nombre reservado con SOCIEDAD EDUCACIONAL EPULLAY S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece la abogada doña Grace Schmidt Monje interponiendo acción constitucional de protección en favor del menor de edad nombre reservado y sus padres, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Colegio Epullay Montessori, representado legalmente por doña nombre reservado, por estimar que éste ha cometido actos ilegales y arbitrarios que han vulnerado las garantías constitucionales contenidas en los numerales 1, 2, 3, 10, 11 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, además de derechos que se encuentran consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

Relata que el niño de autos cursó durante el año 2019 primer año de educación básica en el colegio recurrido, y que sus padres recibieron, en su calidad de apoderados, en julio de 2019 una circular en la que informaba que las matrículas escolares para el próximo año se recibirían desde la fecha de recepción de la circular y hasta el día 30 de agosto del mismo año, y que el monto a pagar sería de $220.000. Pasado ese plazo, explica, subiría a 9 UF hasta el día 31 de octubre de 2019, pudiendo solicitarse una matrícula tardía. Indica que la madre del niño estaba fuera del país por motivos de trabajo, regresando el día 15 de agosto de 2019, debiendo realizar numerosas actividades, entendiendo siempre que podría igualmente matricular a su hijo, pagando el recargo señalado, hasta el 31 de octubre del referido año.

En esas circunstancias, sostiene que el 3 de septiembre de 2019, concurrió a hablar con la secretaria encargada de las matrículas, quien le informa que debe esperar que existan cupos para el curso, cuestión que estimaron insólita, considerando que es un alumno antiguo y que la familia llevaba diez años en el colegio. Precisa, que pese a solicitar una reunión con la dirección docente, esta no se pudo concretar, quedando sin respuesta hasta el día 24 de septiembre de 2019, momento en que concurrieron a hablar con doña nombre reservado, directora ejecutiva, quien no les dio una respuesta definitiva sino hasta pasado el 26 de septiembre del mismo año, instancia en que les manifestó que no habían vacantes en el curso, reprochándoles que habían dejado el trámite de la matrícula para último minuto, sin hacerse cargo de todas las veces que intentaron tratar el tema.

Frente a esta negativa, continúa, decidieron depositar la suma correspondiente a la matrícula y a su recargo, el 10 de octubre del año 2019, pero al no tener, nuevamente, noticia alguna, escribió al colegio el 29 del mismo mes, solicitando un comprobante de pago, citándolos el colegio a una reunión el 19 de noviembre del mismo año, sólo para cancelarla igualmente.

Alega que producto de esta situación, ya no es posible encontrar otro colegio para su hijo, destacando que tomaron conocimiento que el día 4 de septiembre de 2019, es decir un día después que ellos concurrieran al colegio, a otra apoderada que no había podido matricular a su hijo en el período ordinario, consiguió cupo en el mismo curso y la suma de información contradictoria e incompleta otorgada por el colegio, sin que en la especie concurran las causales que permitirían al colegio cancelar la matrícula de autos.

Por todo lo anterior, solicita que se acoja la presente acción y se ordene el restablecimiento del imperio del derecho, ordenándose la reincorporación del niño nombre reservado a Segundo Básico del Colegio Epullay Montessori.

SEGUNDO: Que se evacuó informe por doña nombre reservado, en representación de la Sociedad Educacional Epullay S.A., solicitando el completo rechazo de la acción deducida, con costas.

Tras relatar la historia del establecimiento educacional, señala que es necesario precisar algunos de los hechos narrados en la acción, ya que el relato realizado es impreciso y subjetivamente acomodado. Indica que la Circular N° 3-2019 de fecha 19 de julio de 2019 tenía por finalidad informar a toda la comunidad escolar de diversas materias, destacándose lo referido al proceso de matrículas. Refiere que conforme el Reglamento Administrativo del Colegio Epullay, “La matrícula es una reserva de vacante para el año siguiente. No está sujeta a devolución, en caso de que no se haga uso de la vacante, ya sea por decisión de la familia o por no cumplir las condiciones de renovación que exija el colegio. No puede ser abonada a otros conceptos o ser utilizada en un año diferente al cual fue destinada”, y que “(…) Si una matrícula no ha sido cancelada al 30 de agosto, el Colegio puede disponer de la vacante y el alumno sólo podrá cursar el año escolar si es que hay cupo. La familia puede solicitar por escrito una matrícula tardía, la que debe ser documentada (…)”. De tal forma, que el impulso para hacer uso de la reserva es resorte de los apoderados, cuestión que además permite que el colegio conozca las vacantes de las que dispone.

Sobre la matrícula tardía, precisa que esta debía ser solicitada antes del vencimiento del primer período, es decir, el 30 de agosto de 2019, ya que el colegio conoce de la intención de una familia de continuar o no en él a través de la matrícula o de la solicitud de una matrícula tardía. Manifiesta que se desprende de la acción, que los padres reconocen haber recibido la circular y por ende, las condiciones de la matrícula, y que no se entiende ni se explica por qué dentro de todas las actividades que debía realizar al volver de su viaje fuera del país, no estaba la de matricular a su hijo en el colegio, o la de al menos, solicitar una matrícula tardía, o por qué los trámites no los realizó el padre del niño de autos, sin que sea responsabilidad del colegio, si la apoderada no entendió bien el contenido de la circular.

Respecto a los intentos de la apoderada de comunicarse con el colegio, expresa que no existe constancia alguna de una solicitud de reunión el 3 de septiembre de 2019, y que pese a que los actores dicen haber concurrido numerosas veces al establecimiento, nunca enviaron un correo directamente a la Dirección solicitando una reunión, haciendo presente que tampoco hay constancias de solicitudes de reunión después de las vacaciones de septiembre y negando los dichos supuestamente proferidos por ella, informándoles, en definitiva, tanto en persona como por correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2019, que no había cupos para el curso de su hijo menor, ya que fueron rápidamente ocupados.

Se refiere a continuación a la acción de autos, alegando en primer término su extemporaneidad, teniendo presente que no existe un plazo extraordinario de matrículas que cierre el 31 de octubre del año 2019 y que tomó conocimiento de los plazos y procedimientos con la Circular N° 3-2019 de 19 de julio de 2019. Sin perjuicio de ello, el último plazo comprobable existente, a su parecer, constituye el del correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2019, por lo que la acción fue interpuesta fuera de plazo.

Agrega que de no estimarse extemporánea la acción deducida, igualmente debe rechazarse, al no existir un acto ilegal o arbitrario cometido por su parte, teniendo presente la libertad de enseñanza de la que goza, y el respeto a la normativa tanto interna como externa con el que actuó en el caso de marras.

CUARTO: Que, la acción constitucional de protección es un arbitrio cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que antes de entrar a analizar el fondo de la acción deducida es ilustrador tener presente que en esta sede jurisdiccional resultan ser hechos no controvertidos que:

1. nombre reservado cursó durante el año 2019, primer año básico en el Colegio Epullay Montessori.

2. Con fecha 29 de julio de 2019, los recurrentes recibieron una Circular N° 3-2019, en la que se le informó que a partir de esa data hasta el 30 de agosto se recibirán las matrículas para el año 2020. En ese período el niño no fue matriculado. Refiere, además que hasta esa fecha el monto será de $220.000 y pasado ese plazo subirá a 9 UF hasta el 31 de octubre para lo cual se puede pedir por escrito una matrícula tardía.

SEXTO: Que, lo cuestionado por el recurrente dice relación con la medida de no renovación de la matrícula adoptada por el Colegio Epullay Montessori del niño nombre reservado, por cuanto no cumplió con la normativa interna del mentado establecimiento educacional, mas no se trata de una sanción o medida disciplinaria contenida en el reglamento interno.

SÉPTIMO: Que en primer término, en cuanto al análisis de los requisitos de forma susceptibles de ser analizados y conforme lo expresa el Acta N° 94-2015 de 17 de julio de 2015, que fijó el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su artículo 1° se establece que esta acción constitucional debe ser deducida "dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".

Como puede advertirse del tenor de la referida norma, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación corresponda intervención a las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, de un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

Al respecto se sostiene en la doctrina nacional, que el mentado plazo de treinta días “se caracteriza por ser un plazo de días, continuo, legal, fatal, improrrogable, y no ampliable según la tabla de emplazamiento para contestar demandas del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil” (nombre reservado y nombre reservado, en “Los Recursos Procesales”, 3° Edición Actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2017, página 473)

Que, acorde con los antecedentes acompañados el plazo debe contarse desde el cierre del período extraordinario de matrículas, esto es, el 30 de octubre de 2019.

En consecuencia, el presente arbitrio presentado el 25 de noviembre de 2019 fue presentado dentro del plazo de treinta días a que alude el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

OCTAVO: Que por otro lado, de acuerdo a los antecedentes incorporados en el proceso, el presente recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto habido entre las partes, por cuanto se trata de determinar los alcances o interpretación de la mentada Circular y del Reglamento Administrativo del Colegio Epullay, el que en su punto tercero, referido a los pagos, establece: “3.1. Matrícula: La matrícula es una reserva de vacante para el año siguiente. No está sujeta a devolución, en caso de que no se haga uso de la vacante, ya sea por decisión de la familia o por no cumplir las condiciones de renovación que exija el colegio. No puede ser abonada a otros conceptos o ser utilizada en un año diferente al cual fue destinada”.

“La matrícula tiene un valor de 8,0 UF para alumnos antiguos en todos los niveles si es cancelada entre abril y agosto del año anterior. No se aceptará el pago de matrícula si existe deuda, en cuyo caso este valor se abonará para cubrirla. Si una matrícula no ha sido cancelada al 30 de agosto, el Colegio puede disponer de la vacante y el alumno sólo podrá cursar el año escolar si es que hay cupo. La familia puede solicitar por escrito una matrícula tardía, la que debe ser documentada y tiene un valor de 9,0 UF hasta el 30 de octubre y 10 UF a partir del 1° de noviembre, familias nuevas cancelan 9,0 UF en cualquier fecha”.

NOVENO: En efecto, la matrícula es una reserva de vacante para el año siguiente, por lo que el impulso para hacer uso de esa reserva y mantener la vacante en el colegio es únicamente responsabilidad de los apoderados. Por su parte, a través de este mecanismo el establecimiento educacional puede conocer oportunamente las vacantes que dispone para la incorporación de nuevos alumnos. Asimismo, la hipótesis de matrícula tardía opera única y exclusivamente en el evento que existan vacantes dentro del colegio.

DÉCIMO: Que no obstante lo anterior, el antecedente que los recurrentes matricularon a un segundo hijo en el colegio, permite dejar en evidencia que respecto a él, operó el cumplimiento de la normativa existente en el establecimiento educacional, proceder que lleva necesariamente a desestimar la existencia de arbitrariedad, por cuanto no nos encontramos en la hipótesis de cancelación o no renovación de la misma como consecuencia de las medidas disciplinarias establecidas dentro del marco de la legislación educacional, sino al no apego de la regulación interna dispuesta para tal efecto.

UNDÉCIMO: Que, además, no se aprecia la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el recurrente pues no se vislumbra discriminación arbitraria en el proceder de la recurrida, la que se ciñó a la normativa legal e interna que regula la materia, sino que además no se aportó elemento alguno que permita entender que se les ha dado un trato distinto al proporcionado a otro u otros en una similar situación, dado que el niño aludido por el recurrente, correspondía a un curso distinto al pretendido por el actor, desestimándose de esta forma la eventual conculcación del artículo 19 N ° 2 de nuestra Carta Fundamental.

Al respecto la Corte Suprema ha señalado en causa Rol N ° 3279-2012 “que es necesario determinar si realmente se está frente a una situación de discriminación o diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar, teniendo en consideración para ello que el principio de igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y, consecuencialmente diversas para aquellas que se hallen en situaciones diferentes”.

DUODÉCIMO: Que por otra parte, lo mismo puede decirse del derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos -artículo 19 N° 11 de la Constitución Política de la República- ya que, como todo derecho, tiene límites para su ejercicio y, en el caso sublite, uno de ellos es el sometimiento al reglamento y normativa interna del colegio.

DÉCIMOTERCERO: Que en este orden de ideas, se desestima que se hubieran vulnerados las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 2, 3, 10, 11 y 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto no existe un actuar arbitrario por parte del establecimiento educacional, si el proceso de matrícula era conocido por toda la comunidad escolar y se aplicaba a todos y por igual y bajo las mismas condiciones, amparado y regulado en el Reglamento Administrativo del Colegio Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza la acción constitucional interpuesta por doña Grace Schmidt Monje, en representación de don nombre reservado y doña nombre reservado y este a su vez en calidad de representante legal de su hijo nombre reservado en contra del Colegio Epullay Montessori, representado legalmente por doña nombre reservado.

Redacción efectuada por la Ministro señora Verónica Sabaj Escudero.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección - 177297-2018.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, la Ministra señora Jenny Book Reyes y la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero.

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