Protección contra Universidad de Santiago de Chile

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de junio de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, académico por hora de la Universidad de Santiago de Chile, quien interpone acción de protección, en contra de la Universidad de Santiago de Chile, representada legalmente por su Rector, don nombre reservado y en contra de doña nombre reservado, estudiante, vocal coordinadora de la Vocalía de Género y Sexualidades de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile FEUSACH, quienes según describe y a través de diversas actuaciones, que le han sido informadas por correo electrónico del 25 de octubre de 2019, enviado por el profesor don nombre reservado, le están imputando haber sido sancionado en un sumario administrativo por supuestas conductas de acoso sexual y le imponen, en los hechos, la prohibición de participar en actividades universitarias.

Alega que la actuación de ambas recurridas le privan, perturban y/o amenazan del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, la libertad de emitir opinión, el derecho de asociarse sin permiso previo y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, conforme lo establecido en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Detalla como contexto que participa como dirigente de la Asociación de Académicos de la USACH.

Indica que en enero de 2018 fue elegido Secretario de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Santiago de Chile.

Relata que lideró junto a los demás miembros de la Directiva de la Asociación, la impugnación por la exclusión de los profesores por hora de la USACH, en la última elección de Rector. Así, desde abril de 2018, promovieron diversas presentaciones y recursos ante organismos universitarios, Contraloría General de la República, y tribunales. Afirma que en ese contexto las autoridades de la USACH comenzaron a promover o dar curso acusaciones en su contra, entre ellas, una por una supuesta conducta de acoso y otra por no haber dado una clase. Explica, sobre la acusación por supuesto acoso, que el 6 de septiembre de 2018 fue informado que existiría una denuncia por acoso sexual, hostigamiento y discriminación en su contra. Añade, que el 27 de septiembre de 2018 envió un correo, manifestando su disposición a declarar ante el fiscal designado por la USACH en el procedimiento disciplinario ante esta denuncia por acoso. Luego, el 2 de octubre de 2018, declaró ante el fiscal Jorge Pineda.

Señala que después de esa declaración no recibió ninguna notificación por parte de las autoridades de la USACH, desconociendo las eventuales actuaciones que se habrían desarrollado posteriormente en el curso de este procedimiento disciplinario. Refiere que el artículo 131 del Estatuto Administrativo dispone que en un sumario administrativo "las notificaciones que se realicen en el proceso deberán hacerse personalmente".

Alude luego a amenazas efectuadas a la Asociación de Académicos por parte de integrantes de la Vocalía de Género y Sexualidades de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, FEUSACH, instándoles a excluir al recurrente de cualquier actividad que esa asociación realice, bajo sanción de ser "funados" y la amenaza de indicar que "Asoacad Usach tiene acosadores".

Detalla que el 23 de octubre de 2019, el profesor don nombre reservado, integrante de la coordinadora de Profesores por Hora, participaba de una reunión de coordinación entre los diferentes estamentos de la Universidad, instancia en que se le acercó la estudiante nombre reservado, quien le preguntó "¿qué hace nombre reservado en ese espacio universitario?", respondiéndole que se encontraba en su calidad de Secretario de la Asociación de Académicos (ASOACAD), ante lo cual ella le manifestó que era "un acosador sexual", unido a la exigencia de retirarse de la actividad, aludiendo a la existencia de una sanción administrativa por hechos de esa naturaleza.

Puntualiza además, que el 25 de octubre de 2019, la estudiante doña nombre reservado hizo llegar al profesor don nombre reservado, un correo en que se adjuntó información enviada por la Dirección Jurídica de la USACH, señalando que el actor habría sido sancionado en el sumario administrativo que individualiza, del cual -según sostiene- no fue notificado en ninguna de sus etapas.

Relata que el 19 de noviembre de 2019, al recibir sus remuneraciones, si bien su liquidación establece que la Universidad de Santiago le debe pagar $719.070 (setecientos diecinueve mil setenta pesos), en su cuenta corriente sólo se depositaron $518.331 (quinientos dieciocho mil trescientos treinta y uno).

Indica, que consultada sobre el punto la Dirección de Administración y Finanzas, se le explicó que el descuento de $200.739 -doscientos mil pesos setecientos treinta y nueve pesos-, corresponde a la medida disciplinaria de multa de 20% de su remuneración, según lo instruido por Fiscalía de la Dirección Jurídica (Resolución N° NUM000).

Afirma que se encuentra conculcada la garantía de igualdad ante la ley en el ejercicio de sus derechos, con el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 131 del Estatuto Administrativo y la nula notificación personal o por carta certificada en su defecto de las actuaciones del proceso administrativo.

Concluye sobre el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y, asimismo, la protección de sus datos personales, que los hechos relatados han afectado su honra, desde el punto de vista objetivo y subjetivo, por cuanto los integrantes de la Asociación de Académicos, le formularon legítimas preguntas respecto de estas falsas acusaciones, lo que genera una apreciación negativa hacia su persona y con ello, se multiplicaron las posibilidades de un juzgamiento previo, colectivo y a gran escala en su perjuicio.

Sostiene en cuanto a la libertad de emitir opinión, que las amenazas de la recurrida doña nombre reservado, estudiante, Vocal Coordinadora de la Vocalía de Género y Sexualidades de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile FEUSACH, le están coartando su derecho a participar en todas las actividades universitarias y emitir mi opinión sobre el desarrollo institucional, especialmente considerando la función de representación gremial para la que fue elegido y asimismo, el derecho de asociarse sin permiso previo y de actuar, en este caso, como Secretario y Directivo de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Santiago de Chile.

Añade, por último, que las actuaciones descritas le han privado recientemente de parte de su remuneración, afectando su derecho de propiedad sobre las mismas.

Solicita en definitiva, declarar arbitrarias e ilegales las actuaciones de las recurridas; ordenando expresamente dejar sin efecto la sanción que se le habría impuesto en el sumario administrativo indicado en esta presentación, junto a que ambas recurrentes emitan disculpas públicas y que se abstengan de realizar cualquier actuación que constituya una amenaza o coerción de sus derechos como académico y dirigente gremial de la USACH y/o adoptando las demás medidas que juzgue adecuadas para el más pronto restablecimiento del imperio del derecho y la debida protección, junto con condenar en costas a las recurridas.

SEGUNDO: Que informando la recurrida doña nombre reservado expone como contexto, que con posterioridad a junio del año 2018, tras movilizaciones se adoptaron acuerdos entre estudiantes y gremios de académicos, entre ellos, que no podría ser parte de espacios de participación política estamental, cualquier persona denunciada y sancionada por conductas de acoso, violencia o discriminación.

Refiere que el 24 de junio de 2018, prestaron apoyo a la formalización de la denuncia de una compañera. Explica que el 29 de mayo de 2019, la estudiante que denunció al recurrente, le comunicó que había sido notificada de la decisión final en el proceso sumarial y de la sanción aplicada al docente. Por esa razón, enviaron correo el 25 de junio de 2019 al representante de la Asociación de Académicos de los profesores por hora -señor nombre reservado-, planteando la postura de la vocería que representa, en el sentido que se debía prescindir en la instancia representativa del académico sancionado por "proferir conductas de hostigamiento y expresiones inapropiadas en perjuicio de una estudiante".

Indica que todos los reclamos que ha realizado por estos temas han sido dirigidos hacia la directiva de la asociación de académicos y nunca al actor como persona individual.

Alega en este sentido, la extemporaneidad de la acción, pues de acuerdo al propio reclamo del recurrente, la citada asociación recibió reclamos contra el señor nombre reservado, a lo menos desde junio de 2019.

Niega la comisión de actos de vulneración de garantías constitucionales del actor y apunta que en cada uno de los correos que señala el actor, en ningún momento se alude a medidas de autotutela como "funas", ni represalias físicas, sino que simplemente se denuncia el incumplimiento de la asociación a parte de los acuerdos con la comunidad estudiantil.

Se opone a la acción, además alegando la improcedencia de la acción por cuanto considera que se le imputaron hechos de terceras personas, al relatar en su libelo una situación con el alumno y dirigente don nombre reservado -parte de la mesa interina de la federación de estudiantes-.

Razona que el recurso de protección resulta improcedente para discutir la declaración de hechos de naturaleza delictual como sería en su caso la existencia de amenazas.

TERCERO: Que a su turno informó la Universidad de Santiago de Chile, quien expone que el recurso no imputa un acto concreto a USACH, que tenga relación con la vulneración de garantías constitucionales alegadas, sino que reclama por hechos de terceros.

Añade que en lo que le concierne, el recurso es extemporáneo, pues el recurrente fue citado por parte de la fiscalía de la universidad desde el 27 de mayo de 2019, en múltiples oportunidades, a fin de notificarle personalmente la Resolución Exenta N° NUM001, que dispuso la aplicación de la sanción disciplinaria de multa.

Señala que es falso que desconozca la tramitación del sumario, pues envió correo electrónico el 7 de marzo del año recién pasado al fiscal del proceso ofreciendo su declaración.

Sostiene que el sumario administrativo que afectó al recurrente se tramitó íntegramente y sin vicios.

Considera además que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar el reclamo deducido por cuanto el recurrente debió pedir oportunamente la nulidad de lo obrado en el sumario administrativo.

Niega la vulneración de garantías constitucionales y solicitó el rechazo del recurso con costas.

A folio 16, se requirió a la recurrida Universidad a fin "que amplíe el informe evacuado (...) en el sentido de precisar la tramitación que se le dio al procedimiento sumario al que se hace mención en las presentaciones de las partes, en particular, la forma en que se realizaron las notificaciones de las actuaciones y resoluciones que en el recayeron." En cumplimiento de lo ordenado detalló las actuaciones del procedimiento y acompañó copia digital del expediente administrativo instruido mediante Resolución Exenta N° NUM002 de 2018.

CUARTO: Que, la acción constitucional de protección es un arbitrio cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que antes de entrar a analizar el fondo de la acción deducida es ilustrador tener presente que en esta sede jurisdiccional resultan ser hechos ciertos que: a) En virtud de Resolución Exenta N° NUM002 de fecha 6 de septiembre de 2018, el Secretario General de la Universidad de Santiago, se indica que mediante carta dirigida al Rector, de 24 de julio de 2018, la señorita nombre reservado

nombre reservado, estudiante de la carrera de pedagogía en química, relata comportamientos inadecuados por parte del profesor señor nombre reservado, los que le provocaron temor e intimidación y en razón a lo anterior, se ordenó instruir sumario para acreditar la existencia del mentado hecho y determinar las presuntas responsabilidades que pudieren estar involucradas, designándose fiscal a don nombre reservado

nombre reservado. b) Correo de fecha 27 de septiembre de 2018 desde la casilla DIRECCION000> a la correo reservado , en virtud de la cual el recurrente le indica a don Jorge Pineda nombre reservado que ha tomado conocimiento que ha sido designado fiscal a cargo de un sumario administrativo en el que aparece eventualmente como implicado, aludiéndose que manifiesta su total disposición a comparecer cuando el instructor lo estime pertinente. c) Con fecha 2 de octubre de 2018, compareció a prestar declaración frente al fiscal sumariante, don nombre reservado. d) Con fecha 13 de diciembre de 2018, don nombre reservado, presentó un escrito a la Jefa de Recursos Humanos de la USACH, informándole que su nuevo domicilio particular domicilio reservado, con el respectivo timbre de ingreso de la Oficina de Partes de la Universidad de Santiago. e) Con fecha 11 de enero de 2019, se declaró cerrado el sumario administrativo instruido por medio de la Resolución N° NUM002. f) Con fecha 11 de enero de 2019, se formularon cargos en contra de don nombre reservado, informándosele que disponía de un plazo de cinco días hábiles administrativos, a contar de la notificación de ese cargo para formular sus defensas. g) Con fecha 7 de marzo de 2019, desde la casilla correo reservado se envió un correo a la DIRECCION000>, a través del cual don nombre reservado le notificó a don nombre reservado, la resolución que le formuló cargos, la que se adjunta en archivo adjunto a esa comunicación. Asimismo, se indica que de conformidad a lo señalado en el artículo 132 del Estatuto Administrativo, a contar de esa fecha, el recurrente tiene cinco días hábiles administrativos -lunes a viernes- para formular sus descargos y defensas. h) Con fecha 18 de marzo de 2019, la Fiscalía propuso, según lo faculta el artículo 121 letra b) de la Ley N° 18.834, una multa ascendente al 20% de la remuneración total del inculpado habida cuenta de haber constatado en el curso de la investigación, una grave vulneración del principio de probidad, elevándose el presente sumario a consideración del señor Rector, previo informe en derecho, para efectos de su conocimiento y ulterior resolución. i) En virtud de Resolución Exenta N° NUM004 de fecha 7 de mayo de 2019, se aplica al señor nombre reservado, la medida disciplinaria de multa de un 20% de su remuneración total, contemplada en el artículo 121 letra b) de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Se agrega, notifíquese al funcionario individualizado, la presente resolución, a objeto que interponga el recurso procesal que franquea a la ley. j) Con fecha 27 de mayo de 2019, desde la casilla correo reservado a la de DIRECCION000> don nombre reservado, abogado de la Unidad de Fiscalía de la USACH envió correo a don nombre reservado, solicitándole comparezca a la Unidad de Fiscalía con el objeto de notificar la resolución recaída en dicho sumario. k) Con fecha 29 de mayo de 2019, desde la casilla correo reservado a la de DIRECCION000> don nombre reservado, abogado de la Unidad de Fiscalía de la USACH envió correo a don nombre reservado, indicándole que debía comparecer el día 29 de mayo de 2019, a las 15:15 horas con el objeto de notificar recaída en dicho sumario. l) Con fecha 4 de junio de 2019, desde la casilla correo reservado a la de DIRECCION000> don nombre reservado, abogado de la Unidad de Fiscalía de la USACH envió correo a don nombre reservado, refiere que le ha enviado previamente dos correos, con el objeto de notificar la resolución recaída en dicho sumario, sin obtener respuesta alguna. Agrega, que la última alternativa de notificación válida será enviarle carta certificada a su domicilio particular. m) Con fecha 10 de junio de 2019, se envió carta certificada a don nombre reservado, al domicilio ubicado en domicilio reservado, la que no fue entregada y por tanto devuelta al remitente. n) Con fecha 19 de noviembre de 2020, desde la casilla DIRECCION000> a la correo reservado , don nombre reservado envió correo a don nombre reservado, Jefe de Remuneraciones, USACH, informándole que en su liquidación de remuneraciones del mes de octubre de 2019, se estableció que la Universidad de Santiago debía pagar la suma de $719.070, pero que sólo le depositaron $518.331, solicitando se sirva corregir el error a la brevedad, respondiéndosele por parte de este último que "en el mes de noviembre fue aplicado un descuento a sus remuneraciones de $200.739, el cual corresponde a la medida disciplinaria de multa de 20% de su remuneración total, según lo instruido por la Fiscalía de la Dirección Jurídica (Res. NUM000)" SEXTO: Que en primer término, en cuanto al análisis de los requisitos de forma susceptibles de ser analizados y conforme lo expresa el Acta N° 94-2015 de 17 de julio de 2015, que fijó el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su artículo 1° se establece que esta acción constitucional debe ser deducida "dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".

Como puede advertirse del tenor de la referida norma, el plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación corresponda intervención a las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar a un derecho relevante y esencial de toda persona, de un acto que puede reputarse como arbitrario o ilegal. Tal objeto justifica que el plazo para intentar el recurso de protección se cuente desde la fecha en que el interesado conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales.

Al respecto se sostiene en la doctrina nacional, que el mentado plazo de treinta días "se caracteriza por ser un plazo de días, continuo, legal, fatal, improrrogable, y no ampliable según la tabla de emplazamiento para contestar demandas del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil" (nombre reservado y Cristián nombre reservado, en "Los Recursos Procesales", 3° Edición Actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2017, página 473)

Que, acorde con los antecedentes acompañados el plazo debe contarse desde que con fecha 25 de octubre de 2019, al recurrente se le envió correo electrónico, informándosele que "en el mes de noviembre fue aplicado un descuento a sus remuneraciones de $200.739, el cual corresponde a la medida disciplinaria de multa de 20% de su remuneración total, según lo instruido por la Fiscalía de la Dirección Jurídica (Res. NUM000)" En consecuencia, el presente arbitrio presentado el 24 de noviembre de 2019 fue presentado dentro del plazo de treinta días a que alude el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

SÉPTIMO: Que por otro lado, en relación a los hechos que se han tenido por ciertos, el marco legal atingente al conocimiento de la presente acción, dice relación con lo dispuesto en el artículo 131 del Estatuto Administrativo, el que dispone: "Las notificaciones que se realicen en el proceso deberán hacerse personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se lo notificará por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia. En ambos casos se deberá entregar copia íntegra de la resolución respectiva.

Los funcionarios citados a declarar ante el fiscal deberán fijar en su primera comparecencia un domicilio dentro del radio urbano en que la fiscalía ejerza sus funciones. Si no dieren cumplimiento a esta obligación se harás las notificaciones por carta certificada al domicilio registrado en la institución, y en caso de no contarse con tal información, en la oficina del afectado.

El funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días desde que la carta ha sido despachada".

OCTAVO: Que de acuerdo a los antecedentes expuestos y en atención a que la notificación al recurrente de la aplicación de la mentada sanción en el contexto del sumario administrativo seguido en su contra, se efectuó en un domicilio distinto al designado para tal efecto por el actor, se constata que dicho emplazamiento no fue válido y a pesar de ello, surtió efectos en su liquidación de emolumentos, la multa del 20% de su remuneración total, sin que aquélla decisión se encontrare firme y ejecutoriada, lo que torna el acto en ilegal, por cuanto se infringió lo dispuesto en el artículo 131 del Estatuto Administrativo, conculcándose de esta forma, su derecho de propiedad -afectándose su patrimonio, por cuanto se le privó de parte de su salario, a partir del mes de octubre de 2019, en la suma mensual de $200.739 (doscientos setecientos treinta y nueve mil pesos)-, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, razón por la que se acogerá la presente acción de protección.

NOVENO: Que los hechos acreditados en esta sede cautelar, no permiten establecer alguna ilegalidad o arbitrariedad proveniente de la recurrida nombre reservado, razón por la que a su respecto, se rechazará el recurso.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado, solo en contra de la Universidad de Santiago de Chile, representada por su Rector don nombre reservado rechazándose contra de doña nombre reservado, en atención a los hechos establecidos.

En consecuencia se declaran ilegales los descuentos en las remuneraciones a partir de las liquidaciones de octubre de 2019, restituyéndosele al actor desde esa fecha, la suma de $200.739 (doscientos mil setecientos treinta y nueve pesos) mensuales, retrotrayéndose el sumario al momento de notificar válidamente la sanción impuesta, con costas.

Redacción efectuada por la Ministro señora Verónica Sabaj Escudero.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección - 177.082-2019 Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, la Ministra señora Jenny Book Reyes y la Ministra señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero.