nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

C.A. de Santiago Santiago, cinco de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que comparece Sebastián Avendaño Farfán, abogado quien deduce recurso de protección a favor de doña nombre reservado, ciudadana dominicana, pasaporte N° RUT reservado y don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, chileno en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado por nombre reservado, en virtud del acto ilegal y arbitrario consistente en la negativa a la celebración de un matrimonio sin justificación razonable ni habilitación legal.

En cuanto a los hechos señala que doña nombre reservado, viajó a Chile en búsqueda de mejores perspectivas para su futuro, debido a una precaria situación económica en su país de origen. Que viajó en avión desde República Dominicana hasta Ecuador y estando en ese país se unió a otros inmigrantes con destino a Chile, debido a que confió en personas que parecían de confianza, los que pasarían por Perú, Bolivia y llegarían a Chile por la ciudad de Iquique.

Indica que ingresó a Chile el día 5 de diciembre de 2014, y como no tenía dinero, comida y un lugar para vivir y tampoco podía trabajar, se trasladó a Santiago, donde la acogió una amiga quien le permitió quedarse por un tiempo en su hogar. Luego consiguió trabajo en el Restaurante Don nombre reservado en La Vega, logró arrendar un lugar para vivir y forjar lazos de amistad con Chile.

Expresa que en julio del año 2015, conoció a don nombre reservado con quien comenzó una relación sentimental, que perdura hasta la fecha. Y en razón de ello el día 28 de febrero de 2018 se presentaron en las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, para solicitar hora para celebrar el contrato de matrimonio y desafortunadamente no pudieron celebrarlo, puesto que se le exigió a doña nombre reservado exhibir cédula de identidad chilena para efectos de realizar el trámite, y ella sólo portaba pasaporte de la República Dominicana.

En cuanto al derecho señala que la negativa a celebración de un matrimonio sin justificación razonable ni habilitación legal, por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación constituyen una infracción a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 n° 2, esto es, la igualdad ante la ley y el n° 4 la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Sostiene que los recurrentes no se ven afectados por impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio establecidos por la Ley de Matrimonio Civil, todo ello de acuerdo a los artículos 5 y 6 de la Ley de Matrimonio Civil.

Asimismo el acto es arbitrario ya que el Servicio de Registro Civil e Identificación cometió una arbitrariedad al negarse a celebrar el matrimonio, ya que según lo dispuesto por el Decreto N° 674 y la Ley N° 4.808 no han establecido el deber del oficial del Registro Civil de verificar que los contrayentes se encuentren en situación migratoria regular, en caso de ser extranjeros.

Manifiesta que la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial de la persona, la condición migratoria no puede condicionar el ejercicio de los derechos esenciales.

Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesta la presente acción de protección a favor de doña nombre reservado y de don nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e identificación, ordenándole que informe en el plazo perentorio, acogerla en definitiva y ordenar que el órgano recurrido permita la celebración del matrimonio entre los recurrentes.

SEGUNDO: Que, en su informe el Servicio de Registro Civil e Identificación expone que efectivamente los recurrentes concurrieron a solicitar hora para celebrar matrimonio, se le pidió a la recurrente su cédula para extranjeros y sólo portaba pasaporte, sin acreditar residencia legal en el país, en cambio el recurrente portaba su cédula nacional de identidad. Se les indicó que cuando la solicitante regularizara su situación migratoria el Servicio procedería a otorgarle fecha y hora para celebrar el matrimonio.

Cita la normativa legal vigente para extranjeros, el Decreto Ley n° 1.094 de 1975 del Ministerio del interior, los artículos 1, 52, 53, y en especial el artículo 76 que dispone “los servicios y organismos del estado o municipales deberá exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de la competencia de esos servicios, que previamente comprueben su residencia legal en el país y que están autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato.”

Afirma que el Decreto Supremo N° 597 de 1984 que aprueba nuevo reglamento de extranjería, establece en el artículo 5 “Los extranjeros estarán obligados a presentar a las autoridades correspondientes, cuando lo requieran, sus documentos de identidad o de extranjería para acreditar su condición de residencia en Chile.” Y que en el 103 “los extranjeros mayores de 18 años, con excepción de los turistas y residentes oficiales deberán obtener cédula de identidad e inscribirse en los registros especiales de extranjeros que llevará la PDI, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de su ingreso a Chile.

Sin embargo, los turistas, los residentes, los residentes oficiales, aquellos que cambian su calidad, los extranjeros que permanezcan irregularmente en el país y, en general, a quienes se conceda en Chile permanencia definitiva o visación que no sea diplomática u oficial, deberán cumplir con las obligaciones mencionadas en el inciso anterior, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de emisión del certificado de permanencia definitiva o de vigencia de la respectiva visación.”

Manifiesta que las normas legales vigentes para contraer matrimonio en Chile, son las de la Ley n° 19.947 de 1994, de Matrimonio Civil y Código Civil. Ley n° 4808 sobre registro civil. Que el DFL n° 2128 de 1930 Reglamento orgánico del SRCI, ambos de 1930, y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 “la circunstancia de que los comparecientes sean conocidos del oficial civil o la manera como se haya acreditado la identidad personal.

Indica que el artículo 92 “antes de proceder a extender una inscripción, el oficial civil deberá cerciorarse previamente de la identidad personal del compareciente o contrayentes y dejará constancia en la inscripción de los medios por los cuales se ha comprobado esa identidad. Dichos medios no podrán ser otros que los siguientes: 1.- presentación de la cédula de identidad personal, de cuyo número deberá dejarse constancia en la inscripción. 2.- Conocimiento personal del oficial; y 3.- Presentación hecha por 2 testigos que exhiban su cédula de identidad de cuyos números se dejará constancia, o sean conocidos del oficial civil.”

Prosigue señalando los documentos habilitantes para que los extranjeros puedan contraer matrimonio en nuestro país, que para el caso de los extranjeros turistas o tripulantes, deben presentar pasaporte vigente, además de tarjeta de turismo (tarjeta internacional entrada salida) o solicitud de residencia con certificad de vigencia en que conste su estadía legal en el país. .

En particular señala que la situación identificatoria y registral de doña nombre reservado, es que no registra cédula de identidad como extranjera y no registra inscripción de nacimiento.

Por último, concluye que ha actuado conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las normas legales vigentes en Chile para contraer matrimonio, y no se ha negado en Chile el derecho a contraer matrimonio sino que se les ha solicitado cumplir con la legislación interna. El Artículo 22 “derecho de circulación y de residencia” obliga a los recurrentes a residir legalmente en el país con sujeción a las disposiciones legales.

Concluye señalando que no se ha cometido acto ilegal o arbitrario por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación.

TERCERO: Que como se ha sostenido de manera uniforme tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que deben tomarse ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Es decir, se trata de un derecho esencial de la persona humana a la tutela jurisdiccional, dentro de un proceso constitucional, a través de un procedimiento rápido y eficaz en protección de los derechos constitucionales.

Por consiguiente, para que esta acción constitucional prospere resulta indispensable que se demuestre la existencia del acto u omisión que lo motiva y que pueda ser calificado como ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, carente de racionalidad.

CUARTO: Que el Decreto Ley N° 1.094, conocido también como Ley de Extranjería, dispone en su artículo 76 que los servicios y organismos del Estado o Municipales deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de la competencia de esos servicios, que previamente comprueben su residencia legal en el país y que están autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato.

Ahora bien, siendo el Servicio de Registro Civil e Identificación el organismo público encargado de celebrar los matrimonios, tiene la obligación impuesta por la ley de exigir al extranjero que solicita hora para la celebración de dicho contrato que demuestre su residencia legal, esto es, que acredite que ha ingresado al país de alguna forma que la ley ha previsto, incluso como turista, lo que no pudo hacer la persona en cuyo favor se recure, pues, como ya se dijo y se reconoce en el texto del recurso, ingresó al territorio nacional de manera ilícita.

QUINTO: Que, en este escenario, no cabe sino concluir que el Servicio de Registro Civil e Identificación no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, sino que, por el contrario, se ha limitado a cumplir estrictamente con la norma transcrita en el motivo anterior que, se reitera, le impone el deber de requerir al extranjero que tramita ante dicho servicio la acreditación de su residencia legal.

No es efectivo que la autoridad haya exigido el cumplimiento de requisitos que el legislador no ha previsto, pues si bien la Ley de Matrimonio Civil no contempla la exigencia que ha hecho el Registro Civil, es otro cuerpo legal de igual jerarquía, el citado Decreto Ley N° 1.094, el que en su artículo 76, como se vio, lo obliga a ello. La naturaleza eminentemente cautelar del recurso de protección obliga a esta Corte a restablecer el imperio del derecho ante actuaciones arbitrarias e ilegales, mas no permite cuestionar el mérito o la constitucionalidad de una norma legal. En el caso planteado en este recurso simplemente la ley -el artículo 76 del Decreto Ley N° 1.094- obliga a la autoridad a exigir del extranjero que tramite ante un servicio determinado -en este caso el Registro Civil- demostrar su residencia legal, lo que no ha acontecido. Y debe agregarse que, por lo mismo, no ha sido el mero capricho de la autoridad, sino la estricta observancia de la ley la que ha llevado al Registro Civil a no celebrar el matrimonio de la señora nombre reservado.

SEXTO: Que finalmente se dirá que no se ve afectado el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues no hay evidencia que sólo a la señora nombre reservado la autoridad recurrida le haya impuesto la exigencia que se viene comentando y, por el contrario, fluye del proceso y de las sentencias invocadas por la recurrida que se trata de una doctrina uniforme de la entidad administrativa. En cuanto al derecho del N° 4 del mismo artículo -el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia-, no parece que la autoridad se haya inmiscuido indebidamente en la vida privada de los recurrentes ni que se haya afectado su honra o la de sus familias, pues sólo se ha tratado de la estricta observancia del citado artículo 76 del Decreto Ley N° 1.094.

SÉPTIMO: Que en razón de lo anterior, faltando el supuesto esencial e indispensable para que prospere la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, cual es la existencia de un acto o una omisión contraria al ordenamiento o gobernada por el mero capricho, el recurso interpuesto debe ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por Sebastián Avendaño, en favor de doña nombre reservado y de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-17658-2018.