nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Santiago, once de mayo del año dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que con fecha 25 de noviembre de 2019 se dedujo acción de protección por don nombre reservado, en favor de la empresa GEO ANANTARA nombre reservado E.I.R.L., en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, por haber incurrido ésta en un acto ilegal o arbitrario consistente en cobrar derechos de aseo municipal y no haber dado lugar a su solicitud de anulación de dichos cobros y de devolución de dinero, lo que vulnera sus garantías fundamentales de los numerales 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se ordene que se tomen las medidas necesarias para la protección de sus derechos, con costas.

Fundando el recurso, explica que es un cliente de la institución que se conoce como Oficina Virtual, que se dedica al arriendo de domicilios o espacios virtuales, en las cuales se llevan a cabo actividades parecidas a las de una oficina convencional, pero sin la necesidad de hacer uso de una oficina física, sino a través de un servicio virtual o web. Así, existe una empresa que se levanta como la “Oficina Virtual”, la cual pone un domicilio a disposición para que los clientes que se están iniciando con sus empresas posean un domicilio comercial y tributario, una secretaria virtual, un teléfono de contacto y las tareas administrativas virtuales que puedan ser necesarias para el abaratamiento de sus costos, y que en ellas, pese a ser un mismo domicilio o dirección, pueden coexistir muchas empresas distintas con una misma dirección comercial, dirección tributaria y patente comercial, pero sin desarrollar actividades físicas y materiales en aquella dirección. En su caso, lo hizo con la empresa “Tu Oficina SpA” el 8 de abril de 2019, respecto de la propiedad del prestador de servicios ubicada en domicilio reservado.

Sostiene que el Servicio de Impuestos Internos, ha establecido criterios para definir si una actividad económica puede o no desarrollarse en una oficina virtual, incluyendo dentro de las permitidas las actividades que se conocen como e-commerce o de comercio electrónico. En dicho contexto, la Ilustre Municipalidad de Santiago generó un cobro en su contra, desde el 1 de enero de 2018 y año 2019 por “Derecho de Aseo” acompañado al concepto de la patente comercial, en contra de la persona jurídica que representa. Misma cuestión sucedió durante el año 2019, todos los cuales se han pagado, pese a considerar que dicho acto es arbitrario. Manifiesta que solicitó, el 13 de septiembre de 2019, la anulación de los pagos efectuados por dicho concepto y la devolución del dinero pagado en las patentes comerciales correspondientes a los años 2018 y 2019, citando un fallo de la Corte Suprema de Justicia, quien ha aceptado las solicitudes de anulación de tales cobros (Rol 15.116-2018).

No obstante, el 6 de noviembre de 2019 fue notificado por la recurrida, quien resolvió rechazar la petición efectuada, fundado en el efecto relativo de las sentencias.

En cuanto a la ilegalidad invocada, sostiene que todas las empresas que son clientes o arrendatarias de una Oficina Virtual tributan legalmente y pagan sus patentes comerciales, pero estas no deberían pagar aranceles o tasas por contraprestaciones que no reciben, como los “Derechos de Aseo”. Estos no son derechos propiamente tales, sino que constituyen “Arancel” o “Tasa”, y se generan a través de la misma ley, por una contraprestación ante el retiro de la basura o los residuos generados en el domicilio. En este caso es la empresa que presta el servicio de oficina virtual quien debería pagar tales derechos, por cuanto es la que existe físicamente, y que en el caso de la empresa con la que suscribieron el contrato de arriendo, los ha pagado todos en tiempo y forma.

Afirma que las empresas clientes de dichas oficinas no deberían pagar el derecho de que se trata, por no existir una actividad comercial material en el domicilio señalado.

Respecto de la arbitrariedad, sostiene que se manifiesta en la caprichosa e infundada decisión de la recurrida de realizar un cobro, aplicando una tasa, sin una contraprestación que la justifique y sin considerar las razones legales analizadas, sobre la no aplicación del mismo.

Finalmente, estima que la conducta de la recurrida vulnera las garantías indicadas, solicitando se acoja la acción en los términos señalados.

2°) Que al evacuar el informe requerido, la MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO solicita el rechazo del recurso, con costas. Expone que, en cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley Orgánica Constitucional Municipal y la Ley de Rentas Municipales, la Subdirección de Rentas y Finanzas ha captado desde siempre los derechos de aseo a todos los usuarios de patente de la comuna. Sostiene que la Contraloría, mediante la interpretación del artículo 9 de la Ley de Rentas Municipales, estima que existiendo dos o más usuarios distintos en un domicilio debe cobrárseles el derecho de aseo con su respectiva patente comercial a todos los que ocupen tal inmueble, en la medida que en la propiedad se desarrolle efectivamente una actividad comercial por parte de los dos contribuyentes, lo que no incluye un mero domicilio postal. De acuerdo a lo anterior, el hecho de contar con una patente comercial en un domicilio resulta una presunción de ejercicio de dicha actividad en ese lugar, actividad que puede ser permanente o intermitente, debiendo pagarse en ambos casos el derecho de aseo correspondiente.

Aduce que la ley no efectúa ninguna distinción en los términos explicitados por el recurrente, no contemplando una diferencia relativa al lugar donde se encuentre físicamente el contribuyente, o durante un período de tiempo, sino que única y exclusivamente que se ejerza la actividad, por lo que contando con una patente en un domicilio, es una presunción suficientemente contundente del ejercicio de una actividad en ese lugar, que es el supuesto que establece el artículo 24 de la Ley de Rentas (la patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, quiosco o lugar determinado.)

Así, alega la improcedencia del recurso, por cuanto los actos administrativos contra los cuales se recurre por medio de esta acción no son ni ilegales ni arbitrarios y no privan, no perturban, ni amenazan el legítimo ejercicio de derecho constitucional alguno. Respecto de la garantía fundamental del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, no es efectiva su transgresión, toda vez que la Municipalidad efectúa el sistema de cobro de derechos de aseo a todos los contribuyentes de la comuna.

En cuanto al artículo 19 N°24 del mismo Texto Constitucional, tampoco se conculca pues el pago del derecho de aseo es una de las regulaciones y limitaciones que consagra la ley a los titulares de derechos de propiedad de su actividad comercial amparada en patente municipal, en razón de su función social.

Finalmente, agrega que esta no sería la vía idónea, ya que la recurrente no se ampara en derechos indubitados, por lo que la resolución de esta controversia requiere al menos de un juicio de lato conocimiento, en donde se pueda rendir prueba y discutir el asunto en cuestión.

3°) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Es importante recalcar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto u omisión lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

5°) Que de lo expuesto previamente se desprende que la vía de la acción protectora de derechos constitucionales, a que se refiere el citado artículo 20 de la Carta Fundamental, no constituye el medio idóneo para la impugnación de actuaciones como la que se reprocha en autos y, particularmente en este caso, en que se pretende dejar sin efecto determinados cobros ya realizados por el municipio recurrido y pagados por la empresa en cuyo favor se recurre, la que aboga por su restitución, como si la presente fuere una acción de cobro de dinero. En rigor, se reclama por el pago de lo no debido, en concepto de la empresa recurrente. Además, su pretensión se extiende a obtener la determinación de esta Corte en orden a ser improcedente el pago por derechos de aseo.

La reflexión anterior se funda tanto en la naturaleza de esta acción, que requiere de un procedimiento rápido, así como de la adopción de medidas de emergencia, frente a situaciones que verdaderamente lo ameriten, sin que sea necesario para constatar la existencia de una vulneración de derechos, más evidencias que aquellas muy escasas que se puedan acompañar en el libelo respectivo, así como las que esté en condiciones de acompañar el o los recurridos, en el acotado término que se da para emitir informe. Lo anterior, sin que haya un período de prueba, todo lo cual determina que el escogido en este caso no es el camino jurídico correcto, y porque, además, el ordenamiento jurídico proporciona los medios de impugnación que son propios y adecuados para conseguir la señalada finalidad.

6°) Que, en el caso de autos, se insiste en utilizar esta acción como si se tratara de un medio de impugnación general de resoluciones de orden administrativo, en ausencia de una acción propia y general de lo contencioso administrativo y como sustituto de ella, no obstante la existencia de medios o acciones jurídicas que resultan idóneas para reclamar, en particular el procedimiento ordinario, que permite demandar y discutir la procedencia de los cobros de derechos de aseo en el caso de las empresas virtuales, incluyendo la devolución de los derechos que el actor sostiene que no tiene obligación de pagar, por ejercer funciones en una oficina virtual pero que igualmente ya pagó, según se informa en el mismo recurso y, por lo mismo, demanda la restitución de lo pagado.

Como tantas veces se ha expresado, esta acción no es una alternativa respecto de un procedimiento contencioso general, cuya ausencia en el sistema jurídico, desde luego, no es responsabilidad del Poder Judicial. En cualquier caso, siempre resta el procedimiento ordinario.

7°) Que, lo dicho anteriormente conduce a otro aspecto del problema. En efecto, como se indicó, para la procedencia del recurso de protección se requiere que se haya cometido un acto o se haya incurrido en una omisión, que sean ilegales o arbitrarios, lo que no se da en la especie, ya que no se ha probado que el cobro de derechos reprochado, efectuado por la Municipalidad de Santiago y ya pagados por la recurrente sea ilegal, pues no se ha demostrado que se haya vulnerado alguna disposición de ley. Tampoco es arbitrario, desde que la actuación reprochada se funda en la normativa pertinente, consignada en el informe emitido por la recurrida.

8°) Que, por otro lado, el recurrente debe demostrar que es titular de un derecho preexistente y no discutido, que se haya visto alterado, siquiera en grado de amenaza, por el acto u omisión que impugna. En el caso de la especie, ello no ha ocurrido, pues todo lo que esgrime no tiene ese carácter, ya que si bien es cierto la empresa recurrente es arrendataria de una oficina virtual, ello no determina sin más que no deba pagar derechos de aseo, pues tal posición es solo una apreciación de quien recurre, que por cierto no es compartida por el municipio recurrido. Por lo tanto, quien recurre no es titular de derechos indiscutidos o indubitados, sino que la situación que plantea está precisamente en discusión, lo que se demuestra por el simple hecho de que la controversia se trasladó a esta sede, equivocadamente por cierto.

En efecto, una controversia jurídica así generada, que implica, en caso de aceptarse la tesis del recurrente, la restitución de fondos ya enterados en el Municipio recurrido, debe necesariamente ser dilucidada a través de los tribunales ordinarios competentes, y por medio de un juicio de lato conocimiento, en el que las partes puedan hacer valer sus posiciones de derecho, rendir las pruebas que estimen del caso y ejercer los recursos jurisdiccionales correspondientes.

9°) Que, en virtud de las breves consideraciones efectuadas, el recurso en examen no puede prosperar, sin que exista obligación de pronunciarse sobre la vulneración de garantías constitucionales, como se ha denunciado, debido a que al no probarse la existencia de un acto ilegal o arbitrario, ni la existencia de un derecho indubitado, ello resulta innecesario, debiendo ser desestimado el recurso.

Por estas consideraciones y en virtud de lo que disponen los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, el Auto Acordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación de la acción cautelar de protección, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado en favor de GEO ANANTARA nombre reservado E.I.R.L., en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N°177.260-2019.