nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. Santiago.

Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que estima ilegal y arbitraria consistente en la falta de pronunciamiento respecto de su solicitud de carta de nacionalización, lo que vulnera el derecho de igualdad ante la ley de la recurrente, garantizado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene al recurrido pronunciarse sobre dicha solicitud dentro de un plazo no mayor a 60 días.

Funda su recurso en que la recurrente, residente definitiva en Chile hace más de 5 años, ingresó su solicitud de carta de nacionalización con fecha 20 de junio de 2023, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna por parte del Servicio Nacional de Migraciones. Alega que la demora de más de 1 año, 1 mes y 11 días en resolver su solicitud constituye una omisión ilegal, por infringir los plazos de los artículos 24 y 27 de la Ley N°19.880, y arbitraria, por discriminar a la recurrente en relación al trato dado a otros extranjeros en igual situación jurídica.

Argumenta que no resulta aplicable el silencio administrativo positivo ni la excepción de caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, señala que la autoridad recurrida no ha adoptado medidas reales y eficaces para resolver estas solicitudes dentro de los plazos legales, desconociendo los principios de la Ley N°19.880 y el deber de servicialidad del Estado. Indica que esta demora excesiva perturba ilegalmente el derecho de igualdad ante la ley de la recurrente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse sobre la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente dentro de un plazo no mayor a 60 días.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: comprobante de solicitud de nacionalización y cédula de identidad para extranjeros de la recurrente.

SEGUNDO: Que por la recurrida Servicio Nacional de Migraciones evacuó informe el abogado Carolina Fernandoy Catalán y nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso por los siguientes motivos.

En primer lugar, expone que la recurrente doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó por primera vez a territorio nacional el 18 de febrero de 2016 por motivos laborales. Posteriormente, mediante Resolución Exenta N°277781 del 27 de septiembre de 2017 del Departamento de Extranjería y Migración, se le otorgó permiso de permanencia definitiva, el cual se encuentra actualmente vigente. Luego, el 20 de junio de 2023 la recurrente solicitó carta de nacionalización mediante ID N°65922991. El 31 de julio de 2024 se le envió comunicación electrónica Folio N°62415384 informando que su solicitud no reunía los requisitos exigidos por la legislación vigente, solicitándole remitir certificado de antecedentes del país de origen debidamente legalizado o apostillado y carpeta tributaria actual emitida por el Servicio de Impuestos Internos, otorgándole un plazo de 60 días hábiles para subsanar. El 5 de agosto de 2024 la recurrente acompañó documentación a modo de subsanación. A la fecha del informe la solicitud se encuentra en trámite, en etapa de Primer Análisis.

En cuanto a los argumentos y fundamentos de derecho, la recurrida señala que la concesión de la nacionalización es una atribución privativa y discrecional del Presidente de la República, en conformidad a lo establecido en los artículos 10 de la Constitución Política de la República, 84 de la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería y 1 del Decreto Supremo N°5.142 de 1960 del Ministerio del Interior. Indica que el Servicio Nacional de Migraciones solo tiene competencia para tramitar las solicitudes de carta de nacionalización, mas no para resolverlas, en virtud del artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325. Agrega que, según el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo puede exceder los 6 meses en caso fortuito o fuerza mayor, como ocurrió con el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, lo que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas. Asimismo, sostiene que dicho plazo no es de carácter fatal, según lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N°13364-2023.

Por lo anterior, solicita tener por evacuado el informe, rechazar el recurso de protección en todas sus partes por no existir acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas, así como rechazar la condena en costas. Asimismo, solicita tener por acompañados los documentos individualizados en el segundo otrosí.

TERCERO: Que por la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, evacuó informe la abogada Alejandra Salinas Silva, solicitando el rechazo del recurso por los siguientes motivos.

En primer término, precisa que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización presentada por la recurrente nombre reservado se encuentra actualmente en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, lo que constituye una etapa previa a la entrega de los antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para su posterior resolución, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Argumenta que no existe una omisión arbitraria o ilegal, por cuanto las solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, lo que implica que su tramitación puede extenderse más de lo esperado, situación que se encuentra plenamente justificada, dada la importancia jurídica y práctica que implica otorgar una carta de nacionalización a una persona extranjera. Agrega que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado en promedio 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización, cifra que debe contextualizarse en el total de solicitudes relacionadas con nacionalizaciones que se han ingresado en los últimos años, ascendientes a más de 10.000 el año 2021, más de 30.000 el año 2022 y más de 40.000 el año 2023. Además, sostiene que el plazo de 6 meses que establece el artículo 27 de la ley N° 19.880 para todo procedimiento administrativo no constituye un plazo fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad ni invalidación del acto respectivo, invocando jurisprudencia tanto de la Excma. Corte Suprema como de la Contraloría General de la República.

En segundo lugar, alega la inexistencia de una privación, perturbación o amenaza de garantías o derechos constitucionales, por cuanto la recurrente no ha aportado antecedentes suficientes que permitan apreciar que el Ministerio ha incurrido en actos u omisiones manifiestamente arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen ostensiblemente sus derechos o garantías tutelables por esta vía. Señala que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de carta de nacionalización significa que la persona extranjera se encuentra en situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes, y con permanencia definitiva vigente en el país, lo que se traduce en que puede ejercer sus derechos sin limitación alguna.

Como tercer argumento, plantea que el acoger acciones de protección como la de la especie implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud. Agrega que no procede instrumentalizar un requerimiento de otorgamiento de carta de nacionalización mediante una acción de protección, al corresponder su otorgamiento única y exclusivamente al Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Por lo anterior, solicita tener por evacuado el informe, resolviendo el rechazo de la acción de protección, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

CUARTO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarios o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año pasado en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte “dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

SEXTO: Que, en consecuencia, en la presentación efectuada en estos autos, no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual deberá necesariamente desestimarse la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, por carecer de toda oportunidad y pertinencia la emisión de pronunciamiento en un sentido diverso por la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al tenor de la decisión de la Corte Suprema, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 17728-2024 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.