nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno.

Al folio 18: Téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, ex funcionario de la Policía de Investigaciones, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA por el acto arbitrario e ilegal consistente en el Oficio Nº E71226/2021, notificado el 26 de enero de 2021, que desestima pronunciarse sobre el recurso de reclamación administrativo interpuesto por el recurrente.

Expone que el 16 de noviembre de 2017 fue notificado de la resolución dictada por la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, en que se rechaza la apelación interpuesta en contra de la resolución de 25 de agosto de 2017, de la Junta Calificadora de la III Zona Policial, por la cual se le rebajó la nota de calificación, quedando calificado en lista 4, de retiro o expulsión.

Señala que el 30 de noviembre de 2017, dedujo recurso de reclamación ante la Contraloría General de la República, pero que, sin embargo, este órgano se abstuvo de conocer del mismo puesto que en paralelo había deducido (el ahora recurrente) una acción de tutela laboral ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Rit T-315-2018. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la ley 10.336, su ley orgánica. Indica que finalmente dicho tribunal se declaró incompetente para conocer de la acción deducida, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema el 16 de octubre de 2020.

Agrega que habiéndose terminado el referido procedimiento judicial, el 30 de octubre de 2020 le solicitó a la Contraloría un pronunciamiento respecto del recurso de reclamación interpuesto en noviembre de 2017, que ésta se abstuvo de conocer en su momento. Sin embargo -dice-, el órgano recurrido desestimó pronunciarse respecto de dicha petición, indicando que la reclamación formulada el 30 de octubre del 2020 es extemporánea ya que el plazo para impugnar la resolución de la Junta de Apelaciones de noviembre de 2017 es de dos años, conforme a lo dispuesto por el artículo 53, inciso primero, de la Ley Nº19.880. Precisa también que, según la recurrida, el plazo establecido en el citado artículo 53 es un plazo de caducidad y no admite suspensión o interrupción.

Alega que, por tanto, el oficio Nº E71226 de Contraloría adolece de los siguientes vicios: a) Por estimar que la reclamación formulada con fecha 30 de octubre del año 2020, se encontraba fuera de plazo; b) Al no considerar que el recurrente ya había reclamado, con fecha 30 de noviembre de 2017, respecto de la resolución de la Junta de Apelaciones, de manera que la presentación del 30 de octubre de 2020 tenía por objeto que la Contraloría se pronunciara sobre aquel recurso, deducido como se dijo el 30 de noviembre de 2017; y c) Al entender que el plazo del artículo 53 de la Ley 19.880 es de caducidad y que no admitiría interrupción.

Argumenta que la decisión del ente recurrido vulnera la garantía constitucional del artículo 19 Nº2 de la Constitución de 1980, al establecer diferencias arbitrarias que proceden de su condición de servidor público. A su juicio, el artículo 168 del Código del Trabajo contempla, en el inciso quinto, la suspensión del plazo de caducidad de 60 días para reclamar del despido que estime injustificado el trabajador, cuanto el trabajador ha interpuesto reclamo administrativo, por lo que, a su juicio, no se advierte razón alguna para que, en el orden de la administración del Estado, no se contemple suspensión de plazos cuando el servidor público haya recurrido a los tribunales de justicia en demanda de reposición de lo que estima injusto o arbitrario. Sostiene que el plazo establecido en el artículo 53 de la Ley Nº19.880 no es de caducidad, sino de prescripción. Agrega que las normas que inhiben a la administración para pronunciarse sobre materias que estén sometidas al conocimiento de los tribunales de justicia, discurre sobre la idea de no generar decisiones contradictorias sobre los mismos hechos y, ello, en la especie no ocurre por haberse declarado los tribunales incompetentes. Concluye, por tanto, que al no conocer del reclamo el actuar del órgano de control deviene además en arbitrario y lesiona su garantía de igualdad ante la ley.

Así también, reclama una vulneración al artículo 19 Nº4 de la Constitución, esto es, “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. En este sentido, indica que la resolución que pretende impugnar se funda en prueba ilícita, puesto que la psicóloga clínica de la Policía de Investigaciones habría otorgado información del actor, vulnerando la confidencialidad. Señala además que el artículo 2 letra g) de la ley 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, define como dato sensible, entre otros, aquel referido a los estados de salud física o psíquica de las personas y, la ley 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes, en su artículo 12 define a la ficha clínica y dispone que los datos contenidos en ella tiene el carácter de dato sensible. Refiere que la medida expulsiva se funda en una presunta amenaza de muerte hacia su jefa directa, información que habría proporcionado de manera ilícita la profesional psicóloga de la Clínica de la Policía de Investigaciones de Chile, quien la otorgó en violación del secreto profesional a un funcionario policial de la brigada en que el recurrente se desempeñaba.

Solicita que se acoja el recurso y se ordene a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre el recurso de reclamación interpuesto por el actor.

SEGUNDO: Que la Contraloría General de la República informa al tenor del recurso, indicando que por Oficio NºE71226 del 2021, resolvió que entrar al análisis del recurso planteado resultaría inoficioso puesto que la resolución de la Junta de Apelación no podría ser invalidada por este medio, ya que el plazo para ello había caducado.

Explica que la evaluación del recurrente en lista 4 tuvo como antecedente -según consta tanto de su calificación como del acuerdo de la Junta de Apelación de la PDI- la sanción de 4 días de permanencia en el cuartel, que le fue impuesta luego de que el 23 de noviembre de 2016, relatara a la profesional de salud mental de la clínica institucional, señora nombre reservado, su intención de matar a su jefa de unidad, expresándole, además, haber pensado toda la noche en ello, razón por la que decidió ir a la clínica, donde se le retiró el arma de servicio la que se encontraba preparada con un cartucho en la recámara, todo lo que fue corroborado por otros funcionarios y motivó la interposición de una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente. Añade que, junto a ello, se habría considerado en su evaluación una amonestación severa que le fuera aplicada el 21 de septiembre de 2016, por negligencia y descuido en mantener guardado en su cajón una instrucción particular emanada de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en una causa por delito de daños calificados.

Expone que con antelación al reclamo que motivó la emisión del oficio N° E71.226, de 2021, el señor nombre reservado -a través de la presentación N° 218.019, de 30 de noviembre de 2017- se dirigió efectivamente a esa Contraloría General impugnando su evaluación del año 2017, en la que fue ubicado en Lista N° 4, la que fue atendida mediante el oficio N° 22.845, de 2018, en cuya virtud el ente de control se abstuvo de pronunciarse respecto de lo requerido por el interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336. Se señala allí -dice- que en relación con la misma materia, el señor nombre reservado había interpuesto una acción de tutela laboral ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, causa RIT T-315-2018, el 12 de marzo de 2018, procedimiento judicial que se encontraba en tramitación y que terminó luego por una declaración de incompetencia del tribunal, de fecha 10 de abril de 2019 -hoy firme y ejecutoriada-, lo que llevó al recurrente a realizar dos presentaciones ante la Contraloría, Nº 824897 de 2020 y Nº W844 de 2021, solicitando que se pronunciara sobre la reclamación deducida en el año 2017.

Sostiene que el actor, por tanto, optó por la vía jurisdiccional con posterioridad a su reclamo de ilegalidad, operando a su respecto el desistimiento tácito según lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Nº19.880, que señala: “Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada”.

Agrega que no existe precepto legal que señale que el cómputo del plazo de reclamación administrativa se interrumpa por la interposición de una acción judicial, sino que, por el contrario, el citado artículo 54, en su inciso segundo, dispone que el plazo para interponer la acción jurisdiccional se interrumpe con la interposición de la reclamación administrativa.

Respecto de la petición planteada en el recurso, sostiene que ésta carece de objeto puesto que solicita que se ordene el pronunciamiento de la Contraloría, en circunstancia que en la propia resolución impugnada la Contraloría dio respuesta al actor, al informarle que el pronunciamiento no era posible por haber operado la caducidad del plazo.

En cuanto al plazo referido, señala que el artículo 53 de la citada Ley N°19.880, establece que “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado; siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.”

La citada disposición contempla la facultad de la autoridad administrativa para dejar sin efecto un acto emitido con infracción a derecho, sujeto a las restricciones que para tal efecto ha previsto el propio ordenamiento jurídico, esto es, que tal atribución se ejerza dentro del término de dos años contado desde la notificación o publicación del acto viciado; plazo que es de caducidad según lo ha reconocido la jurisprudencia judicial y la administrativa, no admitiendo suspensión.

En cuanto a las garantías constitucionales que se reclaman como vulneradas, señala que no ha incurrido en ninguna afectación al principio de igualdad ante la ley, puesto que la resolución dictada es coincidente con otras dictadas en la misma hipótesis. Tampoco existiría una vulneración a la honra del recurrente, ya que los términos del acto recurrido se refieren precisamente al ámbito de competencia de la Contraloría y no incluye afirmaciones que puedan vulnerar la honra del recurrente.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que para resolver el presente recurso de protección, debe considerarse en primer término que el señalado arbitrio constitucional, contemplado en el artículo 20 de la Carta Política de 1980, tiene un carácter esencialmente tutelar y de excepción, siendo su prima ratio el resguardo jurisdiccional del legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que según lo señalado por el recurrente, la afectación de las garantías constitucionales que invoca a su respecto consistiría en una negativa de la Contraloría General de la República en cuanto a emitir un pronunciamiento respecto de la reclamación planteada por aquel en el mes de noviembre de 2017, reiterada luego mediante presentación de 30 de octubre de 2020 y, concretamente, una vez que la resolución de incompetencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT T-315-2018, quedó firme y ejecutoriada.

QUINTO: Que al tenor de lo expuesto por las partes, deben precisarse los siguientes aspectos principales:

a) En primer lugar, que no existe controversia en cuanto a que el recurrente instó por revertir la decisión de la Junta Calificadora de la III Zona Policial, confirmada por la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de dos vías simultáneas aunque incompatibles entre sí, según dispone el artículo 54 de la Ley Nº 19.880: i) En sede administrativa, a través del reclamo planteado el 30 de noviembre de 2017 ante la Contraloría General de la República; y ii) en sede jurisdiccional, mediante el procedimiento tramitado ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en causa RIT T-315-2018.

b) Que ante la duplicidad de procedimientos iniciados por el recurrente, el ente contralor debió abstenerse de conocer del reclamo formalizado ante él, dando cumplimiento así a lo dispuesto por la norma legal recién citada.

c) Que finalizado el mencionado proceso jurisdiccional, por incompetencia del tribunal respectivo, con fecha 30 de octubre de 2020 el recurrente intentó revivir el reclamo administrativo formalizado el 30 de noviembre de 2017, lo que fue resuelto negativamente por la Contraloría General de la República mediante el acto reclamado (Oficio Nº E71226), invocando para ello su imposibilidad de invalidar la decisión administrativa de retiro o expulsión adoptada por la Junta Calificadora de la III Zona Policial el 25 de agosto de 2017, confirmada por la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile en el mes de noviembre de 2017, por haber transcurrido el plazo contemplado en el artículo 53 de la Ley Nº 19.880.

SEXTO: Que por lo señalado, y revisado el contenido del Oficio Nº E71226/2021, notificado el 26 de enero de 2021, se observa que, a diferencia de lo que señala el recurrente, aquél contiene un expreso pronunciamiento del órgano contralor respecto de la solicitud de fecha 30 de octubre de 2020, concluyéndose allí, con los fundamentos que también se explicitan, que “de haberse verificado un vicio que hubiese incidido en la licitud del reseñado acuerdo de la Junta de Apelación -notificado el 16 de noviembre del 2017-, no podría ser invalidado por ese cuerpo colegiado, pues el plazo que tenía para ello, ya se encontraba vencido cuando el señor nombre reservado ingresó, a esta Contraloría General, su actual presentación, de fecha 30 de octubre de 2020.”

Debe reiterarse además que, conforme lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Ley Nº 10.336, fue el propio recurrente quien, con su decisión de someter el asunto de fondo al conocimiento de los tribunales de justicia, inhibió en su momento el actuar del órgano administrativo contra el que ahora recurre, siendo en la actualidad un hecho notorio que el plazo de dos años que tenía el respectivo órgano administrativo, para invalidar la decisión inicial de expulsión o retiro adoptada en el año 2017, se encontraba vencido al 30 de octubre de 2020.

SÉPTIMO: Que por estas consideraciones, y no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del órgano administrativo recurrido, el presente recurso de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Se previene que el ministro Sr. Rojas estuvo por imponerle al recurrente el pago de las costas del recurso.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el abogado Integrante Eduardo Jequier Lehuedé.

Rol Nº 1763-2021. Protección.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro señor Carreño, por ausencia.