Protección contra Asociación de Profesionales de Golf de Chile

C.A. de Santiago Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Judith Mauri Sentís, abogada, en representación de nombre reservado, golfista profesional, e interpone recurso de protección en contra de la Asociación de Profesionales de Golf de Chile, nombre reservado, por la sanción de suspensión por seis meses impuesta el 17 de julio de 2025, que le impide competir en torneos y eventos organizados por dicha entidad. Afirma que el acto es ilegal y arbitrario, y que vulnera las garantías constitucionales de los numerales 2°, 3°, 4°, 16° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el recurrente ejerce profesionalmente como golfista desde 2022, y sus ingresos dependen exclusivamente de su participación en torneos organizados o avalados por nombre reservado y que el 17 de julio de 2025 fue notificado de una suspensión por seis meses fundada en una comunicación enviada por el Club d Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección e Golf Sport Francés, institución que ya lo había sancionado por un ingreso no autorizado a sus instalaciones de dicho recinto e 19 de febrero de 2025.

Sostiene que la nombre reservado replicó una sanción ya impuesta por el club, infringiendo el principio non bis in ídem, pues se le castiga dos veces por los mismos hechos. Alega que los hechos ocurrieron fuera del ámbito deportivo o competitivo, por lo que la asociación carece de competencia reglamentaria o estatutaria para sancionarlo.

Indica que la medida fue adoptada sin previo procedimiento disciplinario, sin notificación formal de cargos, sin audiencia ni posibilidad de defensa, y sin acta ni acuerdo válido del órgano competente, lo que vulnera gravemente el debido proceso.

Refiere que la sanción produce efectos equivalentes a una inhabilitación profesional, impidiéndole ejercer su actividad y privándolo de toda fuente de ingresos.

Alega que el acto es ilegal por haberse dictado sin base reglamentaria ni estatutaria, en contravención a las normas que rigen el funcionamiento de la asociación y a los principios generales del derecho sancionatorio como el de legalidad, tipicidad y debido proceso. Además es arbitrario, porque carece de una fundamentación racional o proporcional, se apoya en hechos ajenos al ámbito de competencia de la nombre reservado y fue dictada sin procedimiento, configurando un ejercicio discrecional del poder sancionador.

Arguye que lo anterior vulnera su derecho al trabajo, puesto que la suspensión le impide participar en torneos y, por ende, ejercer su profesión y obtener ingresos, además se transgrede el debido proceso pues no existió procedimiento regular, audiencia ni posibilidad de defensa antes de imponer la sanción. Agrega que se vulneró la igualdad ante la ley, toda vez que se le sancionó con un rigor desproporcionado, distinto al aplicado en casos similares junto a su derecho a la honra y vida privada, atendido que la difusión de la medida disciplinaria afecta su reputación profesional y su imagen pública, tratándose de hechos ocurridos fuera del ámbito deportivo. Finalmente, explica que se le impide el ejercicio legítimo de los derechos garantizados, mediante una actuación arbitraria carente de base normativa.

Solicita que se deje sin efecto la sanción de suspensión impuesta por la nombre reservado, ordenando su inmediata reincorporación a las competencias oficiales y adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que, evacuando informe el recurrido, solicita el rechazo del presente arbitrio.

Expuso que los hechos que motivan el conflicto fueron provocados por el propio recurrente, quien el 19 de febrero de 2025 ingresó sin autorización al Club de Golf Sport Francés, ubicado en Vitacura, señalando falsamente en portería que tenía una clase agendada con un profesor del club. Una vez dentro, utilizó el putting green hasta ser advertido por personal del recinto, lo que derivó en la denuncia del hecho y su posterior sanción por parte del club, consistente en la prohibición de ingreso por un año, notificada el 1 de julio de 2025.

Agrega que dicha comunicación fue remitida por el club a la nombre reservado, entidad que agrupa a los golfistas profesionales del país y que, conforme a su Código de Conducta y Ética, procedió a iniciar un procedimiento disciplinario ante su Comité de Ética, concluyendo en la suspensión del recurrente por seis meses, contados desde el 17 de julio de 2025, medida que le impide participar en torneos y actividades oficiales de la organización, por transgresión al Artículo 1.3 del Código de Ética y Conducta.

Sostiene que la asociación actuó dentro de sus atribuciones reglamentarias y estatutarias, y que la decisión fue adoptada tras la revisión de los antecedentes, con conocimiento del afectado y respetando el debido proceso interno. Rechaza tajantemente que se trate de una sanción duplicada o de un procedimiento arbitrario, indicando que la nombre reservado no replicó la medida del Club de Golf Sport Francés, sino que ejerció su propia potestad disciplinaria en función del impacto que la conducta tuvo en la imagen y ética profesional del golf chileno, Enfatiza que la nombre reservado es una organización deportiva privada sin fines de lucro, regida por la Ley N° 19.712, Ley del Deporte y por sus propios estatutos, los cuales le otorgan plena autonomía para regular la conducta de sus asociados. No constituye una autoridad pública, ni ejerce funciones estatales, de modo que sus decisiones internas no pueden considerarse actos administrativos ni actos de autoridad que puedan afectar derechos fundamentales de manera directa.

Alega además que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar decisiones adoptadas por asociaciones privadas dentro del ámbito de su autorregulación, salvo que se demuestre arbitrariedad manifiesta, lo que no ocurre en este caso.

Sostiene que el procedimiento seguido fue legítimo, racional y justo, conforme a los artículos 54 y siguientes de los estatutos, que establecen la competencia del Comité de Ética, la posibilidad de efectuar descargos y la proporcionalidad de las sanciones.

Respecto de las garantías invocadas por el recurrente, argumenta que la sanción no impide a nombre reservado ejercer su profesión, pues puede continuar practicando golf y desarrollando actividades laborales fuera de los torneos organizados por nombre reservado. La suspensión solo tiene efecto en el ámbito de los eventos organizados o avalados por la asociación.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas, por cuanto no existe acto ilegal ni arbitrario y la asociación ha actuado conforme a la Ley del Deporte, sus estatutos y el Código de Conducta interno, en ejercicio de su legítima autonomía y con el objeto de resguardar la disciplina y probidad en el ámbito del golf profesional chileno.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados a estos autos, consta que nombre reservado es una agrupación de golfistas constituida como una Organización Deportiva sujeta a las disposiciones de la Ley 19.712 y Decreto 59 del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, bajo el número RUT reservado, entidad fiscalizada por el Instituto Nacional de Deporte de Chile.

Debido a la naturaleza jurídica del ente recurrido, nombre reservado Deportiva reconocida por la ley 19.712 y regida por el Instituto Nacional del Deporte, le son aplicables todas las disposiciones del Decreto 59 del Ministerio Secretaría General de Gobierno que es reglamento aplicable a dichas entidades, que dispone, en lo pertinente, que las organizaciones deportivas tendrán una comisión de disciplina o tribunal de ética que se regirá en su actuar por dicho reglamento y sus propios estatutos.

De la misma manera, consta que el recurrente concurrió a la constitución de la entidad recurrida, nombre reservado, siéndole aplicables, en consecuencia, sus estatutos y su Código de Conducta.

Sexto: Que, asimismo, según consta de los antecedentes acompañados a estos autos, los Estatutos del Club Deportivo nombre reservado, dispone en su artículo 54: … “Existirá una Comisión de Disciplina compuesta de tres miembros elegidos por votación directa en la Asamblea Ordinaria en que se renueve el Directorio y otras autoridades del Club, cuyo funcionamiento, organización y atribuciones se contendrán en un Reglamento especial que será aprobado por una Asamblea Extraordinaria citada al efecto. La Comisión no podrá aplicar sanción alguna que no se encuentre comprendida en estos estatutos y no podrá fallar asunto alguno sin oír previamente a quien se pudiere afectar por alguna medida de carácter disciplinario y recibir su descargo. Con todo, la Comisión deberá ajustarse a las normas del debido proceso que informan el derecho procesal chileno.”

Séptimo: Que, a su turno, el Código de Conducta del mentado Club tiene por objetivo establecer los estándares de comportamiento que los jugadores profesionales de golf en Chile deben observar en todas las competencias, prácticas y eventos organizados por la Asociación de Profesionales de Golf de Chile (nombre reservado). Este código busca promover la integridad, la deportividad y el respeto, tanto en el campo como fuera de él (artículo 1).

Octavo: Que, pese a que el recurrente se ha afiliado voluntariamente a la Asociación recurrida, y por ende a sus estatutos, reglamentos, y a las eventuales sanciones disciplinarias que se le pudieran aplicar en virtud de su afiliación a la entidad recurrida, no debe olvidarse que los propios estatutos, en el artículo 54 antes transcrito, exigen que la Comisión deberá ajustarse a las normas del debido proceso que informan el derecho procesal chileno.

Noveno: Que, por ende, a la luz del imperativo apuntado, corresponde examinar si la Comisión, en este caso, se ha ajustado a las normas del debido proceso.

Décimo: Que, en la especie, no aprecia que se hayan respetado las normas del debido proceso, por cuanto no se han acompañado ni expedientes ni actas que den cuenta de aquello. Al respecto, cabe recordar que los derechos que integran el debido proceso incluyen, al menos, el cumplimiento de los siguientes pilares fundamentales: a) juez natural; esto es, el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, creado por ley anterior a los hechos; b) derecho a ser oído y defensa; esto es, tener la oportunidad de conocer los cargos, presentar argumentos, rendir y controvertir pruebas, y ser asistido legalmente (defensa jurídica letrada).; c) presunción de inocencia; esto es, el derecho a ser tratado como inocente hasta que se declare su culpabilidad mediante sentencia firme; d) proceso público y contradictorio; esto es, el juicio debe ser transparente, permitir la confrontación de pruebas y argumentos, y se desarrolla oralmente en igualdad de condiciones; e) bilateralidad de la audiencia; es decir, ambas partes deben tener las mismas oportunidades para participar en el proceso; f) non bis in idem; es decir, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa; g) legalidad y tipicidad: Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes y con las formalidades de cada juicio; i) nulidad de la prueba Ilegal; toda prueba obtenida violando la ley es nula; j) derecho a recurrir, vale decir, que se pueda impugnar una sentencia ante un tribunal superior para su revisión; k) emplazamiento, es decir, ser notificado formalmente de que se es parte de un procedimiento; l) resolución fundada; es decir que la sentencia sea motivada y fundada en derecho.

Undécimo: Que, de los antecedentes acompañados, no se aprecia por esta Corte que se haya dado cumplimiento al mandato imperativo de los estatutos ya apuntado. En efecto, no se ha aparejado expediente alguno que permita asentar que se hayan verificado los requisitos mínimos del debido proceso, tales como la notificación formal, la oportunidad de presentar descargos, bilateralidad de la audiencia, derecho a presentar defensa y controvertir las pruebas. En efecto, existiendo solo copias de algunos correos electrónicos y la aseveración de que hubo comunicación “verbal” y por “teléfono” con el recurrente, lo que no parece suficiente como para dar por cumplido este requisito fundamental.

Duodécimo: Que, en consecuencia, al haberse dictado una resolución sancionatoria sin la debida observancia de las exigencias del propio estatuto de la recurrida, no cabe sino concluir que dicha resolución deviene en ilegal – al no ajustarse a los requerimientos del propio estatuto – e ilegal, lo cual conculca las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, de no ser juzgado por comisiones especiales, lo que le ha significado al recurrente estar impedido de participar en varios campeonatos, con las eventuales consecuencias económicas para el recurrente.

Décimo Tercero: Que, por consiguiente, la presente acción de protección deberá ser acogida, al acreditarse la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnera derechos fundamentales del recurrente.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 Nº 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se acoge el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Asociación de Profesionales de Golf de Chile, nombre reservado, y por ende se deja sin efecto la sanción de suspensión impuesta por dicha entidad al recurrente con fecha 17 de julio de 2025.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Bárbara Vidaurre.

N°Protección-17732-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada por el ministro (S) señor Daniel Aravena Pérez y por la abogada integrante señora Bárbara Vidaurre Miller. No firma el ministro (S) señor Aravena por haber terminado su suplencia.