nombre reservado con BANCO DE CHILE

Santiago, a cuatro de marzo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado deduce acción constitucional de protección en contra del Banco de Chile, por haber incurrido en el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en privarla de su remuneración mensual por encontrarse sujeta a un procedimiento de liquidación voluntaria, afectando las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicitando se acoja la presente acción, ordenando a la recurrida cesar con la política que denomina LIR (Ley de Insolvencia y Reemprendimiento), ordenando que el recurrido desbloquee su cuenta vista N°[cuenta reservada], además de efectuar la devolución de $543.736, retenida en forma ilegal y arbitraria, con costas.

Expresa que actualmente se encuentra acogida a un procedimiento de liquidación voluntaria de acuerdo a la Ley Nº 20.720, siendo esa la razón por la cual las instituciones financieras le han puesto diversas trabas, incluso para retirar sus remuneraciones de la cuenta vista que mantiene con el Banco recurrido, en circunstancias que aun en la situación actual en que se encuentra, a la entidad bancaria no le asiste la facultad de impedirle tener acceso a su dinero depositado en la cuenta vista.

En ese contexto, estima afectadas las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, dado que ha sido privada de sus ingresos mensuales, sin causa legal, por cuanto conforme a la ley concursal al liquidador le asiste la facultad de incautar las remuneraciones de las personas en liquidación, sin embargo la misma sólo es posible en la medida que el estipendio sea superior a 56 unidades tributarias mensuales, de modo que por lo anterior también considera vulnerada la igualdad ante la ley, atendido que el Banco recurrido ha efectuado una discriminación arbitraria.

Segundo: Que el abogado Benjamín Jordán Astaburuaga, en representación del Banco de Chile, solicita el rechazo de la acción, con costas.

En primer lugar indica que es un hecho no controvertido que la actora se encuentra sujeta a un procedimiento de liquidación, conforme prevé la Ley N° 20.720, por lo que de acuerdo a sus artículos 130 y 275, se produce de pleno derecho el desasimiento de la deudora en relación a sus bienes, de modo que por el sólo imperio de la ley ha quedado privada de la administración de sus bienes, pasando la misma al liquidador. En consecuencia, nada tiene de extraño que la recurrente no haya podido retirar sus dineros depositados en su cuenta, dado que en su concepto sólo puede hacerlo el liquidador, precisando que mantiene la suma de $549.717, a disposición de dicho sujeto del concurso.

En cuanto al cierre de la cuenta vista, aduce que lo anterior se ajusta al tenor del artículo 611 del Código de Comercio, que prevé la posibilidad que la “cuenta corriente” concluya por la “quiebra” o “cualquier otro suceso legal que prive a uno de los contratantes de la libre administración de sus bienes”.

Por lo anterior, considera que encontrándose la conducta del Banco amparada por los artículos 13 y 375 de la Ley N° 20.720 y artículo 611 del Código de Comercio, al cerrar la cuenta y poner los fondos a disposición del liquidador, el Banco no ha incurrido en ningún acto arbitrario e ilegal que pudiere afectar las garantías constitucionales a que alude la contraria.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que en relación al bloqueo de la cuenta vista de la actora, cuestión que no ha sido controvertida por la institución financiera recurrida, conviene tener en vista que el artículo 611 del Código de Comercio dispone que la cuenta corriente se concluye, entre otros motivos, por la dictación de la resolución de liquidación o cualquier otro suceso legal que prive a alguno de los contratantes de la libre disposición de sus bienes.

Quinto: Que si bien la cuenta vista de que es titular la actora difiere de la cuenta corriente porque no está asociada a un crédito, hay condiciones objetivas de contratación con la institución que pueden llevar al mismo resultado, como acontece en la especie, en que la clienta del Banco se encuentre privada de la administración de sus bienes, por lo que, mediante el bloqueo, se le impide operar en ella.

Sexto: Que, en todo caso, dentro de la información que el Banco recurrido pone a disposición de sus usuarios, se encuentra el documento denominado “Condiciones Generales de Apertura de Cuenta de Depósito a la Vista, de Servicios mediante Tarjeta Bancaria, Tarjeta de Débito y Servicios de Canales Remotos”, que regula este tipo de productos y su contratación.

En el artículo Décimo Tercero de ese Convenio se establece que el Banco estará facultado para poner término anticipado al contrato de Cuenta Vista por las causales que allí se expresan, entre las que interesa destacar la letra B), “Si el Cliente cayera en notoria insolvencia, entendiéndose para todos los efectos que existe notoria insolvencia de su parte, si cesare en el pago de cualquier obligación que hubiere contraído o contraiga en el futuro para con el Banco, si el mismo o uno o más de sus acreedores solicitan su quiebra, celebran o formulan proposiciones de convenio judicial o acuerdo extrajudicial, si por la vía de medidas prejudiciales o precautorias se obtienen en su contra secuestros, retenciones, prohibiciones de celebrar actos o contratos respecto de cualquiera de sus bienes o si incurriere en otro hecho que deje también en evidencia su notoria insolvencia y en los demás casos que la ley o la costumbre mercantil así lo establezca”; y la letra C) “En el evento que la situación financiera del Cliente fuere objeto de cambios materiales relevantes, entendiendo por tales una disminución significativa de los ingresos que mantenía al momento del otorgamiento de este contrato o en el caso que el nivel general de endeudamiento del Cliente aumente significativamente, todo ello en términos tales de manera que permita presumir gravemente que el Cliente no dará íntegro y oportuno cumplimiento a sus obligaciones contraídas en favor del Banco”.

Séptimo: Que, de este modo, la acción que se reprocha del congelamiento de la cuenta aparece ejercida dentro del margen de la legalidad vigente, pues efectivamente la ley faculta a la institución bancaria a poner fin a este tipo de contrataciones en caso de incurrir el cliente en alguna de las hipótesis previstas para ello, cuyo es el caso de autos.

Y al mismo tiempo, resulta imposible considerar que su proceder es arbitrario, pues tal es el tratamiento que el Banco adopta respecto de sus clientes, condiciones que revisten el carácter de estandarizadas, de modo que excluyéndose la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, por este capítulo de impugnación procede rechazar el recurso.

Octavo: Que, en relación al restante apartado, relativo a la retención de la remuneración de la recurrente, el artículo 133 de la Ley N° 20.720 dispone: “Situación de los bienes futuros. La administración de los bienes que adquiera el Deudor con posterioridad a la Resolución de Liquidación se regirá por las reglas que siguen: a) Tratándose de bienes adquiridos a título gratuito, dicha administración se ejercerá por el Liquidador, manteniéndose la responsabilidad por las cargas con que le hayan sido transferidos o transmitidos y sin perjuicio de los derechos de los acreedores hereditarios. b) Tratándose de bienes adquiridos a título oneroso, su administración podrá ser sometida a intervención, y los acreedores sólo tendrán derecho a los beneficios líquidos que se obtengan”.

Dentro de los bienes que el deudor puede adquirir con posterioridad a la resolución de liquidación, se encuentran precisamente las remuneraciones y, respecto de ellas, la norma en cuestión no faculta a los acreedores, parte del concurso, a perseguir dichos bienes para la satisfacción de sus créditos.

Noveno: Que, el artículo 57 del Código del Trabajo prescribe que “Las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad social serán inembargables. No obstante, podrán ser embargadas las remuneraciones en la parte que excedan de cincuenta y seis unidades de fomento”.

Por otro lado, el artículo 276 de la Ley N° 20.720, dispone: “Inembargabilidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2º del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, sólo podrá embargarse la remuneración de la Persona Deudora hasta por tres meses después de dictada la resolución de liquidación de los bienes de la Persona Deudora”.

Décimo: Que por Oficio N° 0605/009, de 31 de enero de 2018, de la Dirección del Trabajo, que atiende una consulta de la Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento a propósito de las materias que tratan las disposiciones antes transcritas, informó que resulta factible trabar embargo en un procedimiento concursal sobre las remuneraciones de un trabajador, en la parte que exceda 56 unidades de fomento, para cuyo cálculo debe considerarse el valor que resulte una vez deducidas del monto total, las sumas correspondientes a los descuentos obligatorios previstos en el artículo 58, inciso primero, del Código del Trabajo.

Undécimo: Que, en igual sentido, por Oficio Superior de 16 de febrero de 2008 de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento a los liquidadores concursales, informó e instruyó que el artículo 276 de la Ley N° 20.720 establece el periodo en el que las remuneraciones de los trabajadores ingresan al procedimiento concursal, esto es, hasta por tres meses después de dictada la resolución de liquidación de los bienes de la persona deudora.

Para efectos de determinar el monto afecto, por aplicación de los artículos 445 del Código de Procedimiento Civil y 57 del Código del Trabajo, siendo la regla general la inembargabilidad de las remuneraciones, la excepción del artículo 276 antes citado debe interpretarse de manera restrictiva, por lo que se extiende sólo a aquella parte que excede las 56 unidades de fomento, con la salvedad anotada en el motivo Décimo precedente.

En cuanto a la oportunidad, el monto a embargar debe calcularse en base a la remuneración percibida durante los tres meses siguientes a la dictación de la resolución de liquidación, aun cuando con posterioridad la remuneración varíe, y podrá extenderse durante toda la tramitación del procedimiento.

Duodécimo: Que, de las reflexiones anteriores fluye que la acción del Banco de retener los fondos correspondientes a las remuneraciones de la recurrente excede los términos de la ley, pues a pretexto de salvaguardar los intereses de la masa como consecuencia de la aplicación de los artículos 130 y 275 de la Ley N° 20.720, esto es, que la deudora se encuentra privada de la administración de sus bienes, ha extendido sus efectos a bienes que son inembargables, los que permanecen al margen del procedimiento concursal, cual es la parte de las remuneraciones del trabajador, efectuados los descuentos del artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo, en la parte que no exceden de 56 unidades de fomento, conculcando la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, lo que habrá de enmendarse por esta vía.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y en el Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado contra el Banco de Chile, sólo en cuanto dicha entidad deberá restituir los fondos ilegalmente retenidos a la actora, sin perjuicio de las comunicaciones que procedan al empleador para que se abstenga de efectuar futuros depósitos a la cuenta vista que actualmente se encuentra sin operación por bloqueo del Banco.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Redacción a cargo de la ministro Sra. P. Plaza G.

Protección N° 176847-2019.-