Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, representada por nombre reservado, por haber efectuado descuentos unilaterales en su remuneración por concepto de "Préstamo CCAF" por la suma de $426.958, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que tales descuentos se realizaron sin previo aviso y respecto de una deuda cuyo cobro judicial había sido abandonado, vulnerando con ello el derecho de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19 N°24, por lo que solicita el cese de los descuentos y la restitución de las sumas ya descontadas.

Expone que el 17 de julio de 2015 suscribió un pagaré con la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, del cual alcanzó a pagar 20 cuotas de un total de 60 pactadas. En dicho instrumento se estipuló que el simple retardo en el pago por más de 30 días corridos de todo o parte de cualquiera de las cuotas, facultaría a la Caja para exigir el pago íntegro de la suma adeudada, siendo esta una facultad privativa del acreedor.

Señala que, debido a una compleja situación económica derivada de tener que hacerse cargo de sus hijos en solitario, la recurrida procedió al cobro del saldo adeudado mediante demanda ejecutiva en causa Rol C-9020-2018 del 9° Juzgado Civil de Santiago. Agrega que transcurridos tres años sin actividad procesal, el 13 de mayo de 2024 se acogió un incidente de abandono del procedimiento, cuyo certificado de ejecutoria data del 11 de julio de 2024.

Manifiesta que, habiendo logrado estabilidad financiera y comenzado a trabajar, al recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de enero de 2024, constató que se le había efectuado un descuento por la suma de $426.958, sin haber sido informado previamente por la recurrida de la decisión de iniciar tales descuentos.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, sostiene que si bien el artículo 22 de la Ley 18.833 autoriza a las Cajas de Compensación para efectuar descuentos, este es un beneficio previsto para un cobro oportuno, de manera que al haber optado la recurrida por la vía judicial mediante la interposición de la demanda ejecutiva ya referida, manifestó su intención de requerir el pago por dicha vía, constituyendo un abuso de las facultades que le otorga la ley el pretender ahora cobrar la obligación mediante descuentos por planilla.

Concluye señalando que la actuación de la recurrida vulnera su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privarle ilegalmente de parte de su remuneración, contraviniendo además lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración y restituir los descuentos ya efectuados, así como también los que puedan llevarse a efecto durante la tramitación de la presente acción, con expresa condenación en costas.

Adjunta al recurso los siguientes documentos: 1) Liquidaciones de sueldo de don nombre reservado, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2024; y 2) Ebook civil causa ROL C-9020-2018, del 9° Juzgado Civil de Santiago.

Segundo: Que, informando la recurrida, solicita el rechazo de la acción en atención a las siguientes consideraciones:

En primer término, expone que al recurrente se le otorgaron dos créditos sociales: a) El 17 de julio de 2015, folio 008-000503579, por $10.036.176, pactado en 60 cuotas de $314.689 cada una, de las cuales pagó 38, manteniendo un saldo pendiente. Respecto de este crédito, se dedujo demanda ejecutiva en 2018 ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-9020-2018, donde se acogió el incidente de abandono del procedimiento el 13 de mayo de 2024; y b) El 8 de noviembre de 2016, folio 008-000510537, por $2.743.615, pactado en 48 cuotas de $112.269 cada una, habiendo pagado 23 cuotas, registrando también un saldo impago.

Señala que la suma de ambas cuotas asciende a los $426.958 que están siendo descontados, respecto de los cuales no se ha declarado la prescripción de las acciones derivadas del mutuo y del pagaré, ni tampoco la extinción de dichas obligaciones mediante alguno de los modos contemplados en el artículo 1567 del Código Civil, enfatizando que el abandono del procedimiento no constituye causal de extinción de la obligación.

Funda la legalidad de su actuar explicando que el crédito social es una prestación de seguridad social otorgada por las Cajas de Compensación a sus afiliados, que se diferencia de otros préstamos por su mecanismo de pago, tasa de interés y límites de descuento y endeudamiento. Agrega que estas operaciones se financian con cargo al Fondo Social, el cual resulta indispensable para el cumplimiento de sus funciones y permite el acceso a nuevos créditos y otros beneficios de seguridad social.

En cuanto al marco normativo, sostiene que los descuentos aplicados tienen su fundamento en el artículo 22 de la Ley N°18.833, el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, normas que establecen la obligación del empleador de deducir, retener y remesar las cuotas de crédito social.

Argumenta que la interposición de una acción ejecutiva no libera a la Caja ni al empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en causas Roles 22.325-2019, 39130-2021 y 4126-2021, que han validado esta interpretación.

Destaca que el Compendio Normativo de 2023 establece expresamente que el cobro judicial, incluso en casos de aceleración, no extingue el crédito, el que solo se liquida con su pago o reprogramación, conforme al artículo 30 de la Ley N°18.010.

La recurrida sostiene que su actuar no puede considerarse ilegal ni arbitrario, pues responde al cumplimiento de una obligación legal de proteger el fondo social, constituido con aportes de todos los afiliados. Refuerza su posición citando el Dictamen 56554-2015 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que el empleador tiene la obligación legal de efectuar los descuentos sin necesidad de autorización del trabajador.

Añade que el abandono del procedimiento declarado en la causa ejecutiva solo hace perder el derecho a continuar ese procedimiento específico, pero no extingue las acciones ni los derechos definitivamente constituidos, según lo establecido en el Dictamen 43571-2017 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Finalmente, concluye que no ha existido vulneración al derecho de propiedad del recurrente, pues ha actuado dentro del marco legal que regula los créditos sociales y su cobro.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Dictamen 56554-2015 de la Superintendencia de Seguridad Social; 2) Dictamen 43571-2017 de la Superintendencia de Seguridad Social; 3) Copia pagaré folio 008000510537 Sr. nombre reservado; y 4) Copia pagaré folio 008000503579 Sr. nombre reservado.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, no existe la ilegalidad que denuncia el recurrente, puesto que la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana ha obrado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N°18.833 que la autoriza a efectuar descuentos por prestaciones de crédito social. Tampoco hay arbitrariedad, por cuanto el recurrente se encuentra moroso en el cumplimiento de sus obligaciones desde julio de 2015, las que no han sido discutidas en cuanto a su existencia y exigibilidad.

Quinto: Que, si bien es efectivo que se inició una demanda ejecutiva ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-9020-2018, dicha causa se encuentra terminada por haberse acogido el incidente de abandono del procedimiento el 13 de mayo de 2024, y en cualquier caso, la existencia de dicho proceso no constituye impedimento para que la Caja intente satisfacer su acreencia mediante con mecanismo de descuento por planilla establecido en la ley citada precedentemente, con la única limitación, obviamente, de no poder recibir un doble pago.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firma la ministra señora Gutiérrez por imposibilidad técnica para registrar su firma.

N°Protección-17757-2024.

En Santiago, dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.