Protección contra Fundación Educacional nombre reservado

Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, en favor de su hijo menor nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Fundación Educacional nombre reservado, por haber determinado la expulsión directa del adolescente del establecimiento educacional, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita que se deje sin efecto el acto de expulsión y se ordene la reincorporación inmediata del estudiante a clases.

Expone que su hijo nombre reservado, de 16 años, ha pertenecido durante toda su vida escolar al Colegio nombre reservado, siendo un excelente alumno con promedio 6,9 en enseñanza básica y 6,7 en primero medio. No obstante, a partir del año 2024 experimentó deterioro académico debido a una lesión que mantiene hasta el día de hoy -periostitis- y a la actitud hostil de la profesora de matemáticas señora nombre reservado, quien se refería a él con términos denigrantes como "autista, tarado, penca, inútil".

En noviembre de 2024 la profesora le manifestó delante del curso que "todos los profesores y coordinadores del colegio, habían acordado anotarlo para dejarlo condicional, así lo echaban". Señala que el adolescente contestó llorando y la acusó ante el coordinador don nombre reservado y en presencia de la directora nombre reservado.

Señala que decidió abrir el protocolo de maltrato de adulto hacia un menor, lo que devino en que quedó condicional por desafío a la autoridad, iniciándose según alega la recurrente una persecución sistemática que afectó gravemente su estado emocional, requiriendo atención psicológica y psiquiátrica.

Menciona que, durante 2025, el adolescente continuó siendo hostigado, recibiendo anotaciones por faltas menores como llegar tres minutos tarde, entre otros.

El 29 de mayo pasado se pelearon dos compañeros de curso, sin embargo, a la salida del colegio, el padre de uno de ellos lo agredió verbalmente y lo amenazó, situación que derivó en denuncia y querella que terminó con acuerdo reparatorio ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Paralelamente, ese mismo día, nombre reservado, hijo de la administradora del colegio, acusó a nombre reservado de bullying, pese a no tener relación entre ellos, lo que devino en que sea acosado telefónicamente, ya que, en el estacionamiento de la tía de nombre reservado, marcaron los automóviles con el celular de nombre reservado.

Expresa que la psiquiatra informó que había bajado siete kilos en un mes, no dormía, no comía y presentaba angustia y ansiedad.

El 25 de julio de 2025, las directoras nombre reservado y nombre reservado comunicaron la expulsión directa de nombre reservado, lo que devino en malestar por parte de sus compañeros y algunos apoderados quienes hicieron cartas de apoyo al adolescente con el fin de desmentir las razones de la expulsión.

En cuanto al derecho, alega vulneración del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, toda vez que se vio afectada su integridad psíquica por los cuestionamientos realizados por el colegio a raíz de la denuncia falsa, a pesar la existencia de un estado de salud comprometido por parte del estudiante. Asimismo, alega vulneración al artículo 19 N°3, por cuanto, la decisión de expulsión no se ajustó al Reglamento de Convivencia Escolar que exige un procedimiento justo y racional. Finalmente, alega vulneración del artículo 19 N°24, y señala que la expulsión afecta el derecho de propiedad sobre la condición de alumno y la progresión académica.

Pide se acoja la presente acción de protección, se ordene dejar sin efecto la expulsión de su hijo, adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, especialmente la reincorporación inmediata a clases del menor.

Segundo: Que evacuó informe la Fundación Educacional nombre reservado sostenedora del Colegio nombre reservado del siguiente tenor.

Como cuestión previa, la recurrida plantea la inexistencia de acto terminal que pueda ser objeto del presente recurso de protección, argumentando que lo impugnado corresponde a una etapa intermedia de un procedimiento disciplinario en curso. Sostiene que la comunicación efectuada a los apoderados no constituye una decisión firme ni definitiva de expulsión, sino una notificación que forma parte de la tramitación del procedimiento disciplinario sujeta a apelación y a la posterior decisión de la dirección del colegio, precisando que la apelación de la familia no ha sido resuelta.

Expresa que, en estos autos, se concedió una Orden de No Innovar, lo que ha generado una situación procesal contradictoria, impidiendo que el establecimiento pueda resolver las defensas presentadas por la familia del alumno.

Respecto a los hechos, califica las aseveraciones contenidas en el recurso como infundadas, parciales y en su mayoría falsas. Niega categóricamente que haya existido animadversión hacia el adolescente y sostiene que han procurado implementar medidas de apoyo, pero que las transgresiones a la normativa del colegio han sido reiteradas y graves.

Refuta la versión sobre la condicionalidad, indicando que fue aplicada por incumplimientos graves y no fue impugnada oportunamente por la familia.

Señala no ha existido animosidad en contra del estudiante, estando siempre siendo apoyado por su profesora jefe, pero es él adolescente quien se ha negado a colaborar con el proceso formativo.

Menciona que, mediante la activación de su protocolo de maltrato, luego de entrevistas a estudiantes testigos y declaraciones, se constató la existencia de bullying o acoso escolar desde el adolescente hacia el estudiante nombre reservado. Señala que, se verificó hostigamiento reiterado, afectación grave a la integridad psicológica, asimetría de poder, maltrato sistemático y grave afectación al clima de convivencia escolar.

En cuanto al estado de salud del adolescente, aclara que mantiene tratamiento psicológico documentado desde 2022, manifestándose poca tolerancia cuando se le corrige alguna conducta disruptiva.

En cuanto al derecho, plantea la inexistencia de presupuestos constitucionales de procedencia del recurso de protección. Argumenta la inexistencia de un derecho indubitado, señalando que el recurso tiene carácter parcial y sesgado, omitiendo antecedentes del debido proceso sustanciado por el colegio.

Respecto de la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad, argumenta que el proceder del colegio se ajustó íntegramente a la normativa aplicable, toda vez que los hechos constatados se encontraban sancionados expresamente por el Reglamento Interno con expulsión, considerando la condicionalidad y los hechos de acoso escolar verificados. Los hechos acreditados implicaron la falta muy grave de "Realizar actos de acoso escolar o bullying", correspondiendo la apertura del procedimiento sancionatorio.

En cuanto a las garantías constitucionales, niega vulneración al artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, argumentando que no expusieron al adolescente comunicando al curso la decisión ni lo forzaron a seguir asistiendo a clases. Respecto del artículo 19 N°3 de la carta fundamental, sostiene que el proceder se ajustó al debido proceso, existiendo notificación, descargos, oportunidad de aportar pruebas y apelación, siendo la decisión ratificada por el consejo de profesores por unanimidad.

Pide, en definitiva, se rechace la presente acción de protección.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, el acto que motiva la presente acción cautelar es la comunicación de inicio del procedimiento interno de expulsión del alumno protegido, conforme al Reglamento de Convivencia Escolar del citado colegio, expediente que se encuentra suspendido atendido la orden de no innovar que se decretó en estos autos de protección, motivo por el cual el recurrido se encuentra impedido de pronunciarse sobre las defensas de la parte recurrente.

Quinto: Que, luego de lo dicho, lo cierto es, que, del mérito de los antecedentes allegados al expediente, y que no se encuentran controvertidos, dan cuenta que el colegio recurrido aún no ha resuelto la expulsión del actor.

Así las cosas, el inicio de un procedimiento disciplinario en contra de un alumno, no constituye per se una ilegalidad o arbitrariedad, toda vez que, ponderado aquel en su contexto, sólo con la decisión que resuelva el procedimiento disciplinario se podrá determinar la ilegalidad o arbitrariedad de este, acontece entonces que el supuesto fáctico que fundamenta la petición de tutela a su garantía constitucional no concurre en la actualidad.

Sexto: Que, consecuentemente a lo expresado en el motivo que antecede, no existe actualmente medida que deba ser adoptada por esta Corte a efectos de restablecer el imperio del derecho, por lo que deberá necesariamente desestimarse la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado en favor de nombre reservado en contra de la Fundación Educacional nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

No firma la Ministra señora Lusic, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 17810-2025. Protección.