nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, tres de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento por planilla de un crédito otorgado por esa entidad, vulnerando con ello la garantía constitucional del artículo 19 Nº 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeña como administrativo en la I. Municipalidad de Valdivia y que desde el mes de octubre de 2020 ha experimentado una reducción en su remuneración por los descuentos mensuales a raíz de un crédito que le fue otorgado por la recurrida en el año 2017, respecto del cual suscribió un pagaré por la suma de $3.912.517, dividida en 50 cuotas de pago, cuyo primer vencimiento fue el 31 de enero de 2017. Aclara que la fecha de suscripción del señalado pagaré fue el 26 de enero de 2017.

Agrega que este crédito fue contratado cuando se desempeñaba para un antiguo empleador, que tenía convenio con la entidad recurrida, y que luego de cambiar de trabajo, en el año 2016, no pudo continuar con el pago de las cuotas, siendo la última pagada la del 30 de noviembre de 2017. Explica que dicha morosidad se prolongó en el tiempo, pero que este crédito no volvió a ser descontado por planilla sino hasta la liquidación de octubre del año 2020, en que se reactivaron dichos descuentos a requerimiento de la recurrida.

Refiere que a pesar de la señalada situación de morosidad, nunca fue notificado de alguna acción judicial de cobro en su contra y que, por el contrario, fue él quien provocó la actividad jurisdiccional al oponer una excepción de prescripción extintiva de la deuda referida en la causa Rol NºC-4351-2018, del Primer Juzgado Civil de Temuco; excepción que fue admitida a tramitación mediante resolución de 16 de septiembre de 2020.

Reclama que la actuación de la recurrida resulta arbitraria e ilegal puesto que, como se acaba de señalar, respecto de la deuda cobrada existe un juicio en el que se debe determinar precisamente la pervivencia o extinción del crédito que origina las retenciones. Sin embargo, la recurrida ha continuado con el cobro de las cuotas, lo que constituiría un ejercicio ilegítimo de autotutela.

En este sentido, y si bien reconoce que la Caja de Compensación tiene la facultad de cobrar el crédito por medio de descuento en las remuneraciones, señala que en este caso el dicho cobro resulta arbitrario puesto que el crédito fue otorgado en el año 2017, cesando los descuentos en ese mismo año para reanudarse recién en octubre del año 2020, sin que en el intervalo de tiempo haya sido notificado de alguna acción judicial.

Sostiene que la conducta descrita es ilegal, pues infringe lo dispuesto en los artículos 41 y 54 bis del Código del Trabajo, según los cuales las remuneraciones corresponden a “las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo”, y que una vez “devengadas se incorporan al patrimonio del trabajador”. Añade que con dicho actuar ilegal se vulnera a su vez lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República y, concretamente, el derecho de propiedad que le asiste sobre las remuneraciones indicadas; y se afecta también su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, reconocidos en el artículo 19 N° 1 de la Carta Política, al verse ilegítimamente disminuida su remuneración –elemento y condición de su propia subsistencia y de la de su familia– a consecuencia del actuar antijurídico de la recurrida, en plena emergencia sanitaria provocada por la presencia en nuestro país del virus Covid-19.

Solicita que se acoja el recurso declarándose que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal, por cuanto ya existe un juicio en tramitación que produce litis pendencia y que, por lo mismo, le impide a la recurrida continuar con la retención de remuneraciones. Pide también que se ordene a la recurrida cesar en dichos descuentos de remuneraciones y que reintegre los montos descontados debidamente reajustados, con costas.

SEGUNDO: Que comparece don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, quien informando el recurso solicita su rechazo.

Señala que el 26 de enero de 2017 la recurrida le otorgó un crédito al recurrente por la suma de $3.912.512, suma que sería pagada en un plazo de 50 meses con cuotas mensuales de $133.819. Indica que las primeras cuotas fueron pagadas, mediante descuento de remuneraciones. Agrega que el 27 de octubre de 2018 dedujo demanda ejecutiva en contra del recurrente, la cual no ha sido notificada.

Expresa que al verificar el ingreso del actor a un nuevo empleo, con un empleador que mantiene convenio con la Caja, procedió a realizar el descuento de las cuotas 10 a la 12, con los correspondientes intereses penales por mora. Aclara que a la fecha el actor mantiene pendiente el pago de las cuotas desde marzo de 2018 a marzo de 2021, mientras que la cuota de abril de 2021 se encuentra vigente.

Respecto al cobro judicial de la deuda, señala que con fecha 27 de octubre de 2018 dedujo demanda ejecutiva para perseguir el cobro del pagaré suscrito en garantía del pago de la referida operación, en autos Rol C-4351-2018 del 1º Juzgado Civil de Temuco. No obstante, aclara que habiéndose detectado el ingreso del Sr. nombre reservado como trabajador de una entidad afiliada a la Caja recurrida, ésta informó para la realización de descuentos de las cuotas adeudadas, recaudándose así las cuotas Nº10 a Nº12 más los correspondientes intereses penales por mora. De esta manera -continúa-, la referida demanda permaneció sin ser notificada, hasta que el día 8 de septiembre de 2020 el recurrente solicitó notificarse expresamente de la demanda e interpuso la excepción de prescripción, la que fue acogida a trámite con fecha 16 de septiembre.

A continuación, se refiere al carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y la regulación legal de los mismos, destacando que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro, por lo que sus beneficios económicos están destinados a mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

Precisa que el artículo 22 de la Ley Nº18.833 autoriza a estas entidades a realizar el cobro de sus créditos mediante descuento de remuneraciones y que, en este sentido, el hecho que la recurrida haya iniciado acción judicial de cobro no le impide hacer uso de dicha facultad legal.

En relación a la prescripción, señala que ésta debe ser declarada por un tribunal y que además, en el caso del recurrente no ha transcurrido el plazo respectivo según lo señalado por la ley.

Por último, descarta que su acción haya afectado alguna garantía constitucional, puesto que el cobro se ha realizado en uso de las facultades legales reconocidas a la recurrida.

En consecuencia, solicita el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción de naturaleza cautelar que, como tal, está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos esenciales que dicha disposición enumera, mediante la adopción de medidas tutelares por parte de la Corte de Apelaciones competente ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que la presente acción de protección constitucional dice relación con el crédito que el recurrente reconoce haber contratado con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes en el mes de septiembre del año 2017, del cual se encuentran pendientes de pago diversas cuotas cuyos montos son descontados mensualmente de la remuneración del trabajador-recurrente, a requerimiento de la recurrida.

Es un hecho no controvertido, además, que al momento de interponerse el presente arbitrio de tutela constitucional la existencia de dicho crédito se encontraba sometida al conocimiento del Primer Juzgado Civil de Temuco, ante el cual se tramita actualmente la causa ejecutiva Rol Nº C-4351-2018 y en la que se encuentra pendiente de fallo la excepción de prescripción de la obligación opuesta por el ejecutado, ahora recurrente.

QUINTO: Que por lo señalado en la motivación inmediatamente anterior, los hechos señalados en el recurso y que según el recurrente le han afectado, ya se encuentran sometidos al imperio del derecho en un procedimiento ejecutivo que otorga a las partes todos los mecanismos de cautela e impugnación necesarios para que aquellas puedan hacer valer sus pretensiones y derechos, garantizando de esta manera el cumplimiento cabal del debido proceso.

En ese juicio, además, fue el ahora recurrente quien se notificó personalmente de la demanda respectiva, dando paso así a una relación procesal cuya finalidad apunta a definir precisamente si el crédito que origina los descuentos reclamados existe jurídicamente o si, por el contrario, éste se encuentra prescrito, de manera que no es esta vía de protección la idónea para adoptar las medidas de tutela que el recurrente solicita.

El recurso de protección, en suma, no es un mecanismo accesorio o supletorio de los procedimientos establecidos por la ley, a lo que se suma que el recurrente cuenta actualmente con todas las herramientas procesales necesarias para el ejercicio y cautela de sus derechos.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes”.

Acordado con el voto en contra del ministro señor Carreño, quien fue de opinión de acoger el recurso de protección por estimar que las retenciones de remuneraciones practicadas al recurrido constituyen un acto ilegal y arbitrario, que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que el cobro del crédito que las origina debe canalizarse a través del juicio ejecutivo seguido actualmente ante el Primer Juzgado Civil de Temuco, transformándose así los señalados descuentos en una manifestación de autotutela ilegítima.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el abogado integrante Eduardo Jequier Lehuedé.

Rol 1779-2021. Protección.