Protección contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Santiago, diez de agosto de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 21 de noviembre de 2019, comparecen nombre reservado, médico cirujano y nombre reservado, magister en comunicación social, quienes interpone acción de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Intendencia de la Región Metropolitana, y Carabineros de Chile.

Exponen que son integrantes del equipo de voluntarios “Salud a la Calle”, organización civil de acción humanitaria compuesto por profesionales de la salud y de otras áreas, enfocados en labor de cuidado del derecho a la vida y la salud, brindando cuidado sanitario a las personas que lo necesiten, que desde el 18 de octubre de 2019, han prestado atención a los heridos y afectados en su salud en el contexto de la movilización social, ubicando tres dispositivos de atención de urgencia, (Alameda con Vicuña Mackenna, calle Nueva Bueras, y en Pasaje Reñaca) cursando más de 3.000 atenciones por heridas de perdigón balín, traumas oculares, heridas contusas, y efectos nocivos respiratorios por bombas lacrimógenas, y crisis ansiosas.

Señalan ser testigos a diario, de agresiones directas perpetradas por efectivos de fuerzas especiales de Carabineros de Chile, y en ocasiones, también víctimas de dicho actuar represivo. Al efecto, señalan hechos acaecidos los días 20 de octubre, 28 de octubre, 30 de octubre y 8 de noviembre, todos de 2019, donde resultaron afectados los voluntarios y puestos de atención, con amenazas, uso de lanza aguas, gases, y bombas lacrimógenas, de parte de Carabineros.

Refieren que la situación descrita ha afectado la salud física y psíquica de los voluntarios y vecinos del lugar, y su derecho a un medio ambiente libre de contaminación, dado el empleo por parte de Carabineros de Chile de los elementos mencionados, en especial debido a los gases lacrimógenos.

Señalan que el uso de fuerza por parte de Carabineros, es el resultado de órdenes de la autoridad competente, a fin de resguardar el orden público, en este caso, el Ministerio del Interior y la Intendencia Regional Metropolitana, y que el uso de la escopeta antidisturbios se encuentra regulada, pero ello no ha sido respetado, al respecto –indican- existe el DS 1364/2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que regula el uso de la fuerza publica en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público (artículo 1º sobre lineamientos generales pleno respeto de los derechos de las personas y de la ley)

Asimismo, citan, la Orden General N° 2635, de marzo 2019 que dictó el General Director de Carabineros, sobre protocolo para el mantenimiento del orden público, la que en su artículo 1º establece los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, y en particular, en su punto 2.8 reglamenta el uso de escopeta antidisturbios, especificando que este debe ser el resultado de aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando otros resulten insuficientes.

Enseguida, hace una reseñada de los derechos constitucionales infringidos en las normas del artículo 19 N°s 1 y 8 de la Carta Fundamental.

Termina solicitando:

a.- se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto atribuible a funcionarios de Carabineros de Chile, consistente en disparar balines y/o perdigones en forma contraria a sus protocolos;

b.- se ordene detener e inmediato cualquier acción de hostigamiento, amedrentamiento, y fuerza arbitraria ejercida por parte de Carabineros de Chile, que tenga por finalidad obstruir y/o impedir la prestación de la atención primaria de salud que otorgan los equipos de atención médica en las calles a personas violentadas durante las manifestaciones;

c.- se declaren amenazados el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, asegurado en el número 1, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, del número 8, ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

d.- se ordene al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Intendente Regional Metropolitano, dejar sin efecto cualquier instrucción emanada por ellos, que diga relación con las acciones descritas, sea a Carabineros, así como a cualquier persona que en razón de su institución ejerza acciones destinadas a coartar el derecho a la libre prestación de los servicios del voluntariado de “Salud a la Calle”, y de todos los afectados por las vulneraciones de derechos que han descrito;

e.- sin perjuicio de todo lo anterior, que se disponga la adopción de todas las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados, subsanando los efectos de las conducta ilegales y/o arbitrarias que amenazan los derechos constitucionales de los recurrentes, a fin de asegurar, proteger y resguardar al voluntariado de “Salud a la Calle”.

Segundo: Que evacuan informe en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, y la Intendencia Regional Metropolitana, las que, indican, que el recurso de protección no es la vía idónea, dado su carácter cautelar, y que en este caso, no hay referencia expresa alguna a una conducta de dicha Secretaría de Estado o de la Intendencia que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales reclamados, que pueda ser remediada mediante esta acción constitucional.

Añaden que el recurso tampoco hace referencia concreta a una actuación determinada del personal operativo de Carabineros, sino, que a actuaciones genéricas. Menciona que las situaciones expuestas, podrían enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe personalmente a cada funcionario que incurre en estos hechos, pero de ninguna manera es el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el responsable de alguna conducta ejercida en forma personal por un funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus labores.

Explica que dado el carácter cautelar, excepcional, urgente de tramitación informal, breve y sumaria que presenta la acción de protección, no concurre circunstancia alguna que remediar mediante la presente acción judicial, sin perjuicio de los demás mecanismos que el ordenamiento jurídico nacional ofrece a los recurrentes para satisfacer sus pretensiones. Indica que al tratarse el personal de Carabineros de funcionarios públicos, el ejercicio deficiente de su cargo puede llegar a generar responsabilidades de orden administrativo, penal o civil; todas ellas, las que no son posibles de determinar y establecer en un proceso de naturaleza cautelar o de urgencia, sino que necesariamente a través de procedimientos de lato conocimiento.

Exponen que el recurso de autos ha perdido oportunidad, toda vez que su pretensión principal, cual es, ordenar la detención inmediata del uso de balines por parte de Carabineros con objeto disuasivos frente a las marchas pacíficas en la región, ha sido satisfecha mediante el comunicado por Carabineros del pasado 19 de noviembre del año pasado, en efecto, el General Director de Carabineros de Chile comunicó respecto del uso de escopeta antidisturbios con munición no letal, que como una conducta de prudencia se ha ordenado suspender el uso de este tipo de munición como herramienta antidisturbios, la que sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando exista un peligro inminente de muerte. Por su parte, en cuanto a la mención en el recurso del uso de disuasivos químicos, igualmente, se encuentra limitado en el ordenamiento jurídico nacional, bajo ciertos y razonables supuestos.

Aseveran que la acción de protección debe ser rechazada, por no haber acreditado cómo se afectan los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, no haciéndose tampoco una referencia a la relación de causalidad entre los hechos relatados, y el actuar de las informantes, no verificándose una conducta, ilegal o arbitraria imputable al Ministerio del Interior y Seguridad Pública ni a la Intendencia recurrida, que atente en contra los derechos constitucionales de los recurrentes.

Tercero: Que el 31 de enero de 2020, evacúa el informe por Carabineros de Chile, don nombre reservado, General Director de dicha institución, quien luego de referirse a los hechos suscitados en el país que han motivado la intervención de Carabineros, expone sobre la normativa que fundamenta y justifica su actuar, indicando al efecto que dentro de las obligaciones que corresponde a Carabineros, está el resguardo del orden público, citando el artículo 101 de la Constitución Política, y artículo 1° de la Ley N° 18.961.

Menciona que para garantizar y mantener el orden público, la institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad para restablecerlo cuando ha sido quebrantado, y en este último caso, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con los elementos que señalan, el D.S. N° 1.364 de 2018, Circular N° 1.832 del año 2019, y la Orden General N° 2.635 del año 2019.

Precisa que Carabineros para el uso de la fuerza, se ajusta al estándar internacional que fija el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, con criterios de progresividad, necesidad y proporcionalidad.

Indica que la citada Orden General N° 2.635, contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, el que se estructura en base a cuatro escenarios: a) resguardo del derecho de manifestación; b) restablecimiento del orden público; c) desalojos, y d) procedimiento con infractores de ley.

Añade, que el empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención, depende del tipo de manifestación conforme a su violencia o agresividad, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial. Indica que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público, son el dialogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios, y las armas de fuego, los que se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención, que la Orden General N° 2.635 ha definido.

Precisa en cuanto al uso de la escopeta antidisturbios, que es un elemento disuasivo que los cuerpos policiales utilizan para el control de las muchedumbres, que procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público, y cuando está en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes y Carabineros.

Expone que la decisión de incrementar el uso de la fuerza, llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede considerarse un actuar arbitrario, porque obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia, por ello, si se accediera a lo solicitado en el recurso, en cuanto a que no pudiera usarse la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad los funcionarios de la Institución se verían obligados a utilizar sus armas letales, lo que causaría un peligro real para la vida de las personas.

Añade que Carabineros se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público, ordenado a su personal, que la escopeta antidisturbios y los gases lacrimógenos sólo pueden ser usados ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal ante ataques que pongan en peligro su integridad, además, en ese caso, el funcionario autorizado para operarla portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia.

Menciona que la escopeta antidisturbios sólo se emplea para contrarrestar el actuar de las personas que ocasionan desórdenes graves, que en ningún caso se pretende atacar a quienes legítimamente participan en las marchas pacíficas. Señala, que a partir del 19 de noviembre de 2019, se ha dispuesto, como una medida de prudencia, suspender el uso de tal munición no letal como herramienta antidisturbios, pudiendo ser utilizada a partir de dicha fecha, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte del personal de Carabineros y de terceros.

Por todo lo anterior, asevera que no se han conculcado las garantías constitucionales invocadas en el libelo.

Concluye, pidiendo que se rechace el presente recurso de protección, con costas.

Cuarto: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Asimismo, se ha sostenido por la jurisprudencia, que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que en síntesis, los recurrentes cuestionan, a su juicio, el uso desproporcionado, en particular, de la escopeta antidisturbios y gases lacrimógenos en las manifestaciones de octubre de 2018, estimando que esta actuación por parte de Carabineros de Chile, ha puesto en peligro la integridad física de sus voluntarios y civiles, vulnerando sus derechos constitucionales.

Sexto: Que, aparece de la lectura de los antecedentes expuestos por la actora, que aquella no enuncia acto alguno u omisión imputable al Ministerio del Interior, y a la Intendencia de la Región Metropolitana, toda vez que en la narración de los hechos sindicados de arbitrarios e ilegales, no se hace mención a actos u omisiones de aquellas autoridades, razón suficiente para desestimar la presente acción a su respecto, desde que el arbitrio constitucional descansa en una actuación u omisión atribuible a una autoridad o a un particular, lo que como se ha dicho, no se hace alusión en el recurso.

Séptimo: Que lo que respecta a la recurrida Carabineros de Chile, resulta menester señalar el marco normativo que fundamenta y regula el actuar y uso de la fuerza por parte de esta Institución: la Constitución Política de la República, en su artículo 101 inciso segundo dispone que Carabineros e Investigaciones integran las fuerzas de orden y seguridad, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público, y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen su respectivas leyes orgánicas. A su vez, la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en su artículo 1°, recoge la norma constitucional, previniendo que esta Institución policial técnica de carácter militar que integra la fuerza pública, existe para dar eficacia al derecho, siendo su finalidad la de garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República, y cumplir las demás funciones que le encomienda la Carta Fundamental y la ley.

En este sentido, el Decreto N° 1364 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 4 de diciembre de 2018, establece las disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, determinando lineamientos generales para ello, los que deben ser observados por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, asimismo, la Circular Nº 1.756, de 2013, de Carabineros de Chile, que imparte instrucciones sobre el uso de la fuerza, con el objeto de verificar que dicha normativa interna dé cumplimiento de los lineamientos generales establecidos en el Decreto N° 1.364; la Orden General Nº 2.287, de 2014, de Carabineros de Chile, que aprueba la actualización de Protocolos de Intervención del Orden Público; la Circular N° 1.832 de 2019, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza; y la Orden General N°2.635, de 1° de marzo de 2019, suscrita por don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, que establece diversas materias y protocolos, y en lo pertinente, versa sobre el resguardo del derecho de manifestación, restablecimiento del orden público (en intervención en manifestaciones lícitas con autorización, manifestaciones lícitas sin autorización, manifestaciones ilícitas violentas, manifestaciones ilícitas agresivas), y trabajo del vehículo lanza aguas, trabajo de vehículo táctico de reacción, empleo de disuasivos químicos, empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal) y empleos de armas de fuego. En lo tocante al empleo de disuasivos químicos, se previene en el N° 1 respectivo, que deberán existir alteraciones al orden público que se encuentren en el nivel 4 del cuadro de uso de la fuerza para Carabineros de Chile, donde se autoriza el uso de armas no letales, además se señala que para su utilización se deberá tener presente el espacio físico donde se va a hacer uso de gas (espacio abierto, cerrado, dirección de viento, etc.), añadiéndose que en caso que se trate de un lugar cerrado, deberá procurarse la existencia de una vía que permita a los manifestantes salir de éste. Por otro lado se indica en el N° 6 que, de acuerdo a la actitud de los manifestantes, se hará uso gradual de los gases con el fin de conseguir el objetivo visual y psicológico definido.

Octavo: Que al efecto, ante este marco normativo, que regula el actuar de Carabineros, y el uso de elementos disuasivos, el recurso de protección no aparece como la acción apta para debatir respecto de la responsabilidad del Estado por el exceso que eventualmente pudieren haber cometido sus fuerzas de seguridad, ni la responsabilidad administrativa o penal de éstos, sino que, estos protocolos e instructivos, antes reseñados, entre los que cabe destacar la Orden General N° 2.635 del General Director de Carabineros, han previsto el empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención, según el tipo de manifestación, conforme a la violencia o agresividad, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista tanto para los manifestantes pacíficos, como para el personal policial, determinando de manera precisa la forma y oportunidad del uso de la escopeta anti disturbios y gases lacrimógenos.

De este modo, los eventuales hechos que se dan cuenta en este recurso habrán de ser objeto de debate y determinación de su ocurrencia, y responsables, en la sede que corresponda según el procedimiento que en cada caso resulte aplicable, asunto que excede este arbitrio.

Noveno: Que a la luz de lo relacionado aparece que respecto de los medios disuasivos a que aluden los recurrentes, las recurridas y Carabineros de Chile con anterioridad a la interposición del recurso, y en forma posterior, adoptó las medidas genéricas que le son reclamables, por lo que este recurso carece de la oportunidad necesaria para disponer alguna medida innovativa distinta a la ya dispuesta.

Décimo: Que consecuentemente, atendida la regulación normativa pertinente, ya referida, debe entenderse que las garantías de los recurrentes se encuentran suficientemente protegidas, las que de verse amagadas, requieren la activación de los mecanismos procesales que permitan el establecimiento efectivo de hechos vulneratorios de las garantías constitucionales que invocan.

Por estas consideraciones, y conforme a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el deducido por don nombre reservado, y doña nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Intendencia Metropolitana, y Carabineros de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción de la Ministro Sra. Durán.

Ingreso Corte N° 176.649-2019 – Protección Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza, e integrada por las Ministros señora Elsa Barrientos Guerrero, y señora Inelie Durán Madina. No firma el ministro señor Vázquez, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.