nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Alfonso Adauy Rock, abogado, en representación convencional de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, médico cirujano, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber comunicado el 24 de julio pasado, vía correo electrónico la negativa a devolver sus fondos previsionales, lo que estima que vulnera la garantía fundamental del artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Carta Fundamental.

En cuanto a los antecedentes de hecho el recurrente expone que es médico cirujano titulado de la Universidad Central de Venezuela el 19 de julio de 1988, título que se encuentra debidamente apostillado. Actualmente cuenta con residencia definitiva en Chile.

Señala que se encuentra debidamente integrado en la sociedad chilena, habiendo obtenido trabajo estable al ser contratado por el Laboratorio de Ecografías Bebelab Limitada, establecimiento en el cual presta servicios desde el 1 de diciembre de 2021. En el marco de esta relación laboral, actualmente vigente, el recurrente suscribió con su empleador un anexo de contrato de trabajo con fecha 20 de febrero de 2024, autorizado ante la Notaría de Santiago de don nombre reservado, en el cual declaró encontrarse afiliado al régimen de previsión o seguridad social de su país de origen, esto es, la República Bolivariana de Venezuela, manifestando expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación previsional extranjera. Lo anterior fue efectuado en conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Añade que realizó su primera cotización en el sistema previsional de su país de origen con fecha 15 de diciembre de 1989, manteniendo actualmente dicha afiliación en el régimen de previsión y seguridad social venezolano, específicamente en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, actualmente en calidad de jubilado o pensionado.

Respecto de los hechos que motivan directamente la interposición del presente recurso, el recurrente expone que a partir del mes de abril de 2025 ha efectuado diversas solicitudes de devolución de fondos de pensiones ante AFP Modelo S.A., en lo relativo a la devolución de fondos previsionales, recibiendo sucesivos rechazos fundados en que los documentos aportados no serían suficientes por no estar debidamente apostillados.

En este sentido, relata que efectuó su primera solicitud el día 16 de abril de 2025, quedando registrada bajo el número 2609482, ante lo cual AFP Modelo envió un correo electrónico solicitando documentación que, según afirma, sí había sido acompañada en la solicitud inicial. Ante esta situación, tanto el recurrente como su abogado patrocinante concurrieron personalmente a la sucursal de AFP Modelo donde les fue informado verbalmente que la solicitud carecía de los documentos extranjeros debidamente apostillados. En dicha ocasión, expusieron a la funcionaria que las relaciones diplomáticas entre las Repúblicas de Chile y Venezuela se encuentran actualmente rotas, por lo que no existen oficinas consulares que puedan apostillar los documentos en la forma requerida, haciendo materialmente imposible el cumplimiento de dicho requisito. La funcionaria respondió que, en cualquier caso, debía ser la fiscalía de la institución quien autorizara el retiro de los fondos, por lo que el 18 de abril de 2025, AFP Modelo rechazó formalmente la solicitud.

Continúa exponiendo que, frente a esta situación, elevó una consulta a la Superintendencia de Pensiones a través de su página web, indicando que le resultaba materialmente imposible cumplir con el requisito de la apostilla por una situación sobreviniente fuera de su control, específicamente la ruptura de relaciones diplomáticas entre los Estados de Chile y Venezuela. Sin embargo, la Superintendencia de Pensiones remitió la decisión final a AFP Modelo.

Con esta información volvió a recurrir ante la administradora, realizando con fecha 14 de julio de 2025 una nueva solicitud de retiro de fondos. Sin embargo, la Administradora negó nuevamente la solicitud argumentando falta de validez en los documentos debido a la ausencia de apostilla de estos. Lo anterior, no obstante tratarse de un hecho público y notorio la ausencia de embajada y oficinas consulares de la República Bolivariana de Venezuela en Chile debido a la ruptura de relaciones diplomáticas acaecida luego de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Destaca como especialmente incongruente el hecho de que los documentos aportados cuentan con firma electrónica y pueden ser verificados digitalmente, algo que la Administradora se ha negado sistemáticamente a hacer, incluso después de conocer y escuchar el motivo fundado de la ausencia de apostilla.

Considera que la situación descrita importa una vulneración al menos a tres garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Respecto del derecho a la integridad física y psíquica consagrado en el artículo 19 N°1, argumenta que ha sido objeto de actuaciones que atentan contra su integridad psíquica, careciendo de certeza sobre el resultado favorable de sus gestiones, toda vez que las actuaciones arbitrarias de la recurrida han producido y producen actualmente un constante malestar interno que afecta su estado de salud mental.

En relación con el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N°2, sostiene que ante idénticas situaciones otras Administradoras de Fondos de Pensiones sí han aprobado la entrega de fondos requeridos, siendo que no se pueden establecer privilegios ni diferencias arbitrarias entre las personas frente a la ley, ni otorgar tratos preferentes o, como en este caso, excluyentes, pues todos tienen los mismos derechos y deberes.

Respecto del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, sostiene que existen limitaciones no contempladas en las leyes actuales que regulan la materia, siendo las actuaciones de AFP Modelo S.A. total y absolutamente inconstitucionales, basándose en instructivos de bajo rango legal que están limitando el derecho de propiedad, traduciéndose en la práctica en trámites dilatorios injustificados y ajenos a toda normativa vigente.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a AFP Modelo S.A. que devuelva a la mayor brevedad posible la totalidad de los dineros de propiedad del recurrente percibidos por concepto de cotizaciones previsionales conforme lo dispone la Ley N°18.156.

Segundo: Que informa la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, representada por su apoderado don nombre reservado.

En cuanto a los hechos señala que el 15 de abril de 2025, el recurrente ingresó a través del sitio web de la Administradora una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, buscando ampararse en la exención establecida en la Ley N° 18.156 para trabajadores técnicos extranjeros. Para tales efectos, el recurrente acompañó diversos documentos, entre los cuales se encontraban su título profesional, una constancia electrónica de pensión, su contrato de trabajo de fecha 01 de diciembre de 2021 suscrito con el empleador Laboratorio de Ecografías BeBe Lab Limitada una constancia electrónica de cotizaciones y una declaración jurada. En virtud de los antecedentes aportados, procedió a realizar el análisis exhaustivo de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si correspondía dar curso a la solicitud de devolución de fondos regulada por la ley 18.156. Como resultado de dicho análisis, con fecha 16 de abril de 2025, mediante respuesta al ticket N° 2609482, la Administradora comunicó al recurrente que su solicitud se encontraba en estado pendiente de ingreso, requiriéndole documentación adicional específica para poder continuar con el proceso de validación. En particular, se le solicitó un certificado del instituto u organismo de seguridad social y/o previsional extranjero al que se encuentra afiliado, el cual debía señalar que se otorgan como mínimo las siguientes prestaciones: enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo estar debidamente legalizado con los timbres de la embajada de su país de origen y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, o apostillado. Se le otorgó al recurrente un plazo máximo de cuatro días hábiles para cumplir con este requerimiento, advirtiéndole que en caso contrario su solicitud sería rechazada.

La recurrida explica que el fundamento de dicho requerimiento radica en que la documentación aportada, específicamente la constancia electrónica de cotizaciones y la constancia electrónica de pensión, no daban cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y la jurisprudencia administrativa dictada por dicho ente regulador. Al no recibirse respuesta del recurrente, con fecha 22 de abril de 2025 se le comunicó formalmente que su solicitud no había sido ingresada debido a la falta de documentación requerida.

Posteriormente, relata que el 30 de abril de 2025, tras consulta web realizada ante la Superintendencia de Pensiones, se informaron al recurrente los requisitos exigidos para acogerse al régimen establecido en la Ley N° 18.156. A pesar de ello, el día 14 de julio de 2025, ingresó una nueva solicitud de devolución de fondos previsionales acompañando los mismos documentos previamente presentados, razón por la cual el 14 de julio se le reiteró el requerimiento de documentación, señalándose expresamente que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumplía con los requisitos de la normativa vigente, toda vez que no constituía un certificado de afiliación válido ni especificaba en detalle las prestaciones cubiertas, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Asimismo, se le explicó que la declaración jurada presentada no cumplía con lo establecido en la norma, ya que ésta establece de manera expresa la forma en que debe acreditarse el requisito de afiliación al régimen previsional extranjero. Tras no recibir respuesta, el 18 de julio de 2025 se comunicó al recurrente que su solicitud no fue ingresada por falta de documentación.

El día 17 de julio de 2025, el recurrente volvió a ingresar una solicitud, esta vez acompañando la apostilla de su título profesional. Sin embargo, la recurrida le reiteró que para poder ingresar correctamente su solicitud de retiro de fondos como técnico extranjero, era necesario presentar un certificado emitido por el instituto u organismo de seguridad social y/o previsional extranjero al cual se encuentra afiliado, debidamente legalizado o apostillado, que acredite expresamente que el régimen otorga prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, documento que hasta la fecha no ha sido acompañado en los términos exigidos por la normativa.

En cuanto a los fundamentos de derecho expone que la Ley N° 18.156 establece en su artículo 7° que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de dicha ley. Este último precepto dispone que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y dicho personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, siempre que se reúnan copulativamente ciertas condiciones, entre las cuales se encuentra que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Enfatiza la recurrida que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción que establece requisitos copulativos que debe cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales o la devolución de fondos ya enterados. En tal sentido, destaca que las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas cuyo objeto único y exclusivo es la administración de fondos de pensiones, además de otorgar los beneficios y prestaciones establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, encontrándose bajo la supervigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento del D.L. 3.500 de 1980.

Agrega que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus atribuciones legales contempladas en el artículo 94 del D.L. N° 3.500, ha interpretado de manera vinculante la legislación y reglamentación del sistema previsional. En particular, cita diversos oficios emanados de dicho organismo fiscalizador, entre los cuales destaca el Oficio Ordinario N° 3141 de fecha 20 de febrero de 2024, que señala que el trabajador debe aportar un documento que acredite en forma específica que ha contado durante la prestación de sus servicios en Chile con la protección para todos los riesgos indicados en el precepto legal, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, no resultando suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado. Asimismo, cita el Oficio N° 21.480 de fecha 20 de septiembre de 2017 y el Oficio Ordinario N° 4277 de fecha 13 de marzo de 2025, este último especialmente relevante por cuanto señala expresamente que el certificado electrónico emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la Ley N° 18.156, ya que no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado ni legalizado.

En complemento a lo anterior funda su actuación en las disposiciones de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que establecen los requisitos de legalización y apostilla que deben cumplir los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile para producir efectos en nuestro país.

Finalmente, la recurrida sostiene que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales del recurrente, toda vez que su actuación se ha ajustado rigurosamente a la normativa vigente y a las instrucciones del ente fiscalizador competente.

En razón de todo lo expuesto, solicita rechazar el recurso de protección interpuesto, con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N° 13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Sexto: Que consta del mérito de autos que la institución previsional recurrida solicitó a la recurrente un certificado emitido por el instituto u organismo de seguridad social y/o previsional extranjero al cual se encuentra afiliado, debidamente legalizado o apostillado, que acredite expresamente que el régimen otorga prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, no habiéndose aportado por el protegido el certificado respectivo, siendo dicha razón en la que se funda el rechazo de la petición.

Séptimo: Que, examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas, por lo que no se advierte por esta Corte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la recurrida, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente. En tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y archívese.

N°Protección-17643-2025.