nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, comparece Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en representación de nombre reservado, quien interpuso recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos para extranjero, notificada con fecha 07 de julio de 2025 (solicitud N° 1284667, rechazo N° 13223), actuación que considera ilegal y arbitraria, por cuanto la recurrida realiza una interpretación formalista de la ley y agrega requisitos que esta no establece, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Señala que la recurrente, de nacionalidad venezolana y residente definitiva en Chile, ha cotizado en AFP Provida S.A. a pesar de haber suscrito en su contrato cláusula previsional expresando su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley N° 18.156.

Con fecha 26 de junio de 2025, solicitó el retiro de sus fondos previsionales, acompañando documentación como contrato de trabajo con cláusula de exención, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad para extranjeros vigente, y una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que indica ser vigente y verificable en su sitio web.

La recurrida rechazó la solicitud, argumentando, entre otras cosas, que el timbre estampado en la constancia de afiliación se encontraba duplicado y que el código de la apostilla del título no arrojaba resultados. La recurrente sostiene que la Ley N° 18.156 y su normativa no establecen tales requisitos adicionales ni exigencias sobre la validez del timbre, pudiendo ser verificada la afiliación en línea.

Por tanto, la recurrida incurre en un acto arbitrario e ilegal al no verificar la afiliación de la recurrente y agregar requisitos no estipulados en la ley, apartándose de la finalidad del legislador y de la jurisprudencia de las Cortes Superiores.

Explica que se vulneran los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, y su derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, ya que la negativa a devolver sus fondos previsionales constituye una retención injustificada de sus ahorros.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. que apruebe el retiro de los fondos de sus cotizaciones.

Segundo: Que, evacuó informe, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., y solicitó el rechazo del recurso de protección con expresa condena en costas. Fundamenta su solicitud en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y en que no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario.

Argumenta que la acción de protección es improcedente para resolver el asunto, ya que se trata de un derecho controvertido y no de un derecho indubitado.

Sostiene que su actuar ha sido correcto y que se ajusta a la ley y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones, lo cual desmiente la alegación de la recurrente sobre la ilegalidad y arbitrariedad de su comportamiento.

Expone que su conducta no ha sido ilegal ni arbitraria, ya que para realizar la devolución de los fondos previsionales de la recurrente, solo ha observado el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en la ley N° 18.156.

En este sentido, rechaza la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, porque la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encuentra vencida, no debidamente legalizada o apostillada, y no acredita cobertura previsional integral para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, especialmente el Oficio Ordinario N° 12954 de 17 de julio de 2025. Agrega que, por mandato legal, las AFP tienen como objeto exclusivo administrar fondos de pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios establecidos en la ley, quedando legalmente impedidas de destinar los fondos a un fin distinto.

Por estas razones, solicita que se rechace en todas sus partes el presente recurso de protección, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, lo que se impugna a través de esta acción constitucional, es la decisión de la recurrida, A.F.P. Provida S.A., que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no estar vigente la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S) y no cumplir con los requisitos de legalización o apostilla, así como con la debida acreditación de cobertura previsional integral exigida por la normativa.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que el recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento acompañado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se RECHAZA la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado y en contra de la AFP Provida S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-17785-2025.