Protección contra Comisión Médica Central de Carabineros de Chile

C.A. de Santiago Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Oscar Alejandro Ulloa Oviedo, abogado, en representación de nombre reservado, empleado público, interponiendo acción de protección en contra de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, representada por el Teniente Coronel don nombre reservado, y también en contra del Director Nacional de Gendarmería de Chile, representado en la persona de don nombre reservado, respecto del acto administrativo Resolución Exenta (R) N° 2234 de fecha 27 de junio de 2025, el cual llamó a su representado a retiro absoluto del servicio público de Gendarmería de Chile, por salud no apta, por padecer de trastorno de depresión mayor, vulnerándose las garantías constitucionales de su representado, específicamente aquellas del artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso quinto, y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representado con fecha 7 de julio de 2025, fue notificado personalmente del acto recurrido, y con posterioridad fue notificado del mismo pronunciamiento administrativo con fecha 10 de julio de 2025, por carta certificada, registrado por la empresa de Correos de Chile con el código de seguimiento N°1179311997374.

Indica que el protegido es funcionario de Gendarmería de Chile, ostenta actualmente el grado Suboficial, con 25 años de servicios.

Refiere que su representado estudió una carrera profesional obteniendo el título de Ingeniero en Gestión de Seguridad Privada con fecha 16 de junio de 2015, en una institución de Educación Superior reconocida por el Estado, y actualmente su título se encuentra registrado en el Ministerio de Educación con el número 19471, a pesar de lo anterior, dicho título fue objetado con posterioridad, siendo sindicado como autor del delito de uso de título falso, pero nunca fue condenado por delito alguno, pero aun así, fue objeto de sumarios administrativos y sancionado, y además fue sometido al escarnio público dentro del servicio de Gendarmería de Chile, lo que le acarreó un fuerte estado depresivo, que lo ha mantenido por bastante tiempo con licencia médica tipo 6 por enfermedad profesional.

Aduce que la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, a través de sus actos administrativos, emite pronunciamientos de carácter Técnico Médico respecto de la salud y aptitud para el servicio de los funcionarios de Gendarmería de Chile, por aplicación del artículo 1 de la Ley N°19.195 del año 1993, pero precisa que en ningún caso esos pronunciamientos de carácter técnico, pueden ser válidos para llamar a retiro de las filas de Gendarmería de Chile, a un funcionario, refiriéndose a lo establecido en el artículo 6° numeral 10 y 24, en concordancia con el artículo 17, del Decreto Ley 2859 que Fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

Sostiene que en virtud de lo establecido en el artículo 17 del Decreto Ley 2859 en concordancia con el artículo 15 del DFL 1.791, Estatuto de Personal Perteneciente a las Plantas I y II de Gendarmería de Chile, y el artículo 8 del Decreto Supremo N° 26 de 1983 que Aprueba Reglamento del Personal, es el recurrido nombre reservado, en su calidad de Director Nacional (S) de Gendarmería de Chile, en su calidad de jefe superior de ese servicio público, quien tiene la facultad para nombrar y llamar a retiro al personal de Gendarmería de Chile, y no la recurrida Comisión Médica Central de Carabineros de Chile.

Agrega que el acto impugnado en la letra a) de la parte resolutiva, descarta el origen profesional de la patología psiquiátrica que afecta a su representado, ya que no habría una relación causal “de los estresores psicosociales del trabajo presentes, en el ejercicio de sus funciones ni en su rol profesional…” , sino que correspondería “una reacción vivencial de los procesos administrativos y jurídicos”, olvidando indicar que todos esos procesos administrativos y jurídicos fueron provocados por el accionar de Gendarmería de Chile, al impugnar un título profesional de su representado que obtuvo y pagó con mucho sacrificio económico personal y de su grupo familiar, para poder acceder a una Asignación Profesional que le permitiera un aumento de sus remuneraciones, la que derechamente le fue quitada, sin que se haya invalidado su título profesional que hasta la fecha goza de plena validez, y también goza de una presunción de legalidad.

Afirma que también se pasa por alto, que fue sometido al escarnio público dentro de su lugar de trabajo, toda esta situación la provocó el propio servicio de Gendarmería de Chile.

Alude que no se aprecia en la resolución impugnada, que la recurrida Comisión Medica Central de Carabineros de Chile haya recabado estos antecedentes, o los haya tenido a la vista, y si así hubiese sido, debió hacerlos constar en el acto impugnado, ya que el mismo debía bastarse a sí mismo.

Refiere que se indica en los vistos letra d), que el acto administrativo se funda en el artículo 1 de la Ley N°19.195 del año 1993, que adscribe al personal de Gendarmería de Chile al sistema previsional previsto en el D.F.L N° 2 de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, por tanto, debe entenderse que para concretar este llamado a retiro por salud no apta, deben aplicarse normas de Carabineros de Chile.

Expone que la Comisión Medica Central de Carabineros de Chile, declaró la salud de su representado como "no apta para el desempeño del cargo", lo cual no encuentra asidero en el precepto legal de los artículos 152 del D.F.L N° 29 de 2004, que fija el “Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Estatuto Administrativo”, pues esta norma se refiere al caso de la declaración de "salud irrecuperable", en ninguna parte se hace mención a salud “NO APTA”, como ocurre en el acto administrativo que se impugna, es más se debe considerar que es un requisito de la esencia para la aplicación de la causal invocada de "salud irrecuperable", la declaración previa de irrecuperabilidad por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez quien debe evaluar al funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, esto último conforme lo indica el inciso final del artículo 151 del D.F.L N° 29 de 2004. Agrega que en la misma Resolución Exenta (R) N° 2234 de fecha 27 de junio de 2025, se indica que la patología que sufre su representado ES NO INVALIDANTE, es decir, NO ES IRRECUPARABLE.

Aduce que en derecho público solo se puede hacer lo que la ley permite, no se pueden aplicar normas por analogía aplicando normas legales de una institución como Carabineros de Chile, a funcionario públicos pertenecientes al servicio público de Gendarmería de Chile en forma acomodaticia, así las cosas, el acto impugnado se transforma en absolutamente arbitrario e ilegal.

Señala que en la misma Resolución Exenta (R) N° 2234 de fecha 27 de junio de 2025, su representado hasta la fecha no ha tenido acceso a los antecedentes signados en los considerandos 1, 2, 3, 4 y 6, invocando lo dispuesto en los artículos 11, 17, letra e), y el artículo 41, inciso 4°, de la Ley 19.880, que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado”, y afirmando que omitir deliberadamente adjuntar los antecedentes documentales que sustentaron la decisión transgrede directamente la normativa legal vigente y los resguardos constitucionales del debido proceso.

Refiere respecto del considerando 3 del acto que se impugna, que se señala la existencia “de la Resolución Exenta N° 747 de fecha 6 de marzo de 2023, de la Dirección Regional del Maule de Gendarmería de Chile”, afirmando que su representado nunca pudo tener acceso a ese expediente sumarial, a pesar de que lo pidió en reiteradas oportunidades, solo le dijeron que lo habían enviado a la Comisión Medica Central de Carabineros; es decir, ni siquiera tuvo el derecho de impugnarlos, lo que constituye una transgresión directa al principio de transparencia administrativa y al derecho de acceso a la información pública, consagrado tanto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República como en la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

Aduce que, conforme a la normativa vigente en Chile, no corresponde que se aparte a un funcionario del servicio activo, por la vía administrativa de salud no apta sin antes declararse formalmente su invalidez total o parcial en el marco de la Ley N°16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que regula la protección frente a enfermedades profesionales, o derechamente aplicando la normativa de Carabineros de Chile. También invoca lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto 412 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile y el artículo 64° inciso primero de la Ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

Manifiesta que el derecho de su representado a la integridad física y psíquica es claramente vulnerado en la especie, ya que el actuar arbitrario e ilegal descrito ha desestabilizado, sin lugar a dudas la integridad psíquica de la persona en favor de la cual se recurre, ya que los recurridos no han actuado con la diligencia y eficacia requerida para resguardar sus derechos, por lo que la afectación a esta garantía constitucional es evidente.

Sostiene, además, que los recurridos vulneran el derecho a la igualdad ante la ley, al aplicar normas en forma errada tal como se señaló precedentemente, además dando ejecutoriedad al acto administrativo que se impugna, sin que la máxima autoridad del servicio de Gendarmería que es la competente haya dictado acto administrativo alguno hasta la fecha.

Respecto del artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política del Estado, asevera que la parte recurrida se transforma en una verdadera comisión especial, al declarar la salud no apta para que su representado pueda seguirse desempeñando como gendarme, sin que se haya dictado el acto administrativo correspondiente por el recurrido Director de Gendarmería, aplicando tanto normas de Carabineros como del Estatuto Administrativo contenido en la Ley 18.834, en forma errada.

Sobre el derecho de propiedad, manifiesta que esta garantía constitucional se ve claramente violentada, ya que lo privan de su fuente laboral, con un acto administrativo absolutamente arbitrario e ilegal conforme a como precedentemente se manifestó y argumentó.

Asegura que don nombre reservado, tiene un derecho de propiedad incorporal sobre el cargo y función que desempeñaba como funcionario de Gendarmería de Chile, y también tiene derecho a la estabilidad en su función, de la cual sólo puede privársele por los medios que la propia ley establece.

Finalmente también se refiere al artículo 19 N° 26° de la Constitución Política de la República, señalando que se trata de una cláusula de garantía general de respeto por el contenido esencial, por lo que se puede emplear como elemento interpretativo al momento de resolver sirviendo como parámetro de que es lo que se debe hacer por parte de las personas y entes estatales.

Pide que se deje sin efecto en todas sus partes el acto administrativo impugnado por esta acción constitucional, por ser absolutamente arbitrario e ilegal; se disponga que, los recurridos arbitren las medidas necesarias, a fin de que se deje sin efecto la declaración de salud no apta y se disponga una nueva evaluación médica conforme a los estándares técnicos, reglamentarios y constitucionales aplicables y que además todos los antecedentes que la sustentan sean puestos a disposición de su representado; que se ordene además dejar sin efecto cualquier medida que ponga en peligro la estabilidad laboral del funcionario en favor del cual se recurre, que emane de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, y se adopten las medidas que se estime convenientes para restablecer el imperio del derecho, dando desde ya toda la competencia para actuar en beneficio de su representado, con costas.

SEGUNDO: Que nombre reservado, General (S) de Carabineros, Pdte. Comisión Médica Central, evacuó informe por la Comisión Médica Central Dirección de Sanidad de Carabineros de Chile, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como cuestión previa que el acto administrativo emitido por ese Organismo Técnico Colegiado que declara la salud no apta del actor (Resolución Exenta (R) N° 2234, de fecha 27.06.2025) tiene doble efecto jurídico, por una parte, debe considerarse como acto trámite, toda vez que sirve de base para emisión de la Resolución de Gendarmería de Chile que declara vacante el cargo por padecer el recurrente de salud incompatible con el cargo y por otra, tiene el carácter de acto terminal, toda vez que puede ser impugnado por el afectado, lo que ocurrió en la especie.

Luego opone excepción de extemporaneidad, solicitando que se declare que ha caducado el plazo del actor para recurrir en contra de este Organismo Técnico, fundado en que el acto administrativo que se solicita declarar arbitrario e ilegal fue notificado personalmente el 07 de julio de 2025, según consta en el acta de notificación respectiva, y la acción constitucional intentada fue interpuesta el 07 de agosto de 2025 Luego informa sobre los antecedentes que obran en la Comisión Médica Central, refiriendo que a través del Oficio (R) 15.01.01/3131/2024 del 12.11.2024, la Comisión Médica Local de Gendarmería (GENCHI), remitió su Informe Médico Preliminar (R) N° 45/2024, de fecha 12.11.2024, la Resolución Exenta N° 747, de fecha 06.03.2023, de la Dirección Regional del Maule de Gendarmería de Chile, con el propósito de establecer si hay antecedentes laborales suficientemente válidos para estimar que la calificación de "Enfermedad Profesional", que se le ha atribuido, tiene su origen en los trabajos o funciones que entrañan el riesgo respectivo, teniendo en consideración las licencias médicas tipo 6 presentadas por el funcionario; la Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP), de fecha 09.04.2025, y el informe de fecha 13.04.2025, emitido por el Dr. nombre reservado, médico psiquiatra del extrasistema, señalando como diagnóstico "Trastorno de depresión mayor"; "problemática laboral grave".

Relata que los antecedentes fueron derivados al Asesor Psiquiátrico de esta dependencia Dr. nombre reservado, quien, tras evaluar presencialmente al paciente, emitió su Informe de Evaluación de Peritaje Psiquiátrico N° 163, de fecha 09.06.2025, indicando como diagnóstico "Trastorno mixto de ansiedad y depresión"; con pronóstico reservado, con licencia médica tipo 6 (enfermedad profesional) desde noviembre de 2022 hasta la actualidad, no siendo apto para el servicio.

Expone que el caso fue visto en la Sesión en Pleno N° 100, de fecha 16.06.2025, determinándose por unanimidad declarar No Apta la Salud del actor, por padecer de "TRASTORNO DE DEPRESIÓN MAYOR", patología de origen común, psiquiátrica, no invalidante, de la cual en la actualidad no se encuentra apto y recuperado para cumplir funciones en Gendarmería de Chile, descartándose el origen profesional de la afección dado que no existe relación de los estresores psicosociales del trabajo presentes en el ejercicio de sus funciones ni en su rol profesional, sino corresponde a una reacción vivencial de los procesos administrativos y jurídicos de los cuales, además, ha transcurrido un tiempo prolongado de recuperación del cuadro, emitiéndose la Resolución Exenta (R) N° 2234, de fecha 27.06.2025, notificada personalmente el 07.07.2025.

No conforme con lo resuelto por este Organismo Médico Central, el afectado interpuso un Recurso de Reposición en contra de la Resolución que Declaró No Apta su Salud, antecedentes que fueron derivados a la Asesora Jurídica de esta dependencia Teniente (J) Karolaine Cruces Águila, quien emitió su Informe N° 153, de fecha 13.08.2025, que en lo pertinente señala "El artículo 54 de la Ley N° 19.880, otorga a los particulares un derecho de opción para utilizar a su arbitrio los procedimientos judiciales o los procesos administrativos de impugnación, según estimen conveniente. Esto significa que el particular puede optar por la vía administrativa o judicial. Si el administrado elige la vía administrativa de impugnación ello le impone la obligación de agotar tal vía, originándose un impedimento para el ejercicio de las acciones judiciales. En cambio, si el particular opta por la vía judicial, la administración queda impedida de conocer de una impugnación administrativa. (Corte Suprema, en fallo Rol N° 4245-2016, de 06.07.2016).

Sostiene que, por tanto, la interposición del Recurso de Protección Rol Nro. 17783-2025, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, impone que la Comisión Médica Central deba inhibirse de conocer los antecedentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880".

En cuanto a la facultad de la Comisión Médica Central para emitir la Resolución Exenta (R) N° 2234 del 27.06.2025, invoca lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 19.195 y al artículo 73 del D.F.L. N° 2 de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, Expone que en el caso del Sr. nombre reservado, el Organismo Técnico Colegiado informante emitió la resolución a solicitud de la Comisión Médica de Gendarmería con el objeto de evaluar la aptitud para el servicio atendido el extenso periodo de reposo médico que mantenía el actor, y conforme a la normativa descrita que determina la función de la Comisión Médica Central, corresponde que esta se pronuncie a fin de establecer la capacidad física de los funcionarios de Gendarmería de Chile para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él, y la procedencia de conceder o no los beneficios del artículo 55 del D.F.L. 1791 de 1979, del Ministerio de Justicia, no teniendo injerencia en las licencias médicas que presenta su personal.

Respecto a que el pronunciamiento de ese Organismo Técnico Colegiado no puede ser válido para llamar a retiro de las filas de Gendarmería de Chile a un funcionario, se precisa que, el acto administrativo emanado de esta entidad médica declara que la salud del actor no es apta para cumplir con sus funciones dentro de la institución y, en consecuencia, pierde uno de los requisitos habilitantes para pertenecer al sector público (salud compatible con el cargo).

Se explica que, una vez emitido el pronunciamiento médico, la institución de Gendarmería de Chile notifica al actor de la resolución de esta Entidad Médica y que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 152 del D.F.L. N° 29, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, de 1989, sobre Estatuto Administrativo, el funcionario en un plazo de seis meses contados desde la notificación deberá retirarse de la institución declarando el cargo vacante.

Respecto a que sus afecciones serían supuestamente enfermedad profesional, se indica que no existen antecedentes clínicos ni administrativos que den cuenta que sus afecciones sean a consecuencia de sus funciones, por cuanto el actor se mantiene desde el mes de noviembre de 2022 con reposo médico, siendo sometido a tratamiento de la especialidad, sin estar sometido a los eventuales estresores de sus funciones y aun así continúa sintomático y con licencia médica, lo que demuestra que sus afecciones son de carácter natural, psiquiátricas y, en consecuencia, que su salud no es apta para cumplir funciones en Gendarmería de Chile.

En cuanto a que el acto administrativo emanado de la Comisión Médica Central no contiene un pronunciamiento respecto a la irrecuperabilidad de la salud del actor, se señala, por una parte, que de acuerdo a las atribuciones legales, a ese Organismo Técnico Colegiado, le corresponde solo pronunciarse respecto a si los funcionarios de Gendarmería de Chile se encuentran aptos o no para el ejercicio de sus funciones.

Expone que tal pronunciamiento, es de carácter eminentemente técnico y su posterior desvinculación de la Institución o declaración de vacancia del cargo es dispuesta por Gendarmería de Chile y no por aquella Entidad Médica.

Agrega que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desarrollo de la función, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo mayor a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, -el actor se mantiene desde el mes de noviembre de 2022 hasta la fecha con licencia médica-, por lo que no se observa irregularidad alguna al respecto. (Aplica Dictamen 87822, del año 2016 de la Contraloría General de la República).

Respecto al cuestionamiento sobre la fundamentación del acto administrativo, se indica que las resoluciones emanadas por este Órgano Técnico Colegiado cumplen con todas las disposiciones legales y reglamentarias, asimismo, con las establecidas por la jurisprudencia administrativa, por cuanto para que exista una resolución debidamente fundada se deben enunciar los motivos específicos y circunstancias precisas consideradas para emitir el pronunciamiento, tal como ocurre en la especie. Se menciona la aplicación de los dictámenes 43.862/2011 y 95.739/2015.

En relación a la supuesta negación al acceso a la información, se afirma que no es efectivo, por cuanto para que el actor tenga acceso a los antecedentes de su carpeta clínica administrativa, basta con que la solicite, lo que no ha hecho, por lo que no se puede entender que exista la supuesta negación alegada.

Se indica que es el Pleno de la Comisión Médica Central quien debe adoptar el acuerdo para establecer el estado de salud de actor - dentro de los cuales se encuentra el Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Carabineros- quienes resolvieron declarar no apta la salud del Sr. nombre reservado, emitiendo un pronunciamiento médico fundado sobre el estado de salud del aludido funcionario, conforme a la evaluación presencial efectuada e historial clínico completo que consta en la carpeta de antecedentes del paciente, en el sentido que padece de "trastorno de depresión mayor", patología de origen común, psiquiátrica, no invalidante de la cual en la actualidad no se encuentra apto y recuperado para cumplir funciones en Gendarmería de Chile, descartándose el origen profesional de la afección dado que no existe relación de los estresores psicosociales del trabajo presentes, en el ejercicio de sus funciones ni en su rol profesional, sino que corresponde a una reacción vivencial de los procesos administrativos y jurídicos de los cuales, además ha transcurrido un tiempo prolongado de recuperación del cuadro.

Refiere que en el estudio de patologías y afecciones dirige un enfoque de estudio de la capacidad laboral y al análisis de la funcionalidad en el cargo, y que según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud los trastornos mentales son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta.

En cuanto la supuesta vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, niega que sea efectivo, por cuanto el ejercicio de las facultades conferidas al Organismo Técnico Colegiado informante no priva al recurrente de sus atributos físicos básicos ni los coloca en riesgo, ni constriñe de manera alguna la vida humana, unido al hecho que no se ha acreditado una situación de riesgo o que ponga en peligro dichos derechos.

En lo que respecta al derecho a igualdad ante la ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19° Nro. 2 de la Carta Fundamental, se señala que, en el proceso administrativo seguido ante ese Organismo Técnico Colegiado, jamás han existido diferencias arbitrarias que hagan suponer a la recurrente un trato distinto, toda vez que el procedimiento aplicado para la declaración de aptitud es el mismo para todo el personal de la Institución.

En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 19 N° 3, inciso quinto, se afirma que no existe transgresión alguna a dicho derecho por cuanto, de acuerdo a lo latamente expuesto, la Comisión Médica Central de Carabineros, es el Organismo Técnico habilitado por ley para pronunciarse técnicamente respecto de la aptitud para el servicio de los funcionarios de Gendarmería de Chile.

Finalmente, respecto a la garantía constitucional supuestamente conculcada, del articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, se señala que la acción cautelar deducida protege la permanencia en el cargo público, mientras no se configure una causal legal de separación, y la resolución impugnada sólo obedece a la acreditación técnica de una afección por parte de un organismo facultado por ley para ello, como es la Comisión Médica Central, y que constituye una proposición para efectos que la autoridad pertinente determine la procedencia de una causal de retiro. Por dicha razón, el recurrente no detenta un derecho de propiedad sobre su cargo. (Causa rol N° 479-2007. 1. Corte de Apelaciones de Concepción, confirmado por Excma. Corte Suprema Rol N° 6008-2007).

Sostiene que se debe constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado, y que la parte recurrente expone que la resolución por la que se mantiene a firme su declaración de no apta la salud es arbitraria, lo cual no es efectivo, por cuanto, el actuar de la Comisión Médica Central se ampara en una facultad legal reconocida, que la habilita para proceder y decidir respecto de las afecciones de salud que padece el personal de Gendarmería de Chile, y desde esa perspectiva la actuación que se le reprocha no puede ser entendida como ilegal, por cuanto concurre el presupuesto habilitante para ejercerla. Señala que tal acción no obedeció a una decisión caprichosa o infundada, sino a la existencia de informes médicos, exámenes clínicos, antecedentes administrativos e historial de licencias médicas, que demuestran que el actor padece una afección de origen natural, psiquiátrica y que no ha sido posible su recuperación.

Conforme a lo expuesto, solicita el rechazo de la acción, con costas.

TERCERO: Que don nombre reservado, Abogado, Jefe de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional de Gendarmería, evacuó informe solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Relata que el actor, funcionario de Gendarmería de Chile, Suboficial, grado 10° E.U.S., de la Planta II de Suboficiales y Gendarmes, de dotación en el C.C.P. de Talca, ingresó a las filas institucionales el 18 de octubre de 1999. Fue clasificado en Lista Nº 1 en todos los procesos calificatorios desde su ingreso, salvo en los procesos de evaluación años 2003 - 2004 y 2004 - 2005 en que fue clasificado en lista 2.

En su permanencia en la Institución el Sr. nombre reservado registra 5 procedimientos disciplinarios en su contra; a saber:

a) Sumario Administrativo incoado en el C.D.P. Santiago Sur, mediante Resolución Exenta N° 988 de la Dirección Regional Metropolitana, de fecha 29 de julio de 2002, por fugas/motín/incendio/fuga de internos, sancionado con “censura” mediante Resolución Exenta N°12 de 18 de mayo de 2004.

b) Sumario Administrativo incoado en el C.C.P de San Javier mediante Resolución Exenta N°751 de 06 de marzo de 2003, de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, por denuncia de internos/hurto especie de reos, sancionado con “Multa”, mediante Resolución Exenta N°2578 de 09 de septiembre 2003.

c) Sumario Administrativo incoado en la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile mediante Resolución Exenta N°2114 de 21 de marzo de 2017, por irregularidades administrativas y reglamentarias (querella del Consejo de Defensa del Estado en contra de funcionarios de Gendarmería de Chile por supuestos títulos profesionales falsos), sancionado mediante Resolución Exenta N° 2675, de 19 de mayo de 2021, de la Dirección Nacional, con “suspensión del empleo por dos meses”.

d) Sumario administrativo incoado en el C.C.P. de Talca mediante Resolución Exenta N°747 de 2023 de la Dirección Regional del Maule, con el objetivo de establecer si existen antecedentes laborales suficientes para la calificación de “enfermedad profesional” del funcionario Sargento Primero nombre reservado, en etapa indagatoria.

e) Sumario Administrativo incoado en el C.C.P. de Linares mediante Resolución Exenta N°2569 de fecha 31 de julio de 2025, de la Dirección Regional del Maule, por irregularidades administrativas, mal uso de licencia médica, en etapa de instalación de fiscalía administrativa.

Informa que en su permanencia en la Institución, el protegido registra un total de 1390 días de licencia médica, de los cuales 1000 días corresponden a un total de 34 licencias médicas continuas, tipo 6, a partir del 12 de diciembre de 2022 hasta el 06 de septiembre del presente año.

Indica que mediante Resolución Exenta (R) N°2234, de 27 de junio de 2025, la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile declaró no apta la salud del Suboficial nombre reservado. Indica que la citada resolución fue notificada al Sr. nombre reservado mediante el Oficio Ordinario N°3216, de 07 de julio de 2025.

Se reitera que el protegido se encuentra haciendo uso de licencia médica a partir del 22 de noviembre del año 2022; es decir, se encuentra alejado de las filas institucionales por motivos médicos desde hace más de dos años. Lo anterior autoriza a la Jefatura Institucional, mediante la Comisión Médica Local de Gendarmería de Chile, a solicitar pronunciamiento sobre la recuperabilidad de salud del funcionario.

Sobre la legalidad de la declaración de vacancia por salud no apta, se invoca lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 152 del DFL 29, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Se explica que, tratándose de funcionarios adscritos a DIPRECA, por aplicación del artículo 1 de la Ley N° 19.195, relacionado con el artículo 73 del DFL N° 2 de 1989, Estatuto de Carabineros, es la Comisión Médica Central de dicho organismo a quien corresponderá exclusivamente el examen del personal, a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el Servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él.

Se citan pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre la materia.

Manifiesta que, en razón de las disposiciones normativas citadas y a los dictámenes de la Contraloría General de la República, es la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile la que debe realizar el examen a los funcionarios de Gendarmería de Chile a efectos de determinar la recuperabilidad o no de su salud, y que, de acuerdo al artículo 73 del D.F.L. 2 de 1968, es este organismo a quien corresponderá exclusivamente el examen del personal, a fin de establecer su capacidad física para permanecer en el servicio o determinar la afección que lo imposibilita para continuar en él. Si la Comisión determina que el funcionario tiene salud no apta para continuar cumpliendo funciones en Gendarmería de Chile, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 152 del Estatuto Administrativo, el funcionario deberá retirarse del Servicio en un plazo de seis meses desde la notificación de dicha resolución. En caso de que transcurrido el plazo, el funcionario no lo hiciere, el Jefe Superior del Servicio puede declarar la vacancia del cargo por salud irrecuperable.

Señala que el protegido fue notificado de Resolución Exenta (R) el 07 de julio de 2025 y, tal como lo señala la letra b) de su parte resolutiva, tenía un plazo de 5 días para presentar recurso de reposición ante la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, siendo este el medio de impugnación correcto – y no la presente acción cautelar – mediante el cual debió haber vertido sus argumentos respecto a la recuperabilidad de su salud.

Hace presente que la resolución notificada al recurrente no es el acto que le pone término a su carrera funcionaria como se menciona en el escrito cautelar, toda vez que, luego de certificado por la Comisión Médica Central que no interpuso recurso, o una vez resuelto éste, y si el funcionario no se retirara dentro de este plazo, corresponde al Director Nacional de Gendarmería de Chile dictar el acto administrativo que declara vacante su cargo.

Acerca de las alegaciones efectuadas por el recurrente que dicen relación con la no entrega de copia del sumario administrativo ordenado instruir mediante Resolución Exenta N°747 de 2023 de la Dirección Regional del Maule, hace presente que la pieza sumarial tiene por objetivo establecer si existen antecedentes laborales suficientes para la calificación de “enfermedad profesional” del protegido y que ese sumario administrativo no se instruye con la finalidad de atribuirle responsabilidad administrativa por hecho alguno al funcionario, sino que para determinar si una enfermedad puede catalogarse como profesional.

Explica que en virtud del artículo 4° del Decreto N° 1.543, de 1970, del Ministerio del Interior, que Aprueba Reglamento de Enfermedades Profesionales del Personal de Carabineros de Chile, para que una enfermedad sea calificada como profesional, se requiere que ello se verifique mediante un sumario administrativo, en el cual deberán dejarse plenamente establecidas las exigencias y condiciones a que se refieren los artículos 1° y 3° de ese texto normativo, esto es, (i) que la enfermedad sea causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza el personal y que le produce la incapacidad para continuar en el servicio, y (ii) que haya tenido su origen en los trabajos o funciones que entrañan el riesgo respectivo, aunque éstos no se estén desempeñando en la época del diagnóstico, debiendo requerirse, necesariamente, informe a la Comisión Médica Central de Carabineros.

Sostiene que la pieza sumarial debe ser remitida a la Comisión Médica Central para su pronunciamiento, como parte del procedimiento, en su etapa indagatoria, y que, por tanto, las alegaciones realizadas por el protegido en cuanto a que no ha podido ejercer su derecho a defensa, por no poder conocer ni impugnar el Sumario Administrativo, carecen de fundamento debido a que el procedimiento administrativo no tiene por finalidad atribuirle responsabilidad alguna al Sr. nombre reservado. El propósito de dicho proceso administrativo es determinar si es que le corresponde percibir los beneficios contemplados en el artículo 46°, letra S), del Decreto N° 412, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, que Fijó texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. En ese entendido, con la correspondiente resolución de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile se pone término al sumario administrativo en comento.

En relación con una supuesta vulneración de la garantía constitucional del derecho de igualdad ante la ley, manifiesta que la normativa se ha aplicado correctamente de acuerdo a lo que ella misma señala, así como lo dictaminado por el máximo órgano contralor. Reitera que la resolución emanada de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile sólo declara que la salud del Sr. nombre reservado no es apta para continuar en el Servicio. Luego, esta resolución se notifica por Gendarmería de Chile al funcionario, señalándole que tiene un plazo para recurrir ante dicho organismo y, un plazo de seis meses para retirarse del Servicio; recién una vez transcurrido ese plazo, el Director Nacional de Gendarmería deberá dictar el acto administrativo que declara vacante su cargo.

En cuanto a una supuesta vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N°3 de la Carta Magna, en que señala que la parte recurrida se transforma en una verdadera comisión especial al declarar la salud no apta de su representado, sin que se haya dictado el acto administrativo correspondiente por el Director Nacional de Gendarmería de Chile, se remite a lo señalado anteriormente.

En lo atingente a la eventual conculcación del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 del Código Político, señala que la calidad de funcionario público no es un derecho adquirido ni forma parte del patrimonio del recurrente, por lo que no puede alegar un derecho de propiedad sobre estipendios que no ha percibido y sobre los cuales únicamente tenía una mera expectativa. Al efecto invoca lo dispuesto en los artículos 72, 93 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2005, que Fijó el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, afirmando que si no hay servicio por parte del funcionario no hay remuneración, como quiera que la remuneración constituye una retribución por su labor, una contraprestación pecuniaria a que tiene derecho quien ejerce dichas funciones, en virtud del principio retributivo. Alude a jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, y jurisprudencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Rancagua y de la Excma. Corte Suprema.

Asegura que no ha existido actuación u omisión arbitraria o ilegal por parte de la Jefatura Institucional que pudiese ser objeto de reproche o que signifique una vulneración de las garantías constitucionales que estima han sido vulneradas, razones por las que el presente recurso de protección debe ser rechazado.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en lo que dice relación con la alegación de extemporaneidad alzada por la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, esta será desestimada toda vez que consta en la especie que el acto recurrido fue notificado al recurrente con data 10 de julio de 2025, por carta certificada, y que la acción constitucional en análisis fue interpuesta el día 07 de agosto del año en corriente, esto es, dentro del término de treinta días que al efecto establece el Auto Acordado que regula la tramitación del recurso de protección.

SEXTO: Que, el acto que se estima por el actor como ilegal y arbitrario, corresponde a la Resolución Exenta (R) N° 2234, de fecha 27.06.2025, dictada por la Comisión Médica Central, dependiente de la Dirección de Sanidad de Carabineros de Chile, que declaró su salud no apta para el servicio, toda vez que conforme a la evaluación presencial efectuada e historial clínico completo que consta en la carpeta de antecedentes del paciente, se concluyó que la patología que padece, a saber "trastorno de depresión mayor", es de origen común y de carácter psiquiátrico, no encontrándose en la actualidad el protegido apto y recuperado para cumplir funciones en Gendarmería de Chile.

SÉPTIMO: Que, en la especie no se ha controvertido la competencia y facultades de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile para dictar el acto impugnado, si no que más bien se objeta tanto la metodología empleada como las conclusiones a que ésta arribó, lo que se desprende del propio petitorio de la acción constitucional en análisis, en cuanto se solicita por el actor que “se deje sin efecto la declaración de salud no apta y se disponga una nueva evaluación médica conforme a los estándares técnicos, reglamentarios y constitucionales aplicables”.

Pues bien, tal pretensión excede los márgenes de la acción constitucional en análisis, destinada por cierto a otorgar una cautela de urgencia, hipótesis que no se verifica en la especie, sobre todo si se considera que por medio de la presente vía esta Corte no puede erigirse como una instancia de revisión del mérito de los antecedentes tenidos a la vista por la Administración al emitir su decisión, máxime si conforme a la normativa que regula esta materia -y se explicita en el acto recurrido-, el actor cuenta con la posibilidad de pedir la reevaluación de su situación médica dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de la notificación del respectivo acto.

OCTAVO: Que, en armonía con lo antes razonado, no puede obviarse que pese a lo sostenido por el recurrente en su arbitrio, el pronunciamiento impugnado no corresponde a aquel por el cual se llamó a su representado a retiro absoluto del servicio público de Gendarmería de Chile -respecto del que no existe constancia alguna acerca de su emisión- sino que al que declaró su salud no apta para cumplir funciones en Gendarmería de Chile, esto es, a una decisión que eventualmente pudiere servir de base a la dictación de un acto terminal posterior.

Por lo demás, cabe resaltar que el acto recurrido, conforme lo dispone a normativa sectorial, es susceptible del recurso de reposición, mecanismo de impugnación que fue ejercido por el protegido.

NOVENO: Que de conformidad con lo antes argumentado, la acción constitucional de protección intentada en autos será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, y en contra tanto de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, como del Director Nacional de Gendarmería de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-17783-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por el ministro señor Fernando Valderrama Martínez y la abogada integrante señora Francisca Amigo Fernandez.