Protección contra nombre reservado

Santiago, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Jorge Gutiérrez Muñoz, en representación de nombre reservado y de nombre reservado, quienes actúan por sí y en favor de su hijo, el estudiante nombre reservado, de 17 años, alumno de 3° año medio C, quien interpone recurso de protección en contra de la nombre reservado, sostenedora del nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión del estudiante, comunicada el 19 de junio de 2026 y ratificada por resolución de Rectoría de 8 de julio de 2026, que rechazó la apelación deducida en esa sede.

Expone que el estudiante ha sido alumno regular del establecimiento desde el año 2014, con una trayectoria destacada, sin anotaciones negativas, con excelentes calificaciones y desempeñándose, hasta la fecha de su expulsión, como presidente del Centro de Alumnos. Relata que el día 16 de junio de 2026 el estudiante, junto a otros 3 compañeros, consumió alcohol al interior de la oficina del Centro de Alumnos durante la jornada escolar, ocasión en que una de las estudiantes presentó un progresivo compromiso de salud que culminó en convulsiones, siendo trasladada en ambulancia a un centro asistencial.

Refiere que el procedimiento disciplinario seguido en contra de su representado infringió el Reglamento Interno del establecimiento y el protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas con alcohol, por cuanto, las indagaciones y entrevistas iniciales fueron practicadas por inspectores y no por el Encargado de Convivencia Escolar, como dicho instrumento ordena; la investigación se cerró en apenas 2 días hábiles, omitiéndose las etapas de observación, acompañamiento y apoyo psicosocial que el protocolo contempla; no se adoptaron medidas formativas ni de apoyo previas a la sanción; no se resguardó la reserva del procedimiento ni la identidad del estudiante, pues la misma tarde del día en que se comunicó la sanción y, en que la Rectoría solicitó a la familia máxima discreción, se realizaron charlas en todos los cursos de enseñanza media relativas a los hechos; y no se ponderaron atenuantes que el propio reglamento contempla, tales como la intachable conducta anterior, el 1 reconocimiento de la falta y la actitud colaborativa del estudiante. Agrega que la medida resulta desproporcionada y discriminatoria, pues las estudiantes que participaron del mismo episodio no fueron expulsadas, existiendo en el reglamento medidas menos gravosas aplicables.

Señala que se han vulnerado las garantías previstas en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y solicita dejar sin efecto el procedimiento sancionatorio y la expulsión o, subsidiariamente, sustituir esta última por una medida menos gravosa, con costas.

Segundo: Que evacua informe la recurrida solicitando el rechazo del recurso, con costas, por las razones que pasa a exponer.

Señala que el 16 de junio de 2026 tomó conocimiento de una situación de extrema gravedad, consistente en el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas por parte de estudiantes en la sala del Centro de Alumnos, la que quedó en evidencia con ocasión de la emergencia de salud sufrida por una alumna, que debió ser trasladada en ambulancia con convulsiones, activándose los procedimientos de emergencia y el protocolo de alcohol y drogas.

Añade que la investigación interna estableció, además del consumo, el ocultamiento de información relevante para la atención médica de la estudiante afectada, la mantención de copias de llaves sin autorización, el uso indebido de la sala del Centro de Alumnos y la circunstancia de haberse mentido inicialmente sobre lo ocurrido, reconociendo el estudiante que el consumo se había verificado en más de una oportunidad.

Afirma que la medida se encuentra contemplada en el Reglamento Interno Escolar vigente, que el estudiante y su familia fueron oídos, que la apelación deducida fue sometida a consulta del Consejo de Profesores (que estuvo por mantener la medida por 31 votos contra 4) y del Consejo de Dirección, dictándose resolución fundada por Rectoría con fecha 8 de julio de 2026.

Señala que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar la proporcionalidad de una sanción, y hace presente que el estudiante fue matriculado por sus padres en otro establecimiento educacional, encontrándose asegurado su derecho a la educación. 2 Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Cuarto: Que el acto que se reprocha en estos autos consiste en la aplicación de la medida disciplinaria de expulsión respecto del estudiante nombre reservado, comunicada a su apoderada el 19 de junio de 2026 y ratificada por resolución de Rectoría de 8 de julio de 2026, que rechazó la apelación deducida por sus padres, de modo que la controversia se circunscribe a determinar si dicha decisión, y el procedimiento que le sirvió de antecedente, se ajustaron a la normativa interna del establecimiento y a criterios mínimos de razonabilidad, o si, por el contrario, adolecen de ilegalidad o arbitrariedad lesivas de garantías constitucionales.

Quinto: Que son hechos no controvertidos por las partes: i.- que el día 16 de junio de 2026, durante la jornada escolar, el estudiante recurrente, junto a otros compañeros, consumió alcohol al interior de la sala del Centro de Alumnos del establecimiento; ii.- que una de las estudiantes presentó un grave compromiso de salud, con episodios convulsivos, que hizo necesaria su atención de urgencia y traslado en ambulancia a un centro asistencial; iii.- que el establecimiento activó sus protocolos internos e inició una indagación de los hechos; iv.- que el 19 de junio de 2026, esto es, al tercer día de ocurridos los hechos, se comunicó a la apoderada la decisión de expulsar al estudiante, informándose el derecho a apelar; v.- que, deducida la apelación, ésta fue sometida a consulta del Consejo de Profesores y del Consejo de Dirección, y rechazada por resolución de Rectoría de 8 de julio de 2026; y vi.- que, de los 4 estudiantes involucrados en el episodio, sólo el recurrente y otro alumno fueron expulsados, aplicándose a una tercera 3 estudiante una advertencia de condicionalidad y encontrándose en suspenso el procedimiento respecto de la alumna afectada en su salud.

Sexto: Que, como esta Corte ha tenido oportunidad de señalar, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y los protocolos que lo integran constituyen un estatuto que el propio establecimiento se ha dado en cumplimiento de la normativa educacional, de conformidad al artículo 8° del Decreto Supremo N°315, de Educación, y Circular N°482, de 2018, de la Superintendencia de Educación, y al cual se encuentra estrictamente vinculado, tanto en la tipificación de las faltas y la determinación de las sanciones, como en el procedimiento previsto para su aplicación.

De lo anterior, se sigue que la legalidad de una medida disciplinaria no se agota en la circunstancia de que la conducta sancionada esté prevista como falta y la sanción se encuentre contemplada en el reglamento, sino que exige, además, que el procedimiento seguido para imponerla se haya ajustado a las reglas que el mismo instrumento establece, pues la inobservancia de éstas torna ilegal la decisión, cualquiera sea la gravedad de los hechos que la motivan.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que el procedimiento seguido en contra del estudiante se apartó del protocolo de actuación que el propio establecimiento contempla para situaciones relacionadas con el consumo de alcohol.

En efecto, de los registros de entrevista acompañados consta que las primeras indagaciones fueron practicadas por inspectores del establecimiento, el mismo día de los hechos y al día siguiente, en circunstancias que el protocolo radica la conducción del procedimiento en el Encargado de Convivencia Escolar.

Asimismo, el instrumento contempla, un período de búsqueda de información y observación sistemática del estudiante, reuniones con el alumno en un clima de acogida, la citación de sus padres para efectos distintos de la sola comunicación de la sanción y la adopción de medidas de apoyo pedagógico y psicosocial, etapas que no se verificaron, cerrándose la indagación en apenas 2 días hábiles y verificándose los apoyos sólo una vez resuelta la apelación. 4 A lo anterior se agrega que, habiéndose solicitado expresamente a la familia la máxima discreción, el establecimiento realizó, la misma tarde del día en que se comunicó la sanción, charlas en todos los cursos de enseñanza media relativas a los hechos ocurridos, actividad que, cualquiera haya sido su finalidad formativa y los términos en que se desarrolló, comprometió, por su oportunidad y contexto, el deber de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados que el mismo protocolo impone.

Octavo: Que la recurrida ha sostenido que la revisión de la proporcionalidad de la sanción excede el ámbito de esta acción cautelar. Tal alegación, sin embargo, no puede ser acogida en los términos absolutos en que se formula, pues si bien no corresponde a esta Corte sustituir al órgano disciplinario en la ponderación del mérito de los antecedentes, sí le incumbe verificar que la decisión adoptada sea el resultado de un proceso racional y fundado, y no el mero producto de la voluntad de quien la dicta, desde que la arbitrariedad, presupuesto de esta acción, consiste precisamente en la falta de razonabilidad o de fundamento suficiente del acto.

Noveno: Que, en ese orden de ideas, cabe consignar que la expulsión constituye la medida de mayor intensidad que contempla el ordenamiento disciplinario escolar y reviste, por lo mismo, un carácter excepcional y de última ratio, lo que exige que su aplicación aparezca precedida de una ponderación rigurosa de las circunstancias del caso y de la insuficiencia de medidas menos gravosas.

En la especie, el propio Consejo de Dirección reconoció, como atenuantes, la trayectoria del estudiante en el colegio por más de 12 años, su hoja de vida positiva, la ausencia de anotaciones por conductas de igual o similar naturaleza y su activa participación en la vida escolar, a lo que se suma su calidad de presidente del Centro de Alumnos; no obstante, la decisión descartó las medidas alternativas que el reglamento contempla (tales como la condicionalidad, la suspensión y la pérdida del cargo de representación estudiantil) mediante la sola afirmación genérica de su insuficiencia para resguardar la seguridad de la comunidad educativa, sin hacerse cargo, de manera concreta y razonada, del modo en que tales atenuantes incidían en la determinación de la sanción, ni de la aptitud de 5 aquellas medidas para satisfacer la finalidad protectora invocada respecto de un estudiante cuya permanencia en el establecimiento, durante los 3 días que mediaron entre los hechos y la comunicación de la expulsión, no dio lugar a providencia de resguardo alguna.

Décimo: Que, a lo anterior, se añade la disparidad de tratamiento entre los partícipes de un mismo episodio, pues mientras el recurrente y otro estudiante fueron expulsados, una tercera alumna recibió una advertencia de condicionalidad y el procedimiento respecto de la estudiante que también consumió alcohol permanece en suspenso.

Si bien la recurrida ha explicado las razones de esa diferencia, lo cierto es que ellas no aparecen desarrolladas en las resoluciones que impusieron y ratificaron la medida con la precisión exigible tratándose de sanciones de tan distinta entidad, insuficiencia de fundamentación que priva a la decisión de la razonabilidad necesaria y configura una diferencia de trato carente de justificación bastante, lesiva de la garantía de igualdad ante la ley que asegura el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Undécimo: Que las conclusiones precedentes no importan desconocer la gravedad de los hechos acaecidos el 16 de junio de 2026, ni la seriedad del riesgo al que se vio expuesta la salud de una estudiante, ni menos la potestad del establecimiento para sancionarlos con arreglo a su normativa interna, sino sólo constatar que el ejercicio de esa potestad debe verificarse con estricta sujeción al procedimiento que el propio colegio se ha dado y con una fundamentación proporcionada a la entidad de la medida que se adopta, exigencias que en la especie no se resultan satisfechas.

Cobra aquí especial relevancia, además, el interés superior del niño, consagrado en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, y el derecho a la educación y a la continuidad del proceso formativo que resguarda su artículo 28, conforme al cual la disciplina escolar debe administrarse de modo compatible con la dignidad del estudiante, principios que refuerzan el carácter excepcional de la medida de expulsión.

Duodécimo: Que, no obsta a lo que se viene razonando, la circunstancia de que el estudiante haya sido matriculado por sus padres en otro establecimiento educacional, pues se trató de una decisión adoptada 6 ante la urgencia de asegurar la continuidad de sus estudios en curso el segundo semestre del año escolar, que no purga los vicios del acto impugnado ni priva al recurso de objeto, subsistiendo el interés legítimo de los recurrentes en que se restablezca el imperio del derecho.

Decimotercero: Que, en las condiciones anotadas, la medida de expulsión aplicada al estudiante recurrente y la resolución que la ratificó constituyen un acto ilegal, por haberse dictado con inobservancia del procedimiento previsto en el Reglamento Interno y en el protocolo respectivo, y arbitrario, por carecer del fundamento y proporcionalidad exigibles, acto que perturba el legítimo ejercicio de las garantías contempladas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el presente arbitrio será acogido en los términos que se dirán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y, visto, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I.- se acoge, sin costas, el recurso de protección intentado en favor nombre reservado, de nombre reservado y del estudiante nombre reservado, en contra de la nombre reservado, y se deja sin efecto la medida disciplinaria de expulsión aplicada al estudiante y la resolución de Rectoría de 8 de julio de 2026, y II.- la recurrida deberá disponer la reincorporación inmediata del alumno al establecimiento.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Rol N°17.772-2026. Protección.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Pedro Caro Romero, e integrada por el ministro suplente señor Pedro Maldonado Escudero y por la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida. No firma el ministro (s) señor 7 Maldonado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado su suplencia. 8