite, y si bien se constata una demora en su tramitación, ello puede encontrar respuesta en la gran cantidad de solicitudes que han formulado los extranjeros en el último tiempo, lo que es de público conocimiento.

OCTAVO: Que así ha sido reconocida por la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año 2023, en los autos Rol N°115.064-2022, al señalar que: ‘‘dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

NOVENO: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora en la dictación de un “acto terminal”, esto es, emitir pronunciamiento de la solicitud de carta de nacionalización, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos no se vislumbra arbitrariedad, pues la demora es razonable; y tampoco ilegalidad, como quiera que los plazos que se confieren a la Administración establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, no son fatales, cuestión que aunada a la carga de trabajo que enfrenta el Servicio Nacional de Migraciones, llevan a desechar la presente acción constitucional.

DÉCIMO: Que, finalmente tampoco se advierte un perjuicio o atentado a alguna garantía constitucional que pueda verse afectada con la demora, pues el solicitante se encuentra en “condición regular” en el territorio nacional al contar con un “permiso de permanencia definitiva” vigente.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, tratándose de un retardo en resolver la petición pendiente, debe considerarse que no hay un acto terminal respecto del recurrente, por lo que el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para obtener lo solicitado en la presente acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Sin perjuicio se recomienda al Servicio que proceda a agilizar la tramitación del proceso seguido respecto del recurrente, dando curso progresivo al mismo, y emita pronunciamiento respecto de su solicitud a la brevedad posible.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-17823-2024.